Por Juan Cuvi y Alberto Acosta*

https://www.servindi.org/actualidad-opinion/04/01/2023/paro-indigena-entre-la-plurinacionalidad-y-la-vieja-politica

 

Necesariamente al hablar de interculturalidad,
vemos que el espacio de diálogo no está creado todavía;
por lo tanto, el debate teórico de la interculturalidad
ya debe rebasar lo teórico
hasta convertirse en una actitud.
Luis Macas (1), líder histórico del movimiento indígena.

4 de enero, 2022.- Incertidumbre. Esta es la palabra que más se acerca a una definición de lo que se avizora en el Ecuador luego del paro de junio de 2022 y de los diálogos que se llevaron adelante durante tres meses.

Esta incertidumbre política gravita en un escenario en extremo enrarecido por las tendencias recesivas de la economía ecuatoriana, presente desde el año 2015 y agravada por la pandemia y por los crecientes problemas internacionales, en particular la invasión rusa a Ucrania.

La revuelta de junio de 2022, así como la de 2019, tienen causas comunes, aunque se expresan y procesen de formas diferentes. Responden a los problemas sociales y económicos que generan fenómenos concretos: extractivismo o acumulación por despojo, incremento de monocultivos, ampliación de la frontera petrolera, minería legal e ilegal (2) mega obras de infraestructura, especulación inmobiliaria urbana.

Al desempleo y la miseria agudizados por las políticas inspiradas en los mandatos del FMI se suman aquellas estructuras clasistas, patriarcales, xenófobas y racistas presentes desde mucho tiempo atrás. La sociedad, en consecuencia, enfrenta una larga lista de problemas y frustraciones que no se reduce a una u otra medida económica o política particular.

Y es en este complejo entorno donde tenemos que analizar el creciente problema de la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado, que tiene sus tentáculos incrustados en la economía considerada como formal, empezando por el sistema financiero, tanto como en la actividad política, sea a través del ámbito electoral o en la misma justicia. Hay que ubicar estas complejas evoluciones y situaciones en el explosivo momento que vive el capitalismo metropolitano. Comprender esta realidad no es fácil.

Concentrándonos en el tema vinculado al paro, conviene analizar las posiciones y las estrategias de los dos principales actores del conflicto: el movimiento indígena (en primer lugar, considerando que fue el que mantuvo la iniciativa desde mucho antes de iniciada la acción) y el gobierno. A lo largo de los 18 días que duró la medida fue evidente la ambigüedad con la que ambas partes manejaron la disputa.

La Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) puso en evidencia no solo su cercanía con el correísmo, sino las influencias que este ejerce sobre sus orientaciones políticas

Por un lado, el movimiento indígena se debatió entre la demanda por los diez puntos y la exigencia de la salida del presidente Lasso. Esta indecisión desveló no solo la dificultad para definir una agenda más consistente, sino las diferencias internas entre las tres organizaciones (CONAIE, FEINE, FENOCIN) que, como sucedió en enero de 2001 (3), lideraron el paro. La Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) puso en evidencia no solo su cercanía con el correísmo, sino las influencias que este ejerce sobre sus orientaciones políticas. Desde un inicio, sus principales voceros se adhirieron a la consigna de ¡Fuera Lasso! con la que el correísmo buscó provocar el colapso del sistema político.

En el otro extremo, la posición de la dirigencia histórica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se alineó frontalmente con la posibilidad de una negociación con el gobierno alrededor de la agenda de los diez puntos. Fue justamente esa divergencia la que provocó los continuos virajes de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE y principal cabeza de la movilización, durante el conflicto. Los acercamientos y las amenazas de ruptura de las negociaciones fueron prácticamente una constante hasta la instalación de las mesas de diálogo.

De lado del gobierno hubo discrepancias múltiples. Entre la torpe detención de Iza, la creciente represión y los pronunciamientos a favor del diálogo media una diferencia que puede servir para interpretar la contradictoria composición interna del régimen. Una línea desembozadamente autoritaria, encabezada por los responsables de las políticas de seguridad, tuvo que ser neutralizada en previsión de la violencia creciente que amenazaba con desbordar la contienda, no solo por los efectos que provocó la detención del presidente de la CONAIE, sino por los episodios de violencia criminal que empezaron a aflorar escudados en las movilizaciones (hay incidentes como el ataque a un convoy del Ejército en la Mitad del Mundo que todavía no se esclarecen, pero que podrían reflejar una confrontación con el Estado de naturaleza extrapolítica). Al final, y pese a las destempladas admoniciones y advertencias de ciertos voceros de la derecha empresarial, el gobierno se decantó por una salida negociada.

Veamos también el papel de otras fuerzas políticas en esta coyuntura. Un actor que sí mantuvo una estrategia definida fue el correísmo. La generación de un estado de caos que pudiera derivar en la caída del régimen se mantuvo inclusive después de que el paro llegara a su fin, cuando se intentó destituir al Primer Mandatario mediante un acto legislativo establecido en la Constitución, que se conoce vulgarmente como “muerte cruzada”. La sinuosa alianza con la derecha socialcristiana no fue suficiente para conseguir el objetivo, pero sí dejó en claro que la disputa política del correísmo se instaló definitivamente en la esfera de las derechas tradicionales y también de los grandes intereses económicos. Las disonancias de Jaime Nebot, el máximo dirigente de la derecha tradicional, con el gobierno, solo podrían explicarse por una confrontación respecto del reparto de los negocios estatales (venta del Banco del Pacífico, privatización del BIESS, contratos petroleros, venta o concesión de otros activos públicos, comercio con la China, etc.).

A manera de disección

Únicamente con ánimo explicativo se procederá a realizar un análisis diferenciado del comportamiento y de la situación de los principales actores del conflicto consignados al inicio del artículo. Este análisis particularizado, sin embargo, no impide señalar aquellos elementos que establecen una interacción con los demás actores y, por lo mismo, una relación dinámica con la integralidad de la coyuntura política.

El movimiento indígena

El movimiento indígena ecuatoriano (de manera más específica la CONAIE, por ser la organización más numerosa y representativa) evidenció una contradicción mucho más compleja y estratégica que la opción entre la negociación y la defenestración del gobierno.

La reivindicación puntual de los diez puntos, tal como aconteció con la demanda durante el paro de octubre de 2019 (4), aparece como una propuesta política de corto plazo (5); a la vez, esboza una incompatibilidad con el proyecto histórico de la plurinacionalidad. Sin restarles importancia en el plano de las políticas públicas a favor de los grupos más vulnerables, demandas como el precio de los combustibles, la renegociación de las deudas, la facilitación de créditos o la fijación del precio de algunos alimentos no tienen mayor relación con la propuesta de un Estado plurinacional, que altere las relaciones de poder en la sociedad ecuatoriana y que, además, defina un esquema donde la diversidad sea una condición inmanente de la estructura del nuevo Estado. Como señala Nina Pacari con una claridad sobresaliente, la noción de un Estado plurinacional implica la construcción de espacios de convivencia común y democrática para los distintos sectores que poblamos el territorio del Ecuador y que, por lo mismo, debemos compartirlos como una necesidad y un destino colectivos (6).

la conducción del paro por parte de la actual dirigencia indígena se asimiló, en varios momentos y episodios, a un manejo de carácter coyuntural más propio de un partido político.

En ese sentido, la conducción del paro por parte de la actual dirigencia indígena se asimiló, en varios momentos y episodios, a un manejo de carácter coyuntural más propio de un partido político. Algo parecido a lo que décadas atrás ocurrió con el movimiento obrero, cuando al parecer se canjeó la revolución por el pliego de peticiones. Las agrupaciones de izquierda y las centrales sindicales terminaron marcando la tónica de un proyecto que renunció a una lucha estratégica contra el capitalismo. El movimiento indígena podría terminar reproduciendo la misma deriva pragmática e inmediatista: las reivindicaciones puntuales sustituirían al proyecto histórico de la CONAIE. Esta cuestión no es menor si se consideran las tensiones con visiones ligadas a lecturas más propias de un marxismo obtuso, que tratan de subordinar las posiciones propias de un proyecto plurinacional con elementos para una transición civilizatoria, a una concepción unívocamente clasista de la transformación social.

Esta contradicción es importante, puesto que también atraviesa las estrategias electorales del movimiento indígena. El rechazo del bloque mayoritario de Pachakutik a la propuesta de destitución de Lasso en la Asamblea Nacional mostró un desacuerdo crucial con el sector de la CONAIE que abogaba por salidas más radicales. Este desacuerdo no implica que el bloque de Pachakutik esté impulsando la propuesta del Estado Nacional; por el contrario, es cada vez más evidente que el movimiento Pachakutik, no solo su fragmentado bloque parlamentario, carece en la actualidad de un proyecto político nacional.

Desde la perspectiva de este partido político, que se juega su futuro también en la escena electoral, la prolongación del paro implicaba un distanciamiento con varios de aquellos sectores sociales que los respaldaron tanto en el proceso electoral de 2021 como en las luchas anteriores (inclusive en el paro de octubre de 2019 (7), a pesar de los episodios de violencia que atemorizaron a varios segmentos de la población) (8). La adhesión expresada por una buena parte de la sociedad mestiza a partir del levantamiento de 1990, y durante las luchas de las subsiguientes tres décadas, amenazaba con diluirse. Sectores medios y urbanos de la Sierra empezaron a ver con temor las consecuencias violentas y caóticas de una paralización demasiado prolongada.

No obstante, si partimos del hecho de que el éxito electoral del Pachakutik estuvo anclado a la figura de Yaku Pérez, se puede colegir que la opción por posturas más intransigentes en desmedro de una buena imagen electoral fue una opción consciente del sector de la CONAIE alineado con Leonidas Iza, que se opuso de manera sistemática a Yaku Pérez. No es un secreto el rompimiento ocurrido entre ambos bandos antes y después de las elecciones de 2021 y, de manera particular, luego de las elecciones internas de la CONAIE, que terminaron con la desafiliación de Pérez del Pachakutik. Neutralizar su eventual candidatura a la presidencia de la república para 2025 puede leerse como una necesidad estratégica de sus adversarios indígenas.

Es necesario señalar, sin embargo, que en este punto surge una contradicción aparentemente irresoluble: si el sector afín a Iza está pensando en promoverlo como figura presidencial, provocar un distanciamiento con sus potenciales votantes mestizos o urbanos constituye un craso error, a menos que la estrategia implique renunciar a la alternativa electoral y concentrarse únicamente en la lucha social. Las posibles consecuencias de esta situación podrán medirse con mayor objetividad en las elecciones seccionales de 2023, sobre todo en territorios mestizos (por ejemplo, con la candidatura del líder indígena Guillermo Churuchumbi a la Prefectura de Pichincha; Churuchumbi fue alcalde de Cayambe, un cantón cercano a Quito), a fin de constatar el grado de adhesión o rechazo de estos sectores a una candidatura indígena.

Finalmente, la contradicción entre lucha social y lucha electoral no termina de resolverse positivamente. La fallida intención de Iza de subordinar al Pachakutik (incluido el bloque parlamentario) a la agenda de la CONAIE, desde el momento mismo en que captó la dirigencia de la organización, concluyó en un mayor distanciamiento con la agrupación política y ahondó la ruptura del bloque legislativo.

La discordancia entre estas dos formas de lucha reviste especial importancia si se considera la relación inversamente proporcional que las ha caracterizado durante los últimos 30 años. En efecto, el sorprendente éxito electoral de 2021 pone de manifiesto un crecimiento que contrasta con el decrecimiento de los impactos políticos estratégicos de las movilizaciones y levantamientos. Si se compara el primer levantamiento de 1990 con los levantamientos de 2019 y 2022, es inevitable confirmar una reducción del impacto estratégico del movimiento indígena, tanto de cara al Estado como a la sociedad. Las luchas indígenas de la primera década posterior al levantamiento de 1990 (el levantamiento del Inti Raymi), en especial hasta el triunfo de Lucio Gutiérrez en 2002, plantearon una confrontación de carácter estratégico/civilizatorio con el sistema: sacudieron la conciencia de grandes sectores sociales, interpelaron la propia naturaleza del Estado nacional, alteraron de manera definitiva la idea de una cultura unívoca y hegemónica, incidieron categóricamente en el ordenamiento jurídico del país (con las Constituciones de 1998 y de 2008), derrocaron un gobierno, integraron otro…

¿Es posible que simples medidas de política social y económica puedan alterar, o al menos incidir, en problemas de carácter estructural e histórico?

¿Es posible que simples medidas de política social y económica puedan alterar, o al menos incidir, en problemas de carácter estructural e histórico? Desde una visión más pragmática e inmediatista, es probable que la dirigencia de la CONAIE apunte a conseguir medidas que proyecten la idea de un avance en función de esos cambios de fondo, siempre y cuando los resultados de los diálogos con el gobierno prefiguren horizontes de acción de largo plazo y no se circunscriban exclusivamente a cuestiones puntuales; por ejemplo, el tema de los subsidios de los combustibles debería enmarcarse en una propuesta de transición energética integral. Pero también podría tratarse de una estrategia para consolidar el liderazgo de turno a partir de la satisfacción de reivindicaciones puntuales.

El gobierno

Si nos atenemos a los antecedentes más lejanos del paro de junio de 2022 se puede concluir, sin necesidad de un análisis pormenorizado, que el comportamiento del gobierno ha sido, por decir lo menos, errático; más precisamente, que ha carecido de una visión política coherente y medianamente estructurada. La insensibilidad en varios ámbitos, incluido el político, ha sido la norma.

Desde el inicio del mandato de Guillermo Lasso, el movimiento indígena demandó un diálogo a partir de un listado de demandas. Se sentaron a conversar en octubre de 2021 sin que se obtuvieran resultados concretos. Inclusive hubo una primera convocatoria a movilizaciones a finales de ese año. El gobierno dispuso de suficiente tiempo no solo para formular algunas respuestas, sino para elaborar una mínima estrategia de manejo del conflicto. Sin embargo, una vez desatada la pugna el régimen reaccionó desde la más pedestre improvisación. Haber permitido una paralización de 18 días refleja la ausencia de una comprensión básica sobre la crisis por la que atravesaba –y por la que todavía atraviesa– el país.

Al final, el hartazgo, el agotamiento y la indignación de la gente frente a los efectos cotidianos del paro forzaron al régimen a aceptar una negociación en condiciones desventajosas (algo inconcebible desde una lógica elemental del poder político y desde un gobierno que apenas llevaba un año al mando del país). No se entiende que un gobierno prolongue una crisis hasta extremos inmanejables para terminar cediendo en lo que podía ceder desde el inicio (9). Con mayor criterio político, el régimen pudo haber instalado las mesas de diálogo con mucha antelación, conservando además la iniciativa

¿Cómo entender esta incapacidad? Una explicación podría ser que se trata de un gobierno con un proyecto empresarial demasiado simplón, que define sus tiempos en función de los negocios privados antes que de la realidad social y económica del país. Por cierto, aquí también pesa la camisa de fuerza impuesta por los acuerdos con el FMI. La urgencia por aprobar leyes fundamentales para su proyecto, como la de inversiones, la tributaria o la laboral, aprovechando el transitorio éxito del plan de vacunación por la pandemia, se tradujo en una desatención de la crisis social y política latente durante dos años. La presión de los grupos económicos cercanos al régimen pudo más que la racionalidad política. Y el gobierno no dimensionó adecuadamente la debilidad intrínseca que arrastraba desde su polémico triunfo electoral.

En estas condiciones, el principal dilema del régimen radica en la extrema dificultad –en realidad se trata de la abierta imposibilidad– para empatar una orientación neoliberal con las políticas sociales que suponen las exigencias del movimiento indígena; peor aún en medio de una crisis económica tan aguda.

el gobierno, desde una postura estratégica de clase, apuesta a modestas concesiones a fin de soslayar demandas más contundentes, como el cuestionamiento al sistema político, al Estado nacional o al modelo económico.

En síntesis, el gobierno, desde una postura estratégica de clase, apuesta a modestas concesiones a fin de soslayar demandas más contundentes, como el cuestionamiento al sistema político, al Estado nacional o al modelo económico. En concreto, se juega por mantener una condición estructural del poder que no amenace al sistema capitalista en su conjunto. Además, al amparo de los sonados anuncios hechos por el gobierno a propósito de los acuerdos logrados en las mesas de diálogo, despliega una serie de medidas que apuntalan su modelo económico extractivista; por ejemplo, anunciando la apertura inmediata del catastro minero.

Los otros actores

Dos fuerzas políticas requieren de una atención particular, teniendo en cuenta al papel complementario que cumplieron en las iniciativas y acciones en contra del gobierno durante y después del paro de junio, y que mantienen una alianza parlamentaria de oposición hasta la actualidad.

Con distinto talante, correístas y socialcristianos conspiraron para provocar una crisis institucional de impredecibles consecuencias, inclusive en la perspectiva de una salida inconstitucional (en algún momento se llegó a demandar el anticipo de las elecciones presidenciales, una figura que no existe en la Constitución). Los correístas, apoyando en forma expresa al ala más intransigente del movimiento indígena; los socialcristianos, fieles a su estilo, pescando a río revuelto. El punto de encuentro de ambas tiendas políticas se plasmó en la iniciativa parlamentaria para destituir al presidente de la República. Simultáneamente, han tratado y siguen tratando de captar los principales órganos de control del Estado.

En esta parte resulta pertinente hacer una distinción: mientras los socialcristianos se ubicaron en una segunda línea del conflicto, los correístas intentaron incidir en su desenlace, gracias a las relaciones que mantienen con algunas dirigencias del movimiento indígena (especialmente con la FENOCIN). La activa presencia de su ejército de trolls en las redes sociales contribuyó a mantener caliente la propuesta de sacar a Lasso. Pero esta vez, a diferencia de lo que sucedió en octubre de 2019, se cuidaron mucho de involucrarse en el financiamiento de actividades que podrían ser consideradas como ilícitas. Los costos políticos y legales de esa decisión les representaron un lastre en el proceso electoral en 2021.

Aunque las coincidencias entre el correísmo y algunos dirigentes indígenas fueron por demás obvias, resulta difícil establecer el grado de acuerdo o de alianza que podrían haber alcanzado. La búsqueda de impunidad judicial, que, según lo confirmó el presidente Lasso a propósito de una conversación reservada que mantuvo con Rafael Correa a inicios de año, es el primer y único objetivo del exmandatario, es una pretensión demasiado frívola y pedestre como para convertirla en insumo de una negociación política seria. Peor aún con el movimiento indígena, que ha hecho de las agendas colectivas un aspecto central de su lucha.

Por último, hay un tercer sector complementario al que toca prestarle atención: se trata de los grupos radicales urbanos que participaron activamente durante los días del paro, sobre todo porque su accionar fue utilizado por la derecha más recalcitrante como pretexto para elaborar el discurso del enemigo interno. Luego del paro de 2019, es obvia la proliferación, sobre todo en la ciudad de Quito, de pequeños grupos que se activan en función de la confrontación callejera, pero que hasta ahora no han manifestado ninguna perspectiva política de mayor alcance. Se desmovilizan apenas concluyen las grandes movilizaciones y, al parecer, mantienen ciertas formas básicas de relacionamiento a nivel micro urbano. La ausencia de una identidad o de un discurso concreto que le proporcione coherencia dificulta su análisis, a tal punto que muchas de sus acciones tienden a mezclarse y confundirse con las funciones de autodefensa de las guardias indígenas, con los actos vandálicos de las pandillas y hasta con la delincuencia común. Todavía es prematuro analizar su eventual evolución hacia formas orgánicas y políticas más complejas, como serían la construcción de un proyecto insurreccional o la conformación de un grupo subversivo.

Repercusiones del diálogo

A pesar de los cuestionamientos anteriores relativos a los alcances de los diez puntos propuestos por el movimiento indígena en el paro de junio de 2022, cabe señalar que con el diálogo la política volvió a donde corresponde: al espacio público.

Hemos constatado hasta la saciedad cómo la clase política y las élites del país siempre buscan atajos para saltarse la democracia o las instituciones. Por su parte, los grupos de poder económico han estado acostumbrados a los canales directos con todos los gobiernos de turno. Los desayunos empresariales en Carondelet –no se diga los telefonazos y palanqueos– han sido una constante, al igual que los reiterados diálogos con las grandes cámaras empresariales o los poderosos gremios extractivistas (particularmente petrolero, minero y agroexportador). Asumiendo que se trata de un derecho atávico, estos sectores han manejado el poder ejecutivo como una potestad patrimonial.

Por eso, cuando los sectores subalternos consiguen una negociación con el gobierno, al margen de las formalidades institucionales, les resulta inadmisible. Solo ellos lo pueden hacer. Lo demostraron con la petición de las cámaras empresariales y de la misma Asamblea Nacional para conseguir un espacio en las mesas de negociación entre el movimiento indígena y el gobierno. Fue tan torpe la maniobra que la Asamblea Nacional no se dio cuenta que, con esta exigencia, estaba renunciando a su condición de primer poder del Estado y a su propia naturaleza: se supone que constituye el espacio institucional prioritario para el tratamiento de los conflictos políticos. En concreto, el organismo más desprestigiado del sistema político nacional pidió cancha en un partido ajeno.

La jugada de la Asamblea Nacional y de las élites empresariales resultó por demás obvia: regresar la disputa política al terreno pantanoso de la vieja y desgastada institucionalidad. Allá donde se mueven a sus anchas. Pedir espacio en las mesas técnicas constituyó una artimaña para desnaturalizar las negociaciones. Tal como la propuesta federalista desempolvada por el partido socialcristiano.

Lo que interesa es reconocer que con el proceso de diálogo, una vez más la política regresa al seno de la sociedad. El viejo sueño de los griegos y de la Revolución Francesa vuelve a imponerse sobre la maraña burocrática y corrupta en que las mafias convirtieron a la política. De todas maneras, las mesas técnicas de diálogo son el resultado de la confrontación de fuerzas en el espacio público, esa condición irremplazable de la democracia. Esta institucionalidad corresponde a la realidad social y supera la tradicional concepción del contubernio, la componenda y la intriga como condiciones para la lucha política.

En las mesas técnicas se discutieron una serie de puntos y se lograron más de 200 acuerdos específicos. Lo que no sabemos es si lo conseguido permite anticipar políticas y estrategias decisivas para el futuro del país, menos aún si esos logros no están sintonizados con horizontes plurinacionales. Por eso, más allá de esas aproximaciones propias de una política democrática, cabría analizar los diálogos en los esquemas de discusión propios de las comunidades indígenas, especialmente en los Ayllus, donde, con la participación de la comunidad, se llega a la toma de decisiones procurando alcanzar consensos colectivos. Entonces tampoco pasa desapercibida la complejidad que entrañan unos diálogos que parten desde distintas realidades, incluso desde diversas aproximaciones culturales y, por cierto, con diferentes historias (sobre todo, historias de resistencia y re-existencia en el caso del movimiento indígena). Con razón, Floresmilo Simbaña, reconocido intelectual indígena, anota que estos

(…) elementos históricos y políticos por demás complejos y ricos dan cuenta del proceso de constitución y desarrollo del movimiento indígena ecuatoriano, de la CONAIE, que es necesario retomar para fundamentar y actualizar los debates existentes en los tiempos que corren, donde las comunas, pueblos y nacionalidades y sus formas organizativas se mantienen, pero que están en permanente transformación, por lo que su visión y propuestas necesariamente deben re-ajustarse a las nuevas realidades y necesidades, incluso su historia debe ser re-leída, empezando por una re-lectura obligada de los textos y discursos elaborados en cada momento de su historia y accionar y al calor de la experiencia del mismo movimiento indígena. (10)

A manera de cierre

Cuatro conclusiones preliminares se desprenden del proceso que media entre el paro de junio de 2022 y la clausura de las mesas de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno.

1. El movimiento indígena queda posicionado como la principal fuerza política del país, pese a que mantiene profundas diferencias y desacuerdos a su interior. Esa fuerza, sin embargo, no se traduce necesariamente en un potencial electoral equivalente, pero seguirá siendo gravitante en tanto tiene la posibilidad de incidir de manera efectiva en las decisiones del poder político. De la concreción y proyección de los puntos de acuerdo logrado en las mesas de diálogo dependerá el grado de aceptación y reconocimiento que logre de los demás sectores populares.

2. El gobierno salvó los muebles, pero no sabe cómo habitar nuevamente la casa incendiada. El proyecto empresarial que tenía en su agenda queda seriamente afectado, porque la grave crisis socioeconómica que se destapó como consecuencia del paro actúa como una espada de Damocles sobre su cabeza: cualquier medida económica o decisión estratégica que pretenda poner en práctica puede convertirse en el detonante de una convulsión social. Lo mismo ocurrirá con el eventual incumplimiento de los acuerdos suscritos con el movimiento indígena. La presión de los sectores de la derecha (presión económica, política y sobre todo simbólica) es inflexible, y ya se insinúa en los severos cuestionamientos que le hacen al propio gobierno. La manifiesta ineptitud del presidente Lasso y de su equipo asesor genera una profunda desconfianza, inclusive entre sus partidarios.

Hay que reconocer, no obstante, que el régimen consiguió una “bombona de oxígeno” para al menos los próximos seis meses. Por un lado, se jugará por una consulta popular anodina que le puede servir únicamente de cortina de humo. Por otro lado, tiene a su favor la convocatoria exclusiva de la “muerte cruzada”, que puede utilizarla como instrumento de chantaje en contra de la Asamblea Nacional. Su mayor problema es que, con el nivel de impopularidad que arrastra, cualquier iniciativa que tome carecerá del respaldo ciudadano.

3. Las fuerzas políticas adeptas a la conspiración (particularmente el correísmo) perdieron con el paro y con la evolución posterior del conflicto. Al margen de la viabilidad de los acuerdos entre el movimiento indígena y el gobierno, la imagen que queda grabada en la retina de la población es que el diálogo fue la mejor opción frente a la crisis de junio. Y hasta que pasen las elecciones seccionales de 2023, no parece que existan condiciones para intentar el derrocamiento o la cesación del gobierno.

Correístas y socialcristianos se juegan su futuro inmediato en las próximas elecciones seccionales. De ese resultado dependerá no solo su capacidad para ejercer la oposición política al régimen, sino para armar una estrategia electoral de cara a las presidenciales de 2025. Ninguna de las dos tiendas políticas cuenta con una figura relevante, y luce complicado que la construyan en los próximos dos años. En el caso del correísmo, el mito del retorno del caudillo prófugo empieza a agotarse inclusive entre sus más fieles seguidores.

4. El país padece de una fragilidad extrema. La supuesta terminación de la pandemia de Covid-19 no se manifiesta en la reactivación económica y productiva que se prometió. Ahora, a la crisis económica hay que añadirle una situación de inseguridad general que, además de la violencia crónica, amenaza con instalar un estado de angustia colectiva que pueden dinamitar las ya débiles bases de la convivencia social.

en el Ecuador, como en el resto de la región, el modelo de Estado-nación es matizado fundacionalmente por la colonialidad del poder, excluyente y limitante para el avance cultural, productivo y social en general.

Para concluir señalemos que en el Ecuador, como en el resto de la región, el modelo de Estado-nación es matizado fundacionalmente por la colonialidad del poder, excluyente y limitante para el avance cultural, productivo y social en general. Ahora bien, el Estado “mínimo” neoliberal imperante en estas tierras entró en crisis desde hace varios años. En este sentido, las múltiples crisis de este modelo de Estado permiten entender la lucha de los pueblos, movilizados para lograr algún día superar los profundos resabios coloniales. Una tarea que no dará los frutos esperados si solo se concentra la atención en las coyunturas, echando mano de las herramientas de la vieja política.

La propia inviabilidad histórica del estado-nación se explica en gran medida por no haber incorporado a pueblos y nacionalidades. Sin embargo, aún queda la duda de si la incorporación y no marginación de esos grupos es suficiente para crear otra estructura estatal que nos lleve a la gran transformación civilizatoria poscapitalista. Es más, quizás la propuesta de Estado plurinacional sirva más como herramienta para la descolonización antes que como un aporte concreto de cómo debería ser el nuevo Estado. (11)

quizás la propuesta de Estado plurinacional sirva más como herramienta para la descolonización antes que como un aporte concreto de cómo debería ser el nuevo Estado

En el Ecuador, el Estado plurinacional se instituyó constitucionalmente, lo cual no significa que se den los pasos necesarios para la construcción de dicho Estado. Todo lo contrario. Más allá de la constitucionalización de la plurinacionalidad, que en sí misma implica un avance, no se ha hecho absolutamente nada destacable. Superar los resabios coloniales implica pensar y construir sociedades que no sean sometidas por ninguna forma de dominación estatal: que aseguren igualdad y libertad y que asuman las diversidades culturales existentes en el marco de un Estado plurinacional. 

En verdad, construir el Estado plurinacional exige rupturas profundas de las estructuras coloniales, oligárquicas y neoliberales, al igual que las patriarcales y por supuesto las racistas. En el fondo, la plurinacionalidad debe rescatar la pluralidad étnica y cultural para repensar al Estado, para que reconozca los derechos colectivos, de la Naturaleza y la autodeterminación de los pueblos. En ese sentido, la autonomía de las comunidades y territorios indígenas no implica solamente un derecho garantizado por la norma jurídica. Es una condición esencial de la democracia, de la posibilidad de construir un proyecto de vida en común desde la cotidianidad de la vida. Y esta posibilidad debería ampliarse al conjunto de la sociedad.

El Estado plurinacional es otro Estado para otra sociedad, otra economía y otra propuesta de vida: el Buen Vivir-Sumak Kawsay como fundamento de un nuevo orden social e institucional basado en nuevos valores, centrados en lo humano, en la comunidad y en relaciones de armonía con la Naturaleza. Un nuevo orden democrático, construido democráticamente, en donde la justicia social vaya de la mano de la justicia ecológica.
 

Referencias Bibliográficas

Acosta A. (2018); “Repensando nuevamente el Estado. ¿Reconstruirlo u olvidarlo?”, en Varios Autores: América Latina: Expansión capitalista, conflictos sociales y ecológicos, Universidad de Concepción, Chile. Disponible en https://bit.ly/3VNcScO

Acosta A., John Cajas-Guiarro, Francisco Hurtado & William Sacher (2020): El Festín Minero del Siglo XXI. ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera?, Abya-Yala, Quito. Disponible en https://bit.ly/3ZdnOmY

Acosta, A.; Velasco P.; Cucurella L.;Barrera A.; Davalo P.s; Hernandez V.; Hidalgo F.; Kintto L.; Ramos H. & Instituto Científico de Culturas Indigenas. “Nada solo para los indios: el levantamiento indígena del 2001: análisis, crónicas y documentos.” (2001). https://bit.ly/3GFH2Kz

Floresmilo Simbaña (2022); “El movimiento indígena ecuatoriano y la recuperación de la historia”. Disponible en https://bit.ly/3jTgVXP

Macas L., “El movimiento indígena: Aproximaciones a la comprensión del desarrollo ideológico político”, Revista Tendencia, Número 1, 2004. Disponible en https://bit.ly/3GexHrP

Neptalí Martínez Santi, S. (2020) Octubre, Editorial: El árbol de papel, Quito, Ecuador. Disponible en https://bit.ly/3ihCAsb

Nina Pacari (2022); Intervención en el acto de conmemoración de los 50 años de la ECUARUNARI – Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador: la organización más potente y numerosa de la CONAIE. Disponible en https://bit.ly/3idj3ce

Notas:

(1) Ver en Luis Macas; “El movimiento indígena: Aproximaciones a la comprensión del desarrollo ideológico político”, Revista Tendencia, Número 1, 2004.

(2) Consultar sobre este tema en Alberto Acosta, John Cajas-Guiarro, Francisco Hurtado, William Sacher (2020): El Festín Minero del Siglo XXI. ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera?, Abya-Yala, Quito.

(3) Recomendamos el libro de varios autores y autoras: Nada solo para los indios: el levantamiento indígena del 2001: análisis, crónicas y documentos, Abya-Yala, Quito, 2001. Disponible en https://bit.ly/3Ghf9qP

(4) Esta propuesta económica, nacida desde el Parlamento de los Pueblos.

(5) Consultar en Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur: “Los 10 puntos planteados por las organizaciones indígenas son viables”, 29 junio del 2022. Disponible en https://rebelion.org/pacto-ecosocial-del-sur/

(6) Nina Pacari (2022); Intervención en el acto de conmemoración de los 50 años de la ECUARUNARI – Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador: la organización más potente y numerosa de la CONAIE. Disponible en https://bit.ly/3GPxjlf

(7) Consultar el libro de varias autoras y autores; Octubre. Disponible en https://bit.ly/3X78nuI

(8) Se puede especular con la posibilidad de que esta decisión obedezca a dos propósitos: un instinto de supervivencia del bloque frente a la posibilidad de que el gobierno se viera obligado a decretar la “muerte cruzada” por la amenaza de destitución; o, desde una postura más inteligente, evitar eliminar al único interlocutor viable para la negociación del movimiento indígena con el Estado.

(9) Una situación exactamente igual se produjo con el paro de octubre de 2019: el gobierno de Moreno terminó derogando el Decreto 813 y con él la eliminación de los subsidios de los combustibles, que fue el detonante de las movilizaciones.

(10) Es recomendable la lectura que hace Floresmilo Simbaña (2022); “El movimiento indígena ecuatoriano y la recuperación de la historia”. Disponible en https://bit.ly/3WNTi1d

(11) La construcción de otro Estado, en estado plurinacional es una tarea pendiente. Reflexiones sobre esta cuestión se pueden encontrar en el texto de Alberto Acosta (2018); “Repensando nuevamente el Estado. ¿Reconstruirlo u olvidarlo?”, en Varios Autores: América Latina: Expansión capitalista, conflictos sociales y ecológicos, Universidad de Concepción, Chile. Disponible en https://bit.ly/3VLfwzI

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* Juan Cuvi1 es master en Desarrollo Local, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), director de la Fundación Donum, Cuenca y exdirigente de Alfaro Vive Carajo. Alberto Acosta es economista, profesor universitario, Ministro de Energía y Minas (2007) y presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008).