El 1 de enero, el EZLN celebró 29 años de la insurrección que inició en 1994 en Chiapas en contra del Estado mexicano y por los derechos indígenas. Pero antes de su levantamiento público, de forma excepcional en el abanico de las izquierdas radicales mexicanas, impulsó la emancipación de sus mujeres. Ellas crearon dicha ley y asumieron cargos de autoridad política y militar, fueron actoras claves en la guerrilla, e iniciaron un largo camino de combate a las violencias de género que debería ser un faro y guía para distintas generaciones sin importar fronteras.

La Ley Revolucionaria de Mujeres es un documento breve, de diez puntos, que integra derechos básicos exigidos por las zapatistas que no les habían sido reconocidos por el Estado ni la sociedad —regidos bajo un orden patriarcal, clasista y racista—, pero tampoco por sus comunidades. Promulga su derecho a la educación, salud y alimentación, trabajo y sueldos justos, maternidad elegida, vivir sin violencias machistas ni matrimonios forzados, participar en la vida comunitaria y asumir cargos de representación.

El estatuto también le garantizó a las zapatistas su derecho a participar en la rebelión y ostentar grados militares. Ellas representaron la tercera parte de la guerrilla que tomó siete cabeceras municipales por la vía armada en 1994. Una joven tzeltal de 26 años, la mayor Ana María, encabezó a más de un millar de insurgentes en la toma militar de San Cristóbal de las Casas, la segunda ciudad más grande de Chiapas.

Otras fungieron como cuadros políticos, como la legendaria comandanta Ramona, o realizaron labores de vigilancia, atención a personas heridas, confeccionaron los uniformes militares, prepararon bombas caseras en sus talleres de armería, cultivaron hortalizas, prepararon alimentos, y quedaron al cuidado de la población infantil, enferma y de edad avanzada en sus poblados.

En una entrevista que realicé junto con la periodista Matilde Pérez a la mayor Ana María, en 1994, para el suplemento feminista Doblejornada del diario La Jornada, la guerrillera nos explicó que la Ley Revolucionaria de Mujeres nació en 1993 durante las asambleas comunitarias previas al levantamiento, en las que las zapatistas protestaron porque no había ningún código con sus derechos.

“En el proceso (para hacerla) se preguntaron opiniones de las mujeres de los pueblos. Las insurgentes ayudamos a escribirla”, narró. “La presentamos en una asamblea de todos los pueblos y hombres y mujeres la votaron”.

En el lapso de tres décadas, el EZLN se transformó de guerrilla en un movimiento social con gobernanza territorial autonómica, en el que las zapatistas luchan por sus derechos sin asumirse feministas pero sí antipatriarcales.

La socióloga feminista Sylvia Marcos, la estudiosa más reconocida del pensamiento y evolución de las zapatistas, en su ensayo México: Reflexiones sobre las luchas zapatistas ¿feministas?, escribió que la Ley Revolucionaria de Mujeres “no puede ser leída a la luz de ningún enfoque feminista convencional, ni teórico ni práctico”, pues está inserta en su vida colectiva comunal y ahí se constatan sus avances.

La catedrática considera que si bien su pensamiento es afín al ecofeminismo, se nutre de una raíz ancestral maya. En entrevista, me dijo que uno de los avances más notables que observa es “su aumento en cargos de autoridad: consejalas, agentas, comisionadas, promotoras de salud y educación. Eso no significa que erradicaron el machismo, pero se esfuerzan en hacerlo”.

Coincido con Sylvia Marcos. En mi libro Corte de caja. Entrevista con el subcomandante Marcos relaté que en 2007, en la Junta del Buen Gobierno de La Garrucha, su órgano autónomo de gobernanza en una región de la Selva Lacandona, me asombró descubrir a una joven de 17 años. Araceli Lorenzo venía de una ranchería habitada por 13 personas que la eligieron para integrarse a la instancia comunitaria que atendería los asuntos locales por 10 días de forma horizontal, colectiva, rotativa y sin paga. Un aprendizaje inimaginable para las adolescentes en cualquier instancia de poder institucional.

El subcomandante Marcos me dijo entonces que el gran pendiente en el territorio zapatista era el combate a la violencia intrafamiliar, aunque había logros importantes en regiones como la tojolabal. En la Ley Revolucionaria de Mujeres dos puntos fueron creados para erradicar las violencias machistas. El octavo establece: “Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente”.

En tanto, el séptimo prohibió los matrimonios forzados, lo que marcó una diferencia en la vida de niñas y adolescentes zapatistas, pues en México hay regiones indígenas en las que los padres siguen vendiendo a sus niñas a hombres mayores como lo hicieron sus antepasados.

Las zapatistas se han vanagloriado de no tener casos de asesinadas ni desaparecidas, como lo manifestaron en el Segundo Encuentro Internacional de Las Mujeres que Luchan, realizado en diciembre de 2019. En México, en contraste, hay un estimado anual de 3,500 asesinadas, de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y por lo menos 2,000 desaparecidas, según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

A 30 años de creada, la Ley Revolucionaria de Mujeres concebida inicialmente para las zapatistas, pero cuyas ondas expansivas de lucha trascendieron a mujeres fuera de sus territorio, no está en la mira de las nuevas generaciones. En un taller colectivo una adolescente, “jóvena” como se autodenominan, se asombró al escuchar el testimonio de la opresión vivida por una mujer mayor.

“Yo pensé que había sido siempre así —dijo—, que podía ir a la escuela, (…) que podía casarme si quería o no casarme, que podía vestirme a mi gusto, que podía participar, que podía aprender, que podía enseñar. Pero ya escuché cómo platicó la compañera de cómo se vivía en la época de los finqueros. Ya escuché lo que costó prepararse para luchar. Ya escuché lo que costó la guerra. Ya escuché cómo es que se hizo la autonomía (…) Yo pensé que así nacía una, con libertad. Y tras que no, tras que hubo de luchar, tras que hay que seguir luchando. O sea que no hay descanso”.

Que las “jóvenas” vivan en comunidades indígenas más igualitarias y aprendan a defender sus derechos habla de los alcances logrados por sus madres y abuelas, las autoras de la Ley Revolucionaria de Mujeres, pero también de los riesgos que enfrentan y las tareas pendientes. Gran lección humana de que otro mundo sí es posible. Larga vida a la lucha de las zapatistas.