Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

• “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
• ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
• “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
• “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar.