La rebelión de los pueblos andinos del Perú

1° de febrero de 2023

La crisis sociopolítica que atraviesa el país es sistemática y estructural. Ante una nueva ola de represión y racismo, se destaca la organización de los pueblos indígenas y campesinos que viven al sur del país. Tratados por el Estado como ciudadanos de segunda, los pueblos aymaras, chancas, quechuas, ashaninkas y awajún vienen sufriendo y resistiendo la violencia institucional. Mientras no se adelanten las elecciones y se convoque a una Asamblea Constituyente, el pueblo peruano seguirá en las calles.

“Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos
removiendo. Con nuestro corazón lo alcanzamos, lo penetramos;
con nuestro regocijo no extinguido, con la relampagueante alegría
del hombre sufriente que tiene el poder de todos los cielos, con
nuestros himnos antiguos y nuevos, lo estamos envolviendo.”
“A nuestro padre creador Túpac Amaru” - José María Arguedas

A casi dos meses de la vacancia del expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe que dio mediante un mensaje a la nación, las protestas y movilizaciones no han cesado en el Perú. Por el contrario, se han agudizado por el accionar de las Fuerzas Armadas y policiales bajo el mando de la hoy presidenta, Dina Boluarte, y su premier, Alberto Otarola. Tras semanas de represión con armas de fuego, la cantidad de personas asesinadas, heridas y detenidas sobrepasa lo inimaginable.

Según la Defensoría del Pueblo, al momento se registra un total de 56 personas muertas: 46 civiles fallecidos directamente en los enfrentamientos, la mayoría por impactos de bala; nueve civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos; y un policía por hechos de violencia en el contexto del conflicto. En cuanto a los heridos se registra un total de 979 personas según el Ministerio de Salud y 580 efectivos según la Policía Nacional de Perú.

La represión ya se ha cobrado la vida de 56 personas y ha dejado centenas de heridos. Foto: Jaime Borda

Los hechos, los actores y el abuso sistemático de derechos humanos

La mayoría de estos asesinatos, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, se han presentado en las regiones andinas del sur del Perú como Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. En esta última región han muerto 19 personas, la mayoría jóvenes y menores de edad por impacto de balas de las fuerzas policiales.

Como en el sur del Perú se concentra la mayor cantidad de comunidades campesinas y rurales, la población movilizada proviene de sectores comerciantes, pequeños empresarios, profesionales y estudiantes universitarios hijos de campesinos. De este modo, los pueblos aymaras, chancas, quechuas, ashaninkas y awajún han sido los más afectados por la dura represión policial que ha emprendido el régimen cívico militar de Dina Boluarte.

A la par, el gobierno ha declarado “estado de emergencia” en todo el país por varias semanas y decretado el estado de excepción en las regiones donde mayores movilizaciones se han presentado, restringiendo varios derechos. Esto ha permitido un abuso en la detención de numerosos líderes y dirigentes movilizados. Mientras tanto, en Lima, la policía ha ingresado al edificio de la histórica Confederación Campesina del Perú y ha amedrentado locales donde se reúnen partidos políticos críticos del gobierno.

El último hecho que ha generado indignación en la capital fue el ingreso violento de la Policía Nacional a la Universidad Nacional de San Marcos, una universidad pública de reconocida trayectoria en el Perú que acogía en sus instalaciones a las delegaciones que habían llegado de diferentes regiones del país. Se detuvieron a más de 200 personas de forma arbitraria que fueron sometidas a tratos humillantes. Luego de dos días, fueron liberados gracias al apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y, de abogados y abogadas voluntarios.

Miles de personas llegan a Lima diariamente para pedir la renuncia de Dina Boluarte y se concrete un nuevo llamado a elecciones. Foto: Jaime Borda

Una crisis política que devino en masacre

En 2021, el Perú conmemoró sus 200 años de vida republicana, y muchos peruanos y peruanas pensamos que en el año del bicentenario podríamos empezar a mirar con cierta esperanza al futuro, que era posible hacer cambios de fondo para atender los viejos problemas estructurales del país, como la desigualdad social, el acceso a la justicia y, la exclusión y discriminación de los pueblos.

Esta posibilidad de cambio fue encarnada por quien hasta hace poco fue el presidente del país, Pedro Castillo Terrones, un profesor, campesino y rondero de Cajamarca que ganó las elecciones con poco margen a la hija del exdictador Alberto Fujimori, Keiko Sofia Fujimori. Actualmente, el expresidente Castillo se encuentra encarcelado en el penal de Barbadillo en Lima por el intento de golpe que quiso dar el pasado 7 de diciembre del 2022.

También es cierto que la denominada “autovacancia” del expresidente fue producto de una campaña sistemática de los grupos y partidos que perdieron las elecciones de 2021. Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia empezaron a hablar de fraude para no reconocer los resultados. Ya habían intentado vacar a Castillo en dos oportunidades. Lamentablemente, el expresidente también hizo muchos méritos para ser cuestionado debido al entorno que lo rodeaba, a las malas elecciones de asesores y ministros, y por las denuncias por corrupción en menos de un año y medio de gestión.

Tras la vacancia de Pedro Castillo asumió la presidencia Dina Boluarte, quien fuera su vicepresidenta y exministra del gobierno. Lamentablemente, en vez de escuchar las demandas de la población movilizada, la primera presidenta mujer del Perú decidió reprimir con violencia a los manifestantes, aliándose para ello con el Congreso, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Fiscalía con los saldos que ya conocemos.

Tras casi un mes de represión, la gente ha perdido el miedo y ha decidido copar las calles hasta que Dina Boluarte renuncie. Foto: Jaime Borda

Apuntes para entender la crisis

Para algunos esta no es solo una crisis política ni social, sino que responde a una crisis sistémica y estructural, en la que el modelo económico que tanto se pregona en el Perú simplemente no ha funcionado y, por el contrario, ha profundizado la desigualdad y las brechas sociales. Al final, seguimos siendo un país primario exportador que depende de sus recursos naturales.

El antropólogo José Carlos Agüero señala que estamos frente a un colapso social y un colapso institucional: “Hay un proceso de descomposición; las instituciones han dejado de ser o representar algo para los ciudadanos; no tienen ningún tipo de credibilidad y menos legitimidad: ¿qué tipo de legitimidad puede tener hoy en día el Poder Ejecutivo o el Legislativo o cualquier institución del sistema nacional de justicia o del Estado subnacional? Cuando ocurre esto ya no solo es tremendamente difícil establecer niveles mínimos de gobernabilidad; sino que hasta la convivencia de los diversos estamentos de la sociedad se vuelve compleja. Todo indica que estamos en un momento destituyente”.

En ese sentido, un aspecto relevante a considerar en esta crisis es la abrumadora participación de las comunidades y poblaciones rurales en las movilizaciones. Principalmente, los trabajadores campesinos y los pueblos indígenas que viven al sur del Perú. Una de estas regiones es Puno, que se encuentra en la frontera con Bolivia y concentra la mayor cantidad de comunidades indígenas del país, especialmente de los pueblos Quechua y Aymara.

Desde la llegada de Dina Boluarte al poder, varias de las ciudades del sur han sido afectadas por la represión y la brutalidad policial, sobre todo Juliaca donde se han registrado más de 19 personas asesinadas. A pesar de estas dolorosas cifras, Puno, Juliaca e Ilave son las que más se han movilizado a Lima para exigir respeto y dignidad por sus hermanos quechuas y aymaras asesinados. Los manifestantes no piensan ceder sus demandas hasta que Boluarte renuncie, se adelanten las elecciones para 2023 y convoquen una Asamblea Constituyente.

Los trabajadores campesinos y los pueblos indígenas que viven al sur del Perú son los actores protagónicos de las protestas. Foto: Jaime Borda

Una historia que se repite

En medio de esta crisis, un aspecto positivo a rescatar es un inicio de recomposición del tejido social, principalmente en las ciudades medianas y grandes, ya que se han empezado a organizar para movilizarse. Las comunidades campesinas y los pueblos amazónicos también se vienen movilizando y siempre han mantenido su organización de forma autónoma. Durante la violencia politica en el Perú (1980-2000), estas comunidades organizadas fueron las que resistieron el embate del terrorismo de parte del grupo Sendero Luminoso y de los mismos agentes del Estado.

Las regiones afectadas en esa época fueron Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, justamente donde hoy se reprime con violencia a las mismas poblaciones. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentado hace 20 años en el Perú había advertido que si las causas estructurales de la violencia política, como la pobreza, la exclusión, la desigualdad y el racismo, no eran atendidas estábamos condenados a repetir nuestra historia. Es eso lo que hoy sienten las poblaciones movilizadas: que nada ha cambiado para las comunidades y los pueblos indígenas.

Por el momento la salida política a esta crisis está en manos del Congreso de la República y la presidenta Dina Boluarte. Mientras tanto la represión, la violencia, el abuso sistemático de los derechos humanos, la estigmatización, la criminalización y el terruqueo a la población movilizada es la única respuesta del gobierno y del Congreso. Lamentablemente se han reabierto heridas profundas entre peruanos y peruanas que difícilmente se podrán sanar, sobre todo en la población rural y campesina.

Por lo pronto la rebelión de los pueblos andinos que exige más respeto y derechos se hace sentir en Lima, una ciudad profundamente conservadora, clasista, racista y colonial.

Jaime Borda es comunicador social con más de 15 años trabajando temas vinculados a comunidades campesinas, conflictos sociales, derechos humanos y minería. Actualmente es Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, una red que agrupa a más de 30 organizaciones de derechos humanos y ambientalistas en 12 regiones andinas del Perú.