Lima, 14 feb. Con un debate parlamentario estéril para un adelanto electoral y un Gobierno que se define “firme” y sin voluntad de renunciar, la crisis en Perú parece haber entrado en un punto muerto, con protestas menguadas y concentradas en el sur, pero susceptibles de reavivarse ante cualquier chispa que atice el fuego.

Tras ocho semanas de movilizaciones casi continuas en diversos puntos del país, con un saldo de setenta muertos y centenares de heridos, la presión en las calles para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y comicios anticipados parece estar en una fase descendente.

En la última semana, según datos de la Defensoría del Pueblo, las protestas han pasado de afectar alrededor del 12 % del territorio nacional al 6 %, en una suerte de tregua no anunciada que, a excepción de un departamento del sur, revela el desgaste ciudadano.

No es que los reclamos de los manifestantes se hayan esfumado -el 70 % de los peruanos quiere elecciones este año y el 74 % desaprueba a Boluarte, según una encuesta publicada este domingo-, ni que haya habido respuestas políticas claras a sus demandas.

De hecho, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han dado por ahora mayores señales de cesión y la agenda del país está parcialmente congelada, sin grandes eventos programados, a la expectativa de los nuevos capítulos de esta ola de protestas, lastrada por la amalgama del descrédito institucional y el descontento social.

Ante esta situación, son pocas las instituciones (públicas o privadas) que programan con antelación eventos de ningún tipo por temor a que una nueva chispa encienda de nuevo las protestas y queden empañados.

LOS OJOS EN EL CONGRESO

De nuevo, los ojos están puestos esta semana en el Parlamento, que, el último viernes, extendió la legislatura actual hasta el 17 de febrero, en medio de los tira y afloja para reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones generales para este año.

A la fecha, el hemiciclo peruano ha rechazado cuatro proyectos legislativos, uno de ellos del Gobierno de Boluarte, que buscaban celebrar comicios en 2023 o comienzos de 2024.

Los intereses personales y partidarios de los congresistas condicionan el adelanto electoral a requisitos impuestos por grupos de distintos tintes políticos, desde una convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente hasta a una reelección parlamentaria o a reformas políticas.

Por cuestión de plazos, si en esta cuenta regresiva fracasa el nuevo intento de reabrir dicho debate, quedaría ya enterrada la opción de celebrar comicios adelantados para los próximos tiempos y el Ejecutivo y los congresistas se quedarían, por tanto, en sus cargos por varios meses o años más.

Por su parte, la presidenta, apoyada por la antigua oposición parlamentaria, acumula más muertos en las protestas que días de Gobierno, mientras se esfuerza en defender, con mirada negacionista, que solo un “grupo minúsculo” de la población exige su renuncia.

EL DESCONTENTO DEL SUR

Sin elecciones anticipadas ni cambios en el Ejecutivo, el panorama en el corto plazo es incierto, pues las protestas antigubernamentales se arriesgan a agonizar sin grandes logros o a reactivarse de manera repentina en cualquier momento.

Pero, aún si uno de estos dos escenarios se concreta, cuando la turbulencia política amaine, la crisis de fondo requerirá de salidas de largo aliento.

Si bien las protestas estallaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, sus raíces son diversas y de corte histórico, y han revelado brechas económicas y sociales que durante décadas han sido relegadas por las élites de un país desigual.

Desde diciembre, el epicentro de las movilizaciones, carentes de líderes claros, ha sido el sur peruano, sobre todo las regiones andinas de Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Arequipa, entre otras, donde en 2021 arrasó Castillo, un “outsider” de la política con raíces campesinas y promesas de atender los problemas históricos de la pobreza.

Hoy, el sur sigue siendo la zona del país más movilizada, con constantes piquetes y bloqueos de carreteras que incluso han provocado el desabastecimiento durante días de combustibles y alimentos en algunas ciudades.

Y, no por casualidad, es también en esta zona del país donde más se están llorando las vidas que se cobró la represión policial a las protestas.

De los 70 muertos reportados en 2 meses de estallido social, al menos 48 manifestantes fallecieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, la gran mayoría de ellos -42- en los citados departamentos del sur.