Más de dos meses de movilizaciones en diferentes partes del territorio del país, plantean una serie de interrogantes sobre el futuro del Perú y, al mismo tiempo, visibilizan temas pendientes que se arrastran y siguen sin ser resueltos. Una interrogante que ha sido planteada en las últimas semanas es si las movilizaciones actuales y las demandas que exponen las poblaciones, tienen conexión con situaciones previas y, sobre todo, con conflictos como los vinculados a la minería.

A continuación vamos a establecer algunas conexiones entre la movilización de estos días y los conflictos mineros:

• Una primera conexión evidente es que las movilizaciones de regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, Puno, vienen planteando un claro cuestionamiento al poder central; a las formas cómo las élites del país gobiernan y toman decisiones y cómo las imponen en los territorios. Queda claro que en los conflictos vinculados a la minería también ha existido un claro cuestionamiento a ese poder central: a la manera cómo se toman decisiones desde Lima y que después se imponen a las poblaciones del interior del país. Por ejemplo, cómo se otorgan concesiones mineras y diversas licencias, sin que las poblaciones sean informadas adecuadamente; la manera cómo se aprueban los estudios de impacto ambiental; los informes técnicos de los proyectos mineros; los contratos ley; las autorizaciones de las construcciones y las propias ampliaciones de los proyectos. Estos temas han estado a la base de más de un estallido en zonas con presencia minera.

• Otra conexión es la tantas veces utilizada tesis del complot. Por estos días hemos vuelto a escuchar la tesis del complot, por supuesto, adaptada al contexto: se ha pretendido y se sigue intentando explicar las movilizaciones sociales por la acción de varias supuestas manos oscuras que mueven los hilos del conflicto: algunos han hablado de actividades ilegales, como la minería y el narcotráfico; otros de los remanentes de Sendero Luminoso y, si todo esto no es suficiente, también se ha mencionado la intervención del expresidente boliviano, Evo Morales. Por separado o todo junto, esa es la explicación favorita y la narrativa que se ha buscado imponer.

La tesis del complot también ha estado presente en los conflictos mineros. En el caso de la minería, más de una vez se ha aludido a la existencia de estrategias perfectamente orquestadas que supuestamente buscan detener la inversión minera, “utilizando”, por ejemplo, la preocupación ambiental u otras legítimas demandas como una suerte de coartadas. Uno de los problemas de la tesis del complot, para los conflictos mineros y para todo lo que viene ocurriendo en estos dos últimos meses en el país, es que siempre se simplifica en extremo la visión del conflicto y lo trata de homogeneizar: todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollan similares estrategias “anti actividades extractivas o anti inversión”. Se llega a afirmar que “hay un modus operandi” que se repite y no se reconoce ninguna demanda o agenda legítima de parte de las poblaciones y sus organizaciones.

Pero además, la tesis del complot, como ocurre hoy en día, termina justificando las respuestas autoritarias frente a los conflictos: los estados de emergencia, la militarización y la criminalización de la protesta, frente a la necesidad de fortalecer prácticas y una institucionalidad democrática. De esta forma, no solo se ignoran las bases objetivas que están en el origen de los conflictos, sino que un conflicto social se transforma o se reduce a una suerte de problema de orden público y así se intenta justificar la estrategia dura, que declara estados de emergencia, militariza los territorios y criminaliza la protesta, precisamente para restablecer el orden público. ¿Suena conocido?

• El estallido social también ha puesto en evidencia y a escala nacional el comportamiento de las fuerzas policiales en escenarios de extrema tensión, y muestra la crisis profunda de esta institución. En cierta medida, Lima y diversas ciudades del país está viviendo, desde que se declaró el estado de emergencia a mediados de enero, lo que las poblaciones en zonas con presencia minera han vivido durante años: estados de emergencia que pueden durar meses y hasta años; violencia policial extrema; reglajes, siembra de pruebas, allanamientos de viviendas y locales de organizaciones sociales, detenciones arbitrarias, criminalización, judicialización, etc.

Además, las poblaciones en las zonas con presencia minera han comprobado, desde hace muchos años, cómo la Policía Nacional firmaba contratos con las empresas mineras, lo que la convertía en una suerte de policía particular de las mismas. La percepción es que se tiene una policía enajenada.

• El factor identitario está fuertemente presente en las actuales movilizaciones sociales y también ha estado presente en los conflictos en las zonas con presencia minera. No se puede explicar el nivel de movilizaciones que vemos hoy en día si no se toma en cuenta el tema de la identidad: las regiones que más se han movilizado son Ayacucho, Apurímac, Puno, Huancavelica, Cusco, precisamente las que concentran una mayor presencia de población indígena.

José Carlos Agüero plantea una interrogante fundamental (1): “¿Que esperaban las élites del país que suceda con esa población a la que se ha denigrado y estigmatizado? ¿Qué se quede sentada?”. Amnistía Internacional ha realizado un análisis que toma como parámetros la concentración de protestas y el número de muertes por represión en base a datos de la Defensoría del Pueblo de Perú: en el informe se señala que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se encuentra concentrado de manera desproporcional en regiones con población mayoritariamente de pueblos indígenas. Mientras que los departamentos con población mayoritariamente indígena sólo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes registradas desde el inicio de la actual crisis. Coincidentemente, en estos territorios es dónde se ha concentrado el mayor número de conflictos sociales en las últimas décadas, mayormente vinculados a actividades extractivas como la minería.

Estas son algunas de las principales conexiones que se pueden establecer entre la conflictividad social asociada a la minería y las recientes movilizaciones. Es parte de la agenda pendiente que seguimos arrastrando en el país y que cada cierto tiempo nos envía señales a través de estallidos que cada vez son de mayor magnitud.

Lo primero que hay que reconocer es que la tarea que tenemos por delante es enorme y de la manera cómo se resuelva esta crisis, dependerá si en el Perú se abre un proceso que permita comenzar a cerrar estas enormes brechas, desde una perspectiva de inclusión y de reconocimiento de derechos o, por el contrario entramos a una espiral de autoritarismo y mayor exclusión.

Nota:

(1) Historiador peruano. En entrevista publicada en La República el 18 de diciembre de 2022.