El gobierno de Dina Boluarte busca controlar la forma en la que los periodistas y comunicadores sociales cubren las protestas y manifestaciones sociales a través de un “protocolo de actuación interinstitucional”.

A través de la Resolución Ministerial N.° 0277-2023-IN, publicada este 1 de marzo, el Poder Ejecutivo dispuso la publicació del proyecto de “Protocolo de Actuación Interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”.

En un contexto de brutal represión contra manifestantes y de agresiones a periodistas, el gobierno de Boluarte pretende ordenar cómo deberían actuar los periodistas y comunicadores sociales durante las protestas.

Sobre la relación con los periodistas en el contexto de conflicto social, en su Artículo 7.6, el proyecto señala lo siguiente:

a. Derecho de la prensa a registrar los operativos policiales públicos.

En el caso se realicen acciones de dispersión en medio de las manifestaciones que alteren el orden público, la Policía Nacional del Perú, facilitará la labor de la prensa, para permitir que la población esté debidamente informada de los hechos, al mismo tiempo que el registro periodístico sirva también como respaldo de las actuaciones policiales ajustadas a la ley.

b. Creación de espacios de comunicación y diálogo con representantes de los periodistas y comunicadores/as.

Con el objetivo de garantizar la protección de periodistas y comunicadores y el libre ejercicio de sus funciones, antes, durante y después de las protestas públicas, la Policía Nacional del Perú coordina y establece canales de comunicación con los medios de información y/o las instituciones, legalmente constituidas, que los representan.

Al respecto, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se ha mostrado en desacuerdo “con reglamentar de ningún modo la cobertura periodística de las manifestaciones sociales, expresando que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas”.

“Del mismo modo, IPYS señala que se debe prohibir a los efectivos de fuerzas armadas o policiales cualquier acto de intimidación o violencia contra las y los periodistas, efectuando sanciones en caso contrario”, señaló.

IPYS resaltó que cada medio de comunicación debe crear sus propios protocolos de seguridad. Por otro lado, demandó que se investigue con diligencia las denuncias contra los que agreden a la prensa en las protestas.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también mostró su rechazo a este proyecto de Reglamento y lamentó la impunidad de los casos de agresiones de efectivos policiales contra periodistas.

La ANP recordó los casos de los periodistas Rudy Huallpa (Puno), Marco Antonio Ramón Huaroto (Lima), Alonso Chero y Alonso Balbuena agredidos durante las protestas de noviembre del 2020, los que “demuestran que el problema de fondo es la ausencia de asunción de responsabilidades y sanción a los agresores de nuestros colegas desde la esfera policial”.

La exministra de Justicia, Ana Jara, coincidió con estas organizaciones.