México: El poder depredador de Guerrero

Guerrero no sólo se cimbra por los movimientos telúricos que son recurrentes, es un territorio crispado por la violencia caciquil, por la estrategia de contrainsurgencia que aplica el Ejército y por la presencia de capos del narcotráfico que establecen pactos con los grupos caciquiles y los jefes militares para operar a lo largo y ancho de nuestra entidad. Al mismo tiempo que el Ejército tiraba al mar los cuerpos de luchadores sociales, en los vuelos de la muerte, las élites militares se encargaban de asegurar cargamentos de droga en las mismas aeronaves para trasladarla a la frontera con Estados Unidos. Desaparecían a personas y hacían jugosos negocios con el trasiego de la droga.

El territorio serrano lo usaron para la siembra de la marihuana y la amapola, también aprovecharon la zona montañosa abandonada y empobrecida, para que floreciera el maíz bola. Los centros turísticos se erigieron en lugares estratégicos para el negocio de la droga. Los grandes capos del narcotráfico se asentaron en Acapulco que fue su centro de diversión y de negocios ilícitos. El paraíso del Pacífico lo transformaron en un infierno por el control de esta ruta estratégica para las conexiones de los países de Sudamérica con Estados Unidos.

La clase política ha devastado a las instituciones del Estado, las ha utilizado para beneficio propio y ha permitido que prosperen los negocios de la economía criminal. La venta de armas, el trasiego de la droga, la trata de personas con fines de explotación sexual, el control de los giros comerciales por parte del crimen organizado, el pago de cuotas para el sostén de la delincuencia y la disputa por el control territorial y de los mismos ayuntamientos municipales, nos dan la radiografía de un estado sumido en la violencia y en el atraso.

En el primer año de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se registraron irrupciones armadas en la capital del estado, en algunos municipios de la zona Centro, la Costa Grande, la zona Norte, Costa Chica y Tierra Caliente. Las playas del puerto de Acapulco son ahora escenarios lúgubres, controlados por el crimen organizado. Los turistas en lugar de divertirse, corren para protegerse de las balaceras. Ya no hay territorios vetados para los grupos armados que recolectan los pagos por el derecho de piso.

A un lado de las sombrillas, donde los turistas consumen sus cervezas y cocteles, yacen personas que se desangran sobre la arena. Las detonaciones de armas son constantes y las mismas persecuciones por tierra y mar forman parte del espectáculo dantesco de la bahía. Ya no hay puerto seguro, ni lugares tranquilos. Las mismas discotecas son incendiadas, como pasó con la emblemática Baby’O el 30 de septiembre del 2021. En la Autopista del Sol hay atracos y los bloqueos son permanentes por el malestar de la población. En Zihuatanejo la disputa por el control del transporte público, por parte del crimen organizado, ha puesto en jaque a las autoridades municipales. Incendiaron varias camionetas Urvan y asesinaron a un taxista. Los transportistas paralizaron la ciudad para exigir la intervención de las autoridades estatales y federales. La población se encuentra inerme, porque sabe que la estructura criminal se ha fortalecido en un puerto donde hay mucha afluencia de turistas extranjeros.

En la región de Taxco de Alarcón la violencia no cesa por los enfrentamientos que se dan entre grupos del crimen organizado en municipios circunvecinos que colindan con el Estado de México. También se dio un enfrentamiento entre civiles armados en las grutas de Cacahuamilpa, ubicadas en el municipio de Pilcaya. Este sitio ecoturístico se encuentra también ahora en disputa por grupos del crimen organizado. Esta ruta ha perdido su encanto por la inseguridad y violencia que persiste y porque las autoridades municipales y estatales han sucumbido, dejando a la deriva a la población que sortea su vida guardando silencio y obedeciendo las órdenes de los jefes de la plaza. Los mismos policías ministeriales han sido emboscados por los grupos del crimen organizado que se han atrincherado para asegurar el control de esta ruta.

En la capital del estado la violencia se recrudeció con el asesinato de un dirigente transportista que desencadenó acciones de terror con el incendio de vehículos del transporte público. Se sumaron asesinatos de comerciantes y trabajadores de venta de pollos. En el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla un distribuidor de pollos se desangraba sobre el piso, mientras algunos vendedores destazaban los pollos a los clientes que pasaban por el lugar.

En el municipio de Chilapa la violencia no cesa, sobre todo en las comunidades nahuas donde las autoridades mestizas se han aprovechado para excluirlas del presupuesto público coludiéndose con el crimen organizado, que se encarga de ajustar cuentas con las organizaciones indígenas que se han acuerpado de manera autónoma para defender su territorio. El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que forma parte de la policía comunitaria de los pueblos fundadores, ha denunciado al grupo delincuencial Los Ardillos como los responsables de las 47 personas asesinadas y 20 desaparecidas desde el 2015 hasta el 2022. Uno de los episodios más violentos fue el asesinato de unos músicos de la comunidad de Alcozacán cuyos cuerpos fueron calcinados junto con su camioneta por parte de un comando armado que los interceptó cerca de la comunidad de Mexcalzingo. Las familias agraviadas han constatado que, por ser indígenas, las autoridades las discriminan y las ignoran. A pesar de estos agravios siguen luchando para defender la vida de sus hijos.

San Miguel Totolapan atrajo la atención nacional e internacional a causa de la masacre de 20 personas que fueron ejecutadas el 5 de octubre del 2022, por parte de un grupo de pistoleros de La Familia Michoacana. Irrumpieron en la cabecera municipal rociando de balas el Ayuntamiento. Asesinaron al presidente municipal Conrado Mendoza Almeda, quien presidia una reunión en un negocio de autolavado. La mayoría de asistentes murieron, cayendo entre ellos don Juan Mendoza, padre del alcalde.

Recientemente, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, un enfrentamiento entre los integrantes de la Familia Michoacana y grupos regionales como Los Arreola y Los Maldonado, que controlan el corredor de Santa Rosa de Lima hasta El Durazno, generó que el pasado 19 de febrero fueran desplazados 246 habitantes, entre los que se encontraban 70 niñas y niños, seis adultos mayores y dos con discapacidad, de la comunidad Los Bayados, en la región de Tierra Caliente. No fueron los únicos que se desplazaron, también pobladores de las localidades de La Trinidad y Santa Clara, quienes encontraron alojamiento en Tecpan de Galeana, Petatlán, Zihuatanejo y Atoyac de Álvarez.

Las familias de Bayados nunca pensaron que este momento llegaría porque aunque se encontraban olvidados por las autoridades, sin acceso a la salud y sin maestros, vivían con tranquilidad sembrando chile manzano, durazno, aguacate y maguey. Con el trabajo duro sortearon poco a poco la hambruna para salir avantes, tratando de estar al margen de los conflictos que predominan en la región. Sin embargo, la amenaza de la violencia llegó con los ataques en la comunidad de El Durazno, fue cuando los rumores de que el próximo acto violento sería en Bayados. Permanecieron unos días, pero el 18 de febrero empezaron las detonaciones de armas de grueso calibre en un enfrentamiento en el lugar conocido como Las Golondrinas. Hombres armados se apostaron en la entrada de la comunidad y desde ahí dieron hasta el medio día del 19 de febrero para que las personas abandonaran sus casas, engrosando las cifras de las más de 22 mil personas desplazadas en Guerrero.

Las familias desplazadas exigieron a la gobernadora, Evelyn Salgado, que les brindara seguridad para regresar a sus casas y poder sacar algunas cosas. El 28 de febrero, 30 personas desplazadas, resguardadas por militares y policías estatales, así como por representantes de derechos humanos, salieron desde la mañana y llegaron a medianoche, pero con la mala noticia de que sus chozas estaban semi vacías.

El futuro de estas familias depende de la atención y las garantías de seguridad de parte de las autoridades estatales y federales. Pero es preocupante que los tres niveles de gobierno no implementen políticas públicas para evitar los desplazamientos forzados de comunidades que padecen el látigo de la violencia. Además, es imposible no sólo porque desconocen las causas reales de las familias, sobre todo, porque las autoridades no tienen alianzas de confianza para generar alertas con las localidades consideradas en riesgo de ser desplazadas, para protegerlas.

Los pueblos quedan desolados, sin nada más que el silencio de los atardeceres grises. El único ruido en los patios de las casas es el cacareo de las gallinas y en las mañanas el canto de los gallos. Esta es la realidad en la comunidad de Los Bayados donde sólo hay desesperanza y balazos. En Guerrero la delincuencia organizada es el poder depredador que tiene sometida a la población serrana.