Ecuador: asedio, despojo y resistencia de los siekopai

1° de marzo de 2023

Desde el primer momento de contacto con el mundo occidental, los siekopai tuvieron que resistir y luchar por sus territorios y sus vidas. El pueblo amazónico se ve afectado por la expansión de la frontera petrolera, el monocultivo de palma africana, la invasión de colonos, los desplazamientos forzados y la contaminación de sus fuentes de alimentación. Actualmente, este pueblo que sufrió la división a través de las fronteras creadas por los Estados de Perú y Ecuador, lucha contra el extractivismo ante la Justicia y un Estado que no garantiza sus derechos al territorio ancestral.

““Un poco más allá de ellos viven los siona que han muerto. Los
ñanserapái son los que viven al final de la tierra, donde se acaba [los
márgenes del mundo]. Tampoco mueren, viven para siempre. Ellos
viven como vivimos nosotros, pero no mueren. Viven cerca de una
laguna muy grande, en la que hay muchos tucanes, ñansé, por eso
se los llama ñanserápai [la gente de la laguna de los tucanes]. Esa
gente tiene corona hechas de plumas de tucán y del para jé e saipé.
Las plumas de la corona son bien azules. Allá viven ellos, yo los vi.”
La fascinación del mal - María Susana Cipolletti y Fernando Payaguaje

Místicos y míticos podrían ser dos palabras clave para referirse a los siekopai: un pueblo indígena ancestral de la selva amazónica que habita en la frontera entre Perú y Ecuador. Relatos como el del sabio anciano Fernando Payaguaje dan cuenta de las representaciones del entorno selvático, el universo, la relación con otros seres y, el devenir de la sociedad y la identidad. Asimismo, los testimonios remiten a la historia general y a las transformaciones vividas por este pueblo milenario frente al asedio y la presencia de agentes externos que han codiciado su territorio.

Al igual que la mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía, los siekopai han vivido los efectos dramáticos y perversos de la expansión de la civilización cristiana, capitalista y occidental. En la actualidad, el despojo de sus territorios se ha intensificado, al mismo tiempo que ha emergido un movimiento de resistencia que busca defender el último reducto territorial siekopai. En un entorno marcadamente adverso, la resistencia busca reunificar una nación separada por una frontera inter-estatal, junto con el reconocimiento de sus derechos a la autodeterminación.

Elementos del lugar y de la memoria

En la actualidad, los siekopai se encuentran distribuidos en cuatro comunidades a lo largo del curso medio del Río Aguarico y en una pequeña área del río Lagartococha. Sin embargo, su territorio ancestral era mucho mayor. Durante la colonia, resistieron contra los españoles y los portugueses, y lograron mantener su independencia. Ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX, sufrieron las consecuencias de la fiebre del caucho: la explotación, la esclavitud, la muerte y el exterminio de otros pueblos amazónicos. A pesar del colapso de la economía cauchera, los siekopai quedaron ligados al trabajo en la hacienda bajo condiciones críticas.

Tras la guerra entre Ecuador y Perú de 1941 que fijó los límites fronterizos, algunas familias siekopai dejaron Lagartococha y se instalaron con sus parientes sionas de Cuyabeno para vivir en armonía. Atraídos por la libertad que tenían los siekopai ecuatorianos, en los años siguientes nuevos grupos abandonaron el lado peruano para retornar a su territorio ancestral y tratar de reunificar a la nación Siekopai dividida por la frontera. Este proceso se aceleró con la firma del Acuerdo de Paz entre los dos países en 1998. Hasta el día de hoy, la nación Siekopai busca su integración cultural, política y territorial: uno de los ejes que moviliza su agenda.

Tras el ciclo del caucho, llegó la economía del petróleo. En 1963, la estadounidense Texaco amplió la exploración más allá del Río Aguarico invadiendo el territorio siekopai. Más tarde, llegarían otras operadoras que intensificarían el proceso de despojo y agresión hasta la actualidad. Uno de los impactos sociales y ambientales más significativos de la ampliación de la frontera petrolera y su correspondiente infraestructura vial sería el ingreso de colonos e indígenas ajenos a la zona, especialmente kichwas. A su vez, las rutas facilitarían el ingreso de traficantes de tierras.

La colonización impulsada por el Estado bajo el control de los militares obligaba a los colonos a deforestar la mitad de los bosques y sustituirlos por pastizales o monocultivos, como requisito para acceder a un título de propiedad. En la actualidad, la situación de adjudicaciones territoriales es absolutamente crítica para los siekopai. Los siekopai cuentan con más de 100.000 hectáreas, de las cuales solo 42.614 han sido reconocidas por el Estado y el 10% está en el área protegida de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno.

De los evangélicos a la petrolera Oxy

La dinámica del despojo y control territorial por parte de agentes externos siempre estuvo acompañada del papel de misioneros, sean católicos o evangélicos. Estos últimos actuaron asociados al Instituto Lingüístico de Verano (ILV), que en 1952 ingresó al país en el marco de la cooperación norteamericana y de un proceso de modernización capitalista ligado a la presencia del capital extractivo, los procesos de colonización y el desarrollo rural. El ILV (originalmente, la Corporación Wycliffe Bible Translators) planteó un proyecto de apariencia científica: el estudio de las lenguas aborígenes. Así lo explica el antropólogo Jorge Trujillo: “Los misioneros pretenderían un control real y efectivo de los pueblos indígenas, hasta el punto de someterlos a los dictámenes del aparato burocrático, eliminando cualquier forma de expresión autónoma y organizada de los indígenas”.

De este modo, los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano contribuyeron a un proceso de destrucción de las culturas indígenas a través del Programa de Servicios Prácticos. Más tarde, estas metodologías y enfoques fueron retomados en los años ‘70 por compañías estadounidenses como Texaco y Occidental (Oxy). La abogada Judith Kimmerling describe el segundo caso: “Al inicio promete respetar la cultura local y busca el ‘bienestar para siempre’, pero luego cuando la explotación de petróleo está en marcha, el interés de la compañía cambia”.

A partir de 1996, la compañía Occidental sería concesionaria del denominado Bloque 15, el cual operó durante 10 años hasta que caducó su contrato y las actividades petroleras fueron transferidas a la empresa estatal Petroecuador. En ningún ingreso al terreno las empresas aplicaron el procedimiento de consulta previa, libre e informada, a pesar de que Ecuador ya había suscrito el Convenio 169 de la OIT e, incluso, había incorporado este derecho en la Constitución de 1998. Este sería el preámbulo de una interminable lista de violaciones a los derechos de los siekopai, al punto que la Organización Indígena Secoya del Ecuador (OISE) denunció en 1998 incumplimientos y abusos por parte de la empresa.

En respuesta, Occidental desplegó una estrategia de persuasión y división al interior de la organización hasta suscribir un “Código de Conducta” que suprimió la posibilidad de veto a los siekopai frente a los proyectos comunitarios y ambientales impulsados por la empresa. El acuerdo se limitaba a dotar de cierta infraestructura a las comunidades locales, como casas comunales, canchas de básquetbol, baterías sanitarias y becas para internar a los chicos en el colegio. Además, impartía cursos de capacitación en agricultura, mecánica, corte y confección, e investigación etnográfica de los siekopai.

Petroleras y palmicultoras: daño y desarticulación

Con el tiempo, los proyectos comunitarios y ambientales de Occidental lograron neutralizar las acciones y facilitar las operaciones petroleras. La transferencia a la estatal Petroamazonas apenas significó el abandono de la mayoría de los proyectos y su reemplazo por las acciones de la empresa pública “Ecuador Estratégico”. Al igual que Oxy, la compañía estatal priorizó un tipo de intervención focalizada y clientelar, que dejó de lado las expectativas de los siekopai en torno a sus problemas territoriales y sus conflictos con los colonos.

Simultáneamente, en 2006 ingresó la petrolera Andes Petroleum como concesionaria del bloque 62: el capital accionario estaba conformado por las empresas estatales China National Petroleum Corporation (55%) y China Petrochemical Corporation (45%). La operación se concretó con la compra de los activos de la canadiense EnCana. En palabras del presidente de la nación Siekopai, Justino Piaguaje: “Las operaciones de las empresas chinas en nuestro territorio han afectado a algunas comunidades que se alimentan del estero AriPokoya, cuyas aguas ahora están turbias. La empresa excavó canales profundos sin la consulta previa a las comunidades y tampoco socializó el Estudio de Impacto Ambiental”.

Otro frente de asedio y despojo del territorio siekopai ha estado asociado al capital agroindustrial de empresas de palma africana. A mediados de los años ‘80, en el gobierno de León Febres Cordero, el Estado concesionó a la compañía Palmeras del Ecuador 9.850 hectáreas dentro del territorio ancestral de San Pablo de Katëtsiaya. A partir de entonces, los monocultivos se expandieron hasta la parte alta de la cuenca del río Shushufindi.

El uso indiscriminado de agroquímicos y el mal tratamiento de los desechos han contaminado los ríos y fuentes de agua dentro del territorio siekopai. La contaminación afectó la disponibilidad del líquido vital a las familias y aniquiló la ictiofauna, una de las principales fuentes de alimentación. En la actualidad, las cuatro comunidades Siekopai, que poseen los últimos remanentes de bosque tropical de la zona, se encuentran rodeadas del monocultivo agroindustrial.

¿Conservación o despojo? Áreas protegidas y desterritorialización

Otro factor de desterritorialización de los siekopai está asociado, paradójicamente, a la conservación. En 1989, el Estado ecuatoriano impuso la creación de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (RPFC) sin involucrar a los pueblos ancestrales que habitan en esos territorios. Ni la definición de límites, ni la fijación de objetivos ni la realización de planes de gestión del área protegida involucró a los siekopai. De este modo, en nombre de la conservación se provocó el desplazamiento y el desalojo de los pueblos indígenas de la región.

La creación de la RPFC también afectó a los pueblos vecinos a’i kofán que se desplazaron al territorio siekopai. Allí, los a’i kofán fundaron una comunidad llamada Zábalo y años después suscribirían un convenio de uso y manejo del territorio. Sin embargo, la promesa estatal de conservar los territorios nunca se cumplió pues la autoridad ambiental no pudo impedir los sucesivos procesos de invasión de la reserva por parte de traficantes de tierras y colonos. Uno de los casos más conocidos fue el de Nea Ña (Río de Aguas Negras).

“La falta de control, de linderaciones y de negociaciones incluyentes con los siekopai dieron paso a que el sector de Aguas Negras se vea afectado por procesos de colonización. Tras realizar los reclamos correspondientes, logramos el desalojo temporal de los colonos de la cooperativa Nueva Esperanza”, explica Justino Piaguaje.

Luego de una fase de conflictos persistentes, los siekopai suscribieron un convenio para establecer campamentos, senderos de caza y pesca, lo cual nunca fue respetado por los colonos que decidieron invadir nuevamente dichas zonas. Celestino Piaguaje narra que el pueblo fue testigo de la expansión de la colonización: “Los funcionarios no dejaron que nosotros delimitemos nuestro territorio porque el sector sería declarado área protegida. Nos decían que no nos preocupáramos porque el Estado garantizaría que no iba a haber invasiones”.

Resistencia y lucha por la re-territorialización

Engaños, promesas incumplidas y desidia han marcado el comportamiento de las autoridades estatales ecuatorianas en estas últimas tres décadas. Frente a ese panorama, la nación Siekopai ha presentado acciones legales como vía central de procesamiento de sus demandas y defensa de sus derechos colectivos. Sin embargo, los esfuerzos han sido en vano: las órdenes judiciales suelen ser incumplidas por los responsables de los desalojos.

En uno de los casos más representativos, los siekopai se vieron obligados a desalojar a colonos que en 2008 llegaron a ocupar 200 hectáreas de la Comunidad de San Pablo de Katëtsiaya. De modo similar, en 2015 presentaron un recurso de amparo por una demanda de reivindicación contra los invasores. Tres años más tarde, la Corte Provincial de Sucumbíos ratificó el carácter ancestral de dicho territorio y ordenó el desalojo inmediato de los colonos. Sin embargo, hasta 2022 no se había efectivizado lo dispuesto por la sentencia. “Para nosotros este proceso de invasión y la falta de acción oportuna de las autoridades ha significado el despojo del territorio ancestral”, afirma Piaguaje.

Ante el asedio persistente y las pocas garantías que brinda el Estado, desde 2017 se ha planteado formalmente la adjudicación gratuita y la legalización de 90.000 hectáreas de su territorio ancestral en el sector de Pë`ëkë`ya (Lagarto Cocha) y Sokoro (Zancudo Cocha), dentro de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Este reclamo ha provocado nuevos conflictos con las comunidades kichwa de Zancudo y A´I de Zábalo. “Por la guerra yo quedé aquí y mi hermana del otro lado. Quiero volver a vivir con ella, quiero ir a la pesca en Pë`ëkë`ya , queremos seguir siendo siekopai”, relata Roque Payaguaje.

Del mismo modo, a sus 79 años, Maruja Payaguaje explica que Pë këya es la razón de su existencia porque fue sembrado y cuidado por sus abuelos: “Este territorio no puede ser olvidado por nosotros, porque la espiritualidad está allá, por eso digo que estoy aquí, pero cuando me toque morir, regresaré a ese sitio para llegar a la inmortalidad que nuestros abuelos siempre nos decían”.

Pablo Ortiz-T. es sociólogo y doctor en Estudios Culturales. Además, es coordinador del Grupo de Investigación Estado y Desarrollo (GIEDE) de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, e investigador asociado de IWGIA. Contacto: portiz@ups.edu.ec