Días difíciles y desesperanzadores transitan las mayorías en Colombia a pesar del gobierno progresista. Sin ninguna respuesta a la vista que ayude a cambiar su realidad, más allá del ¡sálvese quien pueda como pueda!, millones viven la penuria y el desamparo. El hambre reina en las calles y la miseria es cada vez más visible en nuestro país, que desde hace años rompe cifras récord en desigualdad, concentración de la riqueza y el poder, así como en desplazamientos forzados.

Una vez más, un informe abre los ojos ante la cruda realidad colombiana, esta vez lo hace el recién publicado por el Programa Mundial de Alimentos, quienes a partir de un estudio realizado entre junio y noviembre de 2022, hacen dos evaluaciones de seguridad alimentaria: una enfocada en la población colombiana y la otra en la población migrante. La información recolectada se obtuvo de 29 departamentos y 118 municipios del país.

Aunque el informe definitivo será publicado en el transcurso del presente mes, el informe ejecutivo evidencia cifras escandalosas, como que el 30% de la población colombiana, es decir 15,5 millones de personas, se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria moderada y severa, así como que el 51% de la población (alrededor de 25,5 millones de personas) se encuentra en situación de seguridad alimentaria marginal, lo cual significa que su situación podría deteriorase si no hay mejora en los factores coyunturales de la economía.

Realidad que deja en evidencia la Colombia de hoy, donde solo el 19% de la población (alrededor de 9,5 millones de personas) cuentan con seguridad alimentaria digna, evidenciando así, una vez más, la perpetua desigualdad que reina en el país. 

Los departamentos que concentran la mayor inseguridad alimentaria se agrupan en la Costa Atlántica, donde las cifras por departamento son las siguientes: Córdoba con un 70% de inseguridad alimentaria, Sucre con el 63% de inseguridad alimentaria, Cesar con el 55%, Bolívar el 51% y la Guajira 50%. Así mismo, departamentos como Arauca cuenta con un 62%, Putumayo 48%, Chocó 45% y Norte de Santander 40%.

Según el informe, en términos absolutos, es en las zonas urbanas donde se encuentra la concentración más alta de personas en situación de inseguridad alimentaria, Bogotá destaca entre ellas con 1,5 millones de personas, seguida por Medellín con 650 mil y Cali con 500 mil personas.

La inseguridad alimentaria está altamente correlacionada con múltiples factores como la pobreza monetaria, que para 2021 se ubicó en 39,3%, mientras que la pobreza extrema fue de 12,2% en todo el territorio nacional. Así mismo el desempleo y la informalidad laboral son factores notables para caer en la inseguridad alimentaria, no debe olvidase que desde el 2019 el desempleo aumentó en cifras de dos dígitos, llegando en su momento máximo a una tasa de más del 17% de la población, con un agravante, más de la mitad de las y los colombianos se encuentra en condiciones de informalidad laboral, llegando a niveles de más del 56 % de la población.

Así mismo, factores de la economía global influyen en la inseguridad alimentaria, por tanto, la recesión económica mundial que genera efectos inflacionarios como el que tenemos en curso en el país (para enero llegó al 13,25%, cifra más alta de este siglo), conduce a variaciones de precios en alimentos como arroz, lácteos, carnes y productos básicos de la canasta familiar, lo que lleva a que el conjunto de la población tome medidas para aguantar la crisis.

Según el informe, el porcentaje de hogares que comían menos de tres veces al día aumentó de 11% antes del inicio de la pandemia a 32% en julio de 2020, y para noviembre de 2022 se mantenía en 26%. El 40% de la población consume alimentos dos veces al día o menos y 51% de los hogares tuvo que reducir el tamaño de las porciones de alimentos. Así mismo, “uno de cada cuatro hogares reportó haber reducido el consumo de los adultos para que los niños pudieran comer, una estrategia que se adopta especialmente por las mujeres”.

A este infierno dantesco debe sumársele las cifras que representa la población de migrantes, donde según el informe “de los 2,5 millones de migrantes venezolanos en Colombia con vocación de permanencia, cerca de 1,3 millones (52%) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria”. Aumentando la tragedia de esta población, al menos un tercio de las mujeres embarazadas están anémicas y entre 3 a 5% de los niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda. De igual manera, el 70% de los hogares encuestados tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza nacional y la inseguridad alimentaria es significativamente mayor entre los hogares con “jefatura femenina (55%) en comparación con los hogares con jefatura masculina (48%)”.

Lo peor de todo, es que se espera que la situación de la seguridad alimentaria empeore en lugar de mejorar en un futuro próximo. Esta crisis no es únicamente en nuestro país, Latinoamérica se encuentra en una situación complicada en términos de inseguridad alimentaria, en comparación con otras regiones del mundo subiendo de 31,7% al 40,6%. Algunos factores para esto son la dependencia de la región a las importaciones de alimentos y de fertilizantes.

¿Alternativas?

La situación sigue siendo critica para las y los de abajo, quienes siguen (seguimos) tratando de resolver las necesidades de manera individual, o confiando en que los cambios vendrán de arriba, como por arte de magia, eternizando así el rosario: pobreza-desamparo-hambre-escasez-angustia-impotencia-violencia-pandilla-crimen-muerte. Cadena que puede seguirse ampliando por decenas de palabras, que al final representan la injusticia producto de un sistema social que se sustenta en la desigualdad, la cual sigue produciendo generaciones de millones de pobres que pocas veces encuentran una salida colectiva para superar esta realidad en comunidad.

Seguramente el progresismo puede servir como un leve paliativo para esta crisis estructural, sin embargo, en la realidad a pesar de intentar tramitar reformas para frenar un poco los efectos de la privatización de los bienes públicos y los derechos básicos de la población colombiana, las manos del gobierno están atadas a los acuerdos que logre tranzar con los partidos tradicionales y grupos económicos que han gobernado históricamente en el país. Mermelada. Burocracia. Menos transformaciones que las prometidas en campaña.

Pese a esto, la respuesta urgente por parte del gobierno debiera ser avanzar en un plan de choque contra el hambre, para esto es urgente avanzar con más fuerza y profundizar las propuestas de redistribución de la tierra, así mismo es necesario activar planes de conexión vial para que las y los productores puedan sacar los alimentos y reduzcan precios en transporte, y es urgente reactivar las industrias para la producción de fertilizantes.

La respuesta por parte de los movimientos de abajo también es urgente. La coyuntura demanda imaginación y acción, por tanto, sigue siendo imprescindible un encuentro de organizaciones sociales para establecer su propia ruta o agenda de acción más allá del gobierno progresista. Profundizar y demandar reivindicaciones históricas como la de la reforma agraria, construida y propuesta desde abajo, toman hoy más vigencia que nunca. Así mismo, activar un plan popular de choque contra el hambre a través de la profundización de la relación campo-ciudad, donde se creen mercados campesinos a precios justos, y la gestación de ollas comunitarias (como se hizo en medio de la pandemia), podría ser un punto de conexión con la sociedad

Finalmente es tiempo de fortalecer las organizaciones populares y comunitarias. Aprender de las otras experiencias progresistas en el continente y tenerlas como espejo, es fundamental para no salir debilitados. Hoy las mayorías aguantan hambre y muchas veces no se cuenta al otro por vergüenza, por aparentar que todo está bien.

Hace poco escuché que, en el movimiento de liberación de Kurdistán, “Si una persona de la comunidad tiene hambre, el resto no duerme hasta solucionar su problema y dificultad”.