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El 11 de marzo, en la ciudad de Valladolid, en una audiencia pública, el tribunal escuchó la acusación que el jurista Jorge Fernández Mendiburu, en calidad de Fiscal de la Tierra, presentó exponiendo los argumentos para que los jueces pudieran pronunciarse sobre el Tren Maya. Sus palabras fueron seguidas por las declaraciones de nueve representantes de un número igual de comunidades mayas, quienes expusieron las afectaciones que están teniendo en sus vidas y sus derechos; otro tanto hicieron cuatro organizaciones que las acompañan y asesoran a varias y al final siete expertos mexicanos en materias como derechos indígenas, ecosistemas terrestres y acuáticos, biodiversidad, cuestiones agrarias, bosques y selvas, sostenibilidad, geopolítica y militarización, vertieron testimonios sobre las afectaciones del Tren Maya.
Las acusaciones que los participantes presentaron ante los jueces que integraron el tribunal fueron diversas. Sobresalieron la de etnocidio y ecocidio. La primera porque, como dice la Declaración de San José, de 1981, el etnocidio significa que a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. Esto implica una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural, como establecen numerosas declaraciones, pactos y convenios de Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como diversas agrupaciones regionales intergubernamentales y numerosas organizaciones no gubernamentales
y, de acuerdo con las declaraciones vertidas, eso es lo que está sucediendo.
El ecocidio porque, aunque no está tipificado legalmente, desde 2016 la Profepa y la Semarnat lo reconocen como el daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado, de tal magnitud que ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio
. La mayoría de los testimonios que las comunidades demandantes expusieron y los expertos, en su calidad de peritos apuntalaron, daban cuenta de conductas que fácilmente pueden ser calificadas como tales. Además de ello, fue recurrente la exposición de que los pueblos indígenas no ven a la sociedad separada de la naturaleza, se consideran parte de ella, por eso cuando los derechos de las comunidades son violados, también son afectados los de la naturaleza. En ese sentido se han pronunciado diversas sentencias que sostienen el principio pro natura.
Ese mismo día, el tribunal dio a conocer un veredicto provisional. Los jueces que lo integraron responsabilizan al Estado mexicano por la violación de los derechos individuales y colectivos, los de la naturaleza y los bioculturales del pueblo maya, protector y guardián de su territorio; exigen la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya, como forma de evitar que los derechos de los pueblos mayas y la naturaleza se sigan violando; solicitan que los pueblos y comunidades mayas sean puestos en el goce de sus derechos violados y se reparen y restauren los ecosistemas por los daños causados e impactados por la obras de ejecución del Tren Maya; la desmilitarización del territorio, e incorporar en la Constitución federal el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la función socioecológica de la tierra y los territorios.
El gobierno mexicano fue emplazado en tiempo y forma, a través de su embajada en la República de Ecuador, para que se presentara a contestar la demanda, pero no lo hizo y tampoco fue a la audiencia pública a responder por las acusaciones que el Fiscal de la Tierra, las comunidades y organizaciones mayas, así como los expertos convocados le formularon. Al parecer, como se trata de un tribunal ético, no vinculante, pero con una enorme fuerza moral por la calidad de sus jueces, no le importó defender su postura. Pero a los pueblos les importó bastante, pues su veredicto les dice que no están equivocados y tampoco están solos en esta lucha. Que, como dijo en el cierre el ambientalista Enrique Leff, es una lucha por la vida.