Tortuga

La militarización, ahora institucionalizada en la Constitución y en la práctica, extendida para los próximos seis años y muy posiblemente para siempre, no es solo la más reciente manzana de la discordia entre los partidos políticos. Es un tema que tiene profundas implicaciones para la sociedad mexicana, la democracia, la seguridad, la igualdad de género y los DDHH. Tiene que analizarse en el marco de estas consideraciones, más allá de los falsas e hipócritas posicionamientos de los partidos políticos.

El pasado 9 de septiembre el Senado aprobó la propuesta del presidente para que la Guardia Nacional pasara del mando civil (nominalmente) en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a formar parte de la Secretaría de Defensa (SEDENA). La SEDENA es ahora responsable de su operación, administración, entrenamiento y despliegue en territorio nacional. Ya fue publicado en el Diario Oficial.

La segunda parte, la extensión del mandato de las FFAA para participar en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, será ley esta semana, después de que el Senado aprobó la propuesta el martes y pasa con modificaciones a la Cámara de Diputados. ¿Qué está en juego, más allá de quién ganó y quién perdió en el terreno político?

Para analizarlo, primero hay que descartar la hipocresía pura de los panistas y priistas que empezaron, y sostuvieron, este modelo de guerra durante más de una década de sangre. También de las ONGs en EEUU como WOLA y Human Rights Watch que ahora critican el modelo y que, en su momento, avalaron la Iniciativa Mérida en el Congreso de los EEUU, que es el apoyo económico y geopolítico al modelo de la “guerra contra las drogas”.

Hay varias razones fundamentales, y no solo oportunistas, para oponerse a las reformas:

1. Es un modelo que genera violencia y no asegura la seguridad pública. Como ha dicho el propio presidente, violencia contra violencia genera más violencia. El entrenamiento militar sigue la lógica de dominación, eliminación del enemigo y fuerza bruta, que puede funcionar en un campo de batalla, pero no en una comunidad o una ciudad frente a paisanos suyos. No se puede aniquilar al crimen porque es una expresión de las fisuras y perversiones inherentes en la misma sociedad. Se reproduce en la medida en que no se atienden sus causas profundas. Es una contradicción hablar de programas que reconocen las causas y a la vez dedicar los mayores recursos al enfrentamiento armado.

Con razón no funciona. La correlación entre el número de tropas desplegadas en territorio nacional y el número de homicidios dolosos es innegable. En este sexenio, los homicidios siguen al mismo nivel, altísimo, que en el durante el mandato de Peña Nieto y los feminicidios siguen subiendo. No hay ninguna evidencia de éxito con el uso de las fuerzas armadas y existen muchos casos de probable complicidad y corrupción, casos que muchas veces no son investigados ni enjuiciados.

2. Lleva a graves violaciones de los DDHH, que quedan impunes. La violación de los DDHH por parte de las FFAA no cesa: ejecuciones extrajudiciales, las violaciones a Inés y a Valentina, miles de desapariciones atribuibles a ellos, Tlatlaya, Petatlán, Chiapas, su actuación en reprimir a las personas migrantes subordinados a la política de EEUU, las nuevas evidencias en el caso de Ayotzinapa que salieron el mismo día de la propuesta presidencial, y el más reciente caso de la muerte de la pequeña Heidi Pérez por balas de la Marina.

Si bien ha bajado el número de denuncias bajo la política sensata de evitar enfrentamientos, el problema es estructural. La falta de transparencia y rendimiento de cuentas entre las FFAA dificulta el esclarecimiento de los crímenes que cometen, en un país que de por si tiene una tasa de impunidad arriba de 95 por ciento.

3. El abandono del propósito de transitar desde la seguridad militar a la seguridad pública civil: Una de las modificaciones para aprobar la presencia de las FFAA en las calles hasta 2028 fue incrementar el financiamiento a las policías estatales y municipales. Más que resolver la situación de abandono, la destaca.

No hay planes reales para capacitar a la policía a pesar de que existen nuevos modelos de policía cercana y participación ciudadana que han mostrado efectividad. ¿Si se confía en poder entrenar a la GN para hacer tareas policiales en solo unos meses antes de ser despegados, por qué no podemos entrenar a los policias? Los bajos salarios y cadenas de mando corruptos son una invitación a la corrupción sin embargo poco, o nada, se hace para remedar la situacioón.

Hay consenso entre los organismos de DDHH en no usar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. La Corte Interamericana de DDHH lo estableció ante el gobierno mexicano en el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 y lo ha reiterado.

4. Crea un poder desproporcionado de las FFAA: Llamó la atención cuando el secretario general Luis Crescencio Sandoval hizo referencia al “sector militar” como si fuera una fuerza autónoma con sus propios intereses en la sociedad mexicana. Con la GN, los militares activos en el país llegan a 500,000, colocando a México en el noveno lugar en el mundo y el más grande de América Latina, según el informe de ’Global Fire Power’ 2022.

Además, tiene un presupuesto récord en la historia de México, y ha ampliado su poder económico con el manejo de megaproyectos de infraestructura (que no casualmente enfrentan fuertes oposiciones locales y nacionales), puertos y aeropuertos.