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El reporte de la Sedena fue emitido en enero de 2020 y es parte de los correos obtenidos por los jactivistas de Guacamaya, que dan cuenta de la vigilancia del Ejército a los grupos más visibles por su activismo social. Considera al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota como organización fachada que no permite que las autoridades del estado apliquen la ley. Ubica a Marco Antonio Suástegui, líder histórico de este movimiento en defensa del territorio, como el cabecilla de una banda apoyada por abogados de Tlachinollan, como Vidulfo Rosales, Abel Barrera y Rogelio Teliz.
En otros documentos, la Sedena habla de pelotones de información pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, dedicados a vigilar a movimientos sociales y políticos, a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y estudiantiles. El propósito es transmitir al alto mando información relevante sobre Guerrero. Entre los movimientos que más ha dado seguimiento la Sedena está la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a la que ha infiltrado con los órganos buscadores de información (obis); también monitorea los desplazamientos de los padres de los 43 desaparecidos; a los voceros del movimiento, a los abogados del centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y del centro Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Recientemente, Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, compañeros del centro Prodh, verificaron que sus teléfonos celulares fueron infectados por el software Pegasus al menos cinco ocasiones durante 2022. Vulneraron la privacidad de sus comunicaciones por promover y defender los derechos humanos. Sufrieron ataques certeros a su trabajo legal y público para vigilar sus actividades y ubicar a las personas con las que se comunican. El Prodh y Tlachinollan acompañamos a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que han demandado al Ejército que entregue al GIEI los expedientes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi). También han emplazado a la fiscalía general para que ejerza las 16 órdenes de aprehensión que faltan por ejecutar.
Como centro de derechos humanos hemos vivido el espionaje y la vigilancia por abrazar la lucha de los derechos humanos de la población más pobre del país. En agosto de 1994, a dos meses de la presentación pública de nuestra organización, entró un fax en las oficinas de Sedesol en la Ciudad de México. Santiago García, miembro del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, nos compartió una copia del documento. Era un reporte del Cisen que señalaba como radicales a sacerdotes de la recién creada diócesis de Tlapa. Advertía que en el plan diocesano promovían la lucha armada y que había comunidades en armas, sobre todo en el municipio de Metlatónoc. El centro de derechos humanos de la Montaña era parte de la estrategia armada.
En nuestro peregrinar, los casos de Valentina Rosendo y de Inés Fernández, sobrevivientes de tortura sexual perpetradas por militares, fueron un calvario en plena montaña. Valentina, indígena me’phaa de 17 años, salió del estado con su pequeña hija por atreverse a denunciar la agresión sexual que sufrió en febrero de 2002. Su persistencia y exigencia de justicia la obligaron a vivir en la penumbra. Inés, en medio de los conflictos intracomunitarios causados por los estragos de la militarización y por la denuncia pública, enfrentó desde marzo de 2002, incidentes de seguridad en su domicilio. El más grave fue el asesinato de su hermano Lorenzo, cuyo cuerpo fue abandonado en el río de Ayutla. En abril de 2009, la Corte Interamericana otorgó medidas provisionales a Inés Fernández y a Tlachinollan, después de las desapariciones y asesinatos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, defensores del pueblo tu’un savi de Ayutla.
La vigilancia a los defensores y la persecución a las víctimas es para someterlas, para interiorizar al verdugo y sentir que en cualquier momento las agresiones son inminentes. El espionaje lastima e intimida. Las intrusiones a la vida privada de los defensores son para secuestrar la tranquilidad y causar severos daños a la salud física y mental. Ubicar como delincuentes a los defensores es como poner la mirilla en su cuerpo, es colocar una marca para que sean presa fácil de la denostación pública.
El espionaje no sólo es una práctica ilegal que ha institucionalizado el Ejército, también es una señal de que no hay controles civiles efectivos que obliguen a las fuerzas armadas a respetar el trabajo de los defensores. Las denuncias contra el espionaje militar es una alerta sobre el empoderamiento del Ejército que se extralimita en sus funciones. Lo grave es que las iniciativas que impulsó el Presidente de la República para arribar a la verdad en el caso Ayotzinapa pierden fuerza al toparse con el Ejército que obstaculiza al GIEI la revisión de sus expedientes.
Los nuevos aires del cambio democrático deben pasar por robustecer los controles del estamento castrense, de lo contrario, el uso de la fuerza reavivará los vientos de la polarización social y la defensa de los derechos humanos será considerada una actividad peligrosa, a la que vigilarán y perseguirán. El hostigamiento militar contra los defensores debe terminar. En esta ardua lucha nos hermanamos con los compañeros del Centro Prodh, que también forjaron sus sueños de justicia al lado de los pueblos de la Montaña.
* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrante de la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia