11-05-23.-Esta semana estuvo marcada por una nueva ofensiva represiva del régimen de Daniel Ortega, con decenas de detenciones que han sido denunciadas por organismos de derechos humanos. En este marco, publicamos una entrevista con la excomandante guerrillera nicaragüense Mónica Baltodano, realizada durante su paso por Buenos Aires la semana pasada.

Mónica Baltodano fue comandante guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante la Revolución Nicaragüense. Entre los años 1997 y 2011 fue diputada en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Actualmente se encuentra refugiada en Costa Rica, perseguida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En febrero de este año, el gobierno nicaragüense le retiró la nacionalidad junto a casi una centena de opositores de todo el arco político, periodistas, activistas feministas y escritoras como Gioconda Belli.

Desde el exílio, Mónica Baltodano realiza una incansable labor por dar a conocer la opresión que vive el pueblo nicaragüense bajo el orteguismo y tejer redes de resistencia de solidaridad internacional, desde una posición de izquierda, antiimperialista, opuesta a la demagogia que se viste con banderas democráticas para reforzar el sometimiento de Nicaragua al imperialismo.

En su paso por Argentina como parte de una gira internacional Mónica Baltodano dialogó con La Izquierda Diario.

LID: Mónica, el pueblo nicaragüense resiste la dura persecución del régimen de Daniel Ortega contra quienes vienen enfrentando las políticas antipopulares del gobierno. Contanos cuál es la situación que se vive hoy en Nicaragua.

Mónica Baltodano: En Nicaragua estamos viviendo de facto la suspensión de todas las libertades y garantías constitucionales. No hay libertad de movilización, no hay libertad de reunión, de información, de prensa, de asociación. Solamente los adeptos del régimen tienen derecho a reunirse y movilizarse. Todos los demás ciudadanos no lo pueden hacer. Han llegado al extremo de prohibir incluso las procesiones religiosas que se realizan en torno a las diferentes festividades locales, pero también en todo el país se suspendieron las de semana santa, los vía crucis, el santo entierro y todo aquello que siempre es muy concurrido porque la sociedad nicaragüense es bastante religiosa.

Desde el año 2018, en que el régimen de Ortega reprimió brutalmente manifestaciones que se realizaron para protestar por la reforma de la seguridad social, fueron brutalmente reprimidas al extremo de que iba en crecimiento el número de asesinados por balas claramente disparadas no solamente por los policías, sino por francotiradores ubicados en posiciones altas. La represión obligó al levantamiento de barricadas de los pobladores para protegerse y el crecimiento de la respuesta de la población llevó a la parálisis del país durante varios días. Las grandes movilizaciones como la del 30 de mayo que realizaron las madres en el día que tradicionalmente es el día de las madres en Nicaragua, también fue reprimida, con un saldo de 18 muertos, solo ese día.

Luego el régimen de Ortega pasó a un diálogo que utilizó exclusivamente para ganar tiempo, puesto que no se dio ninguna de las propuestas que se hicieron que tenían que ver con los derechos de movilización y los demás derechos, en particular de elecciones libres y democráticas. Entonces, cuando ya pudo reorganizar su fuerza, pasó a eliminar durante el mes de junio y parte de julio, todos los tranques [barricadas populares] que se habían realizado, que eran con levantamientos de barricadas, pero lo hizo disparando y usando para grupos paramilitares y que elevaron la cifra de muertos hasta la escalofriante cantidad de 355 asesinados que fueron los que documentó la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] que en el marco del diálogo entró a Nicaragua porque durante todos estos años, desde el año 2007 que asumió Daniel Ortega, nunca permitió que entraran los organismos internacionales como Human Rights, Amnistía Internacional y la CIDH. La CIDH documentó 355 muertos, 2.000 heridos y 800 capturados, buena parte de los cuales permanecieron en prisión durante varios meses hasta el 2019 en que se produjo otro intento de diálogo.

La suspensión de las demás garantías vino inmediatamente después del desbaratamiento de los tranques y obligó a miles de nicaragüenses a exiliarse en el mes de junio y julio que destruyó la barricada y a punta de bala salieron más de 100.000 nicaragüenses huyendo de la represión intentando no ser asesinados o capturados. Se pensaba que la represión iba a disminuir cuando se acercara el año electoral de 2021, pero fue todo lo contrario, a pesar de que Ortega tiene el control total del Tribunal Electoral. Estos magistrados le responden totalmente a sus líneas y le han garantizado desde el año 2008, en que se realizaron elecciones municipales, fraudes electorales para controlar los poderes locales y para incrementar de forma absurda su presencia en el Parlamento, de manera que se ha recetado una mayoría suficiente como para reformar de forma totalmente unilateral la Constitución de la República y las leyes constitucionales.

A pesar de tener este control del Consejo Supremo Electoral y a pesar de que las reglas del juego establecidas en la ley electoral son todas a su favor, en junio del 2021 procedió a capturar a todos los que podían ser candidatos a la presidencia, a las dirigencias de las distintas fuerzas de oposición, líderes campesinos, líderes estudiantiles, mujeres que lideran distintas fuerzas y hasta simplemente comentaristas políticos por dar una opinión a un medio de comunicación. En todo este tiempo pasó también a terminar de clausurar de forma absoluta todos los medios de comunicación independientes y en el país sólo los medios que él controla y que dirigen en buena medida personalmente sus hijos, como son los canales de televisión abierta, pueden tener derecho en Nicaragua. Todos los demás medios han sido clausurados y muchos periodistas también fueron capturados incluyendo a comentaristas en las redes sociales, a creadores de opinión en las redes sociales. Y así realizó una farsa electoral en noviembre del 2021, se volvió a recetar resultados absurdos de 70 y 80 por ciento de votación a su favor, cuando la realidad es que la población respondió con absoluta abstención como una forma de protestar contra la farsa electoral en la que prácticamente fue solo y algunos partidos de conveniencia con los cuales tienen un arreglo.

Con esos presos que capturó en 2021 y que fueron creciendo a lo largo del año 2022, a la misma vez que clausuraba centenares de organizaciones de distinto tipo, feminista, de medio ambiente, de derecho de la niñez, organizaciones juveniles, e incluso hasta organizaciones de caridad, rectoriadas por monjas como las misioneras de sor María Romero, que realizan labor de cuidado de ancianos y de enfermos, todas esas fueron cerradas porque el régimen considera que toda acción social que se realiza fuera de su control absoluto es peligrosa. Ha dividido el país entre sus amigos, que son los únicos que pueden movilizarse, reunirse, hacer acción social y todo el resto es visto como enemigos del régimen a ser eliminados, a ser inmovilizados, a ser apresados. Entonces, de esa manera, terminó también por realizar capturas en el año 2022 de un obispo al que mandó a casa por cárcel [prisión domiciliaria] y varios sacerdotes, a la misma vez que de forma creciente impidió el retorno a Nicaragua de todo aquel que por alguna razón salía y al retorno era impedido de entrar. Estamos hablando de creadores de opinión, periodistas, sacerdotes, feministas, ambientalistas, científicos incluso, que tuvieron un rol muy importante para construir la oposición a la concesión canalera para la construcción de un canal interoceánico, también fueron impedidos de regresar. Y a la misma vez, ha convertido a Nicaragua en una inmensa prisión, puesto que aquel que no quiere que salga porque piensa que va a realizar una labor internacional, es impedido de salir del país y sus pasaportes son retenidos. Son centenares de personas cuyos pasaportes le son retenidos cuando intenta viajar y que se ven obligados a mantenerse en el país en el absoluto silencio porque lo que reina en el país es miedo y terror frente a las medidas represivas del régimen.

LID: ¿Desde qué posición cuestionas al régimen de Ortega, cuál es la crítica por izquierda al régimen de Ortega, desde una posición antiimperialista?

Nosotros desde antes de que Ortega llegara al poder hemos realizado una crítica desde la izquierda a partir de las banderas que históricamente hemos levantado. Hemos hecho denuncia en primer lugar de su deriva autoritaria, controlando el frente sandinista primero, las organizaciones populares después, y posteriormente realizando un pacto mafioso con el presidente Arnoldo Alemán, uno de los más corruptos de la historia de Nicaragua, con quien se alió en el año 1999 para realizar reformas constitucionales y a la ley electoral que le permitieron repartirse todas las instituciones del país, repartirse propiedades, favoreciendo el surgimiento de grupos emergentes de burgueses tanto liberales como orteguistas. Pero a la vez hemos denunciado particularmente a partir del 2007 que llegó al poder, su pacto con el capital financiero, particularmente con los grandes bancos, para permitirles exorbitantes ganancias y la especulación financiera que existe en Nicaragua. Asimismo como las facilidades que ha dado a todos los inversionistas para repatriar sus capitales y dejando al país únicamente con bajos salarios, como las empresas maquileras que explotan la mano de obra, particularmente de las mujeres nicaragüenses.

Nicaragua sigue siendo el país centroamericano con el más bajo salario mínimo y con las condiciones de explotación más brutales en todo el istmo centroamericano. Pero por otro lado también hemos denunciado las favorables privatizaciones de la producción de energía en la cual también tienen participación activa las familias del gobernante pero también los allegados y fieles a su gobierno. Y hemos también denunciado de manera particular el carácter entreguista que significó la concesión para la construcción de un canal interoceánico que le hizo a Wang Jing, un empresario de nacionalidad china, para que, a través de la creación de una gran cantidad de empresas de maletín creadas en los paraísos fiscales, fuera a colocar en las bolsas de valores del mundo acciones para la construcción del canal interoceánico. No era ni siquiera una concesión que se realizara con otro Estado o con otros Estados. Fue una concesión directamente bajo formas privadas con empresarios de dudosa reputación y cuyo devenir en todos estos años mostró claramente que de lo que se trataba era de un negocio redondo con grandes facilidades en las cuales también se iban a ver beneficiados los allegados al régimen de Ortega y Murillo.

Hay que señalar que en este año 2023 procedió a realizar acciones represivas que no tienen parangón ni siquiera con las dictaduras más criminales que se conocieron en América Latina en los años 60 y 70. Nos estamos refiriendo al destierro de 222 presos. Hay que decirlo, la salida de estos 222 presos fue resultado de un creciente movimiento de presión popular, de un creciente movimiento de presión internacional de partidos, de organizaciones de derechos humanos, de gobiernos y también de fuerzas de izquierda, como las que se hicieron presentes en Nicaragua en julio del año pasado con la caravana de la izquierda en las que participaron partidos de Argentina, de Brasil, de México, de Panamá, de República Dominicana y que intentaron entrar a Nicaragua por la frontera de San José de Costa Rica y que fueron impedidos de llegar ni siquiera a la aduana, producto de un operativo de que parecía como que si los diputados y demás líderes de la izquierda iban a realizar un gran operativo armado.

Tal fue el despliegue que hizo el régimen de Ortega con el ejército en la frontera con Costa Rica.

Así que esa salida de los 222 presos para nosotros es el resultado de esas presiones tanto nacionales como internacionales. No obstante, juntamente con la liberación y el destierro de estos 222 presos ocurrió un hecho insólito que fue quitarle a estos 222 presos la nacionalidad de inmediato a través de un procedimiento completamente ilegal, una reforma constitucional que no llenó los parámetros y las condiciones de una reforma que incluye toda una legislatura, por lo tanto, para nosotros es una reforma non nata. Inmediatamente dictó una ley para proceder a quitarle la nacionalidad y al día siguiente procedió a castigar al obispo Álvarez quien no quiso subirse al avión, era el preso 223 que estaba en la lista para ser desterrado, pero él no quiso irse en el avión. Entonces, lo condenaron a 26 años de cárcel y lo mandaron de cárcel por domicilio, que es la que había estado viviendo acá, a las mazmorras del régimen, que son de las peores que se ha conocido en la historia de Nicaragua.

Así que cinco días después, a 94 nicaragüenses más nos quitaron la nacionalidad, nos despojaron de nuestros bienes y lo más insólito de las pensiones de jubilación que son resultado de 30 a 40 años de trabajo de todos los nicaragüenses que hemos sido despojados de este derecho. Y a la misma vez,

ha procedido a borrarnos del registro de nacimiento y a hacer todas las medidas que indican claramente la voluntad del régimen de literalmente de desaparecernos.

Cuestión que violenta una gran cantidad de derechos, tal y como ha sido señalado por el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas.