INTRODUCCION

Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 1998 luego de una década de políticas neoliberales en Venezuela. En ese período anterior se habían sucedido dos gobiernos que ejecutaron sendos programas económicos neoliberales; había ocurrido el estallido popular espontáneo de febrero-marzo de 1989, que hizo temblar al sistema político bipartidista vigente desde 1958; se habían presentado dos alzamientos militares de corte nacionalista e izquierdista[3]; y un presidente en funciones había sido destituido por el parlamento bajo acusaciones de corrupción[4].

El llamado “proceso bolivariano” que se abrió en Venezuela con el triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 era la respuesta popular ante la crisis de legitimidad del modelo político de democracia representativa instaurado a partir de 1958 (López Maya 1994) (Carvallo y López Maya 1989). El fracaso del modelo productivo de sustitución de importaciones, fundamento de la democracia representativa durante 30 años, se había evidenciado a mediados de la década de los 80 con una profunda crisis económica que se agudizó con la caída de los precios del petróleo en 1986.

El estallido popular espontáneo del 27-28 de febrero de 1989, conocido como el “Caracazo” (Barrios-Ferrer 1990) (Colmenarez 1989) (España 1989), reveló el gran descontento de la población ante un sistema político-económico que no satisfacía sus necesidades fundamentales, y la brutal respuesta represiva del gobierno, que causó centenares de muertos en los barrios de Caracas y ciudades cercanas, había demostrado que quienes gobernaban no merecían gozar del respaldo popular que por tres décadas había sostenido al modelo político bipartidista gobernante (los partidos Acción Democrática –socialdemócrata-, y COPEI –socialcristiano-).

Ante la ausencia de opciones políticas alternativas, y con una izquierda en crisis, tanto en sus versiones electorales como en los grupos que mantenían la lucha armada, el sistema bipartidista se mantendría en el poder durante una década más. Pero la descomposición del modelo político bipartidista, asociado al capital occidental, continuó su curso y en 1992 se suceden dos alzamientos militares, que fracasan, pero que demostraban que el barco de la democracia representativa continuaba hundiéndose.

Las rebeliones militares del 92 significaron un profundo quiebre en el bloque de poder dominante desde 1958[5]. Un sector muy numeroso de oficiales medios de las fuerzas armadas, descontentos por haber sido utilizados por el gobierno como “verdugos” del pueblo durante los sucesos del 27 de febrero del 89, deciden rebelarse enarbolando consignas anti-corrupción y promoviendo un difuso cambio político nacionalista y popular. A pesar de que los militares insurrectos fueron derrotados, el bloque dominante estaba históricamente fragmentado y no pudo recomponerse en los años siguientes.

En esa década anterior a Chávez, el segundo gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1989-1993) había inaugurado el primer plan económico neoliberal ejecutado a plenitud en Venezuela[6]. El paquete de medidas aplicadas al inicio de su gobierno, como la liberación de precios y la eliminación de subsidios (incluyendo el importante subsidio a la gasolina), fueron los detonantes del Caracazo. Pérez terminó siendo destituido en 1993 por el Poder Legislativo, acusado de corrupción. Aunque en la realidad su destitución era una maniobra de la élite gobernante (AD, COPEI y la cúpula empresarial y militar) para contener el gran descontento social y militar, buscando “maquillar” a un sistema cuya legitimidad estaba en entredicho (Revista SIC 1992) (Lander y Uribe 1995).

El gobierno que sucedió a Pérez fue el del socialcristiano Rafael Caldera (1994-1999), que también accedía al poder por segunda vez. Con la característica que Caldera, siendo fundador de Copei, había roto con dicho partido, y ganado las elecciones con el apoyo de los partidos de izquierda. Pero el gobierno de Caldera, en vez de ser consecuente con su discurso crítico ante el plan neoliberal ejecutado por su predecesor, aplicó también la misma receta económica del Fondo Monetario Internacional[7].

El rechazo ciudadano ante esta nueva ejecución neoliberal se manifestó entonces de manera electoral, y le permitió a Hugo Chávez presentarse en 1998 como la alternativa nacionalista y popular ante veinte años de fracasos económicos y 40 años de desprestigiado modelo político bipartidista (Ellner 2009: 42).

HUGO CHÁVEZ: DE LA TERCERA VÍA AL SOCIALISMO

El teniente coronel Hugo Chávez había encabezado la rebelión militar “bolivariana”[8] del 4 de febrero de 1992, y planificado desde la cárcel el levantamiento del 27 de noviembre del mismo año. Luego de recuperar la libertad, decidió fundar un partido legal (Movimiento Quinta República – MVR) e incursionar en el proceso electoral de 1998.

En un crecimiento electoral vertiginoso a lo largo del año 98, Chávez finalmente se impuso ante el candidato unificado de los partidos Acción Democrática y Copei, que se habían turnado en el poder desde 1958. Con una propuesta principal de convocar una asamblea para redactar una nueva constitución, Chávez tenía un programa político-económico muy cercano al Estado de Bienestar en un contexto global neoliberal. Su propuesta electoral anunciaba un respaldo a la difusa “Tercera Vía” formulada por el líder británico Tony Blair (Martinez, 2018).

Al llegar al gobierno, Chávez fue catalogado como un líder populista similar a otros a lo largo del siglo XX latinoamericano[9]. Partiendo de que el populismo ha sido considerado como un concepto ambiguo que puede abarcar interpretaciones extremas en el ámbito político y que el estudio de sus expresiones en Latinoamérica parten de distintos enfoques (Rengifo y Medina, 2019: 236), consideramos que el gobierno de Hugo Chávez tuvo características similares a los gobiernos populistas de mediados del siglo XX (Stanley, 2000: 351): como la presencia de un liderazgo carismático, la imposición de una democracia con tintes autoritarios (en este caso de Chávez con una muy importante participación de militares en cargos relevantes de gobierno), un amplio apoyo popular que se movilizaba de manera constante, y un discurso radical muy atrayente para las grandes masas empobrecidas.

Pero su desempeño al frente del gobierno trascendió rápidamente los marcos del populismo tradicional, acercándose a modelos de “revolución socialista” como Cuba. En un contexto global de derrumbe del Bloque Socialista en Europa Oriental una década antes, de fracaso en Latinoamérica de los intentos de cambio político por medio de la lucha armada (como en El Salvador y Guatemala) y el aplastamiento de los intentos socialistas por “vía pacífica” (Chile), Chávez replanteó, en la culminación del siglo XX e inicios del nuevo siglo XXI, un ideal de “revolución socialista” que empalmaba los principios de soberanía nacional e integración continental formulados en la Guerra de Independencia, con las tradiciones de lucha popular revolucionaria expresadas en el último siglo.

En las últimas décadas, se ha designado como “populistas” en América Latina a gobiernos de distintas tendencias que coinciden en desarrollar procesos de cambio sociopolítico y programas económicos de corte nacionalista, de tipo keynesiano e incluso que se autodenominan como “socialistas”. Ese calificativo de “populista” proviene generalmente de analistas conservadores que cuestionan a los gobiernos que de alguna manera intentan oponerse a los esquemas económicos neoliberales y se alejan de la tradicional subordinación ante el gobierno de los Estados Unidos.

La situación general en América Latina a fines del siglo XX, en cuanto a lo económico y lo político, incluía un considerable rechazo ciudadano hacia los ajustes de “shock” neoliberales ejecutados en las dos décadas anteriores, y un descontento popular acumulado ante los resultados nefastos de dichos ajustes, que habían generado todo un retroceso en los derechos laborales conquistados en la posguerra, y una caída significativa de los niveles de ingreso de las clases trabajadoras (Alayón 2007). Esta realidad obligaba a muchos partidos y líderes progresistas a pronunciarse en contra del neoliberalismo y su principal promotor, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y a postular caminos alternativos que incluían postulados keynesianos y hasta socialistas.

El triunfo electoral de Chávez en 1998 contribuyó a revertir ese proceso de caída de los niveles de ingreso de la clase trabajadora, pues todos los planes neoliberales que de alguna forma se estaban ejecutando desde febrero de 1989 comenzaron a frenarse y en algunos casos a revertirse debido a políticas explícitas del nuevo gobierno (Alayón 2007). Particularmente se detuvieron los procesos de privatización de empresas públicas[10], incluyendo la llamada “apertura petrolera” propuesta por Pérez e iniciada por Caldera a partir de 1995 (Toussaint 2009: 255) (Mateo Tome 2010).

En el plano económico el proyecto se definió por el anti-neoliberalismo y la superación del rentismo petrolero (Rodríguez 2010) y su reemplazo por una política de tipo neo desarrollista con fuerte intervención estatal en áreas estratégicas. El ensayo se llevó a cabo en un proceso de lucha polarizada entre el gobierno, la derecha política y el empresariado tradicional (surgido en el período 1958-1998).

En enero de 2005 Chávez definió su revolución como “socialista”, durante su participación en el Foro Social de Porto Alegre (Biardeau 2015). Teniendo como premisas básicas para ese “socialismo”, la democracia participativa y protagónica del “poder popular” (como oposición a la democracia liberal representativa); la “igualdad y la justicia”; y la unidad “cívico-militar”.

El primer paso transformador dado por el gobierno de Chávez fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente, previa realización de un referéndum consultivo el 25 de abril de 1999. La nueva constitución amplió significativamente los derechos sociales, y algunos derechos políticos nuevos como el referéndum revocatorio a mitad de período para el presidente de la República y demás cargos electivos del poder ejecutivo y legislativo.

El período de Chávez revitalizó la lucha de los trabajadores, modificando las relaciones laborales y las formas de propiedad. En lo atinente a los derechos laborales, la Constitución aprobada en diciembre de 1999 ratificó derechos fundamentales de los trabajadores, ya consagrados en las Constituciones de 1947 y de 1961, como el derecho a sindicalización; la autonomía de los sindicatos frente al patrono y el estado; el derecho a contratación colectiva; el derecho a huelga; el derecho a la seguridad social como servicio público y la obligación del Estado para garantizarlo; el derecho al trabajo; y estableció la inclusión de nuevos derechos como la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo; el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social; el derecho de las amas de casa a la seguridad social; la progresividad de los derechos laborales y su carácter irrenunciable; y finalmente destacaba la reducción de la jornada de trabajo diurna de 48 a 44 horas semanales (López Sánchez 2017-a, 34-50).

Los derechos de los trabajadores que fueron consagrados en la Constitución impulsada por Chávez en 1999, que provienen de las visiones más progresistas del Estado de Bienestar[11], tienen el mérito histórico de haber sido ratificados luego de dos décadas de aplicación de políticas neoliberales a nivel mundial, que llevaban entre sus objetivos principales el aniquilar dichos derechos y “flexibilizar” las relaciones laborales.

La “revolución” de Chávez ratificó y consagró constitucionalmente unos derechos laborales que el capitalismo mundial había dejado de defender desde un cuarto de siglo antes. A partir de allí los trabajadores venezolanos se lanzaron en los años sucesivos a un proceso de profunda reorganización de sus estructuras sindicales, enarbolando propuestas reivindicativas y políticas que se enfrentaban y trascendían la década neoliberal anterior y abrían perspectivas a un rumbo anticapitalista del proceso político venezolano (Chirino 2005).

La resistencia al paro golpista-patronal que las elites puntofijistas ejecutaron entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 tratando de derrocar al gobierno de Chávez, generó la elevación de la lucha obrera en todo el país. El fracaso de ese paro fue tomado como una victoria por los sectores de trabajadores bolivarianos que comenzaban a organizarse de manera independiente, al margen de la CTV (que fue una de las organizaciones convocantes de ese paro, junto a Fedecámaras).

A partir de 2003 los trabajadores venezolanos recuperaron las empresas que se encontraban paralizadas y exigieron la nacionalización/renacionalización de industrias en manos del sector privado nacional o extranjero. Al mismo tiempo la lucha obrera comenzó a ensayar formas novedosas de organización de la actividad productiva mediante los consejos de trabajadores y el control obrero, propuestas que encontraron eco en el gobierno bolivariano y terminaron convirtiéndose en políticas de Estado (López 2017-a, 34-50).

El control obrero que surgió como consigna de acción durante el paro patronal de 2002-2003, lanzó las consignas de “fábrica parada, fábrica ocupada” y de “control por los trabajadores de la actividad productiva”, llevando a la ocupación por sus trabajadores de numerosas empresas que habían parado su actividad, como ocurrió en Venepal (Carabobo), Venezolana de Válvulas (Los Teques), Textiles Fénix (Guárico), Perfumes Cristine-Carol (Caracas), y otras (López y Hernández 2016, 184-214).

A partir de 2004, cuando Chávez ordenó la expropiación de Venepal, el control obrero comenzó a ser considerado como política del estado venezolano. Aunque fue solo en 2009, luego de la renacionalización de Sidor, cuando el control obrero fue incluido como lineamiento principal de gobierno en lo que se conoció como Plan Guayana Socialista (López y Hernández 2016, 184-214).

El Control Obrero tenía por objetivo lograr el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica por parte de los trabajadores, dentro y fuera de la fábrica (Adarfio 2011, 43-56). Esta experiencia de Control Obrero constituyó un experimento en la batalla de los trabajadores por reemplazar el Estado Burgués por un nuevo Estado de transición al socialismo, que no debía repetir los errores fatales de la experiencia soviética. (Carcione 2010, 56-71).

Otra experiencia novedosa de organización de los trabajadores fueron los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), cuya promoción estuvo en manos del INPSASEL[12] , instituto adscrito al Ministerio del Trabajo. Su expansión por todo el país y por diversas empresas e instituciones públicas y privadas los convirtió en una herramienta organizativa casi tan generalizada como los propios sindicatos. Los delegados de prevención han cumplido un papel como defensores de los derechos de los trabajadores sobre todo en las pequeñas empresas, donde no existen sindicatos (López Sánchez 2017-b).

Una de las expresiones más relevantes del programa antineoliberal ejecutado durante el gobierno de Chávez fueron las nacionalizaciones de diferentes empresas a lo largo y ancho del país (Carcione, 2009):

• Febrero de 2007: Nacionalización de los campos petroleros operados en la Faja del Orinoco por empresas trasnacionales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Noruega.
• Mayo de 2007: Nacionalización de la compañía Electricidad de Caracas, creación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y estatización de las empresas privadas regionales.
• Mayo de 2008: Estatización de la CANTV, comprando las acciones de la empresa estadounidense Verizon.
• Abril de 2008: Renacionalización de la Siderúrgica del Orinoco[13] (SIDOR), que era propiedad de la multinacional ítalo-argentina Techint, empresa muy vinculada al gobierno de los Kirchner.
• 2008: Chávez ordena la nacionalización de las principales industrias cementeras del país, que eran propiedad de la mexicana Cemex, de la suiza Holcin y la francesa Lafarge.
• Mayo de 2009: Nacionalización de las empresas briqueteras como MATESSI, y la fábrica de tubos TAVSA.
• 2009: Estatización de 76 empresas medianas que prestaban servicios a la industria petrolera.
• 2009: El presidente Chávez ordena la nacionalización de varias empresas de alimentos como la procesadora de sardinas La Gaviota y Café Fama de América.
• 2009: Nacionalización del Banco de Venezuela, que era propiedad del grupo español Santander.
• Años 2007-2009: Ocupación de tierras ociosas y estatización de numerosos latifundios en varios estados del país.

Lo más resaltante de este proceso lo constituyó la re-nacionalización de la Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, como resultado de una larga lucha de sus trabajadores. SIDOR había sido privatizada en los 90 y entregada a un consorcio privado argentino[14] (Giacalone 2003, 53-87). Luego de quince meses de lucha de sus trabajadores, la decisión del presidente Chávez de estatizar la empresa, fue el detonante para que se fortaleciera el “Control Obrero” y se aprobara en 2009 el Plan Guayana Socialista (Pérez Borges y otros 2009, 23-51).

El Plan Guayana Socialista (PGS) representó el punto culminante de los esfuerzos realizados durante el gobierno de Hugo Chávez en asumir un camino que desmontara las políticas neoliberales de las décadas anteriores y avanzara en la definición de modelos productivos anticapitalistas (Comisión de Sistematización, 2013).

Dicho plan encontró desde un primer momento la resistencia y saboteo tanto de la burocracia incrustada en las estructuras del estado (empresas básicas y ministerios) como de los sindicatos (Pérez Borges 2010, 63-97).[15]. Ambos sectores reflejaban de alguna manera los intereses de las grandes multinacionales del hierro y del aluminio que habían sido afectadas por las nacionalizaciones y se proponían recuperar los negocios que la revolución les había arrebatado (Carcione y Poliak 2010, 57-62).

Finalmente, la enfermedad de Chávez a mediados de 2011 terminó de debilitar las fuerzas que pugnaban por caminos alternativos al viejo recetario neoliberal y en el trascurso del año 2012 el PGS comenzó a ser desmantelado y abandonado por los ministerios y empresas involucradas. En ese desmantelamiento del PGS jugó un papel estelar la FSBT (García Romero 2011) (Rivero 2010).

En mayo de 2012 se aprobó una nueva Ley del Trabajo[16] (LOTTT), restituyendo los derechos conculcados en la reforma de Caldera del 97[17] e incorporando nuevas reivindicaciones laborales y políticas para la clase trabajadora (López, 2017-b: ). La aprobación de la nueva LOTTT, quedó como un aporte jurídico destacado en la lucha de los trabajadores contra el neoliberalismo y contra la explotación capitalista en general, según la definición contemplada en su artículo 25, que dice: “El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista” (López 2017-a, 34-50).

Otro punto destacado de lo ejecutado por Chávez fue la confrontación al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto empujado por el gobierno de los Estados Unidos y que terminó siendo derrotado en la IV Cumbre de las Américas en Mar de Plata (noviembre de 2005), con la participación destacada de los presidentes de los países del Mercosur[18], que coincidieron con Chávez para rechazar la propuesta estadounidense y asestar una derrota histórica a los intereses norteamericanos que estaban allí presentes con George Bush y Condoleeza Rice (Karg y Lewitt 2015).

El período de gobierno de Hugo Chávez contribuyó a una mejora relativa del ingreso de los trabajadores y de sus condiciones de vida, al introducir las misiones sociales, concebidas como “salario social”. Programas de salud en los barrios, construcción de viviendas populares, programas de alimentación escolar, ventas a precios populares de vehículos y electrodomésticos, expansión del sistema universitario público, expansión del sistema de pensiones a las amas de casa y trabajadores no cotizantes, entre otros, permitieron mejorar las condiciones generales de vida de la clase trabajadora. Todo esto a pesar de que los salarios reales, aunque tuvieron períodos de aumento entre 1999-2001 y 2003-2006, en la primera década del chavismo (1999-2010) tuvieron un descenso general del 20 % (Mateo Tomé 2010, 43-57).

Si bien el programa ejecutado por Chávez no fue, estrictamente, un programa socialista ni comunista, su desempeño al frente del Estado implicó un giro de 180 grados con relación a los anteriores gobiernos de Venezuela desde la Independencia.

Chávez rompió radicalmente con la anterior subordinación ante el gobierno de los Estados Unidos y se alejó del llamado Bloque Occidental (USA y la Unión Europea), acercándose a potencias emergentes como China, Rusia, Irán y Turquía. Se enfrentó a la tradicional hegemonía estadounidense en Latinoamérica, cuestionando con fuerza a la Organización de Estados Americanos (OEA), y promoviendo la creación de organismos de integración alternativos como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y ALBA (Alternativa Bolivariana para los pueblos de América).

Mantuvo un acercamiento permanente con el gobierno comunista de Fidel Castro en Cuba y durante su mandato se produjo en todo el continente latinoamericano un ascenso de las fuerzas de izquierda que se tradujo en los triunfos electorales de Lula Da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff[19] (2011-2016) en Brasil, Néstor Kirchner (2003.2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina, Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), Evo Morales en Bolivia (2006-2019), Tabaré Vazquez (2005-2010) y Pepe Mujica (2010-2015) en Uruguay, Fernando Lugo[20] en Paraguay (2008-2012), Michelle Bachelet en Chile (2006-2010), Daniel Ortega en Nicaragua (2007-2021), Mauricio Funes en El Salvador (2009-2014), Manuel Zelaya[21] en Honduras (2006-2009) y Ollanta Humala en Perú (2011-2016).

El período de Chávez en la presidencia de Venezuela favoreció la modificación radical de todo el panorama político latinoamericano. El discurso antiimperialista, enfrentado al gobierno de los Estados Unidos y su tradicional influencia en el continente, se fortaleció como nunca antes en la historia, contribuyendo a identificar a Chávez y al chavismo como una fuerza política “comunista”, aunque en sus definiciones y en su programa no lo fueran. En los hechos, la acusación principal hacia Chávez no lo calificaba como “populista”, sino como “comunista”. La influencia del chavismo por toda Latinoamérica resucitó el discurso de la antigua “guerra fría” en boca de los voceros del gobierno de los Estados Unidos y de sus fuerzas aliadas a lo largo y ancho del continente, aunque esta ya hubiese fenecido en 1991 luego del derrumbe de la Unión Soviética.

La campaña levantada por el gobierno de los Estados Unidos contra Chávez y la influencia del chavismo en el continente implicó resucitar en pleno siglo XXI la lucha contra la “expansión comunista” realizada en las décadas de 1960, 70 y 80.

La muerte de Chávez en 2013 y la asunción de Nicolás Maduro (2013-2021) como presidente significaron el abandono casi total de ese programa antineoliberal, y el regreso progresivo de las mismas políticas económicas ejecutadas en la última década del siglo XX. Maduro mantiene el mismo discurso radical de su antecesor, y se presenta como un gobierno genuinamente “obrerista”[22] y “socialista”[23], que cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios (López 2012, 145-181).Sin embargo, ha ejecutado un verdadero cambio de rumbo económico, abriendo las puertas a las políticas neoliberales, en un marco de creciente autoritarismo (Alarcón 2017); (Luna 2019) (Vivas 2019) (Sutherland 2020).

EL REGRESO AL PASADO NEOLIBERAL Y AUTORITARIO BAJO EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO

La realidad de la economía venezolana a más de ocho años de gobierno de Nicolas Maduro se ubica como el peor desempeño del mundo y uno de los cinco peores resultados en la historia del capitalismo en los últimos setenta años (Straka 2019) (Bermúdez 2016) (Sutherland 2018) (Vera 2018). Una contracción de más del 50% del PIB en siete años; cierre del 60 % de las fábricas existentes para 1999; un salario mínimo de menos de 3 dólares mensuales y una canasta alimentaria de 300 dólares al mes; una sociedad que recibió un billón de dólares en el boom petrolero entre 2004-2008 y que sin haber pasado por una guerra tiene hoy una economía totalmente destruida (Straka 2019). Resaltando la ausencia de un plan económico coherente, y la adopción de medidas que se contradicen entre sí y que profundizan cada día el colapso de la economía venezolana (Sutherland 2018).

El fracaso de los proyectos de desarrollo endógeno debido a la mala gestión estatal de las empresas nacionalizadas se combinó con la caída de los precios del petróleo en la última década, generando una caída de la producción y el incremento de la deuda externa para cubrir la financiación del aparato estatal y las importaciones de manufacturas y alimentos. Estos son los antecedentes del escenario actual de hiperinflación, sobreendeudamiento y caída de la producción petrolera (Vera, 2018). En esta coyuntura, es importante no olvidar que esta crisis ha sido profundizada hasta situaciones de colapso inducido por el bloqueo de activos y sanciones económicas y financieras aplicadas por Estados Unidos y sus aliados internacionales en el curso de 2017-2021 (Ayala, 2019).

El proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) representa tal vez el más claro ejemplo de propuesta económica neoliberal que entregó a diversas empresas multinacionales la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales en un espacio de los Estados Bolívar y Amazonas de 112 mil kilómetros cuadrados, equivalente al 12 % del territorio nacional (Lander 2016). La aprobación del AMO no cumplió la exigencia constitucional de consulta a las comunidades indígenas que habitan en dicho territorio. El proyecto AMO subordina las diferencias que puedan existir entre el Estado venezolano y las empresas contratistas a los tribunales internacionales (CIADI), a pesar de las disposiciones constitucionales expresas que rechazan toda intromisión de tribunales extranjeros en la economía nacional[24] (El Estímulo 2016) (Aporrea 2016). A semejanza de las regiones maquiladoras del neoliberalismo tradicional, el AMO no reconoce la vigencia de los derechos laborales contemplados en la Constitución y en la LOTTT en las zonas objeto de concesiones mineras.

Como lo plantea Edgardo Lander:

“el gobierno venezolano está tomando en secreto decisiones de carácter estratégico que podrían estar definiendo el futuro del país por el resto del siglo, sin debate alguno en el seno de la sociedad. Mediante el decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco, se decidió la creación de una especie de zona franca minera, bajo control militar, donde se suspenden preventivamente muchos de los derechos constitucionales entre otros, los derechos de los pueblos indígenas. Se ha llegado acuerdos con 130 o 150 empresas, sin que … tengamos idea de cuáles son dichas empresas, y cuál es el contenido de dichos contratos” (Lander 2016).

En materia de política salarial, el desempeño de los salarios durante el período 1999-2021 expresa una curva muy semejante al recorrido presentado en tiempos del puntofijismo (1958-1999)[25], de ascenso en la primera mitad del período (1999-2007) y de caída en los años siguientes (2008-2021). Con la diferencia de que la caída salarial de los últimos años alcanza niveles no vistos en ninguna de las experiencias neoliberales del continente, pues en comparación con los salarios reales de los años 2006-2007, el descenso alcanza hasta un 96% del mismo para 2020. (Sutherland 2020).

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, afirma que la caída del salario en el período 2001-2020 alcanza hasta el 99 %:

“En cuanto al monto en dólares de los sueldos básicos, en enero de 2001 los profesores instructores TC[26] ganaban el equivalente a USD 903,43 y los titulares DE un monto de USD 2.659,63… Hoy todos ganan alrededor del 1% de lo que ganaban entonces”. (FAPUV 2020).

Este abismal derrumbe de los salarios reales en un 99 %, es lo que explica la enorme migración de más de cinco millones de personas que han salido de Venezuela en los últimos 8 años. El retroceso salarial de los trabajadores venezolanos es tan pronunciado que el salario en tiempos de la gran huelga petrolera del año 1936, 5 bolívares de salario diario (equivalente a 1,57 $ diarios por jornada), implica que hoy en 2021 un trabajador en Venezuela recibe como salario mensual casi el mismo monto[27] que un trabajador petrolero ganaba en un día de trabajo hace 84 años (Biardeau 2020).

El gobierno de Maduro, con el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre de 2018 (La izquierda diario, 2018-a), desconoció todas las contrataciones colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado, barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante el período de Hugo Chávez. Como afirma el dirigente sindical clasista Orlando Chirino: “En las relaciones laborales de los últimos 30 años un gobierno no había producido un instrumento jurídico tan reaccionario y antiobrero como el memorándum 2792″ (Chirino 2019).

La política del gobierno ha sido la de “aplanar” las tablas salariales, estableciendo diferencias mínimas entre los salarios iniciales y las escalas más altas de remuneración, violentando el principio constitucional de progresividad en los derechos laborales, desconociendo la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores (La Izquierda Diario, 2018-a).

En semejanza a los programas neoliberales aplicados por los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera entre 1989 y 1999, podemos comprobar la ejecución de los mismos por el gobierno de Nicolás Maduro:

1. Liberación del control de cambio y libre flotación de la moneda con respecto al dólar. Desde 2017 el bolívar se devalúa a ritmo de hiperinflación.
2. Libre importación de alimentos y otros productos libres de aranceles. Permisos de importación que se han otorgado a empresarios afines al gobierno.
3. Liberación de precios de los alimentos y demás productos de la canasta básica. Cuando se establecen regulaciones de precios a una lista específica de productos, el monto necesario para adquirir dicha lista supera en más de 20 veces al salario mínimo oficial (Aporrea, 2020).
4. Pulverización de los salarios reales, que en relación al dólar se han reducido entre un 96 % y un 99 % en 20 años.
5. Mantenimiento del IVA como un impuesto regresivo que pecha a los consumidores.
6. Procesos de privatización en ramas principales de industrias como petróleo, hierro, aluminio, oro, diamantes, y en servicios como la distribución de gasolina, que por ley se supone que está reservada al estado. El precio “no regulado” de la gasolina lo determinó el gobierno en 0,50$ x litro, introduciendo al dólar como moneda de uso oficial en el país (Vázquez Heredia 2020).
7. Flexibilización laboral casi total, con el memorando 2792 que desconoce los derechos laborales consagrados en la propia Constitución y en la LOTTT. (Ministerio del Trabajo 2018).
8. Limitaciones de las políticas sociales denominadas “misiones”, las cuales tienen mayor efectividad en la capital Caracas, y son casi inexistentes en el resto de ciudades y pueblos (Transparencia, 2020). A las misiones sociales se ha incorporado en los últimos años la entrega del CLAP[28] y de bonos a quienes poseen el “carnet de la patria” (Aula Abierta, 2018), entrega que es de forma aleatoria e irregular[29].

Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro ha desarrollado un importante perfil autoritario, manifestado en:

• El gobierno ha suspendido la vigencia de la Constitución Nacional mediante la llamada “Ley Antibloqueo”[30] (LAB), aprobada por la anticonstitucional Asamblea Constituyente (2017-2020), la cual le permite al presidente de la República flexibilizar y suspender regulaciones y normativas legales y constitucionales “para adelantar una reorganización y reestructuración de los entes públicos y empresas del Estado, incluyendo la modificación del régimen empresarial, modelo de negocios y la participación accionaria del Estado en las empresas mixtas y públicas, en el contexto de una política de apertura de la economía al capital nacional e internacional (Márquez, 2021).
• La LAB también faculta al presidente para negociar los activos y pasivos de la República a fin de generar ingresos, lo cual dicho sin eufemismo, es una autorización abierta para liquidar los activos de la República a través de un proceso de privatización y de renegociación de los pasivos financieros. Todo ello, sin estar sometido a los controles legales y constitucionales (Márquez, 2021).
• La LAB establece mecanismos excepcionales de contratación, un régimen de confidencialidad para todas las decisiones económicas del ejecutivo, y somete las controversias con inversionistas extranjeros a tribunales foráneos, todo lo cual viola disposiciones expresas de la Constitución, anula todas las funciones contraloras de la Asamblea Nacional y termina aboliendo el Estado de Derecho en Venezuela (Márquez, 2021).
• La Ley de Regionalización (decreto-ley de 2014) y la Ley de Zonas Económicas Especiales (proyecto de 2021) apuntan a una reorganización del territorio de la República al margen de la división territorial consagrada en la Constitución, con las características de las “zonas de maquila” y enclaves extractivistas propios del capitalismo salvaje neoliberal, cuyas características son la supresión de impuestos, y la ausencia de regulaciones laborales y ambientales.
• La Ley “contra el odio” que ha servido para encarcelar a decenas de activistas opositores por el sólo hecho de realizar críticas a las acciones del gobierno (La Izquierda Diario 2018-b) (Crónica Uno 2020) (Provea 2021).
• La suspensión indefinida de todas las elecciones sindicales y gremiales, el desconocimiento de las federaciones mayoritarias de trabajadores, y la utilización de pequeñas organizaciones sindicales afines al gobierno para simular una inexistente “democracia obrera”.

CONSIDERACIONES FINALES

Más allá de los importantes errores cometidos en la política económica de su gestión, el gobierno de Chávez realizó intentos significativos por trascender el neoliberalismo y fomentar una economía productiva sobre bases de independencia económica y participación popular. Durante la primera década del siglo XXI, en Venezuela se escenificaron políticas de gobierno que pretendían dejar atrás el rentismo petrolero y avanzar a una economía socialista.

Tras la muerte de Chávez en 2013, el neoliberalismo y el autoritarismo ha regresado bajo el gobierno de Nicolás Maduro, que presume ser todo lo contrario. La economista Pascualina Curcio (2020), destacada defensora del gobierno de Nicolás Maduro, reconoce cómo se ha modificado regresivamente la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2014 y 2017[31]. Usando un ejemplo didáctico, Curcio explica que en 2014 “la torta de la economía venezolana”, repartida en 16 trozos, se distribuyó en 7 trozos para la burguesía, 7 para los asalariados y 2 para el estado (Curcio 2020). En 2017, con una torta un tercio más pequeña que la de 2014 (la economía se redujo, según el BCV, 34% entre 2014 y 2017), a la burguesía le tocaron 10 trozos, a los asalariados 5 y al estado 1 trozo. En términos de precios y salarios, entre 2014 y 2017 los precios aumentaron 10.013% y los salarios apenas 6.436% (Curcio 2020). La misma Curcio reconoce que esa regresión distributiva del PIB se ha acentuado aún más entre 2017 y 2020.

Algunas consecuencias de estas políticas neoliberales las expuso recientemente la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC, 2020):

“El reciente estudio de Caritas, ‘Nutrición infantil y seguridad alimentaria’ de abril 2020 (Caritas, 2020) detectó que la desnutrición grave de los niños menores de cinco años creció, en apenas 6 meses, en un 5.78 %, al pasar de 11.5% en noviembre de 2019 a 17.3% en abril de 2020. Otro hallazgo importante de esa investigación es que en ese mismo período disminuyó en casi un tercio, el número de hogares con acceso a los alimentos subsidiados por el Estado a través de las “cajas CLAP” de 73% a 41 %, mientras su inseguridad alimentaria creció en los últimos seis meses de 32.2% a 40% del cual el 21% sufre de inseguridad alimentaria grave. Al comparar éstas cifras con las plasmadas en el informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), elaborado con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro antes de que se decretara la cuarentena (2019), se observa que hay una fuerte aceleración de la desnutrición vinculada con el incremento de la pobreza y la precarización social masiva Éstas son señales inequívocas que comienzan a develar el rostro pavoroso de una hambruna en progreso”

El autodenominado carácter antiimperialista del gobierno de Maduro[32], que enfrenta la intromisión del gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados de la Unión Europea en los asuntos internos de Venezuela, injerencia que busca explícitamente la salida de Maduro del poder y la asunción de un liderazgo político dócil a los intereses de las grandes potencias occidentales, ha ejecutado de manera simultánea un plan neoliberal de privatizaciones, flexibilización laboral y represión política contra el pueblo que lucha.

En la realidad de los hechos, Nicolás Maduro sí puede considerarse como un gobierno con similitudes a los regímenes populistas del siglo XX latinoamericano, por el predominio de un discurso demagógico sumamente radical que no concuerda para nada con una ejecución autoritaria y neoliberal, de espaldas al pueblo y a los intereses del desarrollo nacional.

Una realidad compleja y contradictoria, que demuestra cómo los intereses del gran capital multinacional no tienen fronteras ideológicas, y que el programa económico neoliberal puede ser ejecutado por gobiernos que se declaran formalmente enemigos de ese mismo neoliberalismo.

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[1] Publicado en: Mariana Mastrángelo, Ronaldo Munck, Pablo Pozzi, editores. Populismo: Una perspectiva latinoamericana. Buenos Aires: CLACSO, mayo de 2023. Pp. 167-190. ISBN 978-987-813-488-8. https://www.researchgate.net/publication/370659283_Populismo_una_perspectiva_latinoamericana

[2] Roberto López Sánchez. Doctor en Ciencia Política y Magister en Historia. Profesor titular de la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela). Ha publicado (entre otras): El proceso bolivariano en Venezuela: ¿Socialismo, populismo o neoliberalismo? (2023); Movimientos sociales, organizaciones indígenas y partidos progresistas en las crisis políticas de Ecuador, Bolivia y Perú (2023); El proceso chavista: un análisis histórico comparativo (2023); La nueva historia descolonizada de América (2022); Caral. La nueva historia descolonizada de América (2021); Las selvas antropogénicas de los indígenas amazónicos (2020); Un nuevo debate sobre la América indígena. ¿se puede seguir llamando nuevo mundo? (2019); El movimiento de trabajadores en Venezuela durante la revolución bolivariana: 1999-2012 (2017); La industria petrolera en Venezuela: relaciones de trabajo y conciencia de clase: 1914-2015. (2016); Trayectoria del movimiento de trabajadores en un siglo de historia de Venezuela (2016); El protagonismo popular en la historia de Venezuela (2015); Venezuela ante la globalización, la crisis mundial y los retos de su desarrollo (2012); Movimiento estudiantil y proceso político venezolano, 1958-1989 (2007). Correo: cruzcarrillo2001@yahoo.com.

[3] El 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.

[4] Carlos Andrés Pérez fue destituido por el parlamento en mayo de 1993.

[5] Bloque de poder integrado por los partidos Acción Democrática (AD) y Copei, el alto mando militar, la cúpula empresarial agrupada en Fedecámaras, la jerarquía eclesiástica, los grandes medios de comunicación y la burocracia sindical de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela). La conformación de este bloque de poder es considerada por los historiadores a partir del Pacto de Punto Fijo, firmado en octubre de 1958 por los partidos AD, Copei y URD. Los gobiernos entre 1959 y 1999 son denominados gobiernos “puntofijistas”.

[6] En 1979 el gobierno socialcristiano de Luis Herrera Campins (1979.1984) aplicó tímidamente algunas medidas neoliberales como la liberación de precios. Pero la fuerte protesta social presentada lo hizo desistir a las pocas semanas.

[7] El plan económico neoliberal aplicado por Caldera a partir de 1996 fue denominado “Agenda Venezuela”.

[8] Autodenominado “movimiento militar bolivariano”, Chávez siempre postuló al pensamiento de Simón Bolívar como el fundamento ideológico de su propuesta programática. De allí su postura anti-imperialista y nacionalista, considerando que Bolívar derrotó y expulsó de Suramérica al Imperio Español, y fue el fundador de lo que hoy son seis naciones del continente (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá).

[9] El llamado ” populismo latinoamericano” se ha identificado con gobiernos y líderes políticos que a lo largo del siglo XX dieron respuesta a la crisis del orden oligárquico surgido luego de la independencia, representando la respuesta de ciertas fracciones de la burguesía industrial, de nuevas fracciones “intermedias” y de amplios sectores de las masas populares a dicha crisis (Vilas 1988).

[10] En el gobierno de Caldera se privatizaron la Siderúrgica del Orinoco, la Compañía Nacional de Teléfonos CANTV, la empresa aérea Aeropostal, y se vendieron al sector privado los bancos que habían quebrado y se encontraban bajo control del estado desde la profunda crisis bancaria de 1994.

[11] En los principales países capitalistas occidentales los derechos laborales no tienen rango constitucional sino que aparecen en leyes y normativas específicas. Venezuela fue uno de los primeros países, luego de México (Constitución de Querétaro, 1917), en refrendar constitucionalmente los derechos fundamentales de la clase trabajadora, con la Constitución surgida de la Asamblea Constituyente de 1947.

[12] Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, adscrito al Ministerio del Trabajo.

[13] Había sido privatizada durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, en la década de 1990.

[14] Sidor fue subastada en diciembre de 1997 y otorgada en concesión al Consorcio Amazonia, donde era mayoría el Grupo Techint de Argentina. Otras empresas participantes en el consorcio: Siderar (Argentina), Tamsa (México), Hylsa (México), Sivensa (Venezuela) y Usiminas (Brasil)

[15] La corriente sindical más alineada con la burocracia gubernamental ha sido a todo lo largo del período Chávez-Maduro la denominada FSBT o FBT (Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores), que reproduce las mismas prácticas de la vieja CTV y del Buró Sindical de Acción Democrática.

[16] Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, LOTTT.

[17] El punto principal, que había sido elemento central del discurso programático de Chávez durante la campaña electoral de 1998, fue la restitución del cálculo retroactivo para el pago de antigüedades (pago de las prestaciones sociales en base al último salario). Además se restableció la indemnización doble en caso de despido injustificado.

[18] Néstor Kirchner, Lula Da Silva y Tabaré Vásquez.

[19] Destituida por el Poder Legislativo en su segundo mandato presidencial.

[20] Destituido por el Poder Legislativo en 2012.

[21] Derrocado por un golpe militar en 2009.

[22] Maduro fue activista sindical del Metro de Caracas, empresa en la cual trabajó como chofer de autobuses en la década de los 80. En la disputa escenificada al interior de las fuerza sindicales chavistas a partir del 2003, se impuso la tendencia FBT, gracias al gran respaldo dado por Chávez a su principal dirigente Nicolás Maduro. La conformación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) en noviembre de 2011 se realizó bajo control casi total de la FSBT, siendo desplazadas completamente las tendencias más radicales.

[23] Maduro hizo una primera militancia en el partido Liga Socialista, organización marxista-leninista que existió desde la década de los 70 hasta su integración en el PSUV cuando este último fue conformado por Chávez en 2007. La Liga Socialista envió a Maduro a Cuba en algún momento de la década de los 80, para formarse políticamente.

[24] Durante la campaña electoral de 1998, Chávez enfatizó en que esas cláusulas presentes en los contratos de la apertura petrolera (permitir que las diferencias fueran arbitradas en tribunales extranjeros) eran equivalentes a un acto de traición a la patria. Chávez desconoció la concesión realizada por el gobierno de Caldera a la empresa minera canadiense Gold Reserve, y rechazó pagar la indemnización dictada por el CIADI cuando dicha empresa recurrió a dicho tribunal. Maduro, actuando a la inversa, contrató de nuevo con la Gold Reserve y pagó la indemnización que Chávez había desconocido.

[25] Con la diferencia que el primer período fue de 40 años aproximadamente y el proceso chavista-madurista apenas ha recorrido un poco más de 20 años.

[26] TC: Tiempo Completo. DE: Dedicación Exclusiva. Profesores Instructores: Nivel de ingreso en el escalafón universitario. Profesores Titulares: Máximo escalafón universitario.

[27] El salario mínimo en Venezuela estaba al 4 de julio de 2020, en 400.000 Bs. mensuales. Al cambio oficial de 202.000 bolívares por dólar, equivale a 1,98 dólares de ingreso mensual. Para marzo de 2022, el salario mínimo era de 7 bolívares mensuales, equivalente a 1,59 dólares mensuales.

[28] Caja de alimentos que provee el gobierno a trabajadores y familias a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

[29] En ciudades principales de la provincia los CLAP llegan una o dos veces por año. Los bonos que se reparten a través del carnet de la patria no tienen regularidad en su entrega ni tienen montos fijos. No aportan ningún tipo de estabilidad a las familias trabajadoras. Generalmente su monto oscila entre uno y dos (1-2) dólares. Un poseedor del carnet puede pasar varios meses sin recibir un bono.

[30] La justificación para aprobar esta ley han sido las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.

[31] Llega hasta 2017 por ser el último año en que el Banco Central de Venezuela (BCV) ha publicado estadísticas.

[32].Antiimperialista con relación a Occidente. Al mismo tiempo el gobierno de Maduro se ha alineado con el Bloque “Oriental” conformado principalmente por China y Rusia, que en términos económicos no está distanciado de la filosofía neoliberal y por el contrario algunos analistas como Hernández Parra (2020) señalan a China como el nuevo modelo que inspira al Fondo Monetario Internacional.