(Elegía a Virgilio Trujillo)

Se va a cumplir un año del vil asesinato del líder Uwottuja Virgilio Trujillo. Los agentes del extractivismo actúan sin rostro. La impunidad sigue a la orden del día en la Amazonía venezolana. El Estado ausente en su propia jurisdicción ha renunciado a todo tipo de soberanía en el territorio nacional.

Tal como lo advierte Alain Badiou, las zonas periféricas del capital financiero desdibujan la autoridad de cualquier gobierno cuando su ofensiva descansa en las amenazas a los territorios mejor resguardados por las culturas originarias que los habitan.

Virgilio Trujillo era uno de los guardianes del bosque. La lucha heredada de sus ancestros ponía en jaque a los poderes ocultos extractivos. No había miedo. Solo compromiso histórico con su pueblo y sus territorios. Ni la negativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las medidas cautelares solicitadas por las organizaciones indígenas de la Amazonía venezolana, en el año 2021, lo amilanaban en la custodia de la selva.

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A decir de Constantin Cavafis (1863-1933), “los hombres conocen lo sucedido. Lo futuro lo conocen los dioses, de todas las luces dueños únicos y absolutos. De las cosas futuras, las que se avecinan perciben los sabios. Sus oídos, a veces, en momentos de meditar profundo, se sobresaltan. El rumor misterioso les llega de los hechos que se acercan. Y lo escuchan reverentes”. Virgilio anticipaba lo acontecido y no tuvo temor. Sabía que más temprano que tarde se cumpliría el mandato de Merei Aname: defender lo más sagrado del pueblo Uwottuja que es su territorio, así fuera con su vida.

La expansión de las fronteras extractivistas lleva implícitas las perversas formas en que el capital se metamorfosea. Las lógicas con las que este actúa tienen como principal objetivo las fuentes de vida: agua, bosque y oxígeno. Sin que ello constituya una casualidad, los espacios de mayor riqueza biológica mejores protegidos son los que a su vez alojan la mayor diversidad cultural. Pero para desencanto de todos, estos territorios que son los que de manera ancestral y tradicional ocupan los pueblos indígenas, son los que aún no están titulados.

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Los territorios indígenas son los que también mejor se adaptan a los efectos del cambio climático, al ser los menos intervenidos. Una forma de contener la expansión de la frontera extractivista es a través del acordonamiento cultural territorial de los espacios de vida de los pueblos indígenas. Urge que, desde la comunidad internacional, entre las estrategias para mitigar el cambio climático, esté la titulación y propiedad colectiva de las tierras indígenas.  

La apuesta por la sobrevivencia de la Pachamama es consustancial a la de los territorios indígenas. Derechos de la naturaleza y derechos indígenas se hacen concurrentes en la contención del cambio climático.

Sería James Lovelock quien a partir de la hipótesis GAIA, afirmaría que el planeta Tierra es un ser vivo que se autorregula para mantener las condiciones necesarias para la vida. Este sistema es el que está bajo amenaza por el calentamiento global sin precedentes en la historia de la especie humana y, sobre todo, de la GAIA. Es la crisis del impacto del Antropoceno sobre la Tierra (Grinevald), que nos ubica al frente de la mayor encrucijada civilizatoria: las consecuencias de las actividades humanas sobre la Biosfera (Vernadsky).  

Según Amin Maalouf (2022) estamos en medio de un naufragio de la civilización. Tal como él mismo lo indica, “…ése es, precisamente, el desconsolador panorama de este siglo: por primera vez en la Historia contamos con los medios para librar a la especie humana de todas las catástrofes que la acosan y llevarla serenamente hacia una era de libertad, de progreso sin tacha, de solidaridad planetaria y de opulencia compartida; y henos aquí, no obstante, corriendo a toda velocidad en dirección contraria”.

Es tiempo de parar la deriva. Entre las acciones climáticas que corresponden emprender para el impulso y logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), se hace imprescindible avanzar en las titulaciones de las propiedades colectivas de los pueblos indígenas, como marco normativo para la definición e impulso de políticas públicas de abajo hacia arriba (“bottom up”), que coadyuven a la materialización de los derechos territoriales indígenas en el país.