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Comadre, compadre, la preocupación es permanente frente a la constante violación del derecho a un trabajo y salario digno en Venezuela.
Existe un margen de desigualdad abismal que diferencia el servicio público de un empleo digno como son la educación y la salud, sostenidos, en su mayoría, por mujeres trabajadoras que gestionan la vida con la remuneración de un “salario de esclavitud”.
Van 408 días desde la última simulación de aumento de salarios y pensiones.
En la actualidad, es insuficiente el salario mínimo y/o la pensión, Bs130 equivalente a $5 mensuales, para costear los gastos más elementales como la alimentación.
Se requieren 98 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria familiar. Esto afecta desproporcionadamente a las mujeres jefas de hogar, como consecuencia de medidas unilaterales patronales, del gobierno y el empresariado que tiene asfixiada a la mayoría de la clase trabajadora.
Trabajar hoy en Venezuela representa precariedad económica, inestabilidad laboral, inseguridad social, persecución y hostigamiento a las y los dirigentes sindicales, y hasta acoso laboral en algunos casos. La realidad es que la política laboral de la gestión de Maduro ha violentando la Constitución y tratados internacionales, sin la más mínima intención de buscar algún mecanismo para salir de este desastre.
Hace 11 años se promulgó una ley orgánica del trabajo que beneficia a la clase obrera y trabajadora de este país. Donde el derecho a la seguridad social era su principal bandera. Ahora esa ley quedó en el olvido no solo para las empresas, sino para quien debe ser su garante, el gobierno nacional.
Es por eso, que debemos seguir luchando por nuestro derecho a la vida digna y el trabajo decente. Conformarnos con las migajas de los bonos y las cajas CLAP, no es una opción, mientras que los corruptos que gobiernan se roban más de 20 billones de dólares.
El salario ha sido sustituido por bonos y pagas a destajos que nos mantienen siempre en la incertidumbre y en la sobrevivencia.
La alternativa que tenemos es ser firmes y exigir salarios dignos, pensiones dignas, trabajos dignos.
Debemos frenar la pretensión patronal de eliminar las prestaciones sociales.
Exigimos el respeto de la Constitución, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, las normas y tratados internacionales.
Exigimos un aumento general de sueldos y pensiones que nos permita vivir dignamente.
Exigimos la liberación de todxs lxs trabajadorxs y dirigentes sindicales detenidxs como forma de represalia política.
Exigimos la Derogación del memorando 2792 y el instructivo ONAPRE, que se retomen las convenciones colectivas y libertad sindical.
Basta del pacto entre gobierno, empresariado y lxs mercenarixs del financiamiento que silencian, secuestran y explotan nuestro trabajo