El pasado 8 de junio la fuerza zapatista se hizo presente. En la Ciudad de México, en San Cristóbal de las Casas – cuna zapatista- y en otras ciudades del país, se realizaron manifestaciones para exigir el cese a los recientes ataques de grupos paramilitares contra las comunidades zapatistas en Chiapas.

Denunciaron que grupos paramilitares, el crimen organizado y la Guardia Nacional operan en los territorios de las comunidades zapatistas. Los grupos empresariales multinacionales y el ejército llevan décadas presionando y violentando a los pueblos indígenas de esta región, incluso orillándoles al desplazamiento para salvaguardar sus vidas.

Esta violencia, tristemente, no es nueva. Basta recordar la matanza de Acteal (22 de diciembre 1997), en el municipio de Chenalhó. Cuando en 2015 el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se evidenció la existencia del apoyo directo del Ejército mexicano a grupos armados en Chiapas y una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas.

El 4 de diciembre de 1997—18 días previos a la matanza—la Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas anticipó que si el gobierno no detenía la violencia y la militarización en la entidad habría una masacre derivada de una guerra civil. 

El resultado: un grupo de más de cien hombres con armas de fuego, entre las que se encontraron de armas de uso exclusivo del Ejército, machetes y cuchillos, quienes asesinaron a 45 personas entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, sin que nadie hiciera nada: 18 mujeres adultas, cuatro de ellas con embarazos de entre 5 y 8 meses de gestación, 16 mujeres adolescentes o niñas de entre los 17 años y 8 meses de edad, 4 niños y 7 hombres adultos.

Por graves violaciones a los derechos humanos como ésta, desde 1994, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ha resistido. 

En marzo de 2001 una caravana zapatista viajó al entonces DF para demandar la aprobación de las reformas constitucionales en materia indígena. Cuatro comandantes del EZLN hablaron en el Palacio de San Lázaro.  La comandanta Esther denunció: 

Tras el levantamiento zapatista en 1994, en 1995 se crea una comisión bicamaral, Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que sería la encargada del diálogo con el EZLN. Un año después, (16 de febrero 1996), se llevaría a cabo una reunión que daría lugar a los Acuerdos de San Andrés, firmados por el EZLN y el gobierno de México, cuando el presidente era Carlos Salinas de Gortari y a cargo de las negociaciones Manuel Camacho Solís, para reconocer constitucionalmente derechos a los pueblos indígenas.  

Tras esa reunión, la COCOPA redactaría una propuesta de reforma constitucional que recogiera los Acuerdos de San Andrés, la iniciativa fue presentada y aprobada por el EZLN, sin embargo el diálogo se rompió.

Vicente Fox presentó la iniciativa como uno de los primeros actos de su mandato, pero esta no fue aprobada por el Congreso. El Senado, una vez que la recibió, la modificó sustantivamente de modo que aprobó una reforma constitucional distinta a la propuesta inicial. Más tarde, 2001, se canceló la reforma.

Esa fue la respuesta del Estado a una demanda genuina y exigencia de paz ¿Cuál será la respuesta de este gobierno? Ojalá una que garantice la seguridad de las comunidades zapatistas y a de todos los pueblos indígenas del país y promover el derecho a una vida libre para las mujeres indígenas. 

Porque fueron precisamente las mujeres, las primeras en organizarse. La Ley Revolucionaria de Mujeres da cuenta de ello y este 2023 cumple 30 años. El EZLN comprendió que “en su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo», el EZLN incorpora a las mujeres y sus justas demandas de igualdad y justicia.

En su discurso en el zócalo en 2001, la comandata Esther, se hacía escuchar para miles de personas: “Nosotras las mujeres sufrimos 3 veces más uno por ser mujer, dos por ser indígena, tres por ser pobre […] Les decimos al gobierno que ya no pongan más traslapes por nuestro dignidad indígena. No descansaremos nosotras las mujeres porque nadie más vendrá por nosotras. ¡Nunca más un México sin las mujeres!, ¡Democracia!, ¡Libertad!, ¡Justicia!”.

Finalmente, en 2018, las zapatistas nos darían una nueva lección. Reunieron a más de 7 mil mujeres en el “Primer Encuentro Internacional Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan”. El mensaje no pudo ser más contundente: Acordamos vivir.