Aunque pase desapercibida para la mayoría de los medios de comunicación, el próximo domingo 25 de junio habrá elecciones en Guatemala y supondrán un paso más hacia el autoritarismo.

A partir de los años 90 del siglo pasado empezó a usarse, especialmente de la mano de periodistas y analistas políticos, el término Estado fallido para definir de forma sencilla, pero muy gráfica, la situación de algunos países en el mundo. Esta nueva realidad sociopolítica se origina finalizada la guerra fría y en relación directa con el apoyo político y económico por parte de Estados Unidos a diferentes países inmersos en profundas crisis institucionales. Así, entre una larga y diversa suma de características, se podrían citar como algunas de las principales aquellas que hacen referencia a la pérdida del Estado de su control sobre la totalidad del territorio, o no poder garantizar su propio funcionamiento ni los servicios básicos a la población. En este escenario, tendrá una función determinante la corrupción política generalizada, la cual alcanza a la práctica totalidad de la estructura institucional, con algunos estamentos clave como el mismo poder policial-militar, el judicial o el legislativo, usados ahora al servicio de los intereses criminales y corruptos de determinadas élites dominantes.

Con esas características es fácil poner la mirada, además de en países como Somalia, Congo o Libia en el continente africano, en la Guatemala de los últimos años. Sin embargo, acontece en este caso que esa condición viene precedida de otra que habla del Estado en situación de secuestro. Porque esto es en lo que se ha convertido en los tiempos más recientes este país centroamericano: en un Estado raptado al servicio de los intereses de unos pocos mientras las grandes mayorías se hunden o caminan en la más estricta sobrevivencia.

Esto es en lo que se ha convertido en los tiempos más recientes este país centroamericano: en un Estado raptado al servicio de los intereses de unos pocos

En América Latina los Estados tienen una larga trayectoria de pérdida de la libertad, sobre todo, a manos de los diferentes ejércitos que, con la reiterativa excusa de evitar la caída del país en manos del comunismo y la subversión, protagonizaron crueles dictaduras desde la década de 1960 en adelante. Guatemala pasó también por esta situación, habiendo sido en los años 80 escenario de la brutalidad militar, con la aquiescencia de la oligarquía tradicional y la vigilancia para ello del “país del Norte”. La memoria colectiva, en lucha permanente siempre con el olvido intencionado, habla de unos resultados que son sobradamente conocidos: miles de asesinatos y desapariciones, cientos de aldeas arrasadas, y cientos de miles de personas desplazadas tanto en el interior como hacia el exterior. Y todo ello en una planificada guerra que llegó a calificarse como la del genocidio maya (el segundo, si se considera la conquista colonial como el primer intento de ello), sin olvidar la represión dirigida, también de forma brutal, sobre otros sectores sociales y populares no indígenas.

Con la firma de los Acuerdos de Paz (1996), se puso cierto freno a este proceso y se abrieron, gracias a la pequeña apertura política y al fin del conflicto armado, pequeñas esperanzas para la construcción de un nuevo Estado, ahora sí, verdaderamente democrático y preocupado por la mejora de las condiciones de vida de toda la población. Y esa fue la apariencia que le dieron las mismas élites que se habían beneficiado de las dictaduras militares que, hábilmente, se habían adaptado a la nueva coyuntura política de la paz, sin perder un ápice de su poder económico; seguían, por tanto, conservando su viejo poder.

Es lo que se conoce, incluso más allá de las fronteras guatemaltecas, como el “pacto de corruptos”. A partir de ahí se puede afirmar que Guatemala es un Estado secuestrado que deriva, en poco tiempo, en fallido

Sin embargo, las máscaras siempre caen, se deterioran, se desgastan y cuando a partir de 2015 los poderes verdaderos de Guatemala vieron peligrar su estatus decidieron redefinir los parámetros del Estado, una vez más, con el objetivo de mantener sus privilegios y beneficios exclusivos. Así, las viejas oligarquías, ahora de la mano de militares enriquecidos por mil y un oscuros negocios de los tiempos de la guerra, capitales transnacionales beneficiados por la implantación del modelo neoliberal y la clase política tradicional, inician un proceso concertado para la cooptación de todas las estructuras del Estado. Es lo que se conoce, incluso más allá de las fronteras guatemaltecas, como el “pacto de corruptos”. A partir de ahí se puede afirmar abiertamente que Guatemala es un Estado secuestrado que deriva, en poco tiempo, en fallido.

Y el último acto de este teatro serán las próximas elecciones del 25 de junio de las que se ha excluido a todo aquel o aquella que pudiera hacer peligrar el mantenimiento del sistema. De esta forma, gane quien gane, siempre será el sistema el que triunfe. Lo que es lo mismo que decir que ese pacto de corruptos gana y mantendrá al país engrilletado y encerrado en una cada vez más oscura mazmorra que impedirá la llegada de la eterna primavera que siempre se anuncia en este país.

Desde el mismo momento de la convocatoria electoral las diferentes instituciones cooptadas han articulado los instrumentos, burdos pero efectivos, para dejar fuera del proceso a aquellas opciones políticas que podían molestar y que tenían serias opciones de reunir el voto del descontento, de la protesta, de las ansías por otro país posible. Desde acusaciones falsas u ocultas hasta aperturas de procesos judiciales sin pruebas; desde campañas de difamación hasta presiones contra los medios de comunicación críticos. Todo vale para conseguir dejar el paso libre a aquellas candidaturas que el sistema decidió de antemano que serían las elegibles. Así, Guatemala reabre una vía en la que el esperpento electoral se hace parte de la triste comedia en que se ha convertido la vida política e institucional del país. El fraude ya no se comete el día de las elecciones, lo que siempre podría traer consigo reclamaciones y alguna protesta interior y exterior. Por el contrario, ya está hecho al definir el sistema de corruptos cuales deben de ser las candidaturas que compiten en los últimos metros de la carrera. Al fin y al cabo, todas las que quedan con posibilidades son parte del pacto, por lo que el sistema se asegura, mínimo, otros cuatro años de reinado en una república coronada por el desprestigio nacional e internacional que camina, no hacia la democracia, sino hacia el autoritarismo.

Si se amplía el campo de análisis se podrá ver como este escenario enlaza de forma directa con aquel otro más amplio que en las últimas décadas, de alguna forma, combate contra los procesos progresistas en América Latina. Cuando el sistema, comandado por las derechas conservadoras, ha visto peligrar su estructura de dominación y los privilegios de los “siemprepoderosos” ha virado aún más hacia el extremismo y ha dejado en evidencia el nulo valor que dan a la democracia. Esta solo les sirve si responde y da cobertura a sus intereses y privilegios. De lo contrario están dispuestos a contradecir abiertamente aquellos discursos que antes bendecían la democracia como el mejor y único sistema posible, para articular ahora procesos que cierren el paso a los procedimientos democráticos.

En Guatemala, y gran parte de América Latina (también de Europa), está en juego el crecimiento y fortalecimiento de un proceso autoritario

Así, en el escenario continental se encuentran en los últimos años desde golpes de Estado, ahora denominados como blandos, hasta el sabotaje económico o el impechment parlamentario, pasando por campañas mediáticas de difamación y desgaste de los liderazgos populares; todo es válido si se trata de recuperar el poder puesto en peligro por las decisiones democráticas de las mayorías en los procesos electorales. Se vuelva a la vieja idea clasista, y en muchos casos también racista y machista, de que los pobres no saben lo que les conviene, por lo que quienes siempre mandaron deben de recuperar, o no perder, el lugar que les corresponde en lo más alto de la pirámide social, política y económica del Estado.

Y en este sentido Guatemala reinventa ahora un viejo procedimiento que se puso en marcha con los primeros pasos de implantación de la democracia. Entonces votaban quienes tenían ese privilegio, quienes sabían leer y escribir, eran hombres, blancos o criollos y tenían cierto nivel de riqueza; ahora que, teóricamente, todos y todas pueden ejercer el derecho a votar, se cambian las reglas del juego y se define quienes son los elegibles. Y así, se sigue controlando el Estado, una vez más, Secuestrado y Fallido.

Pero, a pesar de todo lo señalado, a pesar de lo atado que las élites tienen el modelo de Estado, este proceso electoral y el propio sistema de corrupción y cooptación en Guatemala ha sido profundamente cuestionado. Desde diferentes fuerzas políticas y desde distintos sectores sociales se ha denunciado y desnudado como nunca en exposición pública un modelo como el descrito. Ya no hay la tranquilidad y seguridad que se aparenta, ya no hay el control férreo que se pretende sea interiorizado por la población. Por el contrario, el sistema dominante está perdiendo su carácter hegemónico y cada vez más y más sectores abren nuevas brechas en él y lo resquebrajan. Incluso, y aunque Guatemala no cuenta demasiado en la geopolítica del continente, hay un evidente desenmascaramiento que empieza a ser injustificable también desde las cancillerías históricamente más cercanas.

Al fin y al cabo, en Guatemala, y gran parte de América Latina (también de Europa), está en juego el crecimiento y fortalecimiento de un proceso autoritario o la eterna primavera y la construcción de un Estado no secuestrado por quienes siempre mandaron, un Estado Liberado.