Inicia la Corte Interamericana de Derechos Humanos audiencia contra el Estado mexicano por desaparición del zapatista Antonio González

Ciudad de México | Desinformémonos. Este miércoles inicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia contra el Estado mexicano por la desaparición de Antonio González Méndez, perpetrada en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte de Chiapas, por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

«La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado», señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que «espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia».

El Frayba denunció que hasta la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Ante la inacción de las autoridades, la esposa de Antonio González, Zonia López, asumió desde su desaparición el papel de defensora para exigir su búsqueda ante instancias locales y nacionales, lo que derivó en un proceso «tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol», destacó el Frayba. Fue López junto con sus familiares quien acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el 2000, y en 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo, en el que se reconoce «la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia», además de que se exige investigar los hechos y buscar a Antonio «bajo este contexto de terror y criminalidad».

«El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH», resumió el Frayba, pues la disculpa pública del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por los familiares de González «como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación».

Por ello, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, «en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos», lo que lo convierte «en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas», agregó el Centro de Derechos Humanos.

Con la audiencia, los familiares de la víctima y el Frayba exigieron que el gobierno mexicano «reconozca la responsabilidad» en los crímenes durante el periodo de contrainsurgencia así como que investigue y realice una búsqueda exhaustiva de Antonio González, así como repare los daños a la familia de la víctima.

Las acciones de contrainsurgencia que diseñó la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94” incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994, quienes junto al ejército mexicano «cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros», resumió el Frayba. En el caso de Paz y Justicia, se documentó que desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

A continuación el comunicado completo:

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dió un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”^[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.