Aunque se ve un repunte de la economía gracias a las iniciativas privadas, tanto de empresas como de familias –impulsadas en parte por las remesas–, Venezuela es todavía una sociedad devastada, que lentamente busca un rumbo más allá de las indicaciones oficiales.

«Después de sufrir un colapso económico, la economía de Venezuela está mostrando signos de recuperación debido a un resurgimiento de su industria petrolera», puede leerse en un reciente artículo del portal especializado en hidrocarburos Oil Price. En dicha recuperación están jugando fuerte iraníes y rusos, sumado a que el gobierno de Nicolás Maduro planea explotar el gas natural de la mano de la estadounidense Chevron y las europeas Repsol y Eni.

De todos modos, decir que algo se recupera cuando hubo un desplome brutal suena un poco vago. Entre 2012 y 2022 el PBI cayó de 372.000 millones de dólares a 93.000 millones. Recién en 2022 hubo crecimiento, del 8 por ciento, una cifra que no es significativa al lado de lo perdido. La inflación fue un verdadero terremoto económico y social, y trepó en setiembre de 2018 al 233 por ciento mensual, mientras en febrero de 2019 la hiperinflación interanual llegó a 2.295.981 por ciento, según estimaciones de la Asamblea Nacional.

Pero ahora circulan muchos coches en las calles, especialmente modelos nuevos, ya que el precio de la gasolina de 0,5 dólares el litro (antes no tenía casi valor) disuadió a los conductores de los viejos vehículos a sacarlos a la calle. Muchos han sido vendidos, al momento de irse, por algunos de los 7 millones de emigrantes a precios bajos: hasta 2 mil dólares por unidades de diez años de antigüedad.

Sincerando los precios

Para que las desiertas y oscuras calles venezolanas de los últimos tiempos hayan recuperado algo del movimiento y el color que tuvieron antaño, debió mediar la liberación de precios decidida en 2019, algo que va en contra de la planificación socialista chavista. Con esa liberación de precios surgieron cientos de bodegas bien surtidas y miles de precarios comercios en las viviendas de los sectores populares. Ofrecen de todo, desde whisky escocés y estadounidense a precios internacionales hasta frutos tropicales para llenar el estómago de quienes no pueden comprar carne, cuyo precio dobla el salario mínimo.

El resultado es que hay una amplia oferta, pero escasean los consumidores. Ya no se ven las larguísimas colas del período de la escasez, pero son muy pocos los que pueden darse el lujo de comer fuera de casa o consumir importados, dado que los ingresos son más que magros. La red de cooperativas Cecosesola sostiene en Barquisimeto que en el caso de las verduras, por ejemplo, «sus precios mayoristas están significantemente por debajo de los costos de lo producido».

Una maestra recibe 300 bolívares al mes (11 dólares), pero un litro de aceite cuesta 2 dólares, el quilo de harina 1 dólar y un tarro de margarina de 250 gramos 1,2 dólares. El salario mínimo es de apenas 4 dólares (130 bolívares) y un docente universitario llega a los 20 dólares. Las cestas de alimentos que entregan los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) son cada vez más escasas y su entrega se ha vuelto muy irregular.

Las maestras llevan nueve meses en huelga porque con su salario no pueden ni pagarse el autobús hasta la escuela, a razón de 7 bolívares cada trayecto. Imparten clases solo uno o dos días a la semana y el resto del tiempo se rebuscan en algún trabajo informal para llegar a fin de mes. En algunos barrios, para que sus hijos e hijas puedan acudir a clases, las familias se organizaron para aportarles a las docentes algo de alimentos y el transporte.

De la escasez a la desigualdad

Los problemas están muy lejos de solucionarse, aunque la imagen de estabilidad que genera la abundancia de productos favorece al poder y desestimula a los opositores. Atrapada en la puja entre ambos, la población dedica todos sus esfuerzos a conseguir ingresos para, sencillamente, poder comer.

Todos los venezolanos utilizan el dólar, que combinan con el bolívar, en sus transacciones habituales, incluyendo las compras de alimentos y el transporte. En la medida en que uno de cada cinco venezolanos tomó el camino de la emigración, las remesas están jugando un papel decisivo en la reactivación del consumo. Uno de los problemas más graves es que la recepción de remesas es muy desigual. Las clases medias urbanas suelen tener algún familiar en el exterior, algo que no sucede entre los sectores populares que, en gran medida, deben conformarse con los bonos y las cestas que azarosamente entrega el gobierno.

Petróleo y represión

Los 3 millones de barriles que Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) extraía cuando Hugo Chávez llegó al gobierno en 1999 se despeñaron a 392 mil barriles diarios en julio de 2020. Según Oil Price, para mayo de 2023 Venezuela extraía 819 mil barriles de petróleo por día, más del doble del mínimo histórico, pero cuatro veces menos que antes de la debacle.

Irán viene enviando gasolina, pero sobre todo ha aportado técnicos y piezas que permitieron poner en marcha la refinería El Palito, en Puerto Cabello, y la de Amuay, en Falcón, dos piezas de museo con 70 y 60 años de antigüedad, que lucen oxidadas y con sectores casi abandonados que provocan frecuentes interrupciones de la producción.

Pese a los esfuerzos de los aliados internacionales, en mayo y junio se observaban larguísimas colas de todo tipo de vehículos para cargar gasolina. La escasez parece no tener fin en la Venezuela de la improvisación y la desidia oficiales. Todo indica que la reactivación de la economía está destinada a chocar con infraestructuras obsoletas, construidas en su mayoría en la década del 50.

De hecho, además de los acuerdos con Chevron, para impulsar el crecimiento económico el gobierno planea utilizar los 200 billones de pies cúbicos de gas natural de Venezuela, las décimas reservas del mundo, que serían explotadas por la italiana Eni y la española Repsol, según anunció en mayo a Bloomberg el presidente de PDVSA, Pedro Tellechea.

La probable expansión de la economía será posible, empero, por dos condiciones previas. La primera es la que denuncia el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe de 2021 –«25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela: 1995-2020»–: «En un contexto de perpetración de crímenes de lesa humanidad sistemáticos y generalizados», según la ONG, en 2020 hubo 3.034 ejecuciones extrajudiciales. En 2019 fueron 2.012 y desde 2013, cuando asumió Maduro, suman 7 mil, una cifra escandalosa que no parece impresionar a parte del progresismo regional, pero que desestimula las protestas.

La segunda condición de esta mentada recuperación es el crecimiento de la desigualdad y la pobreza. En su informe del año 2022, Provea sostiene que 6,5 millones de venezolanos padecieron hambre entre 2019 y 2021, que 4,1 por ciento de niños y niñas sufren desnutrición aguda y que entre 2012 y 2022 la producción agropecuaria se redujo en un 50 por ciento.

El informe agrega que «Venezuela es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos en su población», lo que puede constatarse simplemente observando calles y carreteras, por las que circulan costosos vehículos todoterreno. La crisis social que asoma en Venezuela puede ser incluso más devastadora que la inflación que destruyó la economía. Aunque el régimen parece haberse consolidado, muchos creen que las posibilidades de construir una sociedad más justa se han esfumado.