Perú: Esta democracia ya no es democracia

Conmemorando la histórica fecha del paro de 1977 que obligó al gobierno militar a convocar a una Asamblea Constituyente, veinticinco años después, las diversas representaciones de las regiones del Perú, los gremios de campesinos, los frentes de defensa, los sindicatos, los estudiantes, los trabajadores informales –el precariado urbano y rural—pero especialmente los familiares de las personas asesinadas por la policía y el Ejército durante los meses de diciembre, enero y febrero, han convocado a una gran movilización nacional en el Perú para este 19 de julio de 2023.

Desde la meseta del Collao en el sur hasta los andes de Cajamarca en el norte, desde los barrios populares de Lima hasta la selva central en Pichanaki, se está gestando un movimiento llamado “La Tercera Toma de Lima” que las instituciones del Estado, especialmente la presidencia de la república y el congreso, ven con preocupación. Por eso, a las afueras de la capital, se apertrechan policías y soldados en un retén para “solicitar” a los migrantes de las diversas regiones, sus “documentos”, grabarles la voz y a tomarles fotos: algo nunca visto antes. Por supuesto que es la forma (inconstitucional) de amedrentar a los movilizados y construir un archivo de posibles criminales. Aunque después de las 49 muertes por proyectil de arma de fuego en los últimos meses, el mejor amedrentamiento es la impunidad.

TU NOMBRE ES IMPUNIDAD

Impunidad: esa es la fórmula que desde hace años los presidentes de la república ponen en funcionamiento para combatir los conflictos sociales. Pero en esta ocasión ha llegado a un nivel extremo. Porque no hay investigación fiscal seria ni sobre la masacre de Ayacucho (seis muertos por balas de fusiles Galil) ni sobre las ejecuciones extrajudiciales de Juliaca (diecisiete muertos por balas de AKM, Galil y perdigones de plomo), ni sobre los asesinados con balas por la espalda o a 600 metros en Andahuaylas, Virú, la selva central o por bomba lacrimógena lanzada a la cabeza en el mismísimo centro de Lima. Dina Boluarte ha sido entrevistada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como si estuvieran tomando un té en el Palacio de Buckingham y no enfrentando una acusación fiscal por genocidio. La presidenta, con las manos de manicure francesa ensangrentadas, ha negado todo: yo no sabía, no soy comando, no tenía información, no tomé decisiones. Pero el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que primero negó haber ido a Palacio de Gobierno pero cuando los fiscales le enseñaron el registro de visitas no pudo continuar con la mentira, decidió culparla directamente: ella sabía, ella es jefe supremo de las fuerzas armadas, ella estaba informada hora a hora de lo que estaba sucediendo en todo el Perú.

Y sin embargo y a pesar de los informes rotundos de Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH o Amnistía Internacional, que incluye cuadros estadísticos que demuestran la carnicería racista en zonas indígenas, los inhumanos funcionarios públicos ni siquiera se perturban. Tampoco lo hicieron con el Informe (políticamente correcto) de la CIDH que, por extraño que parezca, califica de masacre lo sucedido en Ayacucho pero no la matanza de Juliaca. En un inicio Alberto Otárola, el Primer Ministro, descalificó los informes como si no fueran objetivos. Y al resto que recogíamos la data nos trataban de exagerados, perturbadores de la paz social o, de frente, terroristas.

Por eso cuando el “terrorista” diario The New York Times informó sobre la violación de derechos humanos con una serie de videos recogidos de los ciudadanos que se encontraban cerca y grabaron con sus teléfonos celulares, en una edición impecable que muestra los disparos, quiénes y cómo los hacían directamente al cuerpo de las personas, una periodista peruana ahora reciclada hacia la derecha, recientemente premiada en su universidad de origen en Nueva York, dijo “son informes sesgados” en titular del (nunca sesgado) diario El Comercio.

Pero cuando The Economist también informó que el Perú ya no era una “democracia con defectos” sino un “régimen híbrido”, la cancillería peruana contrato a la agencia estadounidense Patriot Stategies para “limpiar” el desastre en Washington por la suma de 55 mil dólares mensuales. A los familiares de las víctimas les están entregando 50 mil soles por cada asesinado: así vale la vida de un médico de Juliaca, de un joven futbolista de Andahuaylas, de una joven voluntaria en un albergue para animales en Puno. Monetarizarlo todo está en el núcleo duro de este capitalismo salvaje que nos está llevando a los peruanos a la desconfianza absoluta y a la monstruosidad del inhumano.

JUNTOS PERO NO REVUELTOS

A diferencia de las primeras movilizaciones después de la caída de Pedro Castillo, esta convocatoria del Comité Nacional Unificado de Lucha por el Perú (CONULP) ha sido planeada, organizada, consultada a las bases y especialmente debatida. Los días 1 y 2 de julio en una reunión con 580 delegados, realizada en el popular distrito de Puente Piedra, se llegó a una agenda de consenso que, entre otros puntos, incluía la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del congreso y la consulta sobre una Asamblea Constituyente, como se puede apreciar abajo en el diagrama elaborado por el politólogo Omar Coronel.

Hubo algunos puntos que no se consensuaron. En un debate fuerte entre un grupo de 40 personas acérrimas al ex presidente, la asamblea del CONULP no concretó incluir en la plataforma su restitución. Un gran sector, incluyendo a los delegados del Cusco, estaban completamente en desacuerdo y más bien exigían que se convoque a elecciones generales lo más pronto posible. Pero tampoco se incluyó este punto en la agenda que, además, es un reclamo de varias instituciones de diverso perfil desde Lima, tanto la llamada Coalición Ciudadana como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Podría leerse entrelíneas que en esa reunión de Puente Piedra se pactó algo así como “yo no incluyo el tema de elecciones adelantadas si ustedes no insisten con la restitución”. Todos acordaron que esos puntos regresaban para ser discutidos “en las bases”.

La verdad sea dicha: la gente saldrá a las calles con su propia agenda.

Los últimos siete años los peruanos y peruanas hemos presenciado la destrucción de la política de partidos, la conversión del congreso en la feria del lobby feroz, hemos vivido la caída de la confianza en el lazo social, del respeto a la policía nacional, y por otro lado el encumbramiento de la corrupción como razón de Estado.

Estamos cansados de todo: la pandemia mató a los seres queridos que nos inspiraban. El confinamiento develó el maquillaje del crecimiento del PBI en los últimos veinte años: no teníamos ni 100 camas UCI en todo el país de 33 millones de almas. Por último, hemos visto en primera fila la caída por entropía de un régimen que, mal que bien, simbolizaba al voto popular, campesino, rondero y aspiracional.

Eso se llama, como decía el rockero Daniel F, el asesinato de la ilusión.

Pero aquí estamos con los brazos y los puños levantados hacia el cielo.