La lucha por el derecho a la vida sin genocidio de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial no se negocia ni con petróleo, gas, madera, oro ilegal y menos por carbono

El Gobierno Regional de Loreto ha emitido opiniones aduciendo que los “PIACI y las reservas indígenas son obstáculos para el desarrollo y que impiden la ejecución de obras en las comunidades colindantes”, incurriendo en falsedad porque estas áreas de protección no se superponen con ninguna comunidad o centro poblado.



La lucha por el derecho a la vida sin genocidio de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial no se negocia ni con petróleo, gas, madera, oro ilegal y menos por carbono


En el Perú, gracias al incansable trabajo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus bases, se ha evitado el genocidio de al menos 25 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) y, por el contrario, se ha logrado garantizar su vida y territorios a través de su reconocimiento oficial y el establecimiento de 7 reservas indígenas y territoriales, así como 6 reservas indígenas solicitadas y en trámite de creación. 

Las reservas indígenas y territoriales en el Perú son territorios intangibles delimitados por el Estado donde habitan los PIACI, que se establecen en el marco de los procedimientos definidos por la Ley n° 28736, Ley PIACI, y su reglamento. Por tanto, al ser territorios intangibles no se pueden establecer asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que habitan en su interior.

La Ley PIACI establece la prohibición de realizar cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas y las comunidades nativas colindantes. Tampoco se deben otorgar derechos para el aprovechamiento de recursos naturales (como los del carbono), salvo las que tengan fines de subsistencia de estos pueblos y aquellos que permitan su aprovechamiento mediante métodos que no afecten los derechos de los PIACI, y siempre que lo permita el correspondiente estudio de impacto ambiental.

Por otro lado, es importante señalar que la normativa establece claramente que los pueblos que habitan en las reservas indígenas son “los únicos y mancomunados beneficiarios de las mismas”. En ese sentido, ni AIDESEP ni las organizaciones no gubernamentales (ONG) reciben beneficios de la creación de dichas reservas.

Cabe precisar que el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, así como la creación de las reservas indígenas no implica la afectación de los derechos de ninguna persona natural o jurídica, por el contrario, su propósito es garantizar los derechos fundamentales a la vida, integridad y territorio de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, de acuerdo al marco normativo vigente.

Sin embargo, en varios eventos públicos, el Gobierno Regional de Loreto ha emitido opiniones contrarias aduciendo que los “PIACI y las reservas indígenas son obstáculos para el desarrollo y que impiden la ejecución de obras en las comunidades colindantes”, incurriendo en falsedad porque estas áreas de protección no se superponen con ninguna comunidad o centro poblado y no afectan sus derechos o la posibilidad de realizar obras públicas de ninguna manera.

La falta de obras y proyectos de desarrollo en las comunidades nativas es responsabilidad del propio Gobierno Regional de Loreto por falta de voluntad política, capacidad técnica y prácticas corruptas. Tal como se ha venido solicitando, AIDESEP exige que las autoridades de los diferentes niveles del gobierno cumplan con llevar agua potable, atención de salud intercultural, servicios de educación intercultural bilingüe, entre otros a todas las comunidades.

Asimismo, AIDESEP reitera que es completamente falso que se esté promoviendo la posibilidad de incorporar a los territorios de los PIACI en algún mecanismo o esquema de pagos por reducción, compensación de emisiones, créditos o bonos de carbono. No existe ninguna publicación ni acuerdo desde AIDESEP para dicho propósito debido a que el marco normativo prohíbe el otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales en las áreas destinadas para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Por tanto y, de acuerdo a la Ley PIACI, es imposible que en dichas áreas se trate de aprovechar la función ecosistémica del carbono.

Como organización indígena nacional y junto a sus organizaciones regionales y locales, AIDESEP impulsa la creación de las reservas indígenas para garantizar los derechos fundamentales de los PIACI. Pero eso no convierte a las organizaciones indígenas en “titulares” de los territorios PIACI y no se recibe ningún beneficio por su creación. Por tanto, AIDESEP rechaza las manifestaciones difamatorias que la acusan de recibir beneficios de la venta de bonos de carbono en los territorios de los PIACI, lo que es completamente falso. 

La existencia de los PIACI ha sido comprobada por métodos con rigurosidad científica, a través de los estudios correspondientes para el reconocimiento de los pueblos y luego para la categorización de las áreas destinadas a su protección. Cabe señalar que en estos procesos han participado los gobiernos regionales y locales, como el Gobierno Regional de Loreto, como miembros de la Comisión Multisectorial PIACI.

AIDESEP sostiene que no existe un debate con respecto a si existen los PIACI o no. Los PIACI sí existen y han sido reconocidos de manera formal por el Estado peruano mediante decretos supremos en atención a las pruebas irrefutables y de rigor científico que demuestren su presencia.

Finalmente, AIDESEP responsabiliza a los funcionarios públicos y entidades del Estado peruano, como el Gobierno Regional de Loreto, son los responsables de este retorno al genocidio descarado y estarían cometiendo delitos al utilizar el presupuesto público para realizar campañas de desinformación orientadas específicamente a violar los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos más vulnerables, los PIACI, con la intención de dejar a sus territorios desprotegidos y así poder saquearlos para enriquecerse a costo de sus vidas. 

Dato:

Varios gobiernos regionales amazónicos, junto a empresas y ciertas ONG, estarían impulsando de manera desordenada iniciativas vinculadas a los créditos de carbono, a través de programas jurisdiccionales de REDD+ sub nacionales. Estas acciones se dan incluso en contra de la posición del Ministerio del Ambiente y también con la imposición de  áreas de conservación regional de manera indiscriminada, incluso sin contar con la capacidad de gestionarlas.