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Continúa la persecución a autoridades comunales de Mezcala, Jalisco
La persecución contra la comunidad coca de Mezcala, Jalisco, no terminó con la ejecución de la sentencia que el 4 de octubre de 2022 obligó al empresario Guillermo Moreno Ibarra a devolver las 10 hectáreas del territorio que invadió durante 23 años. Ahora Moreno Ibarra acusa a tres integrantes del comisariado de bienes comunales y a dos asesores legales de la comunidad de robar las chivas que fueron retiradas del territorio el mismo día en que la comunidad tomó posesión de lo que le pertenece.
El 4 de octubre del año pasado, durante la entrega del predio invadido, se elaboraron las actas correspondientes; incluso momentos antes se presentó la Guardia Nacional, pues se temía por la seguridad de una población agredida y amenazada durante más de dos décadas.
La casa principal, ubicada en la punta del cerro El Pandillo, con una vista privilegiada al Lago de Chapala, fue semidestruida momentos antes por personal del invasor, quien probablemente no alcanzó a sacar todas sus pertenencias pensando que, como lo hizo durante más de dos décadas, podría en el último momento sobornar o amenazar a quien pretendiera desalojarlo.
Moreno no se presentó a la diligencia y envió en su representación a José Luis González de la Cruz, uno de sus trabajadores. Sin que legalmente estuviera obligada, la comunidad acordó permitir que los trabajadores del invasor retiraran algunos muebles, libros, cacerolas y demás objetos que aún se encontraban en el inmueble, todo lo cual, junto con el rebaño de chivos, fue sacado del lugar a la vista de los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, activistas y autoridades del Tribunal Unitario Agrario del distrito 15. El retiro de los bienes y de los animales quedó consignado en un acta y en un recibo firmado por el fiel trabajador de Moreno, José Luis González de la Cruz.
El pasado 14 de julio, integrantes de la policía investigadora de combate al delito de abigeato y robo de animales, acudieron a Mezcala a notificar a las autoridades comunales sobre la acusación de Moreno Ibarra, acción que dejó en claro que el invasor no se ha rendido. La pregunta es si, nuevamente, el Estado estará a su servicio.