Vientos de cambio en Nuestra América: una decepción temprana

Los recientes gobiernos progresistas se encontraron con un Estado capturado por corporaciones, actualmente tienen una fuerte influencia sobre elementos fundamentales del régimen político democrático liberal de cada país como el poder legislativo, los medios de comunicación, las instancias judiciales, entre otros.

La nueva ola progresista y de izquierdas en América Latina ha estado lejos de tener la contundencia y los alcances de aquella época en la que los gobiernos de la región enfrentaron el imperialismo estadounidense y a las corporaciones privadas que pretendían tener el control del Estado. Al llegar al ejercicio del poder ejecutivo los recientes gobiernos progresistas se encontraron con un Estado capturado por corporaciones, el cual ha venido profundizando políticas neoliberales y, en consecuencia, prioriza a las empresas y corporaciones privadas en las decisiones de carácter público. Estas corporaciones actualmente tienen una fuerte influencia sobre elementos fundamentales del régimen político democrático liberal de cada país como el poder legislativo, los medios de comunicación, las instancias judiciales, entre otros.

A través de la captura del Estado, las grandes corporaciones han torpedeado los proyectos progresistas en cada país. Esto puso en una encrucijada a los nuevos gobiernos, en tanto asumieron “en algunos casos como resultado de rebeliones populares que tuvieron traducciones electorales inmediatas” (Katz, 2023). En consecuencia, los electores que votaron por programas políticos de transformación social, mayor igualdad, soberanía e inversión social han visto con decepción cómo sus gobernantes, en un principio, definieron una estrategia que priorizó dialogar y hacer acuerdos con las élites políticas para lograr la tan anhelada gobernabilidad. Se hizo evidente que las organizaciones de izquierda que han llegado al gobierno “han priorizado las alianzas con la burguesía y la derecha, desplazando a los sectores populares a un marginal papel de “objeto” de las medidas de gobierno, cuando en realidad debió haberse aprovechado la cuota de poder obtenido para transformar al pueblo en sujeto del cambio de la sociedad. (Rodríguez Gelfenstein, 2022).

A pesar de que existen intentos de integración como la intención de revivir la CELAC, la propuesta de crear una moneda conjunta denominada el “Sur”, la construcción de una “Organización Latinoamericana de Países Exportadores de Litio” (Cepal, 2022) o la Cumbre de Brasil en 2023, estos esfuerzos no han tenido un impacto real en términos de integración.

La dificultad para establecer un bloque unificado de acción se debe a varios factores. En primer lugar, la influencia de las corporaciones en los Estados juega un papel determinante. En segundo término, la diferencia ideológica entre los progresismos, ilustrada por ejemplo por la postura distante de Gabriel Boric frente al modelo de Venezuela, revela una persistente tensión entre un viejo perfil socialdemócrata y los procesos radicales. En tercer lugar, juega un papel fundamental la relación particular que cada gobierno progresista mantiene con Estados Unidos y China, quienes compiten por la influencia económica y política en la región. Por último, las disparidades en la situación económica de los países han sido un obstáculo para la conformación de un bloque regional que permita negociar de forma más justa con otros bloques regionales y potencias.

La agenda que hasta el momento ha impulsado los mayores intentos de integración se centra en la defensa del medio ambiente. No obstante, existen obstáculos significativos que dificultan una verdadera protección de los recursos naturales y una cooperación efectiva en esta área. La dificultad consiste en que cada vez se hace más evidente el beneplácito de los gobiernos progresistas hacia las empresas del norte global que explotan recursos en tierras latinoamericanas (Páez, 2023). Esto se suma a los intereses e intenciones militaristas de Estados Unidos en dicha disputa (Rodríguez, 2023), como lo han expresado portavoces de su estamento militar, especialmente en lo que respecta a hidrocarburos y minerales.

Un ejemplo de esto es la contienda que empiezan a protagonizar China, Estados Unidos y otras potencias por las grandes reservas de litio de Bolivia, Chile y Argentina, siendo esta última la que presenta una mayor aquiescencia por los intereses del sector privado y las grandes corporaciones. (Elbaum, Jorge. 2023). Dado que los tres países que conforman el triángulo del litio concentran entre el 50% y el 85% de las reservas mundiales, los gigantes automotrices como Tesla (EE.UU.), Toyota (Japón), multinacionales como Eramet (Francia) o Geolith (Francia), Shandong Gold, Ganfeng Lithium y Zijin Mining o el propio Estado chino se están disputando el negocio de la extracción del litio y la fabricación de baterías (La Izquierda Diario, 2023).

El desafío de la integración por fuera de los intereses de grandes potencias es de dimensiones titánicas. Con respecto a Estados Unidos, inquieta que la hegemonía imperialista ha adoptado el progresismo como su punta de lanza política y la respalda en su discurso de democracia y justicia social, lo que le permite fortalecer su dominio global y avasallar el mundo de manera más eficiente (Rodríguez Gelfenstein, 2022) sin sacrificar sus pretensiones de control territorial y de recursos naturales. Con respecto a China preocupa que los países de Nuestra América han establecido una gran cantidad de acuerdos comerciales con el país asiático, dificultando una negociación como bloque; esto también intranquiliza a Estados Unidos que, como respuesta, ha incrementado sus acciones de intromisión para mantener su dominio en los territorios de Nuestra América.

Al mismo tiempo, las dificultades y desafíos que enfrentan los gobiernos progresistas de la región han sido hábilmente aprovechados por las derechas que han acentuado la batalla ideológica y cultural por el sentido común. Mediante la proliferación de discursos fascistas y de populismo de derecha, se está configurando un escenario favorable para que este sector, especialmente la extrema derecha, tenga buenos resultados en las próximas coyunturas electorales. Un ejemplo claro de este fenómeno se observa en la proliferación de los discursos impulsados por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, los cuales están adquiriendo cada vez mayor relevancia y posibilitan la integración de la derecha tanto en términos discursivos como políticos.

Si bien se pueden identificar las condiciones generales que respaldan la hipótesis de una temprana decepción hacia los progresismos y la falta de un escenario prometedor para la integración regional, resulta esencial enunciar las características particulares que han conducido a esta situación en cada país.

Chile

El tránsito de Piñera a Boric no marcó una diferencia sustancial, contrario a lo que esperaban las mayorías que se movilizaron en 2019. El país de la esperanza fugaz, donde los estudiantes de secundaria detonaron un estallido social, inspiró movilizaciones en otros países como Ecuador, Perú, incluso Colombia. El descontento popular ante la profundización de las dinámicas mercantiles del capital fueron un potente motor para la elección en diciembre de 2021 de Gabriel Boric, quien logró acumular gran parte de los sectores movilizados. No obstante, el nuevo presidente configuró un gabinete de equilibrio, que incluyó figuras de sectores comunistas con economistas profundamente neoliberales. En palabras de Katz “tenía la posibilidad de apoyarse en la movilización popular, para implementar sus promesas de campaña o podía adoptar el continuismo exigido por Lagos, Bachelet y la partidocracia. Boric optó por este segundo camino provocando la frustración del grueso de sus votantes” (Katz, 2022).

A un año de su elección, la desaprobación de Boric llegó al 62%. Su mandato no ha cumplido con las expectativas de quienes lo eligieron, por el contrario, han profundizado conflictos entre el Estado y sectores populares históricos como pueblos Mapuche al sur del país con medidas como la militarización de territorios (Adoue y Cenamo, 2022) y la represión policial. (Tótoro, 2023). Las propuestas de carácter reformista impulsadas por el gobierno han sido pactadas con las élites económicas chilenas y grandes corporaciones transnacionales, y en los casos aislados donde plantean proyectos que aún simpatizan con el clamor popular, se han quedado atascados en el Congreso al no contar con las mayorías necesarias para aprobar sus propuestas. Al tiempo, sus promesas de cambios drásticos y radicales se han matizado con el paso de los meses hacia un discurso que busca agradar a la burguesía para no comprometer el flujo del mercado. Una expresión de esto, la más reciente, fue la propuesta del gobierno para la explotación de las grandes reservas de litio que tiene el país, en la cual incluyó la participación de empresas privadas quitándole protagonismo al Estado para esta labor. (Infobae, 2023).

La preocupación de su gobierno por la economía de las élites no es la misma preocupación por el bienestar de las clases populares. El aumento de las tasas de política monetaria y el encarecimiento de los créditos productivos como política para hacer frente a la inflación, son muestras de que es la clase trabajadora la que está costeando la crisis al tiempo que experimenta la degradación de sus salarios y condiciones laborales.

Durante este año la derecha ha encontrado las grietas necesarias para seguir incidiendo significativamente en la toma de decisiones a favor de sus intereses y ha encontrado en la imagen desfavorable de Boric y el descontento del proyecto progresista un terreno apto para ello. El hecho más reciente y emblemático ocurrió este año cuando la definición del texto de la nueva constitución chilena quedó en manos de la extrema derecha afín al ex candidato presidencial y ultraconservador José Antonio Kast. (BBC News Mundo, 2023).

La asamblea constituyente para cambiar la carta magna fue resultado de las movilizaciones populares de 2019; sin embargo, el año pasado los chilenos rechazaron el nuevo texto, dando paso a la consolidación de un nuevo Consejo Constitucional conformado ahora en su mayoría por representantes de la extrema derecha y derecha moderada. El resultado desfavorable para la Constituyente “constituyó de hecho un plebiscito de disgusto con el gobierno. En la arrolladora desaprobación ya no estuvo en juego el destino de un texto vaciado de contenido, sino la evaluación de un gobierno que defraudó a sus seguidores y envalentonó a sus enemigos.” (Katz, 2022).

El mandato de Boric no marcó un cambio de tiempo ni de tendencia política en lo real, pues demuestra vulnerabilidad y sumisión frente al empresariado, al tiempo que reprime y se sobrepone a los intereses de sectores populares y rebeldes. Está siendo el ejemplo latente de cómo el progresismo en el gobierno logra detener impulsos transformadores y, por el contrario, se vale de medidas represivas y de concertación con sectores de derecha para llevar a cabo sus políticas de gobierno. Al tiempo, es muestra de cómo las apuestas progresistas terminan acorraladas por los poderes económicos y tradicionales que perpetúan las decisiones políticas en favor de sus intereses.

Argentina

La situación social, política y económica que atraviesa Argentina evidencia la poca capacidad de maniobra que logra tener un gobierno de corte progresista en un contexto de supremacía de intereses corporativistas y de grandes fondos internacionales. Los efectos del sobreendeudamiento al que sometió al país el expresidente Mauricio Macri, siguen siendo un obstáculo para siquiera pensar un proyecto político que tenga como fin una mayor redistribución del ingreso.

Con un 71% de desaprobación por el manejo de la situación económica y social, el actual descrédito del presidente Alberto Fernández permite concluir que dicho modelo progresista ha sido un rotundo fracaso en Argentina. Por parte del ejecutivo hay una impotencia para contener las preocupantes cifras de inflación acumulada que para el año 2023 alcanzan un 42.2% y la inflación interanual que llega a 114.2%, además de que los niveles de desigualdad cada vez son mayores. (Escobar, 2023).

Las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno central de Argentina después del acuerdo firmado con el presidente Fernández para convalidar la deuda, han demostrado la verdadera intención del otorgamiento de dichos créditos. A partir de la demostrada incapacidad del Estado argentino para asumir sus compromisos financieros, el FMI está en la capacidad de ordenar una serie de ajustes y recortes sociales que permitan el pago de la deuda. Este sometimiento ha llevado, incluso, a proponer un escenario en el que se haga uso de los recursos naturales del país para calmar la presión de los acreedores.

Un claro ejemplo de esta situación se ubica en la aprobación del presupuesto que, con beneplácito del kirchnerismo, rige a Argentina en 2023. Dicho presupuesto que fue ajustado en las oficinas del FMI atenta contra las clases medias y bajas del país. “Pocas cifras dicen todo: jubilados y jubiladas perderán $ 500.000 millones; las universidades sufren una poda del 18 %; Seguridad Social 4.3 %; Ambiente 9%, Mujer, Géneros y Diversidades, un 10.2 %. En paralelo, evidenciando lo obvio, lo destinado a pagos de la deuda pública se incrementa en 14 %.” (Castilla, 2022). Aunque los peores efectos de la deuda aún están por llegar, pues el margen de negociación que ha podido tener Fernández para aplazar en el tiempo sus efectos más lesivos para las clases media y baja, no impide reflexionar que son claras las incapacidades que ha tenido el modelo progresista y las frustraciones que han generado sus decisiones.

Frente a la redistribución del ingreso que propuso Fernández en campaña, los hechos hoy demuestran que la verdadera redistribución tuvo lugar en favor del gran capital. “El discurso progresista alimentó la idea de un Estado “presente” capaz de controlar el poder del gran capital, al tiempo que oficia de agente redistribuidor de la riqueza. Pasados tres años del triunfo del Frente de Todos, nada de eso ocurrió.» (Castilla, 2022). En 2021 y 2022 “la economía creció notoriamente, a pesar de lo cual la pobreza también fue mayor. Eso tiene una sola explicación: los sectores económicos más poderosos se quedaron con los beneficios de ese crecimiento” (Guahán, 2023). A pesar de que el Observatorio de la Deuda Social de Argentina informó que 23 millones de argentinos reciben alguna forma de asistencia estatal, la desigualdad producto de la acumulación de capital da cuenta de la necesidad de otro modelo, pues ante las presiones de privados, las medidas deben ser cada vez más radicales.

Otro elemento que en esta coyuntura da cuenta de la preeminencia que el proyecto progresista otorga a las presiones e intereses corporativistas, se expresó en el conflicto de Jujuy. Dicha disputa evidencia el enorme conflicto que se está gestando entre intereses privados e intereses populares y públicos con respecto al manejo que se dará de las grandes reservas de litio con las que cuenta el país, “pues en tiempos de una “transición energética” que genera nuevos negocios verdes, y ante la falta de dólares, la explotación del litio se presenta como la nueva promesa de desarrollo del país” (La Izquierda Diario, 2023).

Allí un gran estallido social se produjo a partir de una reforma constitucional aprobada por el gobernador Gerardo Morales (cómplice del golpe de Estado en Bolivia) que, entre otras, ataca el derecho a la protesta y el derecho de las comunidades indígenas sobre sus tierras, en lugares donde casualmente se encuentran grandes reservas de litio. Las concesiones que desde los poderes institucionales se les está dando a los intereses corporativistas y de grandes potencias como Estados Unidos y China tranquilizan a los grandes poderes en el mercado internacional. Pues “el modelo jujeño” de extractivismo y privatización transnacional del litio ya está en manos de la australiana Allkem, con las financieras JP Morgan (EE.UU.) y HSBC (Gran Bretaña); Toyota Tsusho (Japón); Lithium Americas Corp (Canadá); Ganfeng Lithium (China) y con muchas más aves de rapiña sobrevolando la zona.” (Villalba, 2023).

Allí, “además de rebajas fiscales “Los incentivos adicionales que incluyen una garantía de estabilidad fiscal de 30 años; una tasa de regalías fija del 3 %; y concesiones otorgadas por tiempo ilimitado. Jujuy otorga descuentos de regalías cuando la empresa de litio se compromete a procesar localmente el litio extraído allí.” (La Izquierda Diario, 2023). Dichas decisiones se están tomando en contravía de las demandas de sectores populares, principalmente pueblos originarios, que están viendo como en el marco de un proyecto progresista se están entregando enormes concesiones al capital en detrimento de sus intereses, recursos y demandas. Ante esto, la respuesta que el gobierno local da a las expresiones de protesta ha sido la represión.

Perú

El intento progresista liderado por Pedro Castillo en Perú, que fue derribado por una “mafia cívico-militar” (Katz, 2023), da una importante lección a los demás modelos progresistas de la región: por más que se ceda ante presiones e intereses corporativistas, esto no va a garantizar el ejercicio de poder en favor de sectores populares y, por el contrario, da más recursos de poder a aquellos sectores que, en teoría, perderían preeminencia en un gobierno progresista. También da cuenta de que alcanzar el poder ejecutivo no es suficiente para implementar un programa de gobierno, pues otras instancias del régimen político como el poder judicial, legislativo y los medios de comunicación son piezas claves en la disputa social y política desde la institucionalidad.

La solidaridad que puede haber hacia un proyecto de centro izquierda que fue desconocido y cercenado por un golpe de Estado, impulsado por sectores corporativistas y proimperialistas, no debe impedir que se detallen las falencias y la decepción que acarreó el modelo progresista de Castillo mientras estuvo en el ejercicio de gobierno.

Castillo llegó a la presidencia con la bandera de cambiar la constitución fujimorista de 1993 por medio de una Asamblea Constituyente; no obstante, una vez llegado al ejecutivo, abandonó dichas propuestas de su programa político y no dudó en gobernar con el favor de sectores de la burguesía y la oligarquía peruana, dejando intactas las estructuras políticas y económicas de la constitución del 93; “en lugar de apuntalar una base social transformada en mayoría electoral, optó por la sumisión a las clases dominantes.” (Katz, 2023). En consecuencia, no creó una articulación sólida con sectores sociales y populares, hecho que se demostró en el momento en que enfrentó el tercer intento de golpe de Estado por parte del Congreso, cuando no recurrió en primer término a la movilización social, sino que apeló a la cuestionada OEA con el fin de mantener su gobierno “desde arriba”. (2023a).

Ante la alianza propuesta por Castillo con sectores del establishment la izquierda tomó distancia del gobierno. Así, “optó por reemplazantes de derecha. Representantes del Opus Dei, conservadores antifeministas, tecnócratas de las grandes fundaciones y hasta individuos vinculados a la mafia encontraron un lugar en su voluble gabinete. El encuentro de Castillo con Bolsonaro y su aprobación de resoluciones diplomáticas auspiciadas por la embajada estadounidense, completaron el cuadro de un presidente divorciado de sus promesas.”

La estrategia de conciliación de clases y de cogobernar con fuertes estamentos de la derecha, pasó factura a un gobierno que no logró ejecutar mucho de su programa político y fue sacado de la presidencia con un porcentaje muy bajo de aprobación. Sin embargo, es necesario aclarar que las instituciones que promovieron el golpe también cuentan con cifras alarmantes de desaprobación por parte del pueblo peruano. Ante la frecuente estrategia de los gobierno progresistas de gobernar sin cuestionar decididamente los pilares de la dominación burguesa, la realidad da cuenta que muchas veces la radicalidad puede permitir mejores salidas en favor de sectores populares, pues “el origen campesino, indígena y/o popular como el del Castillo, no solo no es garantía de descolonización y de democratización, sino que por el contrario otorga una sobrevida a los mecanismos reaccionarios y antidemocráticos del régimen actual”. (CST, 2022).

Las críticas hacia las decisiones de Pedro Castillo y su estrategia de gobernabilidad “progresista” no deben desviar la atención de los intereses imperialistas detrás de la desestabilización del gobierno. Las intenciones imperialistas detrás del aval a la presidencia de Dina Boluarte responden, entre otros, a los intereses que tienen Estados Unidos, Canadá y empresas transnacionales en los recursos naturales que abundan al sur del Perú, especialmente en la región de Puno donde los niveles de pobreza son enormes y se habitan una gran cantidad de pueblos originarios. Según lo afirma el propio Pedro Castillo “En Puno, mi Gobierno y yo queríamos rescatar el Gas de Camisea y el litio de la región. Todo el problema tiene que ver con el litio. El imperialismo quiere el litio y mi Gobierno quería darle el litio al pueblo.” (Zamorrón, 2023). Esto se demuestra a partir del proyecto de Ley 3346 de 2022 en el cual la bancada oficialista buscó nacionalizar el litio y sus derivados, ante intereses privados del control del mineral.

A partir de estos intereses que motivaron el golpe de Estado en favor de Boluarte, se generó un gran escenario de rebelión popular que desconoce el mandato de Boluarte y además busca un cambio en las estructuras del régimen político, a partir del reemplazo de la Constitución Política de 1993. A pesar de esto, la presidenta ha recibido apoyo por la bancada de derecha en el Congreso y otros empresarios del poder financiero de Perú, incluyendo grandes sectores que responden a las demandas de Estados Unidos en términos de política exterior. (La Izquierda Diario, 2023b).

Ante los preparativos de nuevas jornadas de movilización, el gobierno autorizó el arribo de tropas de Estados Unidos, pues “Luego de entregar el litio y otros recursos al extranjero, Dina Boluarte y el Congreso socavan la soberanía nacional autorizando el ingreso de tropas de Estados Unidos para ‘formación’ de policías y militares” (Álvarez, 2023). Dicha decisión clarifica las intenciones intervencionistas de Washington en un país que, a partir de su crisis orgánica, abre las posibilidades para que su soberanía sea violada en favor de intereses colonialistas e imperialistas.

Brasil

Luego de seis años, a Brasil regresó la esperanza con la elección de Luiz Inácio Lula da Silva. La extrema derecha en cabeza de Jair Bolsonaro avanzó durante su mandato con políticas neoliberales de privatización y con la promulgación de un discurso neofascista, que fue apropiado por gran parte de la población como se evidenció en la cantidad de votos que tuvo el líder de la derecha en las últimas elecciones (más del 40% de los votos). Estos resultados binarios que llevaron a una segunda vuelta son evidencia también de una profunda división que plantea un reto ideológico importante sobre la disputa entre los proyectos de las clases dominantes, que son cada vez más abiertamente radicales, y los de las clases populares. Un reto que se mueve también hacia el resto de Nuestra América.

Para estas elecciones Lula logró sumar los votos de los sectores populares y las izquierdas, así como también de un centro crítico con las apuestas segregadoras expuestas por el anterior gobierno. Así como otros gobiernos progresistas de la región, Lula planteó un paquete de reformas políticas, sociales, económicas, que no encuentran salida en el legislativo. Ganar las elecciones como presidente no necesariamente implica que haya gobernabilidad; el congreso brasilero tiene 513 escaños, de los cuales 102 están ocupados por el bolsonarismo y otros 200 que se mueven de acuerdo a intereses situacionales y de la burguesía. (Royo, 2022).

Para avanzar, Lula ha tenido que matizar sus propuestas, por ejemplo destinando menos recursos para inversión regional. Además, ha generado alianzas políticas a través del nombramiento de empresarios y políticos tradicionales en cargos públicos que le suman gobernabilidad y confianza por parte de las élites empresariales y terratenientes.

Las contradicciones de sus propuestas iniciales son evidentes al ver la cristalización de las mismas. Una de las grandes banderas del mandatario ha sido la protección de la Amazonía y la disminución de la deforestación en la misma; sin embargo, el Congreso impidió la limitación a prácticas extractivistas en la Amazonía en detrimento de comunidades indígenas. Así, con la intención de suavizar la oposición mayoritaria del poder legislativo, los discursos de Lula mantienen una postura matizada a través de la cual expresa su apoyo a prácticas extractivistas en esta región que se reforzaron aún más durante el gobierno de Bolsonaro. (Recoba, 2023) La desconfianza de organizaciones populares e indígenas ha incrementado a partir de los cambios de postura frente al eje medioambiental, sumado a la ley del Marco Temporal que representa una amenaza a los territorios indígenas en la Amazonía. (Zuppello, 2023)

Aunque la presencia de Lula en la presidencia tiene un fuerte componente simbólico, en lo real sigue demostrando la complejidad del Estado, la necesidad de trascender las apuestas institucionales, así como la distancia entre los proyectos progresistas y los proyectos de transformación clamados por los sectores populares.

El Salvador

El momento político que enfrenta actualmente El Salvador da cuenta de el viraje que puede tener el sentido común, hoy disputado por el progresismo y las izquierdas, hacia discursos de derecha que agrupan preceptos fascistas y de populismo de derecha. Estos discursos ligados al ordenamiento católico, que incluyen las concepciones morales como la idea de la familia tradicional, están disputando a las lecturas más progresistas y de izquierda que proponen transformaciones más estructurales que por lo demás no tienen un efecto material inmediato para la vida de las personas.

Las dificultades que enfrenta el progresismo en América Latina están siendo aprovechadas por las diferentes expresiones de la derecha para avanzar discursivamente. A partir de esto, se crean los individuos que son receptores de derechos lo que conlleva a la construcción de una otredad y su posterior exclusión de la garantía de derechos y libertades. Esta división social, que se hace manifiesta en un hecho como la construcción de la mega cárcel en El Salvador, ha permitido la violación de derechos humanos de poblaciones que no se ajustan a la idea del ciudadano “honesto” y “de bien” susceptible de tener derechos. (El Tiempo, 2022).

La piedra angular de la propuesta de gobierno de Bukele es el discurso de la seguridad. A partir de un problema que afecta la cotidianidad de las personas, ha logrado consolidar un discurso que antepone su vision de la seguridad netamente policiva al ejercicio de los derechos humanos de un sector de la población. Este discurso va acompañado de acciones autoritarias que tienen lugar cuando se expresan lugares de resistencia, tal como sucedió en 2020 cuando Bukele irrumpió en el Congreso y pretendió disolverlo al no encontrar apoyos para su plan de gobierno (Guzmán; Rauda y Alvarado, 2020), declarando Estado de Excepción que significa un aumento de las atribuciones del poder ejecutivo.

Los discursos de exclusión que parten de la construcción de una otredad han sido utilizados históricamente por gobiernos de derecha con tendencias fascistas. Esta tendencia se expresó en el discurso de la derecha radical que está tomando fuerza en varios países. Estos sectores políticos han creado un enemigo frente al cual el país debería tomar medidas autoritarias y de carácter nacionalista, pues ven con desconfianza el sistema internacional y los actores hegemónicos allí instaurados. A partir de estas estrategias, las derechas de la región se están aprovechando de la decepción de los gobiernos progresistas que la misma derecha corporativista motivó. Así pues, bajo una narrativa que motiva a pensar una situación de crisis profunda que están teniendo los países con gobiernos progresistas, la derecha se vende como la única solución a los problemas que ellos mismos provocaron.

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* Entrega 2/3 – El texto completo y en acceso abierto lo encontrarán en el Volúmen 15N2 de la Revista Kavilando: https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/issue/archive 

**Arte digital: Elizabeth Peláez Zapata

***Autores – Autoras:

Alfonso Insuasty Rodríguez Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín. Orcid: 0000-0003-2880-1371 Contacto: alfonso.insuasty@gmail.com

Eulalia Borja, Investigadora Grupo Kavilando. Orcid: 0000-0002-5513-4896 contacto: eulalia.borjab@gmail.com

Yani Vallejo Duque, Abogado, defensor Público, investigador Grupo Kavilando. Orcid: 0000.0003.0225.5528 Contacto: yaniw6@gmail.com

Luis Alfredo Burbano Narváez, Ingeniero Forestal. Maestrando en Desarrollo Territorial América Latina y el Caribe, Unesp-Vía Campesina. Investigador CedINS. Orcid: 0000-0001-9662-2872 Contacto: albur@redcolombia.org

Santiago Salinas Miranda, Abogado Universidad de Antioquia, Magister en investigación criminal, Investigador CedINS. Orcid: 0000-0002-1886-0215 Contacto: S.salinasmiranda@gmail.com

David Felipe Céspedes Rodríguez Centro de Investigación y Análisis de Medios (CIAM), Investigador ORCID: 0000-0001-5880-4990 Contacto: dfelipecr@gmail.com / dafcespedesro@unal.edu.co

Publicado originalmente en Kavilando