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El pulso no ha terminado
Elementos para el análisis de la coyuntura nacional
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución al pueblo de Venezuela
Aporrea
¿Por qué Tareck El Aissami no está imputado y preso como el resto de sus operadores inmediatos que sí lo están?
Aunque nada más se ha dicho de los más de 20.000 millones de dólares en facturas petroleras que se habrían dejado de cobrar, ¿dónde están los 3000 millones de $ de los que habló el presidente Maduro el 20 de marzo pasado, cuando salió a la luz la Operación Especial Anticorrupción “Caiga quien caiga”?
¿Tras el intento de asalto al PCV, la inhabilitación de la Comisión Nacional de Primarias? ¿Qué es una raya más para un tigre?
La reciente condena a 16 años de prisión por parte del Tribunal Especial Segundo de Terrorismo a los dirigentes sindicales: Alcides Bracho, Gabriel Flores, Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor Astudillo, y Orlando Meléndez, cuyo único delito ha sido el de defender los derechos humanos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la instrumentalización de la justicia contra las luchas del pueblo.
La agresión racista contra el pueblo Yukpa; la ola represiva contra los trabajadores de SIDOR y la prisión de sus líderes por la DGCIM ¿son manifestación de fortaleza o debilidad por parte del gobierno del presidente Maduro?
Como expresión de la creciente alianza del gobierno del presidente Maduro con los sectores más extremistas de las iglesias evangélicas, cuerpos policiales perpetraron una agresión homofóbica contra treinta y tres ciudadanos en Valencia, que echa por tierra todos los avances de la lucha por el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual de las que el gobierno Bolivariano había sido promotor y defensor.
Vamos a intentar un análisis que se comprometa con sus conclusiones. Que no sea solamente para ver y considerar lo infinitamente perverso que puede ser este gobierno en su agonía por preservarse, sino para avanzar ideas y propuestas en orden a determinar qué es lo que nos corresponde hacer a nosotras y nosotros, como ciudadanía, para enfrentarlo.
Entre la amenaza a las primarias de un sector de la oposición, las candidaturas a éstas, el asalto al PCV, sus locales y símbolos, pero sobre todo su tarjeta electoral, la prometida para septiembre recomposición del CNE y demás componentes de la vida nacional como lo son el incendio laboral en Guayana con el consiguiente saldo de líderes sindicales presos por la DGCIM, la pérdida de cosechas por falta de combustible para sacarlas a los mercados, la mortandad de mineros por el hundimiento de minas en El Callao y otras zonas del mal llamado Arco Minero del Orinoco, la brutal y racista agresión contra el pueblo Yukpa recientemente ocurrida en la cabecera occidental del Puente sobre el Lago de Maracaibo a manos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, la degradación espantosa del Lago de Maracaibo como consecuencia de constantes derrames petroleros aliados a algas cianofitas, conocidas como verdín, que al depositarse en las orillas producen un insoportable hedor, entre otras incidencias; destaca, por su intensidad, la confrontación de fuerzas que se evidencia en el que llamaremos Bloque del Poder (PSUV/Gobierno) y se constituye como un potente eje de análisis para el presente momento. Precisamente por estar enterrado, invisibilizado, enmudecido. Como pretendiendo que nadie mida el tamaño de esa procesión que va por dentro.
El pulso de poder entre el presidente Nicolás Maduro y el recientemente renunciante a la vicepresidencia para el Área Económica y al Ministerio de Energía y Petróleo, Tareck El Aissami, está en pleno desarrollo y, sin avanzar pronósticos, lo que es obvio es que Tareck El Aissami no lo ha perdido. Y que, por el contrario, ha tenido el poder necesario y suficiente para detener y reducir al silencio a la Operación Especial Anticorrupción “Caiga quien caiga”, personalmente dirigida por el presidente Maduro, como él mismo lo repitió en varias oportunidades.
Para utilizar palabras polémicas, la “narrativa” de la calle dice que los cuarenta ladrones están presos mientras Alí Babá se relaja en el spa. Que la bomba de informaciones que Tareck El Aissami debe tener dispuesta y lista para ser usada en caso de verse afectado, es de tal magnitud que se da el lujo de restregarnos, más que su impunidad, su intangibilidad. No lo pueden tocar.
Todo parece indicar que al gobierno del presidente Maduro no le faltaran ganas de poner a Tareck El Aissami tras las rejas, pero en los hechos no puede. Esa tensión irresuelta tiene trancado al país.
Podemos y debemos hacer toda la política relativa a las Elecciones que consideremos pertinente. Lo que no podemos es ignorar que la presión del pulso entre el presidente Maduro y el ex vicepresidente para el Área Económica y ex ministro de Energía y Petróleo, Tareck El Aissami, puede renegociarse y resolverse (lo que no parece probable), o puede estallar, generando cambios dramáticos en el escenario político inmediato que a nadie pueden sorprender desprevenidos, pues están a la vista, aunque ahora pretendan silenciarse y esconderse.
En el medio de esa confrontación entre Nicolás Maduro y Tareck El Aissami están, en destino incierto, al menos tres mil millones de dólares de todo el pueblo venezolano. Que nadie nos diga que ese es el pico, el sencillito de lo que se robaron, ya lo sabemos. Solo que esa es la cifra que el presidente Maduro dio el 20 de marzo pasado, cuando la Operación “Caiga quien caiga” empezó con la detención del vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, Coronel Antonio Pérez Suárez, y el Jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Joselit Ramírez, entre otros altos funcionarios. La mención a los dos primeros se debe a que la aparición de los tres mil millones de dólares se presumía fácil pues, supuestamente, el primero era el que ordenaba abrir válvulas para llenar los tanqueros, y el segundo era el que recibía las divisas desde el Ciberespacio. Estando los dos privados de libertad y sometidos a interrogatorios, debería haber tomado poco tiempo la recuperación de esos tres millardos de dólares. El gobierno del presidente Maduro podría exhibir el hecho de la recuperación como un gran trofeo, pero no ha ocurrido así.
De los tres mil millones de dólares de los que el presidente Maduro habló el 20 de marzo no hay la menor noticia. Por no haber, no hay la más mínima vergüenza por el silencio espeso que pesa, valga la cacofonía, sobre la situación. Ni siquiera algo tan significativo como la muerte del Petro, la criptomoneda del gobierno del presidente Maduro, como consecuencia de los múltiples criptodesfalcos, logró que se rompiera el silencio en los medios de comunicación social. Para culminar la reflexión sobre el estado de la Operación Especial Anticorrupción “Caiga quien caiga” es obligatorio decir que se cumplieron tres meses desde que el 20 de abril pasado, el Fiscal General de la República ordenara a los Fiscales Nacionales 50 y 67, así como como a la Unidad de Criminalística del Ministerio Público y el CICPC las investigaciones de lo que él llamó “…lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión…” y no lamentable presunto suicidio, como debió decir si hubiese sido respetuoso del curso de las investigaciones que él mismo estaba ordenando. A más de cien días de los hechos no hay imputación alguna de la Fiscalía General de la República contra algún funcionario del SEBIN responsable de que no fuese posible que pasara el presunto suicidio de Leoner Azuaje Urrea. Una vez más, fue pisoteado el derecho del pueblo venezolano a una información veraz y oportuna. ¡Ojalá que existiera un Ministerio Público!
El acorazado de la Operación Especial Anticorrupción “Caiga quien caiga”, personalmente conducida por el presidente Maduro, parece haber encallado en la escollera de información recabada, organizada y dispuesta por Tareck El Aissami. Ahora todo es silencio.
Esa confrontación de poderes fácticos, realmente existentes, el poder del presidente Maduro y el poder de Tareck El Aissami, ocurre en un país en ebullición de conflictos sociales de diversa índole como los antes mencionados. Se incendiaron los portones de SIDOR, Ferrominera, Alcasa y Venalum expulsando y repudiando la presencia del sindicalerismo oficialista de la CBST, y reivindicando dignificación del salario y condiciones de trabajo y vida. La respuesta represiva no se hizo esperar y los líderes sindicales de SIDOR Daniel Romero y Leonardo Azócar fueron privados de libertad por la DGCIM. La denuncia de productores de diversos rubros de alimentos, en el sentido de perder cosechas por falta de combustible para sacarlas a los mercados, también fue judicializada. La brutal agresión racista contra el pueblo Yukpa ocurrida recientemente en la cabecera occidental del Puente sobre el Lago de Maracaibo a manos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, que fue denunciada con vehemencia por los abogados Leonel José Galindo y Servio Antulio Zambrano, son las manifestaciones de un gobierno que sólo tiene a la represión como respuesta.
En este contexto de conflictividad, en el que las mediciones de opinión dan entre un 80 y un 85% de rechazo al gobierno del Presidente Maduro, éste se lanza un ataque frontal al próximo proceso electoral presidencial, pautado por la Constitución Nacional para el año 2024, iniciado con la remoción de los rectores del CNE y seguido, por una parte, con el intento de asalto al PCV, por otra, en el manejo político de las inhabilitaciones, como el caso de María Corina Machado, a quien por cierto adversamos por no compartir su posición política, que se suma a otros inhabilitados como Henrique Capriles y, finalmente, en la amenaza instalada en el TSJ de que se pueda producir una inhabilitación de la Comisión Nacional de Primarias. Estas agresiones puestas en marcha por el gobierno del presidente Maduro, tienen el irritante discurso, expresamente diseñado para producir abstención electoral, de hacer ver que se controla férreamente a los diferentes poderes del Estado desde el poder Ejecutivo. Si el gobierno del presidente Maduro, necesita eliminar la tarjeta del PCV, para que no se pueda manifestar con ella la numerosa oposición de izquierda que no está ni con Maduro ni con la oposición del G4, pues se meten unos mercenarios del PSUV y de Somos Venezuela, encabezados por el ministro de Comunas, Jorge Arreaza, y se van con cualquier demanda, que ya la Sala Electoral del TSJ está lista para emitir la sentencia pertinente al objetivo del asalto: la tarjeta del Gallo Rojo.
En otro departamento se tiene al servicio de inhabilitaciones-express que presta la Contraloría General de la República, en coordinación con el TSJ, especialmente expedidas para golpear candidaturas en ascenso, en forma oportunista.
Si en el 2016 se le arrebató a la oposición un referendo revocatorio que tenían ganado, con unos insignificantes tribunales fuera de toda jurisdicción, torpedear una Comisión Nacional de Primarias de un sector de la Oposición, para impedir que traten de pensar en ponerse de acuerdo, y garantizar así su división, es pan comido. ¡El poder es para usarlo! dirán en Miraflores, y ordenarán al TSJ que saque la sentencia inhabilitando a la Comisión Nacional de Primarias.
Ese discurso desmoralizador está intentando operar y debe ser desmontado para evidenciar el terror del gobierno de Maduro a las elecciones. La intuición que se consolida en su seno de que pretender instigar en la población una posición abstencionista, lo que tan buenos resultados le dio en años anteriores, esta vez no parece estar funcionando. Que la gente no ignora que hay maniobras sucias e ilegales, pero lo que hoy sabe es que las derrota con votos. En este sentido es pertinente advertir que podría haber provocaciones aún peores que las que se escenificaron en el estado Barinas, podrían intentar trácalas tan indignantes como, por poner un ejemplo, nombrar al diputado Pedro Carreño como presidente del CNE y a los otros cuatro rectores identificados con el gobierno, y aún tamaña agresión se derrotaría con votos, con participación masiva en la jornada electoral, pero lo que queda en evidencia es que, electoralmente, este gobierno que se refugia en la trampa que impone por la fuerza de la represión, ya no tiene el pueblo que tenía .
La ciudadanía que se corresponde con una situación tan delicada y a la vez tan retadora debe echar mano de su experiencia. El pasado 16 de enero ocurrió la mayor movilización de nuestra historia en la manifestación de los maestros por la dignificación de los salarios que se dio en ciudades, pueblos, aldeas y caseríos de todo el país. Todas y todos, en el sitio en el que vivimos, nos movilizamos y participamos. La fuerza estuvo en actuar y expresarse en cada lugar. Si tenemos la dignidad mínima de ponernos un botón, un lazo, un brazalete de luto, ante cualquier agresión del gobierno del presidente Maduro contra el proceso electoral, como quien manifiesta duelo por la agonía de la democracia en Venezuela, al gobierno no le saldría tan barato agredirnos y pisotear nuestros derechos. Le estaríamos diciendo que existen formas de votar, de manifestar voluntad, que el CNE no controla.
Emplazamos al presidente Nicolás Maduro y al Fiscal Tarek William Saab a que rindan cuenta sobre el estado de la “Operación caiga y quien caiga” y a que digan qué pasó con el cabecilla de la mafia de PDVSA, exministro Tareck El Aissami. El pueblo lo exige!!!
Más allá de las provocaciones del gobierno, los venezolanos tenemos un compromiso con la historia y las futuras generaciones de rescatar la democracia y la Constitución. No nos desviaremos de ese objetivo e insistiremos en transitar la ruta electoral y constitucional.
Ana Elisa Osorio Oly Millán Héctor Navarro Gustavo Márquez Roberto López Edgardo Lander Juan García Santiago Arconada
Caracas 3 de agosto, 2023