¿Primero los pueblos indígenas?

Cabe recordar que no estamos hablando de una iniciativa cualquiera, elaborada por tres o cuatro personas servidoras públicas en las oficinas de una secretaría de gobierno. Por el contrario, esta propuesta se construyó con una participación significativa de pueblos y comunidades en más de 50 foros de consulta y 64 asambleas regionales de seguimiento en todo el país, en los cuales se logró recabar, además, 630 mil firmas de representantes e integrantes de la población indígena y afromexicana.

Como resultado de esta construcción participativa, dotada de una gran legitimidad, salió una propuesta ambiciosa que busca rescatar del olvido los compromisos pendientes asumidos por el Estado Mexicano tras los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, producto del levantamiento zapatista de 1994. También se incorporan los contenidos más relevantes de los instrumentos internacionales en materia de pueblos indígenas.

La propuesta de reforma contempla una modificación de 16 artículos del texto constitucional. Entre los temas sobresalientes aparece el reconocimiento de los pueblos como “sujetos de derecho público”, lo que revierte la visión colonial de considerarles “entidades de interés público” necesitadas del tutelaje del Estado para poder validar o completar sus actos de autoridad, como si los pueblos y comunidades no tuviesen la capacidad jurídica suficiente. ¿Cuántos siglos más serán necesarios para que el Estado mexicano comprenda que los pueblos son sujetos colectivos en plenitud de facultades que han ejercido ancestralmente y siguen desarrollando sus formas propias de vida política, social y económica? Revertir esta condición de minoría de edad es una de sus demandas fundamentales y la reforma lo plantea.

Otro aspecto recogido, de suma importancia, son las garantías para el ejercicio de la libre determinación, a través del reconocimiento -cuando menos- de tres formas de autonomía indígena: comunitaria, municipal y regional. Lo que configuraría un “cuarto nivel de gobierno” (el indígena), adicional a los heredados de la colonia, por medio del cual las instancias representativas de los pueblos pueden ejercer el autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos y de seguridad propia, al mismo nivel que las estructuras de gobierno del Estado. De tal forma que se promueve una relación de coordinación en condiciones de igualdad y no de subordinación entre el Estado y los pueblos. Asimismo, se aseguran las partidas presupuestales para garantizar las diversas formas de autonomía indígena existentes.

Por último, cabe destacar el reconocimiento integral que se otorga al derecho al territorio a través de las distintas formas de propiedad y posesión colectiva de los pueblos y comunidades, lo cual les posibilita un mayor control territorial y mejores mecanismos para la defensa de sus territorios y bienes comunes. El cual es un tema medular en un contexto donde los pueblos indígenas continúan poniendo sus vidas para proteger sus territorios frente a la violencia desatada por la imposición de megaproyectos privados o públicos.

Sin embargo, ni el compromiso adoptado por este gobierno con los pueblos, autoridades indígenas y afromexicanas que participaron en los foros y asambleas de consulta, ni la urgente necesidad de transformar de fondo la relación aún colonial entre los pueblos y el Estado mexicano parecen razones suficientes para las instancias encargadas de enviar la iniciativa al Congreso. ¿Qué más argumentos necesitan Lenia Batres, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia; Luisa María Alcalde, Secretaría de Gobernación, y el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, para cumplir con su obligación? ¿Acaso los pueblos indígenas no eran los primeros?

Como exigió la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), “A poco más de un año de concluir su mandato, es indispensable que el Presidente López Obrador cumpla con su promesa de “primero los pueblos indígenas” y ordene la presentación al Poder Legislativo de la Reforma Constitucional. De no hacerlo, será una mancha imborrable de su sexenio que no hará más que profundizar la discriminación hacia los pueblos originarios”.

* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.