La Amazonía, como importante biorregión planetaria y territorio en el que habitan más de 30 millones de personas, muchos de estos pueblos indígenas, se encuentra en una situación muy crítica, que podría llevarla a un punto de inflexión ecológico que la cambiaría tal y como la conocemos, con consecuencias globales. Todo esto en un contexto internacional de crisis climática −‘ebullición global’ la llamó recientemente el Secretario General de ONU, Antonio Guterres−, crisis económica y disputa por recursos naturales que le da un gran significado a este bioma.

Es este y no otro, el contexto extraordinario y de urgencias en el que se realizó la IV Cumbre de Presidentes Amazónicos en Belem (Brasil), que arrojó varias discusiones y debates cerrados y públicos, y la llamada ‘Declaración de Belem’, un documento que ofrece 113 puntos con una serie de intenciones y orientaciones –‘Cero Deforestación’, estrategias de seguridad contra las economías ilícitas, economías para el “desarrollo sostenible”, gestión de recursos hídricos, ciencia e investigación para la biorregión, entre otros ámbitos−, pero que nos deja con un vacío sobre cómo se avanzará en este agenda y muchas dudas y sinsabores ante la falta de contundencia y algunas ambigüedades en sus propuestas.

Aunque hay mucha tela que cortar en torno al evento y la declaración de Belem, queremos destacar críticamente 3 aspectos de sus resultados.

1. La gran insensatez de “salvar la Amazonía” con más extractivismo

El primer asunto, más allá de las complejas negociaciones, lobbies y relaciones de fuerza que reconocemos están en juego, es que se ha terminado apostando por un marco de lineamientos profundamente contradictorio, en el que se pretende “salvar a la Amazonía” con el mismo modelo de crecimiento económico y de relacionamiento con la naturaleza que está llevando al colapso ecológico a esta biorregión. Se impone un planteamiento muy poco crítico con el extractivismo que tanto ha desgarrado a la Amazonía. Una clara evidencia de ello ha sido la posición favorable a los hidrocarburos, siendo esta fundamentalmente la postura liderada por el presidente brasilero Lula da Silva, quien además ha estado promoviendo la autorización a Petrobras para la prospección petrolífera en el delicado Foz do Amazonas –medida que ha encontrado contradicciones en su propio gobierno. La llamada “descarbonización” sería algo “para el futuro” (no se sabe cuándo ni cuál futuro sería). El documento de Belem, mientras reivindica una “economía sostenible”, en su punto 79 hace referencia a un diálogo para evaluar una minería y un sector hidrocarburos “sostenible”, algo que no existe en la realidad, ni se compagina con las medidas urgentes requeridas para enfrentar el cambio climático. Llama también la atención que los gobiernos de Brasil y Venezuela aprovecharon la Cumbre por la Amazonía para reunirse bilateralmente y “profundizar la cooperación gasífera” entre ellos.

Tampoco hay referencia crítica a la expansión de la frontera agrícola y el agronegocio, que ha tenido un rol muy destructivo en relación a la deforestación amazónica. La meta de “cero deforestación” no tiene sólo que ver con la erradicación de la tala ilegal, iniciativas forestales sostenibles o un correcto manejo de incendios, por mencionar agentes que potencian el problema, sino también debe implicar un cuestionamiento a dicho modelo del agronegocio (principalmente a la soja, ganadería, palma aceitera, caña para etanol, forestal de grandes proyectos, entre otros). En el documento se resalta la importancia de una adecuada gestión de los cruciales recursos hídricos amazónicos, pero no se comprende cómo pueda esta darse con más petróleo, minería y agronegocio.   

2. Advertencias sobre la “economía verde” o la crisis de la Amazonía como eco-negocio

El gobierno de Colombia ha planteado acertadamente la incoherencia de abordar la crisis amazónica y al mismo tiempo seguir ampliando la explotación de hidrocarburos, y como respuesta a ello, ha hecho énfasis en su apuesta por una economía verde para la descarbonización. Sin embargo, y a pesar de lo loable que pueda parecer la propuesta, también tiene numerosos elementos que necesitan ser problematizados. Las propuestas de economía verde, léase en general toda una corriente global que ha tomado fuerza en el siglo XXI que concibe nuevas asignaciones e inversiones de capital hacia ámbitos de la naturaleza como “solución” a la crisis ambiental, en realidad lo que va imponiendo es el enfoque de mercado en el marco de este tipo de propuestas, una lectura de la naturaleza y sus ciclos como “capital natural”, que más bien promueven formas de mercantilización y financiarización de los ecosistemas, la proliferación de negocios verdes favorables a grandes conglomerados económicos internacionales y el impulso a lo que realmente deben ser consideradas falsas soluciones. Existen evidencias y/o un amplio debate sobre los impactos negativos sociales, económicos y ambientales que han dejado los mercados de carbono –que el gobierno de Petro promueve−; la promoción de los agrocombustibles; los mecanismos REDD; o la reciente fiebre del hidrógeno verde; por mencionar ejemplos de estas formas de capitalismo verde, que nos revelan los límites y subterfugios de estas supuestas soluciones.

Además, si se ha reconocido en las propias discusiones de la cumbre que la Amazonía está en peligro de un colapso ecosistémico, tendría también que reconocerse que un giro a estas formas de economía verde no representa ningún cuestionamiento al modelo de sociedad que está en el trasfondo de esta grave crisis ecológica. No se trata sólo de un cambio tecnológico, de eficiencia –como lo muestra la paradoja de Jevons−, o incluso, no basta únicamente sustituir las fuentes de energía hacia más renovables sin tocar el metabolismo social del sistema global, que consume más y más materiales, agua y energía –por ejemplo ¿más automóviles, pero ahora eléctricos?− llevándonos a un potencial punto de no retorno.

3. Choque de cosmovisiones: desbalances de poder y saber que necesitan ser enfrentados

La cumbre parece dejar en claro su intención de posicionar la soberanía de los Estados de la OTCA ante el poder e intereses de las corporaciones transnacionales y gobiernos extranjeros. Es potencialmente una reedición de formas de soberanismo latinoamericano sobre los recursos naturales –probablemente con nuevos rasgos− y nos pone ante dos posibles bloques contrapuestos (aunque hay muchos más actores y grupos en contradicción). Pero la delicada situación amazónica tendrá que ser abordada más allá de la geopolítica, sobre todo tomando en cuenta la voz, prácticas y culturas de los pueblos que habitan la biorregión.

Es cierto que en el documento de Belem y en la propia cumbre se abrieron espacios de reconocimiento de los pueblos indígenas y la necesidad de establecer diálogos y participación con estos, refiriéndose incluso a enfoques de género. No obstante, por un lado, esto es fundamentalmente el resultado de sus luchas, movilizaciones y exigencias, reconociendo la necesidad de que estos espacios tomen en cuenta sus voces y demandas; y por el otro, el grueso de los pueblos indígenas y organizaciones sociales han manifestado su decepción, o en el mejor de los casos una gran incertidumbre, ante los resultados de la cumbre y al no ver dichas exigencias expresadas en ellos. Existe una gran necesidad de cooperación entre sectores políticos y sociales para enfrentar los cambios necesarios para la Amazonía, pero debemos reconocer que nos encontramos ante un choque de cosmovisiones sobre las formas de ser y estar en el planeta Tierra, sobre nuestra relación con la naturaleza y las posibles soluciones a la crisis. La Amazonía no ha sido un bioma inhabitado y conservado ‘naturalmente’; más bien es un enorme territorio donde numerosos pueblos han convivido por miles de años y encarnado culturas simbióticas que han potenciado la reproducción de la vida allí. La Amazonía es lo que ha sido también por los pueblos que la han habitado históricamente; se trata de culturas que en realidad tienen muchas de las respuestas y soluciones que hoy necesitamos para sanar la biorregión.  

Una salida a esta crisis necesita de la irrupción de los pueblos amazónicos que puedan enfrentar estos desbalances de poder, mucho más si tomamos en cuenta el contexto regional de expansión extractivista –Lula promete crecimiento sin fin para Brasil!−, corrupción y pragmatismo político –incluyendo a los gobiernos progresistas. Se trata de otra formación económica, otras gobernanzas, otra cosa diferente a este patrón dominante que necesitamos trascender. ¿Cómo se puede incrementar la incidencia de los pueblos amazónicos en estos procesos de cambio? ¿Qué otras soberanías territoriales podemos concebir más allá de la conformación de Fuerzas de Tarea Militar Conjunta, más allá del rol de funcionarios del Estado, o del rol de la ciencia? ¿Qué posición y relevancia se otorgará a los saberes ancestrales de los pueblos amazónicos?

Mención especial sobre Venezuela: afuera retórica ambientalista, adentro extractivismo predatorio

Es inevitable mencionar el brutal y escalofriante contraste que existe entre la retórica ambientalista del Gobierno venezolano en esta cumbre de Belem, y el régimen político y económico que se impone en el país. Régimen caracterizado por un extractivismo predatorio, sin miramiento ambiental alguno, que arrasa con la Amazonía en pro fundamentalmente de la apropiación ilícita de oro; al tiempo que establece una represión generalizada de la sociedad –con encarcelamiento de trabajadores, de personas por sus preferencias sexuales, la intervención judicial del Partido Comunista o de la Cruz Roja de Venezuela, cuestiones estas que han ocurrido justo en los tiempos en que se prepara y celebra esta cumbre amazónica.

Al evento no asistió Nicolás Maduro, sino la Vicepresidente (VP) Delcy Rodríguez, buscando fundamentalmente continuar con el proceso de reinserción internacional y reconstrucción de legitimidad política, aprovechando la coyuntura de apoyo regional de los gobiernos de Lula y Petro –el primero había afirmado semanas atrás que lo que se dice del gobierno de Venezuela es sólo una “narrativa construida”− y el momento de relanzamiento de las relaciones energéticas internacionales de Venezuela desde la guerra en Ucrania –petróleo con Chevron/EEUU y gas con la Unión Europea−; e intentando poder acceder a los prometidos fondos climáticos, cruciales para las arcas del Estado venezolano. En este contexto la VP presentó 9 ejes de acción para la Amazonía de los cuales conviene hacer unos puntuales comentarios que ayuden a contrastar la retórica de la cruda realidad:

1. Sobre la propuesta de “Declarar emergencia de la Amazonía”, planteada como un 1er eje, si se toma en serio el llamado de atención de la grave crisis de este bioma que la propia VP planteara en su intervención, lo primero que tendría que hacerse es la suspensión del proyecto Arco Minero del Orinoco, siendo la minería el factor que mayor devastación está generando en la biorregión en Venezuela, con el posterior planteamiento de un nuevo plan de recuperación integral de emergencia de la Amazonía. Sólo así tiene sentido una declaratoria de este tipo.
2. Se mencionó la necesidad de eliminación del uso de metales pesados en actividades mineras (eje 4), pero se olvidó recordar que desde agosto de 2016 vía Decreto 2.412 se prohibió el uso, almacenamiento y transporte de mercurio para la minería de oro, algo que sencillamente no se ha respetado ni cumplido pues casi toda la minería que se está ejecutando en la Amazonía venezolana es con el uso de este metal y las autoridades no han hecho prácticamente nada para eliminarla.
3. En esta misma línea se mencionó la necesidad de erradicación de la minería ilegal (eje 5), pero si tomamos los 10 años del Gobierno de Maduro esta extracción ilícita no ha hecho sino crecer dramáticamente en toda la biorregión, junto con la denuncia de comunidades indígenas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que han señalado la complicidad de fuerzas militares en esta expansión. Recientemente han existido operativos en el Parque Nacional Yapacana (Amazonas) que han generado desplazamiento de mineros de la zona, pero se desconoce la sostenibilidad de estas últimas acciones, dado que en años anteriores operaciones de este tipo tuvieron mínimos impactos contra la actividad. En este sentido, la VP se refirió a la formación de una Gran Fuerza de Tarea Ambiental de la OTCA (parte del eje 1), que incluiría fuerzas militares conjuntas, pero valdría la pena observar los procesos de militarización de la Amazonía venezolana contra la minería ilegal, que muy pocos resultados han dejado y más bien la han potenciado. Difícilmente se pueden combatir las economías ilícitas sino se combate al mismo tiempo la corrupción gubernamental en el país.
4. Ya hemos dicho en la sección anterior que no existe minería sustentable, y mucho menos para la Amazonía, que requiere ampliar la protección de sus ecosistemas con urgencia. Poco ayuda una propuesta como la del eje 5 que plantea una supuesta sustitución de la minería ilegal “por prácticas mineras responsables”, como si la minería fuese además un imperativo para la biorregión. De hecho la Amazonía venezolana ofrece grandes posibilidades para el despliegue de propuestas eco-turísticas y agriculturas sostenibles locales que sumarían considerablemente a su recuperación ecológica, ofreciendo simultáneamente fortaleza a otras formas de economía. Pero el gobierno venezolano lo que ha impuesto es una minería que no realiza estudios de impacto ambiental ni consultas previas libre e informadas con comunidades indígenas, ni respeta normativas ambientales. De hecho, se vienen impulsando una serie de reformas de liberalización económica extrema en el país que lesionan extraordinariamente las ya vulneradas regulaciones ambientales existentes, en favor de las inversiones extranjeras. Entonces, ¿cómo se supone que se impulsaría un “Plan de desarrollo sostenible ecológico y soberano”, como se propone en el eje 8? ¿Cómo se lograría llegar a la Deforestación 0 (eje 2)? ¿Dónde están los resultados de las propuestas de reforestación (eje 3) en Venezuela, por ejemplo, en los últimos 20 años?
5. Si revisamos la dramática situación de los parques nacionales, monumentos naturales, reservas de biosfera y zonas protectoras de la Amazonía venezolana, devastadas y dejadas a su suerte por parte del gobierno nacional, ¿cómo podrían implementarse las Zonas de Protección?
6. Finalmente, preocupa sobremanera la situación de la investigación científica y académica en el país, muy afectada por la crisis y el abandono gubernamental, y asediada en su independencia –podemos recordar la destitución por motivos políticos de Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada y Edgardo Lander del Consejo Rectoral de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. ¿Cómo se conformaría ese Centro de Investigación Amazónica (eje 6) y el Consejo Científico Amazónico? ¿Quiénes lograrían componerlo, con qué autonomía de pensamiento e investigación se establecería?

Digámoslo en términos coloquiales: ¿cómo se come todo esto planteado por el gobierno venezolano en la cumbre de Belem en este contexto de régimen predatorio en el país?

Alternativas para la Amazonía venezolana

Técnicamente hablando sí hay alternativas para la Amazonía venezolana; lo fundamental es una ciudadanía movilizada y la voluntad política de los sectores dirigentes que comprenda la particular situación regional y global en la que estamos, y que estén a la altura de las circunstancias.

• Lo primero, inevitablemente necesitamos resolver el conflicto político en el país y recuperar unos marcos mínimos de respeto por los derechos humanos y la naturaleza, los canales institucionales y la convivencia política. Esto es un elemento crucial para poder sacar a la Amazonía venezolana del abismo en el que se encuentra.
• Es fundamental que se completen los procesos de demarcación y titulación de tierras indígenas, como lo indica la Constitución nacional, fortaleciendo las herramientas de gestión territorial de las comunidades originarias, que mucho tienen que aportar en el manejo y regeneración de los ecosistemas amazónicos.
• El surgimiento de las guardias indígenas, como formas de vigilancia y monitoreo territorial (no armado) ante el auge de grupos armados irregulares, debería ser fortalecido y apoyado, proponiendo estrategias conjuntas contra la minería ilegal que no apelen sólo a la militarización de los territorios.
• Los regímenes de co-administración de territorios indígenas y parques nacionales también deberían ser ampliados como una propuesta que mejora considerablemente la gestión de los ecosistemas.
• Aprobación del acuerdo de Escazú, que podría añadir elementos normativos para la protección de defensores ambientales en el país; así como garantizar otros mecanismos efectivos de protección para estos protectores de la Amazonía, de conformidad con los acuerdos internacionales y la legislación nacional.
• Orientar las políticas de la muy mencionada ‘recuperación económica y del país’ al crecimiento y fortalecimiento de economías locales indígenas (agrícolas, forestales comunitarias, etc) y las diversas potencialidades eco-turísticas propias de la Amazonía venezolana. Estrategias de cuidado del bosque, restauración ecológica, reforestación y revegetación también deberían ser apoyadas, mucho más para ofrecer alternativas económicas a los miles de mineros que existen en la biorregión.
• En el marco de una declaración de emergencia amazónica, suspender inmediatamente el Proyecto Arco Minero del Orinoco y enlazarlo con la mencionada propuesta de recuperación del país, con enfoque socio-ecológico.
• Es fundamental que se pueda ampliar el debate sobre la Amazonía y sus alternativas en los sectores político-partidistas y de candidatos a puestos de gobierno, para que se puedan posicionar con más fuerza estos temas y puedan surgir nuevas políticas y lineamientos favorables.
• Finalmente el modelo de desarrollo imperante debe ser debatido y examinado: no hay alternativa para la Amazonía con más minería.