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Arnaldo Pérez Guerra
Santiago
El Senado aprobó “parcialmente” el indulto para los presos políticos. ¿Por qué decimos parcialmente?, porque lo que se aprobó no es el Proyecto original. El aspecto más importante, y que era el alma del proyecto, un indulto para la Ley Antiterrorista, deberá seguir esperando una “nueva oportunidad”.
Este martes 10 de Agosto, por 26 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, el Senado aprobó y despachó el Proyecto de Ley de Indulto -en tercer trámite- que deja fuera a los procesados y condenados por la Ley Antiterrorista. Sólo se podrán acoger al beneficio los presos que lleven 10 años en prisión ininterrumpida, que redacten una carta de renuncia a la violencia como método de acción política, y que hayan sido condenados por la Ley de Control de Armas y Explosivos, Código Penal, Código de Justicia Militar y Ley de Seguridad Interior del Estado. Además, sólo por delitos ocurridos entre el 1º de enero de 1989 y 1º de enero de 1998. Eso, lamentablemente, excluye a la mayoría.
Según los familiares, el grueso de los presos y las escasas organizaciones que ha luchado por su libertad, se trata de un sustantivo “avance” que puede abrir la puerta a la libertad de todos los presos políticos. Hace cuatro o cinco años se veía bastante “improbable” la libertad de muchos de ellos, o de alguna “solución política” que permitiera su liberación.
Ese es el punto. Si bien, la mayoría manifiesta legítimamente su alegría por “lo alcanzado”, no es absurdo preguntarse si lo alcanzado tendrá un costo y cuál deberá ser el “pago a cambio”. La libertad de los presos no es fruto de que la Concertación se haya “sensibilizado” o aceptado su “error” al exterminar como lo hizo a la subversión post ‘90.
La Ley de Indulto liberará a aproximadamente 11 presos políticos, algunos de los cuales ya gozan de beneficios. Aún el propio abogado Alberto Espinoza señala que todavía no está claro a quién beneficia. Otro número de presos políticos que ya se encuentra en libertad, podrá acogerse. Sin embargo, el grueso de los compañeros que permanecen en los penales de Antofagasta, Colina, Cárcel de Alta Seguridad (CAS), Hospital Penitenciario y Concepción, deberá seguir esperando un “consenso más amplio” que incluya la Ley Antiterrorista o, eventualmente, que se apruebe la iniciativa del senador Espina (Renovación Nacional) para “retipificar los delitos terroristas” y volver a condenar a los presos políticos a penas que permitan la libertad de un número importante que posee abultadas condenas por la Ley Antiterrorista.
Los compañeros beneficiados con la aprobación del Proyecto debieran ser los que nuestra página “Libertad” (www.libertad.dm.cl) detalla en el archivo: http://www.libertad.dm.cl/cuadro_presospoliticos.doc . De esta forma, serían beneficiados en un plazo que no debería exceder los tres meses los compañeros: Abraham Larrea Zamorano, Marcelo Gaete Mancilla, Pedro Rosas Aravena, Ramón Escobar Díaz, Danilo Macaya Cocio, Eric Maichín Neipán, Julio Peña Parada, Reinaldo Cortés Valenzuela, Jorge Espínola Robles, Jorge Mateluna Rojas y Guillermo Ossandón Cañas. De ellos, tres se encuentran actualmente con el beneficio de “libertad diaria”, y a otro se le ha dicho que saldrá el 22 de Agosto con “libertad dominical”.
Otro número similar de presos -Álvaro González Olivares, Jaime Celis Adasme, Carlos Silva Duncan, Luis Fuentes Santibáñez, Oriana Alcayaga Zepeda, Carlos Plaza Villarroel, Patricio Gallardo Trujillo, Víctor González González, Julio Prado Bravo, Jaime Pinto Agloni y Bernardo Acevedo Lagos-, deberán esperar un “consenso más amplio” o una “interpretación” de la Ley recién aprobada, o una “solución combinada” que indulte los procesos que no son “terroristas”, más “beneficios carcelarios” en los casos que corresponda. De este grupo, cuatro ya gozan de la “libertad diaria”. Los demás, enfrentan condenas altas que en la mayoría de los casos les impedirían acceder a posibles beneficios carcelarios, pero no a ser indultados en los procesos que no son caratulados como “terroristas”.
El tercer grupo es el más complicado. Pablo Vargas López, Hardy Peña Trujillo, Fedor Sánchez Piderit y Claudio Melgarejo Chávez, enfrentan condenas “perpetuas terroristas” y no pueden ser indultados por el Presidente de la República ni objeto de “beneficios carcelarios” o de “soluciones combinadas”. Incluso, puede que una “retipificación” de sus condenas eventualmente no los beneficie. Para ellos, sólo es posible la libertad después de un “acuerdo amplio” que haga indultable la Ley Antiterrorista. La derecha no ha dado ese paso pues intenta incluir mayores beneficios para los militares procesados y/o condenados por violaciones a los derechos humanos. Ese consenso amplio, sin embargo, está a punto de alcanzarse y todos los actores políticos: Partidos de gobierno y oposición, Iglesia, militares y empresarios están empeñados en él.
Otro casos como el de Ramiro Silva Vial, Eduardo Asenjo González, Tito Medel Vega, René Salfate Osorio, Elizabeth Núñez Duarte, Marcela Briones Armijo, Esteban Burgos Torrealba, Mauricio Hernández Norambuena, no caben en ningún aspecto anterior y son casos particulares a resolver “uno a uno”. De ellos, al menos Silva Vial y Asenjo González, que se encuentran en prisión, podrían ser liberados prontamente por eventuales resoluciones judiciales que los podrían favorecer. Otros podrían ser indultados por el Presidente Lagos, o esperar algunos años para acogerse a la Ley, si es que esa posibilidad es establecida como factible.
Existen bastantes dudas en familiares y amigos sobre los alcances de lo aprobado: ¿Hay algún plazo especial para acogerse a esta Ley?, ¿qué ocurrirá en caso que las personas que poseen condenas por Ley Antiterrorista no puedan ser indultadas por sus delitos “no terroristas”?, ¿existirá un plazo para que los tribunales “retipifiquen” las condenas en caso de aprobarse esa iniciativa?, ¿si una “solución combinada” no es aceptada o viable, qué otros caminos se explorarán?, ¿el Presidente de la República indultará a aquellos presos políticos que queden fuera de esta Ley, especialmente a quienes aún se encuentran cumpliendo condenas por procesos de la dictadura militar?
Es lamentable que las organizaciones que apoyan a los presos, muchos de sus familiares y los propios presos “canten victorias” antes de tiempo. Los presos y su entorno han sufrido por estos largos 14 años la indiferencia de la izquierda y las organizaciones sociales. Por supuesto que los propios presos también son responsables de esa distancia. Muchas batallas se han librado a lo largo de esta interminable “transición a la democracia”, batallas amargas la mayoría de ellas. Esta pequeña libertad de un puñado de compañeros no es fruto de “enormes luchas” o una “tremenda victoria”, ni de la “presión” o las mínimas manifestaciones o huelgas de hambre. Esta libertad acerca aún más el “triste desenlace” de la “violencia política”, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad en Chile. Los presos y sus familiares, obviamente, no son responsables de que el poder los ocupe para sus propios fines como corderos camino al matadero.
Lagos no necesitaba aprobar esta Ley para indultar a quienes serán favorecidos por esta “Ley corta o parcial” de indulto. No quiso asumir solo el costo político que habría significado indultar -uno a uno- a la mayoría de los presos políticos. Su “gesto” no fue más que un “saludo a la bandera”. Lagos indultó a Dante Ramírez Soto, quien ya se encontraba libre esperando un papel para acceder a la “libertad condicional” que le habían ofrecido hacía meses. Era el caso más “fácil”, el más obvio. La “ley parcial” no era necesaria para demostrar la voluntad política de terminar con la prisión. Sí era necesaria para instalar la “solución final”. El siguiente paso del gobierno y la derecha, sin duda, será homologar los “secuestros permanentes” con la “Ley Antiterrorista”, dos enquistadas espinas que les impiden la “total pacificación” de Chile a la que apuntan los actores del poder.
La aprobación de la Ley de Indulto no es el resultado del “sacrificio” de los presos y sus familias. Al contrario, ese “sacrificio” ha sido muy bien aprovechado por la clase política para sus oscuros e inmorales fines, entre ellos la impunidad, el “dar vuelta la hoja”, el “mirar hacia el futuro”, “el dejar atrás los odios y lo que nos divide”. El oportunismo y la demagogia de los partidos políticos, incluyendo a la izquierda tradicional chilena, da simplemente asco. Y se ha evidenciado con mayor luz en los últimos tres meses. No olvidemos que los socialistas (PS) fueron los que ayudaron a “desarticular” y encarcelar a los actuales presos políticos. La Democracia Cristiana (DC) era la que pedía el “exterminio de los subversivos”. Y el Partido Comunista (PC) y sus “aliados” eran los que hablaban de “los infiltrados de la CNI” para deslegitimar totalmente la lucha -equivocada o no-, librada por grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), MAPU-Lautaro, Movimiento de Izquierda Revolucionaria Ejército Guerrillero de los Pobres - Patria Libre (MIR EGP-PL), y otros grupos menores desgajados de éstos, que no aceptaron el sistema impuesto y administrado por la Concertación, ni el modelo económico y electoral binominal.
Hoy la izquierda tradicional rasga vestiduras, “visita” a los presos y “anuncia” su participación en las movilizaciones sin asistir. Sin embargo, muy pocas personas honestas se han acercado a la prisión y familiares, o los han apoyado desinteresadamente en sus manifestaciones y éxodos en estos 14 años. El PS y la DC hablan de “reconciliación”, de “gestos” y de “tiempo suficiente”, sin reconocer para nada su participación en el “exterminio” de la subversión y en la implementación de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Además, el propio gobierno que pareciera tan “acongojado” por los presos políticos es el que ordena a sangre y fuego la brutal represión al pueblo mapuche y a sus organizaciones, y el que sigue solicitando a los tribunales aplicar la Ley Antiterrorista para los dirigentes de Wallmapu.
La historia no ha dicho aún su última palabra.
