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ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
GUATEMALA: PAIS QUE SE RESISTE A SALIR DE SU OSCURO PASADO.
Septiembre del 2004.
Con sus mas de 11 millones de habitantes, mas del 60% de ellos indígenas, Guatemala compite en pleno siglo XXI en el récord de países mas pobres del mundo, solo dos países más nos superan en niveles de desigualdad entre los que más tienen y los que no tienen nada. Tenemos el récord mundial en corrupción, mas de 102 municipios que anteriormente eran muy pobres, hoy pasaron a categoría de municipios con “Hambruna”.
En 1996, fueron firmados Acuerdos de Paz entre la Guerrilla guatemalteca y el Gobierno de Guatemala, que, en el papel, sentaban las bases para la construcción de un Estado democrático e incluyente. Estos acuerdos dieron fin a un conflicto armado que databa de mas de 36 años y cuyo origen radicó en precisamente la histórica desigualdad y opresión sufrida por esa mayoría de habitantes guatemaltecos.
Estos Acuerdos de Paz han sido trastocados en su aplicación por los ya tres gobiernos civiles que se han tenido posterior a su firma.
De su agenda sustantiva nada se ha cumplido, existe un andamiaje legal e institucional generado a partir de los Acuerdos, que a la actualidad espera a ser aplicado con justicia y con su espíritu original, ya que, mas bien, el tema de Acuerdos de paz ha sido manoseado de tal forma, que los impulsores nacionales e internacionales de la Agenda neoliberal en el país, han sustituido la agenda de “Estado Fuerte” que proponían los Acuerdos, por la agenda de “liberalización económica” imperante. Con el agravante que, vía el discurso de aplicación de “Acuerdos de Paz” se ha impulsado toda la agenda de continuidad del modelo de ajuste estructural, la reducción del Estado y las privatizaciones.
Así las cosas, el gobierno de Guatemala arriba hoy a sus 8 meses de gestión, caracterizada fundamentalmente por el vendaval de promesas a sus inicios (primeros dos meses), posteriormente a la fase de argumentación de falta de cumplimiento de esas promesas y a la vez endilgarle “toda” la responsabilidad de su inactividad al gobierno anterior (segundos dos meses), luego la fase de crear burbujas propagandísticas alrededor del encarcelamiento de unos cuantos cuadros altos del gobierno anterior, los ataques en momentos estratégicos principalmente vía el factor mediático a los sectores de oposición y el impulso de una reforma fiscal que incluye nuevos impuestos que pretendían castigar a los mas pobres del país(aumentar el IVA y castigo a prestaciones laborales), para sustituir la deuda que tienen al fisco (mas de Q8,000 millones de quetzales) los sectores mas poderosos de la producción guatemalteca (terceros dos meses).
La mas reciente fase ha sido presentar sendas “estrategias” de corto plazo como la reactivación económica, basada en su lemas propagandísticos “Guatemala crece”, “Guatemala Solidaria”, “Guatemala Competitiva”. Combinado con la implementación de una serie de medidas que priorizan la represión y la criminalización de otros sectores no afines.
En otras palabras, ante una acumulación de problemas estructurales a resolver en el país, la respuesta ha sido un paquete de medidas cortoplacistas que con buena propaganda, aliados estratégicos en el sector de comunicaciones del país y con el poder que da el dinero, se puedan implementar y permitan hacer gobernable el periodo 2004-2007, mientras se prepara la siguiente maquinaria electoral para vender un nuevo “producto” al pueblo elector en el siguiente periodo.
Cuando recién terminaron las elecciones publicamos el análisis “LO QUE NOS ESCONDIERON LAS ELECCIONES” en el cual, dábamos algunas proyecciones de lo que sería el actual gobierno. Estas proyecciones se están corroborando en estos primeros ocho meses; entre ellas están las siguientes:
a) Gabinete de gobierno conformado por personas mas vinculadas al sector empresarial oligárquico del país.
b) Dos o tres miembros del gabinete provenientes de organizaciones de carácter “social” en los temas de derechos humanos y la Secretaría de la Paz..
c) Cúmulo de promesas a los votantes y promesa de pago a los Ex pac.
d) Congreso de la República conformado por bancadas diversas sin aplanadora.
e) Condiciones más proactivas del nuevo gobierno para la aprobación e impulso de la agenda neoliberal y de liberalización comercial.
A ocho meses de ese periodo, haciendo un preliminar balance, podemos constatar que nuestras apreciaciones iban por ese camino, aún mas, podemos lanzar a la ciudadanía nuestra preocupación y repudio porque efectivamente, mientras se prometía gobernar para toda la nación, se está avanzando en la implementación de una agenda favorable solo a las familias mas poderosas del país. O sea, más de lo mismo a lo que nos han tenido acostumbrados anteriores gobiernos.
Conjugada esta estrategia de gobierno, con la visión de una cara humana y social para venderla al cuerpo diplomático y la opinión pública internacional y al mismo tiempo la aplicación de medidas represivas cual año 82 para el interior del país.
En ese momento( diciembre 2003) lanzamos también al gobierno de Guatemala diversos sectores sociales, las premisas que pudieran orientar un plan de gobierno de cuatro años:
a) La resolución de la problemática agraria de miles de campesinos pobres.
b) El avance de la agenda sustantiva de los acuerdos de paz.
c) La no ratificación del Tratado de Libre Comercio con EEUU y el impulso de una agenda de desarrollo nacional.
d) La transparencia en la toma de decisiones que comprometieran el futuro del país.
A esos planteamientos la respuesta del Gobierno ha sido nula. Muy hábilmente, se ha impulsado la agenda neoliberal, con un complicado engranaje de adorno que hace ver a la opinión pública una imagen de “inclusión” que conforme van los meses pasando se va borrando.
Podemos decir, que a partir del mes de junio (prematuramente para algunos, tardíamente para otros) el gobierno saca a relucir su verdadera cara.
Veamos ahora algunos aspectos donde ha mostrado esta faceta, y que ha generado respuestas de la población.
1. El problema agrario.
El gobierno asume el poder con un escenario de 68 fincas ocupadas por campesinos sin tierras en el país, con un fondo de tierras con magros recursos para dar respuesta a la demanda de tierra, y una institucionalidad agraria inexistente que sufre las consecuencias de la aplicación de las medidas de ajuste en el país y el asalto por parte de las transnacionales de la agricultura en todas sus dependencias aun existentes.
Existía también un rezago proveniente de años anteriores de la pérdida de 300,000 empleos en el campo a partir de la crisis del café.
El modelo productivo guatemalteco continúa en su carácter excluyente y expulsor social, lo demuestran las estadísticas:
• Por lo menos 7000 guatemaltecos cruzan mensualmente las fronteras del país hacia México y EEUU en búsqueda de mejores oportunidades.
• Durante el periodo 1979 a 1998, las familias campesinas trabajando tierras propias bajaron de un 61.4% a un 49%.
• La gente que arrendaba tierras subió en el mismo periodo de un 7.5% a un 17%.
• Las familias sin tierras cambiaron de un 22% a un 33% en ese mismo periodo.
• 4000 empleos se perdieron en el periodo 1996-2000 debido al cierre de entidades estatales ligadas al agro y a sus privatizaciones.
• El 3% de empresas agrícolas tienen el 64% de la superficie territorial en su propiedad.
• El 24% de propietarios de 2-5 manzanas de tierras tienen el 7% de la superficie territorial.
• El 54% de propietarios de menos de 2 manzanas tienen también el 7% de superficie territorial.
Así las cosas, coincide también que la inversión estatal a todos los niveles se concentra en las áreas urbanas y ladinas y excluye a las comunidades indígenas y rurales mas pobres.
El gobierno del presidente Oscar Berger se esforzó durante los primeros seis meses del año, por dar una cara amable, bonachona, en límites que rayaron hasta en lo ridículo en muchos casos, como en la negociación con los vendedores de los mercados durante el paro nacional del 8 de junio, etc. Sin embargo, la herencia oligarca, militarista, represiva, conservadora, evasora fiscal, exhibe sus peores expresiones cuando de resolver la problemática agraria se refiere.
El día 31 de agosto en horas de la madrugada, 1500 campesinos ocupantes de la Finca Nueva Linda, Champerico, Retalhuleu fueron brutalmente desalojados en lo que se ha catalogado como una verdadera masacre, donde murieron al menos 6 campesinos, 4 policías, 40 campesinos heridos y un numero igual de desaparecidos de los cuales se cree que un porcentaje esté enterrado en fosas comunes y hayan sido enterrados después de ser sometidos a ejecución extrajudicial, tal como sucedió con 2 de los 6 cadáveres campesinos identificados durante el desalojo.
Nueva Linda es propiedad de un finquero español, que con sus matones ha estado hostigando a los ocupantes, que reivindican, mediante la ocupación mencionada, que aparezca sano y salvo uno de sus compañeros, el campesino Carlos Reyes, secuestrado por matones que trabajan al servicio del finquero. Hace un año fue la denuncia de la desaparición del campesino mencionado, y los tribunales y el Ministerio Público no hacen nada por que avance la investigación de su paradero.
En lugar de responder con justicia, la reacción gubernamental, al mejor estilo de los años 80s, fue, mediante mecanismos de tierra arrasada, llegar e incendiar las humildes champas de las familias, disparar contra los agricultores, ejecutar extrajudicialmente a dos de ellos y posiblemente enterrar en fosas comunes a otros asesinados. Menuda respuesta a la demanda de tierra que tienen cerca de 4 millones de pequeños productores nacionales.
Esta acción es una virtual declaratoria de guerra del gobierno a los sectores campesinos. Después de que durante estos 6 meses maquilló su imagen como respetuoso de los derechos humanos, y de tener una visión de nación, ha salido a relucir el carácter de criminal que ha caracterizado a la oligarquía nacional durante la historia guatemalteca. Cambios sin cambios, diálogos sin soluciones, en fin, “dorarle la píldora” a pobres. La posición empresarial es lamentable a estas alturas del partido; después de ser acusada durante las movilizaciones de junio, de ser la mayor evasora fiscal del país, sale con un campo pagado el día 2 de septiembre donde menciona su voluntad por: “el respeto a la vida, la propiedad privada, la prevalencia de la ley, y el fortalecimiento del estado de derecho”
Son legítimos los siguientes cuestionamientos:
¿Qué estado de Derecho es este donde, los grandes evasores sí pueden andar libres por la calle, con presencia mediática y grandes influencias en el gobierno, y al mismo tiempo se criminaliza la necesidad de tierra de miles de campesinos pobres?
Un estudio realizado el año pasado por el mismo ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación informa que la política agraria del Estado solo beneficia a un 4% de los agricultores del país que son los excedentarios y exportadores, el restante 96% queda fuera de los beneficios de esas políticas.
¿Que respeto al estado de Derecho hay en un país donde en aras de la “aplicación de la justicia” se dispara a la cabeza a personas indefensas, se les golpea y patea ya muertas” tal como lo testimoniaran los periodistas también reprimidos el día del desalojo de Nueva Linda.
¿De qué respeto a la vida y a la propiedad privada estamos hablando, cuando en un país como Guatemala, los niños muertos por desnutrición superan con creces las muertes ocasionadas a niños por el conflicto armado interno, y cuando se le veda el derecho de acceso a la propiedad privada a 4 millones de pequeños productores campesinos.?
Definitivamente, el gobierno se está ganando con estas acciones su impopularidad, la reacción impredecible de miles de ciudadanos, y por supuesto, que las organizaciones populares, sociales, campesinas, ambientalistas y sindicales ejerzamos el derecho legítimo de resistencia y de desobediencia civil ante sus medidas.
En el caso de Nueva Linda, como en otros ocurridos en Verapaces e Izabal, el gobierno debe recordar la consigna de las organizaciones de personas víctimas de la represión: “EL COLOR DE LA SANGRE JAMAS SE OLVIDA”.
2. El vergonzoso papel de la Premio Nobel y del Comisionado Presidencial de los Derechos Humanos.
Es entendible (aunque no aceptable), que personas provenientes de las clases pudientes del país, respondan en su accionar político a los intereses de esos sectores que los llevaron al poder.
Sin embargo, en el caso de la Finca Nueva Linda, tal y como lo previmos a principios de año, la actitud de la Premio Nobel de la Paz Rigoberto Menchú y del comisionado Presidencial de Derechos Humanos Frank La Rue, ha sido el de simples “lavadores de cara” del régimen presidido por Berger. Pese a que provienen del sector popular, hoy sirven a un gobierno de la oligarquía. Muy contrario a su discurso de años recientes, ahora proceden a limpiar la cara de un gobierno represivo con sus declaraciones y actuaciones, vinculando sin mayor investigación de fondo, a los lideres campesinos con el “crimen organizado”.
Cabe mencionar, que el crimen organizado en Guatemala, no surge de las organizaciones campesinas, sino surge de las alianzas oscuras de poder entre los sectores oligarcas, los militares y últimamente de sus vínculos con el narcotráfico. No quieran ahora los gobernantes, responsabilizar de crimen organizado, a organizaciones campesinas a las que están reprimiendo, cuando han sido sus mismos antecesores recientes quienes han sido los fundadores de dichas estructuras paralelas de poder en el país.
Si aún Frank La Rue y Rigoberta Menchu, tienen algo de dignidad, debieran renunciar de ese gabinete de la muerte, antes de que su vinculación con el sector oligarca les provoque un enlodamiento histórico.
3. Dinero para los victimarios, represión para las víctimas.
Muchos campesinos del país han sido víctima de genocidio, represión y militarización durante el conflicto armado interno, muchos de ellos ahora no tienen otra opción que ocupar tierra para sobrevivir, la tierra es cuestión de sobrevivencia. Para ellos el gobierno ha destinado del presupuesto del país, el presupuesto de Seguridad, al aplicar contra ellos las medidas represivas de los desalojos.
Pero a los victimarios de campesinos durante el mismo periodo de conflicto armado interno, el gobierno los ha premiado con un pago en “reconocimiento a su labor de defensa de la soberanía del país y servicios a la patria”. Ahora resulta que para ser reconocido socialmente hay que tener en su haber crímenes no juzgados, haber asesinado a sangre fría, etc.
Con estas acciones, el gobierno no está contribuyendo hacia una transición a la democracia; está haciendo su propia transición hacia una fase nueva de conflictividad, azuzada por ellos mismos.
4. Más y más neoliberalismo, con fachada de desarrollo.
En otras latitudes del mundo, expertos reconocidos internacionalmente reconocen los fracasos del modelo neoliberal en su promesa de dar desarrollo a los más pobres. Las mismas instituciones financieras internacionales reconocen que se equivocaron al impulsar cual profecía ineludible las bondades del modelo neoliberal y las privatizaciones.
Sin embargo, en Guatemala, el gobierno insiste en este tipo de agenda, la neoliberal, a pesar de haber sido ya advertido por protestas de miles de personas, por los fracasos demostrados a nivel mundial, por los análisis de economistas sociales.
En lugar de lanzar la propuesta para el impulso de una agenda de desarrollo nacional tan demandada por los sectores sociales, el gobierno lanza una estrategia donde prioriza la entrega del patrimonio nacional a las grandes transnacionales vía las concesiones carreteras, de aeropuertos, puertos, parques, etc., abre nuestro país a la explotación minera pese a los efectos nocivos que esta ha provocado en Honduras y en otros países, se apresta a poner en marcha un Tratado de Libre Comercio con EEUU que a todas luces alterará las vidas de los mas pobres en un futuro cercano, en forma inconsulta con la ciudadanía guatemalteca, y su respuesta pírrica a las demandas estructurales es la agenda de competitividad “Guate Crece, Guate competitiva, Guate Solidaria”.
Estas medidas neoliberales que se ha constatado el gobierno insistirá en implementar solo acarrearán mas ingobernabilidad y la respuesta espontánea de comunidades afectadas, no está lejos que en menos de cuatro años Guatemala esté metida en un polvorín social provocado por estas acciones. Ahora que no podrá echársele la culpa a la Unión Soviética, a los cubanos, o al comunismo internacional, posiblemente se la echarán al terrorismo y a los desestabilizadores.
5. La batalla por el acceso de la población a medicamentos genéricos
Durante estos meses, organizaciones de la sociedad civil (ONG, entre ellas CEIBA, iglesias, organizaciones de personas viviendo con VIH-SIDA y el Sindicato de Trabajadores de Salud Pública entre otros) hemos estado luchando por la derogatoria del decreto 9-2003, que afecta directamente la producción y comercialización de medicamentos genéricos y por lo tanto el acceso de la población a medicamentos esenciales a bajo costo.
Uno de los medios a los que se recurrió, fue interponer un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto, ante la Corte de Constitucionalidad. Este pasado mes de Agosto, la CC falló en contra de dicho recurso.
La Constitución de nuestra República, en sus artículos 1 y 3 definen claramente la responsabilidad del estado en la protección a la persona y a la familia, así como en garantizar el derecho a la vida de la población. El decreto 9-2003 viola estos artículos, ya que obstruye el acceso de la población a medicamentos esenciales, poniendo en riesgo la vida de personas con afecciones que ponen en riesgo su vida, como son la tuberculosis, el SIDA y el cáncer, por lo tanto se está violando el derecho de la población a la vida.
Al afectar el acceso a medicamentos por la población y por lo tanto afectar la salud de ésta, va también en contra de los artículos 93, 94 y 95 que definen el papel del estado en garantizar la salud de la población.
Estas enfermedades afectan principalmente a las personas más pobres, por lo tanto este decreto es también violatorio del principio de igualdad, que también está garantizado por nuestra Constitución.
Estando tan claras las múltiples violaciones del decreto a la Constitución, uno no puede menos que preguntarse el porqué de su rechazo al recurso de inconstitucionalidad. Y uno no puede menos que pensar en las presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos y por las grandes transnacionales farmaceuticas, que se enriquecen lucrando con la salud de la gente y en el poco interés que ponen algunos de nuestros políticos y magistrados en defender a la población más vulnerable de nuestro país.
La decisión de la CC viene a poner un obstáculo más en la lucha que múltiples organizaciones de la sociedad civil guatemalteca estamos realizando contra el decreto 9-2003 y por el Derecho a la Vida. Me parece además un mal precedente ya que puede significar que no se puede contar con instituciones como ésta cuando se trata de defender el respeto a nuestra Constitución y los derechos de la mayoría de guatemaltecos ante intereses foráneos. La CC desperdició una oportunidad clara para demostrar su utilidad en la defensa de la población. Sin embargo, tenemos la esperanza de que a pesar de todo, la preocupación por los derechos de la población guatemalteca prevalecerá en el gobierno y en el Congreso, y el decreto 9-2003 será pronto derogado.
El decreto 9-2003 contradice como mencioné antes, aspectos claves de la Constitución de la República, así como a acuerdos internacionales firmados por Guatemala, tales como el de DOHA, debido a que restringe la producción y comercialización de medicamentos genéricos. Este decreto afecta en particular a los enfermos con padecimientos que están entre las principales causas de muerte en Guatemala, como la tuberculosis, el SIDA, el cáncer, la diabetes, el paludismo, la enfermedad de Chagas y las enfermedades responsables de la mortalidad infantil. Todas estas enfermedades afectan en especial a los más pobres, que son quienes menos posibilidades tienen de comprar medicamentos de marca. En todos estos casos, si los pacientes no cuentan con los medicamentos necesarios para el tratamiento, corren riesgo de muerte. Por lo tanto, es claro que este decreto va en contra al Derecho a la Vida. De acuerdo a la Constitución, es responsabilidad del gobierno respetar y hacer que se respete este derecho. Puede darse incluso el caso de que el gobierno no pueda garantizar el suministro de un medicamento necesario en caso de emergencia nacional, ya que el decreto 9-2003 obstruye este derecho si va en contra de los intereses de una transnacional productora del medicamento.
Al no permitir la libre competencia en el mercado farmaceutico, el decreto 9-2003 está provocando un encarecimiento de los medicamentos. Por lo tanto ésto afecta directamente a los programas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- y del IGSS. Los servicios de salud pública (hospitales, centros y puestos de salud) ya han tenido bastantes problemas para garantizar el tratamiento a sus pacientes, debido a la insuficiente asignación de recursos para Salud. Se calcula que el presupuesto que necesitaría el Ministerio de Salud para la compra de medicamentos se multiplicará por 7 si no se deroga el 9-2003. ¿Quién va a resultar directamente afectado por ésto? Está claro que serán campesinos, población marginada y en particular los enfermos de VIH-SIDA, tuberculosis, cáncer y otras enfermedades que requieren de medicamentos durante tiempo prolongado y que con seguridad no pueden pagar los elevados precios de los medicamentos de marca. Una persona que gana el salario mínimo no puede pagar los elevados precios de los medicamentos de marca, cuando éstos no están regulados por la competencia.
En realidad, el decreto 9-2003 y regulaciones parecidas contenidas en el CAFTA vienen a propiciar el monopolio de las transnacionales farmaceuticas.
Si se analiza la importancia económica que tiene el mercado guatemalteco para Estados Unidos y para las transnacionales farmaceuticas, encontramos que el peso económico de nuestro mercado es insignificante con relación al volumen del mercado norteamericano. ¿Por qué entonces la insistencia de E.U.A. y de las transnacionales farmaceuticas en introducir leyes como el 9-2003 en la legislación guatemalteca? Personas conocedoras del tema consideran que una buena razón es crear precedentes en la legislación de un país latinoamericano, que allanen el camino a imposiciones parecidas en el ALCA y en futuros tratados de “libre comercio”, ya que las ganancias económicas de tener un “mercado asegurado” en la población latinoamericana sí que serían importantes para las transnacionales.
El gobierno de Bush ha dado amplias muestras de anteponer los intereses de las grandes empresas estaunidenses por encima de los intereses y necesidades de la población, incluyendo los de la propia población norteamericana, no digamos los de la población mundial. Los acuerdos de DOHA y los ADPIC ponen un límite a la voracidad de las transnacionales. Este límite es el interés de la Salud Pública de la población, ya que tanto DOHA como los ADPIC garantizan que se anteponga la Salud Pública a los intereses comerciales. Estos límites son reconocidos por la propia Organización Mundial del Comercio -OMC-.
Por el contrario tenemos ejemplos de gobiernos que se preocupan por la Salud de la mayoría de sus ciudadanos y que han defendido con éxito la producción local de medicamentos genéricos, aunque esto afecte los intereses de las transnacionales. Tales son los casos de Sudáfrica y Brasil.
Personalidades y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de la Salud en Guatemala (como Miguel Angel Albizures, el Dr. José Barnoya, el Dr. Aldo Castañeda, el Procurador de los Derechos Humanos, la Organización Panamericana para la Salud OPS y UNICEF) se han pronunciado en contra del decreto 9-2003 y a favor de los genéricos. Esperemos que ésto pese más en el actual gobierno, que las presiones del gobierno de E.U.A.
En el otro lado tenemos los argumentos de las transnacionales farmaceuticas, que señalan que sólo ellas pueden garantizar la producción de medicamentos de calidad. Esto es falso, ya que es deber del estado supervisar la calidad de todos los medicamentos que lleguen al mercado, sean medicamentos genéricos o de marca. Otro argumento de las cías. farmaceuticas es que requieren de protección especial a sus productos para poder financiar la investigación que les permite producir nuevos medicamentos. Este argumento también es falaz, ya que está demostrado que con las fabulosas ganacias que logran, tan sólo en los primeros 2 años de venta de un nuevo medicamento, recuperan los costos que invirtieron en su investigación. La industria farmaceutica transnacional es de las que mayores porcentages de ganancias consigue (sólo superada por la industria de armamentos).
Consideramos evidente que si el gobierno y Congreso de nuestro país anteponen los intereses extranjeros a los intereses nacionales, es probable que vengan malos tiempos para la mayoría de la población, en particular a las personas más vulnerables, así como para los productores guatemaltecos, tanto para los agricultores como para la industria nacional, incluyendo la farmaceutica.
6. Grupo Consultivo: Tiro de Gracia al financiamiento de los Acuerdos de Paz.
Por si fuera poco todo lo anterior, el gobierno se apresta a cambiarle en un giro de 180 grados, el sentido a las reuniones del Grupo consultivo de países donantes en Guatemala. Tradicionalmente este proceso hace compromisos de países donantes que apoyan la agenda de implementación de los acuerdos de Paz. Aunque por años se ha venido desvirtuando este proceso debido a que, por ejemplo el Bid, da dinero para la agenda de la Paz, pero da dinero también para la implementación de la política comercial vinculada al TLC con EEUU. Esas agendas (TLC y Acuerdos de Paz) no son complementarias, mas bien son contradictorias, y ahora, de manera descarada, el rumbo del grupo consultivo quiere trasladarse para allí, priorizar los temas ligados a la implementación de la agenda comercial en detrimento del apoyo a aspectos sociales del gasto estatal.
Así las cosas, a menos de un primer año de gobierno, nos espera una Guatemala muy agitada, muy convulsionada, más violenta, pero donde esperamos que la esperanza también vaya caminando. La resistencia de sus comunidades también avanza, se construyen alternativas desde lo local, se consolidan procesos comunitarios, de ese lado, seguiremos nuestra labor de desarrollo comunitario e incidencia política.
POR EL DESARROLLO DE NUESTRAS COMUNIDADES, LA DEFENSA DE NUESTRA DIGNIDAD, HISTORIA Y CULTURA.
