San Juan Lalana, Oaxaca: Mil comuneros chinantecos, mixes y zapotecos marchan por libertad de 11 miembros del Ayuntamiento Popular electos según usos y costumbres

17.Feb.05    Análisis y Noticias

Miércoles 16 de febrero de 2005

La OMCT pide a autoridades respetar su integridad física e indagar denuncias de maltratos
Indígenas de San Juan Lalana exigen liberar a 11 miembros del cabildo popular

Indígenas del municipio oaxaqueño de San Juan Lalana amenazaron continuar su marcha a la ciudad de Oaxaca si las autoridades insisten en desconocer la elección de dirigentes por el sistema de usos y costumbres

Los cerca de mil indígenas chinantecos, mixes y zapotecos del municipio de San Juan Lalana que desde hace cinco días marchan rumbo a la capital de Oaxaca hicieron este martes un receso en la localidad de Palomares, en el istmo de Tehuantepec, para esperar una respuesta de las autoridades respecto a su exigencia de que sean liberados los 11 miembros del ayuntamiento popular, presididos por Daniel Martínez Dolores, a quienes eligieron por el sistema de usos y costumbres.

Este martes, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) informó que envió una acción urgente ante las denuncias de detención arbitraria, malos tratos, excesivo uso de la fuerza e irregularidades en el proceso judicial contra los integrantes del cabildo popular, para que las autoridades de México garanticen su integridad física y sicológica, se les lleve ante un tribunal competente e imparcial y se investiguen los alegatos de malos tratos infligidos a los detenidos.

Los 11 están acusados de privación ilegal de la libertad, ataques a las vías de comunicación, allanamiento de morada, lesiones y lesiones calificadas, derivados de hechos violentos ocurridos en ese municipio, por lo que el juez de Santiago Choapan les dictó ordenes de aprehensión. Sus abogados sostienen que el encarcelamiento tiene móviles políticos, pues sus defendidos se oponen a los resultados del proceso electoral constitucional.

Además de la liberación de sus concejales, los manifestantes exigen al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Héctor Anuar Mafud Mafud, la anulación de otras 30 órdenes de aprehensión giradas contra los opositores, respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y castigo a los culpables de los ataques armados del 26 de enero, que dejaron cinco heridos.

Los tres poderes del estado reconocen como integrantes del ayuntamiento constitucional de San Juan Lalana a los concejales cuya elección fue avalada “en tiempo y forma” por el Congreso local erigido en Colegio Electoral, en diciembre pasado.

Según los manifestantes, el alcalde saliente de San Juan Lalana, Fermín Martínez Calderón, “en complicidad con el tesorero Silvano Calderón Sánchez, ambos priístas, se negaron a reconocer los nombramientos de las comunidades y maniobraron para realizar el 5 de diciembre una votación mediante las urnas, en la que supuestamente este último resultó ganador con diferencia de 144 votos”.

Los del ayuntamiento popular sostienen que en todo el proceso electoral, que involucró a 36 agencias, el munícipe saliente repartió “200 pesos por voto y dio hasta 15 mil pesos a algunas autoridades”, así como despensas. También señalan que tanto Martínez Calderón como Calderón Sánchez “incurrieron en malversación de fondos”. Agregan que tienen documentos que indican la entrega de 800 mil pesos para la electrificación de Nuevo San José La Aurora, comunidad que no cuenta con energía eléctrica.

Los manifestantes advirtieron que si en el transcurso de este martes el gobierno del estado no da respuesta positiva a sus demandas, la mañana del miércoles reanudarán su camino a la ciudad de Oaxaca.

Intentan cooptarlos: OMCT

La OMCT informa que con la “aparente” intención de negociar su libertad, los detenidos en el penal de Ixcotel han recibido propuestas de funcionarios de Gobernación estatal, entre ellas que hablen a la gente que según las autoridades se reúne en San Juan Lalana para que disuelvan sus reuniones y firmen un documento en el que renuncian a pertenecer a cualquier organización, ya que, según las autoridades, “éstas le hacen fuertes críticas a un gobierno que apenas comienza”