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Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 6, No. 71, Febrero del 2004
Editorial
Crisis política y movimiento indígena: los desafíos de la coyuntura
“¿Si han esperado quinientos años, por qué
no van a poder esperar unos meses más?”
El Ecuador está atravesando una profunda crisis de la institucionalidad de su sistema político que pone en tensión los contenidos mismos de la democracia y apela a respuestas urgentes. Es un panorama confuso y ambiguo, en el que las decisiones de la coyuntura parecen ser determinantes; la misma crisis de la institucionalidad del sistema es tan fuerte que absorbe como un agujero negro toda posibilidad de alternativa que no sea aprobada y controlada desde ella. Los problemas más acuciantes del país se revelan casi intrascendentes al tenor de la crisis institucional: el Tratado de Libre Comercio que se negocia a espaldas del pueblo, o la privatización de la seguridad social, o la flexibilidad laboral, o incluso el involucramiento en el conflicto armado de Colombia, pasan a un conveniente segundo plano. Parecería ser que una vez que se re-institucionalice la democracia, podrán resolverse todos los problemas nacionales. El espejismo de la institucionalidad recrea la lógica de los simulacros.
Según esa lógica, todos tendríamos que ponernos firmes y detrás de las consignas de aquellas organizaciones que llaman a restaurar la institucionalidad del sistema político ecuatoriano. Si hay personas o movimientos sociales que por cualquier circunstancia critican o toman distancia con las decisiones adoptadas por estas organizaciones, corren el riesgo de ser acusados de complicidad, entreguismo con el gobierno, etc., y, no solo eso, sino que incluso se ha tildado al movimiento indígena ecuatoriano de traición y acomodo por no participar de manera activa en las diferentes movilizaciones sociales que la “oposición política” al gobierno de Lucio Gutiérrez ha programado para estos meses. Una acusación grave que encierra en sí misma un argumento falaz: el de suponer que los conflictos reales del Ecuador se circunscriben y se limitan a la institucionalidad democrática.
Cabe preguntarse: ¿Porqué esa desesperación de estas organizaciones de que todos los ecuatorianos terminemos avalando y respaldando sus movilizaciones y consignas? ¿Quiénes son estas nuevas organizaciones de la sociedad civil que ahora copan el espacio mediático y que han enarbolado la bandera de la democracia y la institucionalidad del sistema? ¿Porqué frente a ese vaciamiento político en el debate nacional en uno de los momentos más dramáticos del país, que es la suscripción del TLC con Estados Unidos, no se ha logrado posicionar con fuerza este tema? ¿Quiénes son en realidad aquellos sectores que se presentan como “oposición política” al gobierno de Gutiérrez? ¿Dónde estaban cuando se firmó la Carta de Intención con el FMI? ¿Dónde estaban cuando el Presidente Gutiérrez involucró al país en el Plan Colombia? ¿Cuál es, entonces, su verdadera agenda?
Y, es que llama a sospecha el hecho de que sean las Cámaras de Producción, Comercio e Industrias, es decir, la representación gremial de la burguesía ecuatoriana, las que hayan asumido la bandera oficial de la oposición política.
Despierta suspicacias el hecho de que sean ONGs de dudosa procedencia como “Participación Ciudadana”, “Transparencia Internacional”, “Ruptura 25”, “Coalición por la Democracia”, entre otras, y vinculadas directa o indirectamente con el Departamento de Estado Norteamericano, y sus agencias de seguridad (entre ellas la CIA), las que se conviertan en “movilizadores ciudadanos”. Produce interrogaciones el hecho de que sea desde un programa del Banco Mundial, Projusticia, y sus representantes y aliados (como la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco, que, además, ha firmado un jugoso contrato con Projusticia) los que se conviertan en nuevos actores políticos.
Cuestiona el hecho de estar en estas jornadas de protesta junto a partidos políticos tan desgastados como la Izquierda Democrática, que desde la Alcaldía de Quito, pretende la privatización del agua, y ha anunciado, además, un agresivo programa de despidos a los trabajadores municipales; o el Partido Social Cristiano, expresión políticamente fuerte de una de las oligarquías más poderosas del país. Y esa sospecha se convierte en certeza, cuando se constata que estas mismas organizaciones de la sociedad civil y estos partidos políticos han respaldado y respaldan al TLC, al ALCA, a la dolarización, a las privatizaciones, etc.
El hecho de que sea la representación gremial de la burguesía la que llame a la movilización nacional, al tiempo que portavoces de los intereses norteamericanos se pongan al frente de las movilizaciones sociales, da cuenta del alcance y profundidad de la crisis que experimenta el sistema político ecuatoriano y de las contradicciones y paradojas de la coyuntura. Porque es esta representación gremial, y son estas ONGs relacionadas directamente con intereses norteamericanos, las que han constituido la plataforma desde la cual se rearticula y reconstituye la “oposición política” al gobierno de Gutiérrez.
Sobre esta plataforma pueden actuar los partidos políticos que representan la racionalidad del sistema político ecuatoriano: la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. Ambos partidos, son casi los únicos sobrevivientes del proceso de retorno a la democracia y “reestructuración jurídica del Estado” de los años 1978-1979; y ninguno de los dos ha tenido la oportunidad de estar en el poder nuevamente.
Ahora bien, la decisión del presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez de rearmar la mayoría parlamentaria para defenderse de un posible juicio político en su contra, que implicaba su destitución de la Presidencia de la República, implicó la desestructuración de todo el diseño institucional creado desde la democracia y demostró los mecanismos íntimos desde los que opera, funciona y se legitima el sistema político. En efecto, la nueva mayoría parlamentaria afín al gobierno, y lograda con la entrega y reparto de funciones, cargos, representaciones y prebendas del Estado, hizo tabula rasa de toda consideración de tipo ético, jurídico y político, para rearmar la institucionalidad jurídica y electoral en beneficio propio.
Esas decisiones desnudaron el entramado más esencial de la institucionalidad vigente: demostraron que la justicia, en realidad, es una prerrogativa del poder; que la ética es un discurso que legitima y encubre la dominación; que la política es el ejercicio hegemónico del poder. Demostraron que nunca hubo institucionalidad fuera de las lógicas del poder. La justicia en Ecuador, es ahora tan politizada como lo fue antes y lo ha sido siempre. El sistema político es ahora tan corrupto como fue construido en sus inicios por la misma burguesía. La democracia funciona más como una ficción que como una realidad. Una ficción necesaria para cohesionar la hegemonía del poder.
De otra parte, para defenderse de su posible destitución, el Presidente Gutiérrez se alió con otros sectores de la misma oligarquía, pero ocultó esa maniobra política vendiendo al país su estrategia de defensa como parte de una lucha antioligárquica. ¡Curiosa paradoja del poder en la que estar apoyado por la oligarquía es luchar en contra de la oligarquía! ¡Curiosa forma que asume la cultura política que esa estrategia le dio resultados al gobierno e incluso le permitió ganar en credibilidad y popularidad! Pero no hay que llamarse a engaño, detrás de Gutiérrez están ahora defendiéndolo dos de los grupos financieros más fuertes del Ecuador, el grupo Isaías y el grupo Noboa.
Pero la “oposición política” no quiere saber nada de involucrar a esos grupos financieros dentro de su disputa. En todos los discursos, en todos los debates, en todas las críticas hechas desde la “oposición política”, en ninguna ocasión se han mencionado los nombres de estos dos grandes grupos financieros, a pesar de su presencia está allí incluso de manera explícita en el caso de Alvaro Noboa, un magnate bananero que intenta llegar a la Presidencia del Ecuador a través de uno de los partidos que apoyan actualmente a Gutiérrez, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, PRIAN.
La “oposición política” no dice nada del grupo Isaías, verdadero sustento de poder del partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, y actor crucial de la actual “desinstitucionalización jurídica”. No le informa al país que este es un grupo financiero que solo en el ámbito de la comunicación controla 11 empresas (entre ellas: TC Televisión, Gamavisión, TV Cable, etc.), y que desde ese enorme poder mediático emprendió una campaña en contra de otro grupo financiero (el grupo Egas), no para acabar con él sino en realidad con el sistema monetario de la dolarización y poder recuperar el banco que perdió en la crisis financiera de 1999 (Filanbanco). No dice nada de que fue justamente este grupo el responsable de la crisis financiera de 1999, que le costó al país más de cinco mil millones de dólares. No dice nada de que detrás del control de las cortes de justicia está la intención de que el Estado reasuma el costo de la crisis financiera con la quiebra del mayor banco nacional: Filanbanco y lo entregue a la familia Isaías nuevamente.
Asimismo, no dice nada del grupo Noboa, un grupo que controla una de las mayores exportadoras de banano del mundo, y que se niega a reconocer el costo oficial del banano. Que explota a los pequeños productores bananeros imponiéndoles precios y condiciones, que impide todo tipo de organización gremial (muchos dirigentes campesinos de las provincias en las que esta empresa tiene sus haciendas, han aparecido asesinados por bandas de sicarios), que utiliza trabajo infantil y que se niega a pagar impuestos. No, ni el grupo Noboa ni el grupo Isaías son parte del escenario del poder, ellos están en la tramoya no en el proscenio. Ellos son el poder, y al poder se lo siente pero no se lo nombra.
Quizá por ello, en estas jornadas de protesta y de oposición haya algo de simulacro que no termina de convencer. Los problemas reales están allí y esperan una resolución que a no dudarlo se dará por fuera del sistema político. Está la agenda de la apertura y liberalización que se “negocia” con EEUU desde un Tratado de Libre Comercio. Un Tratado que, sin ninguna duda, transformará profundamente al Ecuador. Está la intención de endeudar nuevamente al país para pagar la deuda externa. Está la agenda de la privatización y también la agenda de la guerra (la Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia).
Está, asimismo, la pretensión gubernamental de llevar adelante la alicaída agenda de reforma estructural que el gobierno de Gutiérrez firmó con el Banco Mundial en abril del 2003. Una reforma que plantea la privatización de la seguridad social, la energía eléctrica, los hidrocarburos, las telefónicas, que propone la flexibilización laboral, que disminuye de manera radical la intervención del Estado en áreas delicadas como educación, salud, bienestar social, inversión pública. Una pretensión que tiene nombre: la “Ley Combo”, y que necesita de tiempos políticos para su aprobación y ejecución.
En esta coyuntura, la “oposición política” hace mutis camino al foro. Estos, según su perspectiva, no serían problemas importantes, o, al menos, no tan importantes como el control de la nueva mayoría del congreso de las cortes y los tribunales constitucional y electoral. Ese silencio cómplice del sistema político es funcional al poder. Esas reformas legales codificadas en la “Ley Combo”, propician la modernización neoliberal que tiene varias asignaturas pendientes desde la década pasada. Gutiérrez, ha desperdiciado todo su capital político y todo su tiempo, hasta ahora, en buscar apoyos para sostenerse en el poder y ha descuidado la agenda de la modernización neoliberal.
Empero de ello, cabría preguntarse por el verdadero leit motiv que está detrás de toda esta estrategia de movilización ciudadana, de todo este sutil juego de espejos. Una primera respuesta es que esta movilización tiene que ser referida y contextualizada en la perspectiva del Plan Colombia y de la Iniciativa Regional Andina. En efecto, la presencia de organizaciones de la sociedad civil que son directamente financiadas por el Departamento de Estado Norteamericano, le otorgan un cariz especial a estas manifestaciones. El gobierno norteamericano siempre había actuado tras bastidores en las últimas décadas no solo en Ecuador sino en América Latina. Se trataba de un papel políticamente conveniente para que las democracias no aparezcan directamente tuteladas desde EEUU. El tutelaje vendría encubierto desde el ajuste y reforma estructural de las multilaterales de crédito, el FMI, el BID y el Banco Mundial. Por ello llama la atención que esta vez la intervención norteamericana en la crisis política del Ecuador se haya transparentado de manera tan directa.
En efecto, se trata de una intervención directa hecha a través de la “cooperación” vía USAID y también vía National Endowment for Democracy, NED (en realidad una fachada política de la CIA), en varias organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana (como Participación Ciudadana, Ruptura 25, etc.), una intervención que da cuenta de que el gobierno norteamericano tiene apuestas reales en la región andina, una región convulsionada, además, por la guerra civil colombiana y por la presencia del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Esas apuestas estarían en el caso del Ecuador estructuradas, al menos, en dos dimensiones básicas; una militar, y tiene que ver con la necesidad de ampliar el número de bases norteamericanas en Ecuador (de ahí que se hable de una base militar en Esmeraldas y otra en la región de Putumayo, ambas en la frontera con Colombia); y otra económica, que tiene que ver con el acceso, control, y dominio de uno de los corredores ecológicos con la mayor biodiversidad del planeta, incluyendo la existencia de recursos naturales como el agua, y recursos minerales como el petróleo.
De hecho, en el Plan Estratégico de USAID para el Ecuador, para el periodo 1998-2002, se identifican en orden prioritario los siguientes aspectos de la cooperación norteamericana: la biodiversidad, la defensa de la democracia, la lucha en contra de la pobreza y el desarrollo fronterizo. De otra parte, a fines de 2004 y refiriéndose al TLC, la embajadora de EEUU en Ecuador, Kristie Kenney, expresaba que una de las asignaturas más importantes que el Ecuador debía aprobar para entrar en el TLC era la aprobación de una Ley de Biodiversidad.
Ahora bien, dentro de los requisitos a ser definidos en el TLC constan, entre otros: el tratamiento a la inversión extranjera, la seguridad jurídica y los derechos de propiedad intelectual. Una de las garantías de contractualidad, es decir legalidad y legitimidad de los contratos es la democracia, y la democracia necesita de marcos institucionales sólidos, estables y legítimamente constituidos. La crisis política en Ecuador afecta la estabilidad de los marcos institucionales y genera “inseguridad jurídica”. Es necesario, entonces, cerrar la brecha de la inseguridad jurídica, y proteger la estructura institucional de la democracia. Es desde la democracia que se firmaron los acuerdos para la Base de Manta, y es desde la democracia que se intenta otorgar seguridad jurídica a las nuevas bases militares que EEUU intenta crear en Ecuador. Es desde la institucionalidad que se debe proteger a la inversión extranjera, es decir, a las corporaciones americanas. De esta manera, las movilizaciones ciudadanas en Ecuador por la defensa de la institucionalidad jurídica, serían una estrategia que está totalmente armonizada con el TLC, y con la Iniciativa Regional Andina. De ahí que USAID haya considerado como prioritario el financiamiento a estrategias que tengan como objetivo la re-institucionalización de la democracia en el Ecuador.
Un segundo argumento está en las elecciones del próximo año, y en la necesidad de que la política en el Ecuador se “racionalice”, es decir, que pueda ser absorbida por el sistema político ecuatoriano. El sistema político pretende acotar tanto las posibilidades del “populismo” (expresado en los partidos políticos PRE, PRIAN y MPD, todos ellos ahora aliados del gobierno de Gutiérrez), cuanto las incertidumbres de lo que en Ecuador se han denominado los “outsiders”, es decir, personajes que intervienen en las elecciones desde fuera del sistema político. La defensa de la institucionalidad en realidad esconde la maniobra de los repartos de poder en dos instancias básicas: los tribunales electorales, y los tribunales constitucionales. El tribunal electoral regula el poder dentro de los contenidos del sistema político. Pueden ganarse las elecciones en las urnas, como efectivamente ha pasado en Ecuador, pero se las pierden en los tribunales electorales. El sistema político sabe de esas prácticas porque fue él mismo quien las creó, y ahora tiene miedo de que esas prácticas se vuelvan en contra suyo. Entonces, de una manera u otra, es necesario devolver a esos espacios ese carácter de supuesta imparcialidad y que permitía el funcionamiento “normal” de las elecciones y el reparto del poder.
Una tercera lectura, podría sugerirse desde el vaciamiento del discurso político que tenga por objetivo, justamente, impedir el posicionamiento de temas fundamentales para el país: TLC, Plan Colombia, privatizaciones, dolarización, deuda externa, etc. Es paradójico pero el vaciamiento de contenidos reales del debate político se produce por exceso y no por carencia. Solo así se explica que el ambiente esté tan saturado de discusiones políticas que en realidad no definen nada. Está, por ejemplo, la iniciativa del ejecutivo de llamar una consulta popular para la reforma de las cortes de justicia, o la iniciativa de la autodenominada “Asamblea de Quito” de conformar una “comisión de notables” que darían la solución para el nombramiento de los nuevos jueces. Mientras el país debate una u otra posición, las rondas de negociación del TLC pasan convenientemente a un segundo plano. Las ofensivas militares que el ejército ecuatoriano realiza en contra de su propia población (como por ejemplo el caso de los pueblos Awas en la provincia de Esmeraldas y frontera con Colombia), no tienen tiempo ni siquiera de ocupar un espacio en el universo mediático. La defensa del territorio de las comunidades de Sarayacu en contra de las corporaciones petroleras no tiene el derecho a existir ni como información. El sobreendeudamiento del gobierno de Gutiérrez (que ha anunciado la emisión de bonos por cerca de 900 millones de dólares (cerca de un 3% del PIB del país), tampoco han merecido ningún tipo de atención. Todo el escenario público, toda la discusión política es rehén de un tema circunstancial: la legalidad de los jueces y de los tribunales electorales y constitucional.
Un cuarto aspecto sería concomitante a este proceso de vaciamiento del discurso político, y estaría en provocar un estado de movilización permanente, con el propósito de acotar los espacios de incidencia, maniobra y capacidad política a los movimientos sociales, y en especial, al movimiento indígena. Cuando la ciudadanía está en alerta permanente y ha sido movilizada varias veces en función de una agenda determinada, el espacio de la movilización social se satura, y la convocatoria a movilizaciones sociales por fuera de esta agenda de la institucionalidad del sistema, no-solo que no tendría fuerza sino que además se presentaría como extemporánea o intrascendente. De esta manera, si los movimientos sociales apuestan por la movilización social para detener el TLC, o la “Ley Combo”, estarían perdiendo su legitimidad porque habrían perdido su capacidad de movilización. La ciudadanía estaría agotada y las posibilidades de trasladar la resolución de la conflictividad política al campo de la protesta popular estarían restringidas. Es un mensaje muy claro para el movimiento indígena que ha decidido no participar en estas estrategias de re-institucionalizar la democracia.
Las preguntas finales que se imponen son: ¿cuánto tiempo más tendrá legitimidad y credibilidad esta estrategia? ¿Porqué EEUU juega a dos bandas: dice apoyar a Lucio Gutiérrez y al mismo tiempo aparece financiando y apoyando las marchas en contra del gobierno? ¿Podrán el movimiento indígena, y los movimientos sociales del Ecuador, romper la trampa de la institucionalidad y aprovechar la enorme energía generada desde la protesta ciudadana para frenar el TLC?
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