Fracaso de la Cumbre Social deriva en nuevos bloqueos
Cientos de campesinos procedentes de la provincia de Ayopaya cerraron completamente anoche la carretera hacia Oruro en el sector del municipio de Vinto, a 16 kilómetros de la ciudad, mientras que los bloqueos en las otras carreteras que conectan Cochabamba con el resto del país se intensificaron, acatando la última determinación de las organizaciones sindicales matrices, asumidas ayer tras el fracaso de la Cumbre Social.
Las esperanzas de un posible acuerdo Gobierno-movimientos sociales sobre la Ley de Hidrocarburos, que permita desbloquear el país, desaparecieron ante la decisión del Gobierno de no participar del encuentro, convocado para ayer en la tarde en Cochabamba, por el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
Las organizaciones sociales y sindicales asistentes a la misma convirtieron el espacio en una asamblea donde expusieron y justificaron el por qué del 50 por ciento de regalías petroleras y ratificaron las medidas de presión que llevan adelante -entre ellos el bloqueo de caminos- para presionar la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos en esos términos.
Molestos por el desaire del presidente Mesa, unánimemente rechazaron la posibilidad de una tregua en los bloqueos y otras medidas de presión anunciadas a partir de hoy para establecer propiciar un nuevo diálogo. Contrariamente, algunos dirigentes más radicales, determinaron no sólo exigir el 50 por ciento de regalías, “una cesión que hicieron y Mesa la desaprovechó”, sino la recuperación total de la propiedad de los hidrocarburos a través de la nacionalización.
Encomendaron a los dos representantes propiciadores de la Cumbre, Waldo Albarracín y Sacha Llorenti, transmitir esas determinaciones a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Albarracín al final de la reunión, dijo que cumplirán con ese pedido, a tiempo de insistirle al Gobierno en la necesidad de un diálogo para superar la difícil situación que vive el país.
El encuentro no cumplió su objetivo, sentar en la mesa a los sectores confrontados: principalmente al Gobierno y los movimientos sociales, firmantes del “Pacto Anti-oligárquico”, para lograr un acuerdo nacional social que permita levantar los bloqueos de las carreteras y evitar nuevas medidas de presión.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, admitió que de diálogo se pasó a Asamblea ante la falta de interlocutores para debatir las propuestas existentes sobre los pagos a imponerse a las petroleras por la explotación de los recursos hidrocarburíferos en el país, aunque sostuvo que la reunión no fue en vano permitió conocer con mayor amplitud una de las propuestas.
Al margen del Gobierno, que horas antes de la Cumbre comunicó su decisión de no asistir porque “sectores muy importantes de la sociedad”, tampoco participarían, y porque el encuentro propuesto no garantizaba un ambiente de “diálogo, respeto y tolerancia”; representantes de otras instancias que habían confirmado su presencia no concurrieron a la cita y tampoco dieron una explicación, es el caso de los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, y los jefes de bancada con representación en el Parlamento.
De los 10 alcaldes que habían confirmado su presencia únicamente estuvieron dos: Gonzalo Terceros de Cercado, Cochabamba, y Juan del Granado de La Paz, este último disculpó a los alcaldes de Potosí y Cobija que no pudieron llegar. De los presidentes de los comités cívicos, estuvieron el de Cochabamba y Potosí.
Frente a esta reducida asistencia de representantes nacionales, las organizaciones sindicales eran una mayoría contundente, estaban dirigentes del Movimiento Al Socialismo, la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia, del Movimiento Sin Tierra, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu, de la Central Obrera Boliviana, de las Juntas Vecinales de El Alto, la Coordinadora de Defensa del Gas, de la Federación de Regantes del Valle Alto, de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba y otros.
Durante cuatro horas, los dirigentes de los diferentes sectores justificaron el porqué del 50 por ciento de regalías petroleras y desvirtuaron los argumentos del presidente Mesa sobre los riesgos de esta decisión para el país.
Mesa apuesta al Congreso
La Paz | La Prensa.- El presidente Carlos Mesa apuesta a una negociación congresal para viabilizar su propuesta de 18 por ciento de regalías y 32 por ciento de impuestos por la explotación de los hidrocarburos, para lo cual ayer convocó a los líderes del MIR, Jaime Paz Zamora, y de NFR, Manfred Reyes Villa, quienes aseguraron que apoyarán al Jefe de Estado, siempre y cuando la normativa garantice ingresos “netos” del 50 por ciento.
Tras iniciar estos encuentros, el presidente Mesa fijó claramente su posición, de no negociar con los sectores sociales en conflicto, los ingresos que recibirá el país y apoyarse en el Congreso, aunque los votos de las fuerzas políticas con las que se entrevistó ayer tampoco son seguros, pues ya en la anterior votación del artículo 53 de la ley de Hidrocarburos, varios parlamentarios se desmarcaron de la línea partidaria.
El encuentro con Paz Zamora duró cerca de una hora y 15 minutos. Al término del mismo, el líder mirista dijo que una posibilidad es que el Estado reciba el 32 por ciento en impuestos y 18 por ciento en regalías.
“Es una de las maneras de llegar al 50 por ciento de renta petrolera, en realidad en nuestra ley planteamos una renta entre regalías, impuestos y repartición de utilidades, el asunto es 50 por ciento de renta petrolera, cómo se llega a eso no sé, pero ahí tiene que llegar”, manifestó.