Imprimir
Enviar
El prototipo de gobierno indígena se ensaya
Desde el 2000, el Movimiento Indígena-Campesino de Cotopaxi (MICC) estableció un “prototipo de gobierno” sustentado en las comunidades.
“En Ambato y Quito lavé platos. Limpié cuartos y cociné. Fui doméstica. Cuando mis ex patrones me vieron en la televisión, fueron a verme a mi despacho. ´Es la Lourdes, es la Lourdes´, decían. No podían creer que su empleada fuera Subsecretaria de Bienestar Social. Nos abrazamos y casi lloré”, dice Lourdes Tibán.
Su historia no es una excepción. Los principales dirigentes indígenas de Cotopaxi fueron antes vendedores de ajos o cargadores en los mercados, albañiles y emigrantes marginales o campesinos pobres. Ahora lideran uno de los movimientos sociales y políticos más importantes del país. “Venimos de familias muy pobres y de comunas que el resto del Ecuador nunca antes había nombrado”, explica Raúl Ilaquiche, uno de sus representantes.
En el 2000, por primera vez en la historia política de la provincia, el Movimiento Indígena de Cotopaxi (MICC), que existe desde 1973, consiguió elegir a un prefecto indígena: César Umajinga. Su designación fue resultado de un largo proceso de organización de las comunas, que ha ido en ascenso.
Aunque solo el 30 por ciento del total de la población provincial, de 314 667 habitantes es indígena, el MICC consiguió, además del Prefecto, dos consejeros, un diputado, dos alcaldes, cinco vicealcaldes y 14 concejales en los siete cantones. Y, a través de Pachakutik, pertenecen a la agrupación la Subsecretaria de Bienestar Social, tres directores provinciales en Agricultura, Vivienda y Bienestar Social y 51 vocales de parroquias.
Otros cambios, políticos, culturales y simbólicos han ocurrido durante las últimas décadas. “Hace 20 años, ser indígena era lo peor. Nadie nos respetaba. Por eso, en 1980, en una de las primeras reuniones de la organización (que entonces se denominaba Movimiento Campesino de Cotopaxi, a secas), no incluíamos la palabra indígena”, dice Juan Rivera, otro dirigente.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cotopaxi, Marcelo Ordóñez, cree que buena parte de este proceso se debe al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, de voluntarios italianos y españoles. Ellos influyeron en un cambio de actitud de los indígenas: “Los indígenas se organizaron y prepararon. Con el poder han cambiado. Antes eran recelosos, no entraban a un restaurante o a un hotel. Hoy están en sitios exclusivos”.
Rivera afirma que, inicialmente, la organización “se enfrentaba a las poderosas familias de lo que entonces se denominaba la oligarquía”.
Dioselinda Iza Quinotoa, otra dirigente, dice que llevará consigo, “hasta cuando le alcance la vida”, el maltrato de los hacendados.
“Añorábamos una organización fuerte, que nos ayudara a ganar respeto y consideración, como seres humanos”.
La catequesis, los promotores de educación bilingüe, Radio Latacunga, la reuniones cada vez más públicas y multitudinarias y los púlpitos de algunos sacerdotes católicos contribuyeron a esta transformación. En el levantamiento indígena de 1990, el MICC apareció ya con sus cuatro siglas y una fuerte convocatoria.
Las autoridades indígenas no tienen una representación personal sino comunitaria. Ilaquiche, vicepresidente de la Ecuarunari, explica cómo funciona la delegación de cargos: “El reglamento de Pachakutik obliga a nuestras autoridades a firmar cartas de renuncia, a someterse al control social y a rendir cuentas según el derecho consuetudinario y los principios de no robar, no mentir y no ser ocioso”.
Todos acatan el reglamento, desde el vocal de una junta parroquial hasta la Subsecretaria y el Prefecto. “Trimestralmente rindo cuentas de mi sueldo, obras, gestiones y de la participación ciudadana. Si no hago bien las cosas me aconsejan, pero también pueden castigarme u obligarme a renunciar”, explica Umajinga.
Esta forma de ejercer la administración pública es eficiente en una de las provincias más pobres del país. El control social y la rendición de cuentas permiten contar con el trabajo en las mingas de 66 000 familias, según del movimiento.
El presidente de la Corte Superior de Justicia, José Córdova, afirma de manera concluyente: “La presencia indígena es innegable. De aquí en adelante veremos cómo ellos ponen y quitan alcaldes”.
Empleo . La población rural (que es el 66 por ciento del total) vive de la producción agropecuaria. Hay, además, una alta migración tanto temporal como definitiva. Y muchos casos de multiocupación.
Pobreza . Según un estudio de Infoplan, el 80 por ciento de la población provincial es pobre. De ésta, el 42 por ciento es indigente. El 55 por ciento de las personas no tiene completamente satisfechas sus necesidades básicas. En el campo, la pobreza afecta al 60 por ciento del total.
Las zonas . Las parroquias con más pobreza e indigencia son Guangaje (97 por ciento del total), Zumbahua, Sigchos y Chugchilán (96), Canchagua e Isinliví (95).
La justicia indígena, centro de la polémica
La justicia indígena se debate en círculos judiciales. Un caso sucedido en Cotopaxi está en el centro de la polémica.
La justicia ordinaria, en las voces del presidente de la Corte Superior de Cotopaxi, José Córdova, y del ministro Fiscal, Rubén Bravo, la desautorizan. Argumentan que “no es constitucional y que aún está pendiente la aprobación de la Ley Orgánica de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas y las Circunscripciones Territoriales Indígenas del Ecuador, que está en el Congreso, desde 1999.
Los defensores de la ´justicia indígena´ (ligada al derecho consuetudinario) están dispuestos a institucionalizar esta práctica en Cotopaxi.
Para ello, un grupo de abogados indios, encabezado por Raúl Ilaquiche y Lourdes Tibán, vicepresidente de Ecuarunari y subsecretaria de Bienestar Social, respectivamente, trabajan en la Fundación de la Defensoría Kichwa.
Ilaquiche y Tibán dicen que el art. 84 de la Constitución les respalda y lamentan que se confunda “la justicia india con el ajusticiamiento”.
La confrontación de ambos bandos llegó a niveles insospechados en el caso de La Cocha, ocurrido el 21 de abril del 2002, en Zumbahua. Tres indígenas, que mataron a otro, fueron juzgados y sentenciados por la comunidad. La pena consistió en castigos físicos (baño público y ortiga, el pago de una indemnización y en un destierro temporal. El caso llegó también a la justicia ordinaria.
Curiosamente, el juez Carlos Poveda decidió no actuar “porque nadie puede ser juzgado dos veces”. Su decisión ha sentado un precedente, “peligroso” para el gremio de abogados. El debate está servido.
El castigo físico se aplica a quien irrespete las leyes comunitarias
El calor debilita los ánimos de los 700 representantes indígenas, reunidos en el coliseo del cantón subtropical de La Maná, en Cotopaxi.
Los hombres están ataviados con incómodas camisas de manga larga y las mujeres con faldas largas, aunque de tela fina. Todos aguardan que el Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) realice una consulta pública. El tema que se tratará es muy delicado.
Los debates previos tomaron más tiempo del esperado. Son las 11:45 del domingo pasado. A un costado de la mesa directiva, se halla de pie un hombre. Tiene los brazos cruzados sobre el pecho. Es Enrique Tipanguano, ex presidente del MICC (1996-1997) y actual consejero provincial por Pachakutik. Su suerte está echada, pues sus palabras de defensa no desvanecieron las acusaciones en su contra.
Los dirigentes Raúl Ilaquiche y Leonidas Iza acaban de pedir a los representantes de las 21 organizaciones que participan en el VII Congreso del MICC un “castigo ejemplar” para Tipanguano. Él podrá escoger entre su renuncia al cargo público o un baño con agua fría y ortiga.
Se le acusa de no cumplir con el pago del 10 por ciento de su sueldo para sostener al movimiento, asociarse con la ID y el PSC, en contra de Pachakutik, y no ceder su puesto al consejero suplente, Juan Alomoto, como fue pactado.
El congreso se pronuncia por el castigo. En muchos hay indignación y gestos de reproche contra el acusado. Tipanguano es blanco de todas las miradas. Finalmente, acepta el baño. “Presenté mi renuncia firmada a Pachakutik. Allí deben tenerla. Por eso que no la firmaré otra vez”, dice el hombre.
La Asamblea debate y pide el asesoramiento del prefecto César Umajinga. Los periodistas deben apagar las grabadoras, porque lo que se dirá “es muy privado”. Tras 15 minutos, finalmente Tipanguano firma un documento por el cual cede, por dos meses, su puesto a Alomoto. Las puertas del recinto se cierran con candado.
Entonces, semidesnudo, Tipanguano es ´purificado´ con ortiga por las mujeres de Mulalillo, su comunidad de nacimiento. Fue una mujer de Toacazo quien pidió el castigo. Desde ahora, la comunidad vigilará y cuidará a la “oveja descarriada”, que ha vuelto al camino. El acto es una advertencia para las 121 autoridades que ocupan cargos públicos. Luego continúa la rendición de cuentas de otros funcionarios
