Balance de las Juntas de Buen Gobierno. II Parte

Mexico: balance de las Juntas de Buen Gobierno

Las voces de los actores
II Parte

La Jornada
La Fogata

Para la Red por la Paz Chiapas, se trata de “una guerra integral de desgaste”, que se caracteriza por la ausencia de una confrontación directa entre las partes. El gobierno federal sigue “administrando” el conflicto a través de estrategias militares, políticas y económicas “de tipo contrainsurgente”, que buscan arrinconar y desgastar a las bases de apoyo zapatistas y a la dirigencia del grupo rebelde². No hay enfrentamientos, pero se mantiene el cerco y el hostigamiento militar contra el EZLN y sus bases. El “rostro más visible” de esa guerra integral de desgaste es la permanente militarización del territorio chiapaneco: existen 91 campamentos castrenses sólo en la zona de conflicto³.
Entre las consecuencias directas de las políticas oficiales se percibe una “descomposición del tejido social”, con la consiguiente generación de conflictos inter e intracomunitarios, donde predomina una cultura de creciente intolerancia y una tendencia a dirimir las diferencias ideológicas, políticas o religiosas por medios violentos.
A ello se suman la crítica situación de más de 12 mil desplazados internos, producto de la guerra; la impunidad de los autores materiales e intelectuales de más de 120 acciones violentas, así como la no reparación de los daños ni el desmantelamiento y desarme de los grupos paramilitares que, junto con elementos del Ejército Mexicano, fueron protagonistas de los hechos.
Por su parte, desde abril de 2001, el otro actor armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mantiene la suspensión de todo contacto con el gobierno federal y los partidos políticos, y a partir de una lógica de no confrontación (armada) con el Estado, viene impulsando la construcción de una autonomía de carácter regional “por la vía de los hechos”, a través de las Juntas de Buen Gobierno y sus caracoles.
En ese contexto, el gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, si bien ha rehuido toda confrontación directa con el EZLN, viene adoptando medidas de “contrainsurgencia económica” contra los zapatistas y sus bases de apoyo civiles. Tales medidas, según la Red, son instrumentadas a través de políticas neoliberales en el marco del Plan Puebla Panamá (PPP) y del Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (Prodesis), financiado por la Unión Europea (que retoma el plan del Ejército para la Zona de las Cañadas), y de la reubicación forzosa de familias que habitan en la región de los Montes Azules.
Salazar fue acusado de practicar una política de “golpeteo selectivo” en contra de organizaciones campesinas y nuevos movimientos sociales que se movilizan por el no pago de tarifas excesivas por el consumo de energía eléctrica; contra la construcción de presas y represas, y en defensa de las reservas naturales ante la voracidad capitalista privada, encubierta en proyectos de “ecoturismo” y “proteccionistas” de la biodiversidad. A ello se suman las denuncias de que el gobernador Salazar ha venido cerrando espacios de participación popular a través de acciones legales de tipo coercitivo, como la llamada “Ley Mordaza” –que en materia de difamación y calumnia incorpora la figura sobre la falsedad de declaración en grado de tentativa–, la ley sobre pandillerismo (o antimaras), la de bioterrorismo y la de fiscalización.

Desplazados y paramilitarismo

A partir del informe recibido en Palenque de un grupo conformado por ocho (8) indígenas, familiares de muertos y desaparecidos de la Zona Norte de Chiapas, que fueron desplazados de sus comunidades en 1995 y 1996 luego de sendos ataques del grupo paramilitar Paz y Justicia, la misión puede constatar la vigencia del conflicto y la multiplicación de actores.
Según un testimonio recogido, el gobernador Pablo Salazar “dice que no es como los anteriores gobiernos del PRI”. De acuerdo con la visión oficial, “en Chiapas no hay desplazados y ya no existen problemas de tierra (…) Desde sus escritorios dicen que ya no hay conflicto. El gobierno dice que hay justicia porque hay algunos presos de Paz y Justicia. Pero no hay justicia. Algunas demandas han quedado congeladas. Además, nosotros no podíamos denunciar porque no teníamos libre tránsito. Queremos saber de nuestros muertos y desaparecidos. Tampoco hubo reparación de los daños (…) El gobierno ofrece reconciliación, ofrece vivienda. Pero dice: ‘Olvídense de los muertos’. El gobierno dice que ha logrado la ‘pacificación’. El gobierno nos engañó. Hay una estrategia construida por el gobierno”.
Sobre la existencia del paramilitarismo en la fase actual, un indígena dijo en su testimonio: “El grupo paramilitar Paz y Justicia, creado por el Ejército y el gobierno, sí existe. Ellos (los paramilitares) siguen libres y nosotros desplazados, bajo amenazas y hostigamiento”. Otro desplazado de Tila, señaló: “No logramos el desmantelamiento de Paz y Justicia. Siguen libres los autores intelectuales y los comandantes del Ejército, de Seguridad Pública y los diputados del PRI que estaban detrás de Paz y Justicia en Miguel Alemán. Siguen libres los que tuvieron el enlace con el gobierno, que se concentraban en Miguel Alemán y operaban en El Limar y Nuevo Limar: Marcos Albino Torres, Juan Martínez Pérez, Cristóbal Gómez Torres, Samuel Sánchez Sánchez, Raymundo Hernández Trujillo (…) Hubo muchos muertos y desaparecidos. Raymundo Hernández sigue libre; es el que organiza a la gente ahora. Es uno de los mandones. Mientras no vaya preso, seguirán las amenazas”.
“Tampoco han tocado a Rodolfo Aleu, el candidato opuesto al priísta Juan José Díaz Solórzano, quien a su vez cuenta con el apoyo del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo y los sectores ‘duros’ (del PRI) en Chiapas y Tabasco. Las armas para los paras vienen de Villa Hermosa, Tabasco. Rodolfo Aleu entró a la alianza con el PRD y el PT, porque perdió (en la interna de Paz y Justicia). Aleu sigue las órdenes de Diego Vázquez (preso). El comité municipal del PRD en Tila dudó mucho en entrar en la alianza con Paz y Justicia (pero entró).
“Los paramilitares están ‘vivos’ donde hay un cuartel militar, está Seguridad Pública y controlan los priístas, que manejan mucho dinero. Un caso: Miguel Alemán. Ahí se está rearticulando Paz y Justicia, igual que en Cruz Palenque, bajo el liderazgo de Pedro Mayo”.
Otro testimonio: “Los dirigentes (de Paz y Justicia) libres, son los que están reorganizando a la gente. Son ex militares, como el capitán Juan Bautista. Otro ex militar, es Pascual Gómez Velasco, de Nuevo Limar, sucesor de Diego Vázquez. Están los soldados (rasos) Miguel Gómez Pérez y Gilberto López Jiménez. Y otro, no militar, pero que era comandante de Paz y Justicia: Eulalio Martínez Vázquez (…)
En la época en que el general Mario Renán Castillo comandaba la VII Región Militar6, los jefes operativos eran el general Mario Reyes y el general Herrera.7 Además estaban el capitán Juan Bautista y el mayor Adeliz Luna, quien prestaba su convoy a Paz y Justicia. Él era quien hacía ‘labor social’ (acción cívica); entregaba despensas, atendía la salud (…)
“No se ve que hoy el Ejército esté apoyando a Paz y Justicia. Pero hay apoyo a la paramilitarización vía los diputados que tienen: Jorge Utrilla Robles (diputado federal) y Edgar Martín (diputado local), ambos de Yajalón. Allí donde hay un destacamento del Ejército siguen las amenazas a las comunidades. El contacto con Paz y Justicia, hoy, a través de Díaz Solórzano, es la Seguridad Pública. En el operativo de Tila (febrero de 2005)8, la Seguridad Pública actuó con violencia, como en la época del conflicto. Fue el mismo tipo de operativo. También estaba la Policía Municipal (que opera en las comunidades). Ellos y los de Paz y Justicia son los que señalan a la gente”.

Contexto Económico y Social

La falta de solución a las causas del conflicto ha llevado al empobrecimiento de comunidades y al permanente deterioro del tejido social, provocando mayor conflictividad y volatilidad en las relaciones sociales. Algunos de los rasgos que expresan esta tendencia, además de los saldos derivados de la guerra (desplazados, militarización y paramilitarización) son entre otros: la problemática en la frontera; la presencia del narcotráfico y de actores violentos como los “maras”; la creciente migración y los numerosos asesinatos de mujeres, alcoholismo, prostitución, etc.
Otra característica importante del momento que se vive ahora es la multiplicación de actores y agendas sociales, tales como la resistencia a las tarifas de luz, la lucha magisterial, la defensa de derechos humanos individuales y colectivos, así como diversas articulaciones antineoliberales y en defensa del territorio y los recursos.
Todo ello en un contexto político de impunidad, deslegitimación de la democracia partidaria, privatización del uso de la fuerza, imposición de programas de desarrollo y reformas jurídicas como las llamadas “ley modaza” y “ley antimaras” de corte autoritario y violatorias de libertades políticas y derechos humanos.
Este proceso de complejización del contexto y diversificación de luchas sociales, se observó en la visita a partir de la presencia en eventos y diálogo con algunos de estos actores.
Paz con Democracia conoció sobre el avance de los proyectos de desarrollo de corte neoliberal que se están impulsando en el estado, a través de la participación de una delegación del grupo en el “Segundo Encuentro de Comunidades en reservas de la biosfera y Campesinas”, realizado en la comunidad de Nuevo Francisco León en Ocosingo, Chis. Con 350 representantes y alrededor de 50 comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Baja California y Chihuahua, se elaboró una agenda común de “defensa del territorio y nuestros recursos” y se plantearon las siguientes ideas centrales: Se sigue negando el derecho de los pueblos indios a la consulta según lo establecido en el Convenio 169 y en los Acuerdos de San Andrés. Los actuales programas gubernamentales atentan gravemente contra los territorios ancestrales propiciando la privatización de la tierra, la mercantilización de los recursos, la contaminación y el uso de transgénicos, así como la destrucción de áreas naturales con grandes obras de infraestructura. Hay una situación de violación sistemática a los derechos agrarios, los derechos indígenas y los derechos ambientales de comunidades y pueblos en reservas. Detrás de la presión sobre el territorio y sus recursos están los intereses de grandes corporaciones multinacionales como Monsanto, Bayer, Adventis, Coca Cola y Nestlé, entre otras.
Para avanzar colectivamente en esta defensa se planteo fortalecer y consolidar la organización de comunidades, pueblos y regiones, partiendo de valores propios y de los sistemas normativos internos para la defensa del territorio. Realizar una amplia labor de información y difusión en los pueblos. Generar mecanismos de coordinación para llevar a cabo las tareas acordadas, brindar asesoría técnica jurídica y para extender una red de contacto y comunicación entre organizaciones y comunidades que comparten esta problemática. Exigir el derecho a consulta aplicando el convenio 169 de la OIT. Rechazar el Procede como vía para la privatización de la propiedad social de la tierra.
Este proceso ejemplifica los ejes emergentes de articulación que logran convocar a muy diversos actores de distintas regiones del país en una agenda común de construcción alternativa: comunidades indígenas, organizaciones campesinas, organismos civiles, agentes pastorales, investigadores, comunicadores y solidarios internacionales en un nuevo tipo de redes incluyentes y flexibles.
Sobre las distintas luchas y conflictos específicos que se han generado en el estado y se mantienen sin canales para su procesamiento y solución, se realizó un encuentro con organizaciones sociales en el cual fueron planteados los siguientes casos: Represión a familias de Petalcingo, Cántico y Nueva Esperanza por operativo policiaco. Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia. Represión a miembros de Casa del Pueblo, Venustiano Carranza. Comités de ciudadanos en resistencia para el pago de consumo de energía eléctrica por cobros excesivos. La lucha contra la ley mordaza; contra la ley de Bioseguridad. La lucha del Comité pro – liberación de David Meza y justicia para Neyra Azucena Cervantes, víctima de los feminicidios en Juárez.
Se considera que para la comprensión de la actual situación se requiere reconocer la emergencia de nuevas dinámicas, redes y actores sociales, nuevos espacios de convergencia y construcción de alternativas que deben ser integradas al análisis más completo de la nueva etapa del conflicto que vive el país en Chiapas, que al mismo tiempo que lo hacen más complejo, lo enriquecen con las múltiples formas organizativas y creativas de responder a las diversas demandas y aspiraciones sociales.

Un intento de caracterización del conflicto y los actores en la etapa actual.

A once años del estallido de la insurrección campesino indígena zapatista, el contexto internacional está hoy regido por la hegemonía imperial de Estados Unidos, que bajo la coartada de la “guerra al terrorismo” y la defensa de su “seguridad nacional”, viene impulsando lo que ha dado en llamarse un neoliberalismo de guerra. Se trata de un modelo en el cual las políticas económicas y financieras neoliberales y la militarización del mundo van de la mano y se retroalimentan.
Las políticas unilaterales de Estados Unidas han erosionado las soberanías nacionales y debilitado en extremo al sistema de Naciones Unidas, y el mundo vive hoy bajo la amenaza del surgimiento de un nuevo autoritarismo violento, que utiliza la guerra preventiva, la mercenarización de los conflictos y la tortura científica como práctica cotidiana, y que ha sido señalado por sus componentes neonazis. Con un nuevo elemento que ha comenzado a emerger durante el segundo mandato de George W. Bush: la eventual utilización de escuadrones de la muerte (paramilitarismo), como parte de la diplomacia de guerra de Washington a escala mundial.
La concepción oficial vigente sobre el conflicto, su regulación y su solución son las que se establecen en la “Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas”, aprobada el 11 de marzo de 1995 como marco jurídico propiciatorio, en cuyo Artículo 1º reconoce la existencia de un “conflicto armado”, sin abundar en su definición, pero reconociendo su naturaleza político-militar. Esta Ley establece que el EZLN como actor armado es una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas. Aunque se le coloca en una dimensión estatal, se asume que sus causas, y por tanto, las soluciones necesarias, son de orden político, social, cultural y económico.
Sin embargo, actualmente el gobierno lo califica como “un conflicto de naturaleza política local que ya superó la fase de confrontación armada”. Sostiene que su dimensión es regional e involucra múltiples actores locales, que obedece a una grave situación histórica de carencias sociales y marginación de las comunidades indígenas, así como a una intensa conflictividad extra, intra e intercomunitaria derivada de motivos religiosos, ideológicos y políticos. Su estrategia se establece entonces en el impulso de programas de gasto social y de mecanismos de concertación comunitaria para atender la problemática local. Asimismo, explica la presencia militar como una garantía necesaria para asegurar el orden público, vigilar la frontera, combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad nacional en tanto existe una declaración de guerra. En este marco, el conflicto con el EZLN es sólo uno de los componentes del problema.
Para el EZLN, en cambio, se trata de un conflicto armado que ha derivado en una guerra de exterminio, dirigida contra las formas de vida y reproducción comunitarias y que opera bajo la forma de una guerra de baja intensidad, desde una visión de Estado que mantiene la lógica militar como factor dominante para imponer su solución. Frente a ésta, el movimiento zapatista define una estrategia de resistencia activa y autónoma, y de acumulación política y territorial de fuerzas, dirigiendo su discurso y acciones contra las fuentes de legitimidad del Estado. Sostiene que sus causas son estructurales y nacionales, y que para resolverlas se requiere de una profunda transformación del Estado y del modelo económico, a partir del reconocimiento de los derechos indígenas, lucha que es hoy elemento identitario fundamental del movimiento.
A partir de esas dos concepciones, y de las denuncias formuladas a la misión de Paz con Democracia, por diversos actores chiapanecos, que aluden indistintamente a la existencia de una acción bélica gubernamental bajo las modalidades de “guerra integral de desgaste”, “guerra de baja intensidad” y “guerra económica”, y que alertan sobre una rearticulación de los grupos de poder político y económico tradicionales, así como de una reactivación de bandas paramilitares con apoyo del Ejército, la Seguridad Pública y el PRI local y nacional, podemos concluir que el conflicto de tipo militar sigue vigente, no obstante ese componente no se haya ejercido de manera intensiva y constante en la confrontación entre las partes.
La ausencia de las formas de la guerra abierta no indica el fin del conflicto, sino que a partir de la estrategia del Ejército federal, éste se manifiesta como una guerra contrainsurgente. La concepción y la estrategia del Estado siguen estando signadas por la lógica militar. Como parte del conflicto, el gobierno y el Ejército nacionales siguen actuando en la lógica autoritaria del Estado, desplegando su fuerza de manera desproporcionada. En la zona de conflicto el Ejército garantiza el control territorial, administra y canaliza la violencia, y según la coyuntura podrá recurrir nuevamente a una fase de paramilitarización.
En tanto no asume el carácter estructural del conflicto, la dimensión nacional y profunda de sus causas, la capacidad referencial del EZLN para diversos sectores de la sociedad mexicana y particularmente para los pueblos indígenas, el gobierno federal ha optado por un esquema de achicamiento y de desgaste, procurando imponer soluciones a partir de sus diversas estructuras de poder, particularmente el uso de la fuerza.
A su vez, el rápido viraje estratégico del EZLN hacia la ponderación de la lucha política e ideológica, dentro y fuera de los marcos políticos institucionales de cambio y manteniendo una resistencia armada sin enfrentamientos bélicos en los territorios bajo su influencia, así como el fortalecimiento de su capacidad discursiva y de comunicación contra las fuentes de legitimidad del Estado, establecen una disputa no sólo en términos de causas y proyectos, sino modos de confrontación y vías de solución.
Como actor de nuevo tipo, estratégicamente, el EZLN no plantea la destrucción, sino la transformación del Estado. El uso de las armas tiene un sentido político, y su eje no es la victoria militar o la toma del poder, sino la defensa de la dignidad entendida como la lucha por los derechos sociales, la identidad y la justicia. La resistencia armada que oponen al régimen se dirige más a desarticular los factores de la violencia estructural del sistema, que a la aniquilación física del adversario. El EZLN ha convertido su representación simbólica y capacidades mediáticas en pieza fundamental de la disputa por la legitimidad entre el Estado y el movimiento.
En ese escenario hay que consignar también que el conflicto se ha trasladado a otros actores y agendas. Es notable la irrupción de nuevos actores, la reactivación de organizaciones campesinas y el crecimiento de la resistencia civil, así como el avance de los planes oficiales neoliberales (Plan Puebla Panamá, ALCA) y la puesta en marcha de otros como el Prodesis, bajo el paraguas de la Unión Europea, que colocan al territorio chiapaneco, en particular a la selva Lacandona y los Montes Azules, como eje de una disputa intercapitalista e interatlántica por los recursos energéticos y genéticos, bajo pantallas “conservacionistas” y “eco turísticas”.
Pugna en la que se inscriben, además, la Ley de Bioseguridad aprobada por el Senado mexicano el 15 de febrero de 2005 y la compra de la multinacional mexicana Seminis, del Grupo Savia-Pulsar, del magnate mexicano Alfonso Romo, por la compañía Monsanto, líder mundial en granos y oleaginosas genéticamente modificados, lo que ubica a esa firma de capital estadounidense, favorecida por la administración Bush, en el acceso sur de la Reserva de la Biosfera de los Montes Azules, rica en agua, biodiversidad y reservas forestales. Ambos hechos no están desligados de la política de expulsión de familias indígenas, en su mayoría bases de apoyo zapatistas, de la zona de Montes Azules.
A partir de estos datos de la coyuntura, Paz con Democracia invita a los movimientos sociales y populares del país a insistir en la necesaria supeditación de la lógica y los actores militares a la lógica y las necesidades de la política, y por ello, como antes, frenar la militarización, paramilitarización, impunidad y polarización crecientes. A mediano plazo, se trata de rehacer las vías y condiciones para una solución política negociada y orientada a la solución de las causas estructurales y nacionales. Para ello, es necesario además rehacer el vínculo del conflicto y de la paz con la necesaria construcción y transformación democrática y de justicia.

Notas
1. En la visita participaron Alicia Castellanos, Carlos Fazio, Dolores González, Fernanda Navarro, Gilberto López y Rivas, Luis Menéndez, Luis Villoro, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Concha Malo, Pablo Romo, Paulina Fernández y Teresa Estrada. Además. este texto es suscrito por Adelfo Regino, Alfredo López Austin, Ana Esther Ceceña, Guillermo Briceño, Juan Bañuelos, Luis Hernández Navarro, Magdalena Gómez, Manuel Pérez Rocha, Oscar González, Pablo González Casanova, Rafael Moreno Villa y Víctor Flores Olea.
2. Reunión de Paz con Democracia con la Red por la Paz Chiapas, San Cristóbal de las Casas, 17 de febrero de 2005. Ver “Ejes de análisis de coyuntura” de la Red por la Paz Chiapas. Febrero de 2005.
3. “La ocupación militar en Chiapas. El dilema del prisionero”. Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, A. C. (Capise). San Cristóbal de las Casas, 2004.
4. El 22 de febrero, un día después de concluida la misión de observación del grupo de Paz con Democracia en Chiapas, la Fiscalía General del estado dio a conocer la detención de uno de los máximos líderes de Paz y Justicia, Samuel Sánchez Sánchez, en el municipio de Tila. Sánchez, un indígena chol, quien fue señalado el 16 de febrero por el párroco del Señor de Tila, Heriberto Cruz Vera, como uno de “los hombres de confianza” del nuevo presidente municipal, Juan José Díaz Solórzano, está acusado de los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada, en agravio de los entonces militantes de la organización pro zapatista Abu-Xu. Sánchez había sido detenido con anterioridad, en octubre de 2000. En esa ocasión también fue acusado de múltiples homicidios y otros agravios contra bases zapatistas de la Zona Norte de Chiapas. A los seis meses fue exculpado de los cargos “por falta de evidencias” y su expediente, según fuentes de la fiscalía, “desapareció”. Ver Juan Balboa, “Paz y Justicia busca reactivar la violencia en Chiapas: párroco de Tila”, y Ángeles Mariscal, “Detuvieron en el operativo de Tila a Samuel Sánchez, máximo líder del paramilitar Paz y Justicia”, La Jornada, 23 de febrero de 2005.
5. El citado Juan Bautista aparece con el rango de “general” y “comandante de unidad” del destacamento del Ejército mexicano en El Limar, Tila, en 1996, según el testimonio vídeo grabado de un testigo que figura en el informe “La política genocida en el conflicto armado en Chiapas”, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (enero de 2005), que ha sido elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El mismo informe lo señala como coordinador de las acciones del grupo paramilitar Paz y Justicia.
6. El general de división DEM Mario Renán Castillo, fue comandante de la VII Región Militar entre 1995 y 1997. Es mencionado varias veces en el testimonio citado en la llamada anterior. Está sindicado como el autor del plan de campaña militar en Chiapas y se le atribuye la edición del Manual de Guerra Irregular, Tomo I y II, del Ejército Mexicano, de 1996. Según varios reportes es el creador de los grupos paramilitares en Chiapas. Asimismo, firmó como “testigo de honor” en un convenio mediante el cual el gobierno entregó $ 4, 600,000 (pesos) a líderes de SOCAMA y Paz y Justicia en 1996.
7. Se trata, presuntamente, del general de brigada DEM Alberto Martínez Herrera, comandante de la 31 Zona Militar con sede en Rancho Nuevo, Chiapas (1993-2005), ejecutor del plan de campaña militar.
8. El 15 de febrero de 2005, policías estatales desalojaron de forma violenta a cientos de indígenas militantes del Partido de la Revolución Democrática, quienes el 28 de diciembre pasado habían ocupado las instalaciones de la presidencia municipal de Tila, en demanda de que fuera revocado el triunfo electoral priísta. El gobierno estatal que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía, recalcó en un comunicado que “aplica el legítimo uso de la fuerza pública”. Ver Elio Henríquez y Ángeles Mariscal, “Desalojan a perredistas de la alcaldía de Tila, Chiapas; 19 desaparecidos”. La Jornada, 16 de febrero de 2005.

Notas
1) En la visita participaron Alicia Castellanos, Carlos Fazio, Dolores González, Fernanda Navarro, Gilberto López y Rivas, Luis Menéndez, Luis Villoro, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Concha Malo, Pablo Romo, Paulina Fernández y Teresa Estrada. Además, este texto es suscrito por Adelfo Regino, Alfredo López Austin, Ana Esther Ceceña, Guillermo Briceño, Juan Bañuelos, Luis Hernández Navarro, Magdalena Gómez, Manuel Pérez Rocha, Oscar González, Pablo González Casanova, Rafael Moreno Villa y Víctor Flores Olea