ELN revista Insurrección No. 037

Revista No.037- 9 de junio de 2005

1. Editorial Romper el silencio para que florezca la verdad

2. Nacional Creciente oposición al TLC

3. Nacional Paramilitarización en la universidad pública

4. Internacional Los Estados Unidos divididos

5. Internacional Venezuela: los terroristas explícitos y los solapados

Editorial

ROMPER EL SILENCIO PARA QUE FLOREZCA LA VERDAD

Es ya imposible ocultar que el narcoparamilitarismo responde a la política del Estado y a la estrategia contrainsurgente, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos desde la década del 60 para los conflictos internos, y más cuando esa convivencia con la fuerza pública sucede diariamente, en todo el país, con descaro y sin la menor vergüenza.

Dicha política fue la base del concubinato que se estableció entre el gobierno y el narcoparamilitarismo en la lucha contra la guerrilla colombiana. Éste, convertido en instrumento del Estado, asumió la responsabilidad de la guerra sucia y a cambio se le permitió enriquecerse libremente, con franquicia para extender el negocio, copar regiones y abrir rutas de salida de la droga hacia el mercado internacional.

A veinticinco años de este entronque, de estar irrigando la economía con descomunales capitales, de haber construido poderes regionales a fuerza de la “ley mafiosa” y un cúmulo de crímenes atroces, los narcoparamilitares buscan lavar la imagen con el perdón oficial y habilitarse para hacer política y ser gobierno.

Los señalamientos que últimamente se están haciendo el Presidente Uribe Vélez y el expresidente Cesar Gaviria, así no digan nada nuevo, son importantes pues lo están diciendo ellos que conocen el entramado y la olla podrida del narcoparamilitarismo mejor que nadie.

Este hecho, junto al novelón montado con la captura y la finca-cárcel para el narco Don Berna, más las declaraciones de Vicente Castaño Gil, –el patrón mayor de Santa Fe de Ralito- han revolcado aún más las aguas y amplificado el volumen de las voces que exigen más y más claridad y condenan la impunidad.

El presidente Uribe Vélez, César Gaviria y los otros ex presidentes tienen muchas verdades por decirle al país para que se esclarezca todo el entramado de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, para que se conozca la verdad sobre los motivos y responsables de los magnicidios y genocidios, de los miles y miles de asesinatos selectivos, de los desaparecidos y los millones de desplazados, en los últimos veinticinco años.

El país tiene derecho a conocer el primer pacto contrainsurgente acordado entre la cúpula militar y los carteles de Medellín y Cali, durante el gobierno de Virgilio Barco; el segundo pacto con el cartel de Cali y los PEPES (Perseguidos de Pablo Escobar) para destruir el cartel de Medellín durante el gobierno de César Gaviria y el tercer pacto contrainsurgente con los carteles que derivaron de los PEPES, durante los gobiernos de Samper y Pastrana, en los que arrasaron los campos, con el pretexto de “quitarle el agua al pez”.

Uribe tiene mucho que aclarar sobre sus vínculos con el cartel de Medellín en la época de Pablo Escobar, sobre la formación de los grupos paramilitares cuando fue gobernador de Antioquia y el manejo oscuro de las actuales negociaciones en Santa Fe de Ralito con los narcoparamilitares. Es el Presidente y debe rendir cuenta a los colombianos.

El Congreso, de mayoría narco paramilitar, también tiene mucho que decir, lo mismo que la Fiscalía y los miembros de las Fuerzas Armadas.

El gobierno de los Estados Unidos, la DEA y la CIA tienen mayores secretos que decirle al país, pues además de haber impuesto la estrategia contrainsurgente, la utilización en ella de los grupos paramilitares y del narcotráfico para financiar las operaciones encubiertas, están involucrados en actividades de narcotráfico y guerra sucia.

Los grandes patrones narcoparamilitares de Santa Fe de Ralito tienen muchas verdades guardadas sobre la guerra sucia, las descomunales fortunas, sus vínculos con el Estado, los políticos y los gremios económicos.

Todos tienen mucho que decirle al país para que se conozca la verdad y se haga justicia, la verdad para que nunca más se repitan el terrorismo de Estado y la guerra sucia.

Pero todos callan y se cobijan con el mismo manto de impunidad. Exactamente es lo que está ocurriendo en las negociaciones en Santa Fe de Ralito, donde se negocia el ocultamiento de la verdad.

La verdad es la carta marcada que tienen y con la que juegan los narcoparamilitares para eludir la extradición a los Estados Unidos y pactar la legalización de sus astronómicas fortunas, el perdón para los crímenes atroces y habilitarse para participar en la política del país.

Ese es el precio que tiene su secreto y exigen que pague el país para continuar cubriéndoles la espalda a perversos políticos, empresarios y funcionarios públicos, beneficiados con el narcotráfico y las operaciones de guerra sucia. Exigen la ley de perdón y olvido que los blinde, hecha sobre medida.

La ley de “justicia y paz” que está en discusión y será aprobado en los próximos días en el Congreso, es el galardón a la impunidad que el Presidente Uribe otorga a sus amigos de Santa Fe de Ralito, bajo la supuesta entrega de parte de las armas y de sus bandas. La otra parte se la reservarán para seguir delinquiendo, como lo hicieron los PEPES con el perdón que les otorgó el gobierno de César Gaviria.

En la campaña electoral que empezó anticipadamente, está puesto en la agenda el problema del narcoparamilitarismo, pero como recurso de distracción y para manchar a los rivales solamente. Hasta ahí llegarán las tibias y sesgadas denuncias. En esta trampa no se puede caer, el pueblo tiene que presionar a los candidatos para que vayan más allá y exigir que los programas den respuesta a este fenómeno y a los otros problemas que afectan a las mayorías del país.

Es necesario emplazarlos para que fijen posiciones claras, planteen soluciones concretas y reales, para que no se queden en desteñidas promesas electoreras y sigan engañando como lo saben hacer.

Solamente candidatos comprometidos con los cambios que necesita el país harán posible retomar la esperanza para salir de la profunda crisis en que la oligarquía y el imperio nos han sumido. Las soluciones no llegarán de la mano de quienes se han enriquecido haciendo fiesta con las desgracias del pueblo colombiano.

Hay que presionar para que se rompa el silencio y se recupere la verdad sobre el narcoparamilitarismo, la guerra sucia, el terrorismo de Estado, la política económica despiadada y el papel que ha jugado el gobierno de los Estados Unidos en la degradación del conflicto interno colombiano. Es la postura que nos corresponde asumir a los demócratas y revolucionarios en la coyuntura actual y en aras del futuro de nuestra nación.

Con fuerza y en la calle hay que presionar por la solución política al conflicto interno, por la justicia social, por la democracia participativa, exigir que se respete nuestra soberanía, se acabe con la corrupción, la impunidad y se penalicen ejemplarmente todos los crímenes cometidos.

Ese es el camino para avanzar a la democracia real y a las condiciones para construir la paz estable y duradera. No hay más vías a la vista. Seguro que es así.

Coyuntura Nacional

CRECIENTE OPOSICION AL TLC

Nadando contra una fuerte y creciente corriente de oposición, el TLC va porque va. Así, con esa respuesta típica de quien hace de la terquedad un principio de vida, Uribe y los grandes gremios económicos fueron para Ecuador a ratificar su disposición de buenos servidores de los intereses estadounidenses.

Durante el tiempo transcurrido entre la novena ronda que se realizó en Lima entre el 18 y el 22 de abril y la que se está efectuando en Guayaquil, entre el 6 y el 10 de junio, la oposición al tratado se ha hecho más evidente y contundente por parte de diferentes sectores productivos y sociales.

La SAC (Sociedad Colombina de Agricultores), que agrupa a los grandes productores agrícolas como quien dice a buena parte de la rancia oligarquía terrateniente colombiana, ha sentado una posición en cuanto a que no están dispuestos a perder sus ganancias, por ninguna promesa del gobierno o de los gringos.

Ese gremio está bien informado tanto por su cercanía con el gobierno actual, como porque han conocido en detalle las consecuencias sufridas por los agricultores mexicanos luego de más de diez años de firmado el TLCAN.

Sus cálculos deben estar bien hechos para llegar a oponerse como lo han hecho, incluyendo su no participación en la décima ronda. ¿Qué quedará para los medianos y pequeños agricultores si los grandes ya se ven perdidos de firmarse el TLC?

Los grandes productores de palma africana, arroz, soya, trigo, cebada, cereales en general, así como los de la industria de aceite, carne de pollo, lácteos, carne de res tienen su futuro pendiendo del débil hilo que es la supuesta defensa de los intereses nacionales por parte del gobierno y de la comisión negociadora que lo representa frente a la prepotencia imperial.

El ministro de agricultura, Andrés Arias, ha afirmado que el gobierno no podía depender de los intereses particulares, refiriéndose a los gremios agrícolas que han protestado, y que el gobierno tomará las decisiones “más convenientes” para el país. Ha reconocido, además, que al gobierno le interesa que productos como el tabaco, los cigarrillos, frutas, hortalizas y etanol puedan entrar a Estados Unidos, aunque tengan que sacrificar a otros productores.

Para completar dijo también que esos productos que el gobierno pretende priorizar, dependen de “la voluntad técnica de Estados Unidos” y de los movimientos que haga a favor de su comercialización.

Si esto fue una advertencia o no, no nos preocupa polemizar. Lo que si demuestra es que hay cosas muy graves en juego que no se muestran claramente a los interesados que, por supuesto, no son solo los miembros de la SAC y otros gremios agropecuarios, sino a millones de agricultores, jornaleros, empleados que se han manifestado de otras formas.

En realidad todos los productores del sector agropecuario, grandes, medianos y pequeños han llegado a comprender que tienen una sentencia de desaparición puesta en la “mano dura” del gobierno, que sus propuestas no las tienen en cuenta y que los “intereses del país” que el gobierno dice defender, son bien diferentes a los de ellos.

Le dan fuerza a esa gran corriente de oposición otros sectores como son los pequeños y medianos industriales, agrupados en ACOPI (Asociación Colombiana de Pequeños Industriales) amenazados también por la entrada al país de artículos usados y reciclados, como maquinaria, autopartes, textiles, ropa llantas, tractomulas, etc.

Durante la convención que realizó en mayo esta organización, se denunció que el gobierno no ha tenido en cuenta para nada la lista de 160 productos altamente sensibles para este sector industrial, mientras la delegación norteamericana quiere imponer un inventario sin fin de bienes reciclados.

Temas como la penetración cultural han sensibilizado a los trabajadores del sector y a todos los que luchamos por consolidar nuestra identidad, pues los gringos vienen dispuestos a copar los espacios televisivos y de entretenimiento, con todo tipo de audiovisuales y música made en USA.

Los educadores y otros trabajadores de este importante sector se oponen abiertamente a la decisión de que la educación sea tratada en el TLC como una mercancía y por tanto no solo continúe su privatización, sino también la apertura total a la entrada de instituciones foráneas, con intereses y objetivos extraños.

El intercambio cultural y educativo es un derecho de los pueblos que debe hacerse sin la óptica de la ganancia y de los intereses hegemónicos que campean actualmente, sin el menor respeto por la nacionalidad.

En el sector bancario hay fiebre de fusiones con el supuesto objetivo de blindarse ante la llegada de bancos estadounidenses. Esto ha traído como consecuencia cientos de personas que quedan desempleadas, como consecuencia de la política del pez grande que se come al pez más chico. Los gremios financieros más poderosos potencian sus ganancias a niveles archimillonarios mientras otros desaparecerán, sin remedio.

En el sector de telefonía se lucha para que la móvil sea definitivamente descartada de la negociación, pues las empresas extranjeras llegarían a utilizar las redes ya instaladas, sin pagar impuestos gracias al TLC y a desplazar a las operadoras nacionales que tienen un buen cubrimiento de la demanda.

Como puede verse, a grosso modo, son muchas las vertientes que día a día se incorporan con fuerza en contra del TLC. Habría que añadir otros dos elementos importantes como son la creciente oposición a este tipo de tratados en diferentes sectores productivos y en el Congreso de Estados Unidos, y la coyuntura electoral en Colombia.

El jefe del equipo negociador Hernando José Gómez y diferentes funcionarios gubernamentales han reconocido, más o menos abiertamente, que la “ofensiva diplomática” colombiana no ha tenido frutos visibles.

La aprobación del tratado con los países centroamericanos es evidentemente cada vez más improbable y este hecho constituye un mal presagio para Uribe y sus secuaces, mientras es un buen augurio para los colombianos decentes.

La delegación que representa al gobierno de Estados Unidos no tiene apuro y por eso su estrategia de no responder a determinadas propuestas, o hacerlo a última hora, como la referente a los productos agrícolas por ejemplo. Es una actuación premeditada. Requieren de tiempo. El apuro va por parte de Uribe, Toledo y en alguna medida del nuevo mandatario ecuatoriano.

Pero Uribe es ciego y sordo, solo oye y ve lo que viene de la Casa Blanca. No está aún claro qué discurso utilizará en su campaña de reelección sobre el tema TLC. Es posible que el remolino creciente de contradicciones y oposición ahogue sus pretensiones y su autoritarismo.

Mientras tanto, en todo el país continúan celebrándose foros y debates sobre el tema. Los estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad del Valle realizaron una preconsulta el 26 de mayo, cuyo resultado fue un no contundente a este crimen contra la patria.

Se preparan otras consultas promovidas por diferentes sectores sociales y políticos, muestra clara de la voluntad popular.

La lucha debe continuar hasta vencer. En todos los rincones de la patria debe continuar la movilización y la exigencia de la consulta popular debe crecer para aplastar la arrogancia del presidente y sus funcionarios. Este es un tema ideológico y político, aunque ellos quieran engañar y restar razones a quienes nos oponemos, pretendiendo que es solo comercial

Estamos seguros de la decisión del pueblo en cuanto a no permitir que se acaben de entregar nuestros recursos y la vida de los colombianos en bandeja de plata al poder devorador del capital imperial.

Coyuntura Nacional

PARAMILITARIZACION EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

El movimiento estudiantil universitario y de los colegios públicos, continúa peleando con justeza el derecho a la educación y la obtención de garantías sociales que le permitan desarrollarse sana e integralmente y para que el progreso de nuestro país se pueda revertir en beneficio de la población en general.

Ante la lucha por este legítimo derecho el Estado ha respondido con un terrorismo sistemático, que va desde las medidas para privatizar la educación pública, con lesivas consecuencias, hasta la imposición del miedo mediante la actuación del narcoparamilitarismo en los centros de estudio.

Álvaro Uribe Vélez, fiel representante y leal seguidor a las enseñanzas elaboradas en la Escuela de las Américas que el imperio diseñó para frenar el inconformismo social y combatir los brotes revolucionarios de los pueblos, ha enfilado una sangrienta ofensiva paramilitar contra los líderes estudiantiles y sus movimientos.

Es de resaltar el caso de la Universidad de Córdoba, donde desde hace tiempo Salvatore Mancuso, uno de los más grandes capos y jefe paramilitar, ha venido dirigiendo el funcionamiento de dicho establecimiento.

Bien sea por vía radial, telefónica, cartas o sencillamente con convocatorias, suele citar al rector, a miembros del consejo directivo y a estudiantes para que reciban las debidas orientaciones y órdenes del caso para incidir en la vida académica y administrativa de la universidad.

Al parecer se pretende instaurar este tipo de modalidad en todas las universidades del país, donde las mafias locales asumirán de manera directa o indirecta los destinos universitarios.

El Estado colombiano y su novedosa modalidad de intermediarios, se vale hoy del concurso de estos asesinos, para que “impongan la ley y el orden” en el Alma Mater, controlando y, en el peor de los casos que ya son muchos, aniquilando físicamente a quienes deciden enarbolar las banderas históricas del estudiantado.

Está claro que lo que se pretende es golpear las aspiraciones y derechos políticos, sociales y culturales de los estudiantes y la juventud en general.

La paramilitarización del país viene cada día cobrando más vidas de los estudiantes. La desolación que circunda los campos, la huella lúgubre que tanto crimen ha marcado en el movimiento sindical y popular, en el periodismo crítico, en los artistas, en las mujeres dirigentes, etc., expresan el rostro de un Estado que desarrolla sin rodeos métodos fascistas sin precedentes.

Ahora de lo que se trata es de ir borrando de nuestra geografía nacional todo ese acumulado juvenil que volcado a las calles, se pelea con las uñas, la posibilidad de la risa, la alegría, el deleite que produce el contacto con la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la técnica, que encuentran en los templos del saber, como la escuela, el colegio y la universidad.

Grave situación de las principales universidades y de colegios públicos, que desde la llegada de Uribe Vélez a la presidencia, se encuentran sumidas en la incertidumbre. Los casos de la Universidad de Antioquia, de la Nacional en Bogotá y Medellín, la Universidad Industrial de Santander, la del Cauca, la de Nariño, la de Córdoba, las de la Costa Atlántica, etc., constituyen el más claro ejemplo.

Crímenes ocurridos en una lucha desigual de gritos rebeldes estudiantiles, contra las balas, las bombas lacrimógenas, los pasamontañas de la nueva policía robotizada, la infiltración de personal paramilitar que, en contubernio con las “autoridades del orden gubernamental”, hoy deambulan por los claustros de los educandos, como Pedro por su casa.

Un estudiante de la Universidad de Antioquia y uno de un colegio del Cesar, manifestaron que el paramilitarismo les ha llegado porque no van a tolerar que la juventud en su conjunto se oponga a las medidas y reformas educativas que el presidente desde el modelo neoliberal quiere imponer.

Hoy en día, son muchos los estudiantes asesinados por mantener la lucha contra la privatización de la educación pública. Lo vimos reflejado en la marcha del Primero de Mayo donde se perpetró el asesinato de Nicolás Neira, en la protesta contra el Tratado del Libre Comercio (TLC) en febrero de este año, donde se encontraban las estudiantes Magali Betancourt y Paula Andrea Ospina, de la Universidad de Antioquia, también vilmente asesinadas.

Por otro lado, el joven estudiante condena enérgicamente la exclusión social a que se le viene sometiendo a través las llamadas “limpiezas sociales”, como por ejemplo la que están ejecutando en Ciudad Bolívar, barriada bogotana, que entre finales del 2004 y lo que va del año 2005 cuenta más de ciento cincuenta asesinatos de jóvenes menores de veintiséis años, todos ellos perpetrados por bandas paramilitares.

Como vemos el terrorismo de Estado está cobrando con sangre el inconformismo y la toma de conciencia por parte del estudiantado colombiano. Por eso está incursionando al interior de las universidades y colegios, no solo para amenazarlos, perseguirlos, desaparecerlos, detenerlos y quitarles la vida, sino también manejando el poco presupuesto que el Estado da para este rubro.

Así mismo ha sucedido en el sector de la salud en la Costa Atlántica, donde el paramilitarismo maneja y dilapida el presupuesto de la salud, destinándolo para la compra de armas, droga y la guerra contra los pobres.

Si bien es cierto que la situación por la que atraviesa el estudiantado colombiano es escalofriante, también es cierto que su movimiento viene organizándose y consolidándose a nivel regional y nacional, alrededor de la defensa del derecho a la educación pública.

Recordamos que a comienzos de los años sesenta el movimiento estudiantil liderado por la Federación Universitaria Nacional (FUN), libró grandes batallas encaminadas no solo a la transformación política y académica de la Universidad, sino también a la construcción, junto a los obreros, campesinos y demás sectores populares, de un nuevo sistema social para nuestro país.

Esta importante herencia organizativa y beligerante se mantenerse más viva que nunca en estos momentos, por eso resaltamos la entereza y la dignidad con que viene fortaleciéndose el compromiso social del estudiante con su país.

La rebeldía innata de nuestra juventud excluida, los dispone a no tenerle miedo al miedo y a confrontar con inteligencia, organización y valentía la intolerancia de un sistema político carcomido por la corrupción y el crimen, características estas de la clase política, ganaderos e industriales, que sin pudor alguno, al lado de Mancuso, se proponen acabar con la vida de las nuevas generaciones y con ellas, sus sueños de paz y libertad.

Llamamos al pueblo colombiano a confrontar el horror del poder que encarna este gobierno narcoparamilitar. A solidarizarse profundamente con el sector estudiantil, pues son nuestros hijos y a ellos les debemos una protección ilimitada, capaz de garantizarles los bríos necesitados por la nueva Colombia que nos proponemos conquistar.

Coyuntura Internacional
LOS ESTADOS UNIDOS DIVIDIDOS
Cuando observamos a los Estados Unidos después de 55 meses de padecer al gobierno de Bush Jr. entendemos que el asalto al mundo empezó por allí mismo.

La pandilla que rodea a Bush y comparte con él la ausencia de humanidad, promueve la rapiña y la piratería a nivel global y al interior de su propio territorio. El Emperador Bush Jr está gobernando para una minoría, para su entorno político y económico. Su concepción depredadora se manifiesta abiertamente hacia afuera y es más discreta hacia adentro.

La telaraña de su poder económico se enreda en la poderosa industria petrolera, la industria armamentista, las grandes compañías tipo Grupo Carlyle o Halliburton, (de la cual es accionista preponderante Dick Cheney, vicepresidente) que ahora se encarga de reparar lo destruido en Iraq.

Es decir, que la pandilla dirigida por Cheney y Bush tiene su propios intereses y se sirve del asalto al poder de la estructura gubernamental (a través de fraudes, engaños, simulaciones, caída de las torres) situando por encima sus intereses mercantiles que casi nunca van por la misma vía de la búsqueda del bien común y el bienestar para el pueblo y la nación de Estados Unidos

Bush. Jr es el centro de una horda de depredadores que van por todo. Es un grupo de ultraderecha, que cuenta con sustanciadores de la guerra y con los medios de comunicación que mantienen el engaño de democracia en donde una dictadura plutocrática es la realidad.

La casta de los Bush es uno de los ejes del verdadero poder, aunque Bush Jr. perfiló mejor su papel y sus resultados. George Soros, el megaespeculador, dueño de una fortuna de más de 7.000 millones de dólares, lo plantea así: “pienso que Bush ha cambiado el carácter de Estados Unidos y lo está llevando en mala dirección. Un puñado de ideólogos ha secuestrado al Poder Ejecutivo y ha llevado a Estados Unidos demasiado lejos a la derecha”.

La gestión del gobierno de Bush Jr. ha arrastrado a un estado de polarización profundo en la sociedad estadounidense. Las acciones claramente derivadas para beneficiar a la minoría millonaria, como la supresión de los impuestos a los más ricos, el recorte de los derechos civiles creando incluso un engendro como la Secretaria de Estado para la Seguridad de la Patria, la imposición de tratados comerciales que han derivado en la pérdida física de millones de empleos por el traslado de las fabricas a lugares donde la mano de obra es más barata, son apenas unos ejemplos.

Ahora su objetivo económico principal en este cuatrienio es apropiarse de los ingresos que reporta el sostenimiento de la seguridad social del pueblo estadounidense, que quieren privatizar y monetizar para obtener beneficios gigantescos, con graves consecuencias para las decenas de millones de jubilados.

Incluso la base republicana, que es la más regresiva y reaccionaria, se ha resentido por sus posiciones autoritarias y de rapiña, rompiendo los consensos en el Congreso estadounidense, donde en los últimos tiempos no las ha tenido todas consigo el gobierno de Bush.

La elección para la embajada en la ONU de Jhon Bolton, uno de los más agresivos representantes de esta nueva forma de hacer y ejercer la política, resultó en un debate sobre la administración Bush y sus personeros. Bolton es un criminal, que trabajó por la agresión contra Iraq y se inventó que Cuba estaba produciendo armamento químico y bacteriológico, con el fin de promover una invasión. La bancada demócrata y algunos desprendimientos republicanos no han dado el plácet para que este bárbaro sea representante de Estados Unidos en la ONU.

Igual ocurre con la validación de los Tratados de Libre Comercio por el Congreso, que ha sido frenada pues los trabajadores estadounidenses han levantado su voz de protesta. Los TLC y el CAFTA (que está en la mesa de discusión) van en contra de sus ingresos y bienestar por el peligro latente de la pérdida de puestos de trabajo.

El papel de los medios de desinformación como la Fox, CNN y periódicos y emisoras, ha cimentado la mentira del régimen. Sin embargo cada día es más elevado el número de ciudadanos estadounidenses que comprende que esa forma de hacer política solo lleva al despeñadero a todo el país. Los intereses del Grupo Carlyle o de Enron, o de la Chevron Texaco, no son los mismos de toda la sociedad.

Las decenas de miles de jóvenes que regresan de la guerra criminal contra Iraq heridos y muertos, la pérdida de legitimidad y credibilidad global que produce esta agresión, las torturas y desmanes que se llevan a cabo contra los presos en las cárceles del mundo bajo la bandera yanqui y, sobre todo, el erosionado dolarcentrismo y la deteriorada superioridad económica con la emergencia de China, son factores que promueven la creciente oposición interna a su régimen autoritario.

Las protestas en las calles continúan y las grandes coaliciones citan de nuevo a grandes movilizaciones contra la guerra y por la justicia.

Estados Unidos, que se preciaba de una sociedad diversa pero equilibrada, es ahora y cada día más una sociedad dividida, donde se desata la bestia del fascismo y el control de la vida de los ciudadanos democráticos y progresistas, que entienden que el futuro de los Estados Unidos está vinculado al de los demás países de la tierra y no a los intereses del complejo militar industrial o al de las siete empresas ricas del petróleo.

Para Bush Jr. la fuerza, el engaño y la manipulación se han convertido en la única forma de gobernar, de controlar la creciente oposición que emerge desde las mismas entrañas del imperio.

Son 55 meses que tienen a Estados Unidos dividido en su interior, deslegitimado en el mundo y perdiendo su primacía económica global. No le va a ser fácil continuar con su asalto global, desde su propio territorio responden los hombres y mujeres que luchan por un mundo mejor, en paz y con justicia para todos.

Coyuntura Internacional
VENEZUELA: LOS TERRORISTAS EXPLÍCITOS Y LOS SOLAPADOS

En estas últimas semanas el nombre de Luis Posada Carriles ha sido escrito, mencionado, escuchado y leído en casi todos los medios de comunicación de Venezuela. Como una nota más en los medios privados y como un cuerpo de críticas por los medios alternativos.

Este personaje cubano de origen, terrorista de profesión, quien dirigió la DISIP (inteligencia política) y es agente de la CIA desde 1960, asesinó y torturó a decenas de militantes revolucionarios en la década del 60 en Venezuela.

Venezuela solicita su extradición pues él se fugó de una cárcel donde estaba recluido producto del criminal atentado a un avión cubano en pleno vuelo, con 73 pasajeros a bordo.

El terrorismo nuevamente se erige como concepto que depende de la conveniencia de los poderosos. La extradición sólo es válida cuando se trata de algún “enemigo del imperio”, para quien se debe castigar sólo a algunos de los que ponen bombas contra ellos, o a quienes se rebelan contra la opresión, más no para quienes matan bajo sus órdenes.

Venezuela que está en la mira de la acción imperialista, a través de su vicepresidente José Vicente Rangel, denunció en La Habana en el Encuentro Contra el Terrorismo y Por la Verdad y la Justicia, las amenazas cada vez más abiertas de segar la vida del Presidente Hugo Chávez. La alianza para este magnicidio es entre paramilitares colombianos que han entrado en Venezuela, la ultraderecha venezolana y la colombiana y los cubanos contrarrevolucionarios de Miami. En el centro, puntualiza Rangel. “(…) moviendo todos los hilos está la agencia de inteligencia norteamericana, sería un crimen de la CIA, del gobierno norteamericano y de Bush”.

Esta denuncia indica por dónde es que se mueve el terrorismo internacional en estos tiempos en América. Los vasos comunicantes entre la ultraderecha a nivel internacional los alimenta la CIA y su instrumento preferido: la banda criminal de origen cubano a la cual pertenecen Luís Posada Carriles, Orlando Bosh, Félix Rodríguez, entre otros.

Sin lugar a dudas, la oposición venezolana ha guardado momentáneamente a sus mujeres y las lentejuelas, ya no hay marchas ni guarimbas (sabotajes y asonadas) visibles, pero se encuentran ejecutando labores selectivas de resquebrajamiento interno del proceso.

Mientras Posada Carriles espera en los Estados Unidos por su extradición, las organizaciones populares, la urbana y la rural se preparan, resisten y luchan contra los terroristas cotidianos, los asesinos a sueldo de los terratenientes y los que se creen dueños de Venezuela, los que le hacen el juego al fortalecimiento del Tío Sam y su sueño del implementar el Plan Colombia sin fronteras.

En el campo el terrorismo solapado esta vivo. La cifra de campesinos asesinados en Venezuela en los últimos años no se conoce con exactitud. Para abril de 2004 se hablaba de 120 dirigentes campesinos asesinados. El número ha aumentado y la situación se ha recrudecido en este año.

En los estados más céntricos (Cojedes, Portuguesa, Lara, Yaracuy entre otros) los asesinatos se expresan más claramente en la lucha por la tenencia de la tierra, contra la organización campesina, contra los luchadores antilatifundio.

En algunas ocasiones, sobre todo cuando ocurre en los estados fronterizos con Colombia (Apure, Zulia, Barinas), los paramilitares son instrumentos de estas prácticas, así como también de las violaciones y abusos recurrentes contra quienes viven en estas comunidades.

Se quiere reproducir la barbarie paramilitar de Colombia en suelo bolivariano y para esto cuentan con la ayuda de la ultraderecha colombiana y la acción imperialista.

En este escenario oculto aparecen la OEA y Condolezza Rice, la Secretaria de Estado de EEUU, invocando la posibilidad de monitorear Venezuela, pues “no basta ser elegido democráticamente, sino que hay que gobernar en democracia” y para eso está la OEA, la misma que apaña las negociaciones con los paramilitares en Colombia, como árbitro y posible interventor. El cinismo y la ausencia de moral y de ética no tienen medida.

Mas Estados Unidos ensilló la bestia y resultó que no la amarró bien. La OEA esta vez no funcionó bajo la batuta imperial. La solicitud imperialista de control sobre las democracias no pasó.

Posada Carriles sufrió un nuevo golpe en la OEA, el imperio tuvo que firmar una resolución que le impone su extradición a Venezuela. Posada continuará en la primera plana de los periódicos. Esperemos que esta vez se haga justicia.