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Buenos Aires, 4 de julio. Un aire de fiesta circulaba esta tarde entre los organismos de derechos humanos después de que la justicia argentina rechazó la extradición de Sergio Galvarino Apablaza Guerra, solicitada por Chile, donde se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato de un senador de derecha y del secuestro del hijo de un empresario de la comunicación, pues las pruebas eran poco sólidas.
La solicitud de extradición de Apablaza Guerra, comandante Salvador, un hombre con larga historia de lucha y víctima a su vez de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, estaba en manos del juez Claudio Bonadío, quien después de un juicio oral decidió rechazar el pedido.
Poco antes de la decisión judicial, el propio Apablaza Guerra dijo en su defensa que “en este largo andar las únicas cicatrices y manchas de sangre que tengo son las de mis torturas y las de los miles de compatriotas asesinados por la dictadura, para quienes lamentablemente la justicia parece muy lejana”.
De la misma manera, expresó lo que por otra parte sostenían aquí todos los organismos de derechos humanos: “¿qué garantías procesales tenemos, si los militares que tomaron el poder por asalto (en 1973) continúan impunes?”
El también ex dirigente juvenil comunista y ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue reclamado por la justicia chilena. En ello también intervino la Interpol, debido a que esa agrupación se adjudicó el atentado en el que murió el senador Jaime Guzmán el primero de noviembre de 1991. Por ese mismo año también se atribuyó a la organización el plagio de Christian Edwards del Río, hijo del dueño del diario El Mercurio.
Apablaza fue detenido en noviembre de 2004 en una localidad de la provincia de Buenos Aires, donde vivía con su esposa y sus pequeños hijos. En el momento de su detención, por la policía de la provincia de Buenos Aires, la Interpol y, también se dijo, algunos policías chilenos, Apablaza tenía documentos falsos. Iba a realizar gestiones para pedir refugio en Argentina.
Apablaza denunció hoy “un pacto entre el gobierno civil, la derecha pinochetista y los militares para no tocar al ex dictador Augusto Pinochet”. Para el ex guerrillero -sobre cuya vida está escribiendo un libro la escritora chilena Virginia Vidal-, quien también estuvo en Nicaragua en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, la acusación real es que perteneció al FPMR y al Partido Comunista chileno, y reconoció que por primera vez puede asumir su defensa públicamente.
La solicitud de extradición de Apablaza fue rechazada desde un principio por organismos humanitarios, abogados y buena parte de la sociedad argentina. Inclusive se escucharon denuncias sobre el hecho de que el gobierno del presidente Ricardo Lagos jugaba a la “teoría de los dos demonios”.
El 28 de diciembre de 2004, la Corte Suprema de Chile ratificó en escasos minutos la solicitud de extradición, de manera sospechosamente apresurada. Lo cierto es que Apablaza se enteró de que estaba acusado de la muerte de Guzmán y del secuestro de Christian Edwards después de su detención aquí, ya que ambas causas estaban jurídicamente resueltas y se había establecido que el ex guerrillero no tuvo participación.
En Chile se denunció también que había un “juicio armado” contra Apablaza Guerra y ello significaba que no tenía “las garantías mínimas para un juicio justo, ya que se le juzga y condena de antemano”.
La resolución de la justicia argentina se toma en momentos en que crece el desprestigio de la derecha chilena, cuando Pinochet evade una y otra vez una condena y sigue en una quinta de su familia.
Pero también en ese país surgieron denuncias sobre una acción preparada minuciosamente por los órganos represivos chilenos, de manera conjunta con la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos y su par argentina, especialmente en momentos en que la verdad sobre lo sucedido en ese país durante la dictadura se va conociendo más profundamente. Ahora pedirá aquí asilo político.
Desde Santiago, el presidente chileno, Ricardo Lagos, señaló tras conocer el fallo que “en todo caso es una resolución de primera instancia. Una u otra parte van a apelar y eso llegará hasta la Corte Suprema”.
El canciller Ignacio Walker anunció que su gobierno apelará de la resolución para conseguir la extradición de Aplabaza, quien estuvo prófugo 13 años, reportó el corresponsal Enrique Gutiérrez.
