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por Actualidad Étnica
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Las comunidades indigenas del Resguardo Turpial La Victoria (Achaguas y Piapocos), pertenecientes al municipio de Puerto López (Meta), promulgaron una resolución en la cual toman algunas decisiones relacionadas con el proceso de consulta previa por el Encauzamiento del Río Meta, evento que compromete principalmente al Instituto Nacional de Vías –INVIAS-.
La resolución 003 emitida por el Cabildo Mayor del Resguardo el pasado 25 de junio, hace un recuento del proceso, el cual ha girado en torno a una serie de reuniones de carácter informal realizadas con funcionarios de INVIAS y que tenia como objeto el intercambio de ideas acerca del proyecto de encauzamiento del Río Meta.
El proyecto de canalización del río Meta se enmarca dentro de una estrategia regional que tiene como fin el restablecimiento del equilibrio del cauce, en la perspectiva de un canal navegable.
En la cuenca del río Meta habitan las comunidades indígenas Achaguas y Piapocos, en territorio de resguardo. El derecho constitucional y la normatividad colombiana exigen la realización de una consulta previa con estas comunidades, cuando se pretenda realizar proyectos de explotación o impacto de los recursos naturales.
Buscando allegar la documentación para cumplir con este requisito, en marzo de 2004 los funcionarios de la entidad visitaron la comunidad Achagua de Humapo y recogieron firmas de asistencia a una reunión informal. Este tipo de reuniones se han realizado en varias oportunidades durante el presente año sin que INVIAS haya hecho nada para protocolizar la apertura publica de consulta publica. Tampoco se han realizado las acciones pertinentes para la realización de los estudios de impacto ambiental con la participación de las comunidades, como manda la ley. Para los indígenas, estas conductas están en contradicción con lo estipulado en el decreto 1320 de 1998, en una clara manifestación de inaplicación de la ley.
Estos hechos, llevaron a los miembros de las dos comunidades, reunidos en Asamblea el pasado 25 de junio, a ordenar al Cabildo Mayor y a su Gobernador la suspensión de estos diálogos de carácter informal con la Empresa estatal, “hasta tanto no se establezca una agenda en la cual se acuerden los eventos y procedimientos con los cuales se adelantara la Consulta Publica del mencionado Macroproyecto por parte del Gobierno Nacional”.
Por mas de un año las autoridades indigenas estuvieron empeñadas en sostener un dialogo intercultural con los funcionarios de la empresa, buscando garantizar el respeto por los tratados internacionales, en particular el convenio 169 de la OIT. Y buscando sensibilizar a los funcionarios sobre las particularidades de las comunidades indigenas, “su relación más armónica con el entorno natural y cultural, y sus conocimientos probados en la conservación y explotación sostenible del medio ambiente, siempre y cuando no se les infiera agresión cultural o económica”. No obstante la voluntad de las comunidades, los funcionarios de INVIAS no han sido claros en ningún momento del proceso, y por el contrario, han tratado de compilar una serie de actas suscritas por la comunidades a modo de proceso de concertación, sin que medie el proceso formal de la consulta.
El desconocimiento de los funcionarios de INVIAS en materia de legislación indígena se evidenció el pasado 24 de junio cuando “el Ingeniero a cargo del proyecto ha pretendido amedrentar a las autoridades indigenas diciendo que INVIAS esta dispuesta a llevarse los recursos financieros para otro proyecto en otro lugar del país”.
Estos hechos motivaron la resolución de la Asamblea Indígena, quienes han ordenado “la clausura de Conversaciones Informales con el INVIAS acerca del Proyecto de Encauzamiento del Río Meta y prohibir cualquier dialogo que no este enmarcado en una Consulta Publica con pasos debidamente concertados con las comunidades”. Frente a estos últimos hechos, los cuales constituyen una verdadera agresión a las comunidades indigenas, la Asamblea de los Achaguas y Piapocos han lanzado un SOS “dirigido a los Pueblos Indigenas Hermanos del país y un SOS a nivel internacional, para convocar su solidaridad en defensa de los derechos fundamentales reconocidos por la OIT”.
Los indigenas en modo alguno se han opuesto al desarrollo de las obras, por el contrario, han solicitado la presencia de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría Delegada para los derechos de los Grupos Étnicos, de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, de la Delegación especial de la OIT para Colombia y del Consejo Superior de la Judicatura para que se garantice una Consulta Pública adecuada en especial con la participación de la Comunidad, de su Consejo de Ancianos, y de expertos bajo su dirección que realicen los estudios ambientales que dicho proyecto requiere”. En ese sentido, han hecho una invitacion al Instituto Nacional de Vias a concertar el procedimiento de la consulta con las debidas garantias por los derechos fundamentales de los pueblos indigenas.
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