Imprimir
Enviar
Conflictos y desafíos del Movimiento Campesino
La asunción de Duarte Frutos a la presidencia de la república en agosto de 2003 si bien es cierto, supuso la continuación de las políticas económicas de los gobiernos anteriores, ha marcado también el inicio de cambios en la gestión política interna que ya puede ser evaluada como altamente negativa para el movimiento social en su conjunto y –por ser el de mayor importancia- para el campesino en particular.
Un contexto particularmente hostil.
Lo específico de la gestión de Duarte Frutos es la “legitimidad” de su gobierno para aplicar los mecanismos político-institucionales que permitieron la profundización de la política neoliberal. Esta “legitimidad” deriva de varios factores; su relativa poca vinculación anterior con el aparato del Partido Colorado (en el gobierno desde 1940) notablemente desprestigiado por la corrupción y el atraso en que ha sumido al país; el importante número de votos logrado en las elecciones del 2003 (34%) debido en parte al uso demagógico de reivindicaciones populares empleado durante su campaña; la composición de su gabinete con figuras no necesariamente provenientes del tradicional clientelismo colorado; las medidas populistas de la primera etapa de su mandato; el uso hasta el hartazgo de un marketing publicitario delicadamente esbozado y varios otros factores.
Con este impulso inicial (su nivel de aprobación por parte de la ciudadanía llegó a ubicarse por encima del 50%) la mona fue rápidamente despojándose de sus vestidos de seda. A tres meses de haber asumido, el Paraguay por primera vez en su historia firma un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional, con las condicionalidades que ello implica; se suceden otras iniciativas tanto en el plano tanto económico, como jurídico y una bien planificada campaña de desprestigio de los movimientos sociales y partidos políticos progresistas.
El gobierno, sin una estrategia propia, aparece en poco tiempo como una estructura orientada en lo sustantivo a precautelar los intereses de cuatro grupos de poder claramente delimitados. Por un lado, el que reúne los intereses del capital transnacional, grupo que incluye a las multinacionales financieras, del petróleo, de provisión de insumos para la agricultura de exportación, las importadoras y exportadoras y en lo institucional, a los organismos multilaterales de crédito y a la propia embajada norteamericana.
El segundo grupo, es el de los latifundistas que no sólo ha mantenido el poder y prestigio de antaño sino que lo ha multiplicado por efecto de la hipervalorización inmobiliaria rural que resultó –últimamente y entre otras cosas- de la expansión del área de siembra de la soja transgénica y de la apertura de nuevos mercados internacionales para la carne elaborada.
El tercer grupo de poder es el de los narcos. Extensos territorios del país se encuentran hoy bajo control de facto de grupos dedicados a la producción de marihuana, vinculados a los que trafican insumos para la cocaína y producción terminada de la misma hacia mercados de ultramar. Este grupo, íntimamente vinculado a todas las esferas de poder, completa sus ganancias con el muy próspero negocio del lavado de dinero. Se trata de un poder paralelo, subterráneo pero visible para toda la población (especialmente la rural), controla importantes recursos del poder político y administrativo del Estado.
Finalmente, opera el grupo de pseudo empresarios (empresaurios) que forman parte del (o se benefician por parentesco o vínculos políticos con el) gobierno. Engrosan este grupo buena parte de los integrantes de la burocracia corrupta del régimen. Las fuentes principales de enriquecimiento de los integrantes de este grupo son; las licitaciones amañadas de obras públicas, el contrabando, otras formas de evasiones, el desvío de fondos públicos y otras. Los intermediarios en la comercialización de productos agrícolas se ubican en su mayoría en este grupo.
El empresariado auténtico, debilitado, deambula sin rumbo principalmente entre los dos primeros grupos. El empresariado agrícola, específicamente el mediano dedicado a la soja, debe considerarse una prolongación de los grupos multinacionales que proveen insumos para la agricultura y de las agroexportadoras. Sus integrantes son en la práctica, “trabajadores a domicilio” de aquellos.
Todos estos grupos -que son los que realmente detentan el poder real más allá de la formalidad de las instituciones estatales- tienen intereses anti-campesinos. Se retoma este punto más adelante.
Movimientos campesinos
Se obvia en este trabajo la descripción histórica del movimiento campesino en el Paraguay que ya ha sido abordado por diferentes autores. En la actualidad, tal como lo apunta Palau (2002) “dos son las principales referencias organizativas campesinas, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y la Federación Nacional Campesina (FNC). La primera articula en su interior a organizaciones de base, regionales y nacionales, tiene una estructura bastante laxa –propia de su estructura de coordinadora- y sus reivindicaciones centradas –en los últimos años- en la implementación de proyectos productivos y en demandas de tierra, salud y educación. La FNC, por su parte, también con presencia e inserción en gran parte del país, tiene una estructura bastante más rígida y sus reivindicaciones -en los últimos años- están principalmente centradas en el cultivo y la industrialización del algodón. Ambas sin embargo, coinciden en la necesidad de la reforma agraria y son contrarias a las políticas neoliberales, asimismo, utilizan los mismos métodos de lucha: movilizaciones, invasiones de tierra y cortes de rutas, constituyéndose esta última en la medida más fuerte de presión”. Una tercera organización de carácter nacional, la Organización Nacional Campesina (ONAC) más pequeña y de origen social-cristiano, ha estado aliada hasta el 2002 a la FNC, pero debido a diferencias internas se separa de ella y desde entonces participa del Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida, liderado por la MCNOC.
CONAMURI es la cuarta organización de alcance nacional, integrada por mujeres campesinas e indígenas. Esta organización ha ido ganando protagonismo durante los últimos años en demanda principalmente de salud, educación y por su lucha contra los transgénicos y agrotóxicos.
Más recientemente, en abril de 2005 se conforma la Central Campesina, Indígena y Popular (CCIP) como un desprendimiento de la MCNOC (la cual queda sustancialmente debilitada). La ruptura se da como resultado de conflictos referidos al sistema de representación de las organizaciones constitutivas en la Mesa Directiva nacional. La CCPI no reúne, entre sus 23 organizaciones fundadoras, a ninguna de carácter nacional, aunque la federación de las mismas resulta sí ser de alcance nacional.
La FNC y la MCNOC más allá de las diferencias ideológicas y divergencias tácticas acerca de las formas de encarar la lucha reivindicativa, mantienen una breve pero ya histórica disputa marcada por la rivalidad entre dirigentes, fruto de la traumática escisión de la MCNOC en 1997. Estas discrepancias se acentuaron hasta el punto que, basado principalmente en la importante base social de la FNC, en 1999 algunos de sus dirigentes más otros sectores sindicales y políticos, crean un partido político (Paraguay Pyahu Ra - PPPR) de inspiración marxista leninista para dejar clara la orientación política del movimiento. Por su parte, la MCNOC mantuvo hasta abril de 2005 la unidad a pesar de la diversidad de organizaciones y de partidos políticos de izquierda a los que se encuentran afiliados muchos de sus dirigentes. Convergencia Popular Socialista (CPS) y el Partido de los Trabajadores (PT) son los principales. Otros dirigentes manifiestan explícitamente su independencia con respecto a cualquier tipo de organización partidaria.
Según la sugerente caracterización que hacen Grammond y Mackinlay (2005) sobre las matrices o tipos de relaciones sociales entre las organizaciones mexicanas, la FNC aparece adoptando una variante de organización social subordinada a un partido político, centrando “su estrategia de acción para mejorar la situación de sus representados desde la política, por lo que en este caso es difícil diferenciar la organización social del partido político”, con la diferencia con respecto a lo apuntado por esos autores –importante por cierto- que ese partido político no se plantea su participación en elecciones. Esto quedó fehacientemente demostrado en la posición anti participacionista adoptada desde un principio por el PPPR en los tímidos intentos de unidad con propósitos eleccionarios que se insinuaron hacia fines del 2002 para encarar las elecciones nacionales del año siguiente.
La MCNOC, dado su carácter más pluralista y en alguna medida, polipartidista, adopta más claramente un tipo de relaciones o matriz de tipo social y política, aunque ciertas organizaciones que la componen (caso de ACADEI, CRAI, y otras) dada su independencia con respecto a partido alguno “aceptan la tensión necesaria entre organización social y partido político, debido a que tienen objetivos, dinámicas de acción y reglas de funcionamiento distintos. La tensión se resuelve a través del establecimiento de programas políticos, acuerdos pactados y alianzas concretas” (ob.cit.). Aquellas que responden de manera más clara a lineamientos político-partidarios (MCP, OLT, ASAGRAPA y otras) ya sea de CPS o del PT, tienden a compartir con la FNC la relativa supeditación de las demandas populares a los intereses del partido, adoptando en esta medida lo que los autores antes citados refieren como “corporativismo blando”. No obstante, debe reconocerse que en el caso de la MCNOC, la existencia de al menos dos partidos políticos y un importante grupo de independientes hace que aquella supeditación sea mucho más moderada y que ciertas decisiones deban ser negociadas y acordadas entre la dirigencia partidaria y la social.
La ONAC, que desde la separación en 1997 de la FNC y la MCNOC estaba adherida a la primera, es en realidad el brazo campesino de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) en el Paraguay, el brazo obrero está representado por la Central Nacional de Trabajadores (CNT) que desde el 2003 atraviesa una profunda –y aún irresuelta- crisis. La disputa por la Dirección Nacional se da entre un candidato perteneciente al PPPR, que era el anterior Secretario General y que buscaba la reelección y un candidato independiente. El triunfo de este último y las ásperas discusiones mantenidas determina que la nueva dirigencia de la CNT y de la ONAC se vuelquen hacia el Frente de Lucha por la Defensa de la Soberanía y la Vida, conformado en 2004 y en el que se encuentra la MCNOC.
Dos nuevos movimientos entran en escena en el cuadro de los movimientos sociales desde mediados de 2003. Uno netamente campesino y otro de conformación multisectorial aunque también con un fuerte componente campesino. Se trata del Movimiento Agrario Paraguayo (MAP) y de las Coordinadoras Departamentales de Lucha por la Soberanía y la Vida (CDLSV).
El MAP tiene su origen en un movimiento religioso de tipo evangélico, el Pueblo de Dios, que desde su implantación en el país tuvo buenas relaciones con el régimen de Stroessner, algunas de las altas figuras de ese régimen llegaron incluso a pertenecer a esta religión que se caracteriza por prácticas de reclusión en comunidades campesinas en territorios relativamente autónomos. El Departamento de Caaguazú es la zona del país en donde más raigambre logró. Por tratarse de un Departamento de alta conflictividad con gran proliferación de movimientos campesinos, luego que el golpe del 89 fuera desmoronando su base política de sustentación, el Pueblo de Dios fue teniendo actitudes más aperturistas hacia las reivindicaciones campesinas. Algunos de los líderes de ciertos distritos de dicho Departamento (Yhu, Vaquería, 3 de Diciembre, San Joaquín) se incorporaron a la religión y trasladaron a sus comunidades la agitación social propia de la zona. El MAP, entre otros, es uno de los movimientos que constituyen la CDLSV de Caaguazú, es resistido tanto por la FNC como por la MCNOC por su estrecha vinculación con esa religión.
Desde el ciclo agrícola del verano 1999/2000 el área de siembra de la soja, con la incorporación de su semilla transgénica, ha venido expandiéndose aceleradamente en el país, desde entonces el uso de potentes agrotóxicos se ha intensificado, a los insecticidas que se venían usando para los rubros de exportación se adicionó el uso de herbicidas. La tierra se sobrevalorizó rápidamente (pasando de un promedio de U$ 300 la hectárea a U$ 2800 en las zonas sojeras) expulsándose de ellas –vía alquiler o compraventa- a los campesinos ahí residentes. Los sojeros son en su mayoría extranjeros (brasileños, menonitas y de otras nacionalidades). Muertes por envenenamiento, intoxicaciones masivas, expulsión de sus tierras, enajenación del territorio nacional, pérdida de soberanía alimentaria por el monocultivo son algunas de las consecuencias de este proceso y son el motivo principal de las Coordinadoras Departamentales.
La conciencia sobre la situación provocada por el masivo cultivo de la soja transgénica se difundió no sólo a los directamente damnificados, los campesinos, sino también a educadores, religiosos, intendentes, estudiantes, asociaciones confesionales, periodistas, técnicos de ONG y otros. A fines de 2003 ya se encontraban funcionando las Coordinadoras de San Pedro (con importantes contingentes de dirigentes de la MCNOC) y la de Caaguazú. En ambas, los respectivos obispos diocesanos tuvieron una activa participación, además de sacerdotes, diáconos y miembros de otras religiones. A principios de 2004, con la suma de la Coordinadora de Cordillera y la presencia de observadores de otros Departamentos (Misiones, Paraguarí) se crea la Coordinación Nacional de Coordinadoras Departamentales. Posteriormente, hacia mediados de año esta organización recién constituida pasa a conformar el Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida (FNLSV) del que, además de la MCNOC forma parte la Plenaria Popular Permanente.
La acción reivindicativa
Las características que presentan las principales organizaciones sociales paraguayas comparten las características señaladas por Zibechi (2003) referentes –como se vio- a una cierta autonomía ante los partidos políticos de un grupo importante de ellas (aunque no de todas), a la revalorización de la cultura y la identidad, a la formación de sus cuadros, al nuevo papel de la mujer en la organización campesina, la creciente participación de los indígenas, la preocupación por los problemas medioambientales, las formas de movilización y en particular, la importancia del arraigo territorial, que ha sido el factor determinante para la constitución del MAP y de las Coordinadoras Departamentales para la Defensa de la Vida y la Soberanía. Pero por el momento, la mayor fortaleza de las mismas radica en la fuerza y la correcta orientación de sus argumentos, notablemente más “modernos” que la de las fuerzas antagónicas.
En efecto, la expansión del neoliberalismo en la economía nacional ha desvastado a la sociedad campesina; las multinacionales controlan hoy no sólo la provisión casi completa de insumos para la producción, sino también las principales redes del comercio internacional de los rubros de exportación. Empiezan incluso a comprar activos inmobiliarios en detrimento de las demandas de campesinos sin tierra. Las condicionalidades del FMI cierran las posibilidades de desarrollo desde el sector primario. A su vez, el gran latifundio reconvertido ahora parcialmente hacia el negocio de la soja transgénica y estimulado por los precios de las tierras defiende delictivamente sus propiedades. Los narcos en el norte de la región oriental sujetan a importantes contingentes campesinos a la producción de marihuana so pena de represalias. La corrupción imperante entre ciertos “empresarios” vinculados al gobierno terminan de arruinar al campesinado con el contrabando de productos agrícolas y el control autoritario de las redes de comercialización interna. El deterioro del costo de vida y del poder adquisitivo de salarios y precios agrícolas se encarga de hacer el resto.
En este contexto, las luchas campesinas desde que Duarte Frutos asume el gobierno han continuado negociando infructuosamente mejores condiciones de vida y producción para sus asociados. Después el éxito obtenido en frenar la privatización de varias empresas públicas y un proyecto de ley “antiterrorista” en junio del 2002, lo que promisoriamente pintaba como la unidad del movimiento social paraguayo, con el papel protagónico de la MCNOC y la FNC en el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), se ha diluido.
En el inicio del actual mandato presidencial las movilizaciones se suceden, se dan incluso violentos enfrentamientos a fines de 2003 y casi todo el 2004 alrededor del tema de la soja, hasta que en noviembre de 2004 Duarte Frutos, bajo fuerte presión del lobby de los terratenientes, accede a movilizar al ejército y sacarlo a las zonas rurales para contener la ola de ocupaciones. El efecto es inmediato ya que se produce precisamente en la época en que se realizan las labores de siembra de la oleaginosa. El ejército permanece en los sitios conflictivos. Un decreto posterior, crea 18 nuevos destacamentos militares en otros tantos puntos del país, con lo que se completa el cierre de la tenaza represiva hacia el movimiento campesino.
Ya en abril de 2005 los neoliberales vuelven a la ofensiva. El Parlamento termina por aprobar una nueva ley según la cual se transfiere al jefe del Ejecutivo la decisión con respecto a las privatizaciones. Se trata de una maniobra efectiva para burlar la ley 1932 que derogaba la vigencia de la 1615 (de privatización) que en mayo-junio de 2002 había provocado la contundente reacción campesina. Con este motivo se reanudan las conversaciones entre la MCNOC y la FNC que se habían interrumpido desde aquella fecha. Los interlocutores son el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de la Vida y la Soberanía (liderado por la MCNOC) y el Frente de Defensa de los Bienes Públicos y del Patrimonio Nacional (liderado por la FNC) que son los que en 2002 formaron el CDP. Entre ambos frentes reúnen a la casi totalidad de las organizaciones sociales –campesinas o no- que reconocidamente tienen existencia activa en el país.
Acosados por las políticas económicas neoliberales, por el agresivo actuar de las multinacionales, por el cerco de los latifundistas, las restricciones impuestas por los narcos y la corrupción de los “empresarios” vinculados al gobierno los campesinos continuaron manifestando su descontento durante todo el mandato de Duarte Frutos. El 25 de febrero de 2004 la FNC convocó en Asunción a una movilización para debatir sobre el modelo de desarrollo. A su vez, CONAMURI moviliza a sus asociadas a comienzos de mes reivindicando mayor asistencia en salud. El 16 de marzo hace lo propio la MCNOC con un abanico muy amplio de reivindicaciones. Entre ese día y el 18 la MCNOC bloquea dos rutas nacionales. El 31 de marzo la FNC vuelve a movilizar a sus adherentes en la undécima marcha anual consecutiva; la reforma de la banca pública y la industrialización del algodón son los dos principales reclamos. A comienzos de abril CONAMURI y la MCNOC vuelven a manifestarse por el tema de la salud. Para esta fecha ya la mesa de diálogo convocada por el gobierno a finales de 2003 se disuelve. En julio, la Coordinadora de Productores Agrarios de San Pedro Norte se moviliza en ese departamento. Ante el incumplimiento de promesas esta organización inicia un bloqueo de ruta más masivo a comienzos de agosto. El 17 de agosto las protestas se realizan en varios puntos del país por organizaciones integrantes de la MCNOC. El clima se enrarece aún más hacia fines de ese mes, con el anuncio de que la FNC también marchará contra el “modelo privatizador”. Mientras, en San Pedro siguen las ocupaciones. Hacia comienzos de setiembre la MCNOC accede a volver a dialogar con el gobierno, mientas la FNC ocupa oficinas del Crédito Agrícola de Habilitación y del Banco Nacional de Fomento en varias ciudades del interior. Amenazan con nuevos cierres de rutas. La MCNOC y el FNDVS anuncian ocupaciones en varios latifundios. A fines de setiembre la tensión es ya grande. La Policía recibe órdenes de desalojo en las ocupaciones. En octubre se realiza un “paro cívico” que tiene pocos resultados, a principios de noviembre, a pedido de la ARP el ejército reprime en los asentamientos. A partir de entonces se entra en un período de tensa calma (marcada por una fuerte represión principalmente a las bases de la MCNOC) hasta que a fines de abril y comienzos de mayo de 2005 con la reactivación del proceso privatizador los aprestos campesinos de movilización se reinician.
Perspectivas
Más allá de lo que suceda en el corto plazo, las perspectivas de cambio social que resulten de la acción de los movimientos campesinos en el país depende de la resolución de varios factores. Por un lado, la disposición de la dirigencia de los partidos políticos (que mantienen en la mayoría de los casos relaciones simbióticas con la cúpula de muchas de las organizaciones campesinas) a encarar la resolución de la tensión partido/movimiento. Entre las propuestas que han surgido recientemente (principalmente entre las organizaciones que conforman el Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida) se delineó una que parece encarar resueltamente este problema: la creación de un Frente Político y el mantenimiento del Frente social propiamente tal. No quedó claro sin embargo, de qué maneras concretas se implementaría la iniciativa.
Por otro lado, superar la distancia entre la dirigencia nacional, la dirigencia regional y las bases. Estas relaciones distan mucho de ser las más adecuadas para un sistema de representación participativa. Actualmente la dirigencia de base se encuentra distanciada de la regional y –principalmente- de la nacional. En el caso de las organizaciones del FNDSV la representación es por organización y no por región, con lo cual se diluye aún más la transmisión de la demanda local al plano nacional, lo cual tiende a agravar aún más el sentido problema de la representación.
Otro aspecto de no menor importancia es motivar la participación a través de consignas y reivindicaciones unificadoras, superando el fraccionamiento de la demanda particular de cada uno de los movimientos, lo cual se ha visto reflejado en la multiplicidad de reivindicaciones esgrimidas en cada una de las movilizaciones.
La demanda por la unidad del movimiento es unánime desde las bases, que no comprenden las divisiones de cúpula. La responsabilidad de la dirigencia social en este sentido es muy alta, sin embargo, en la medida en que las organizaciones (y los movimientos) sociales en su conjunto no deslinden con claridad su estrecha vinculación a partidos políticos (lo cual no significa renunciar a un proyecto político), no será posible la maduración de la fuerza social que por ahora sabe con toda claridad lo que quiere, pero a la que le falta la correa de transmisión política de sus demandas que habrá de venir a través del diálogo serio y los pactos responsables entre los movimientos campesinos y el o los partidos que se hagan cargo de su demanda social.
