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Trato discriminatorio y racista contra las comunidades williche
publicado por Comisión de Comunicaciones el 25 de agosto de 2005
24 agosto de 2005
Consideramos que las investigaciones en contra de organizaciones, comunidades y dirigentes mapuches de la isla de Chiloé, sin orden del Tribunal Competente ni de autoridad política por parte de la Policía Civil Chilena, coloca a dicha institución al margen de la legalidad Nacional e Internacional vigente, en materia de protección a los derechos fundamentales de todas las personas.
Esta práctica, que consiste en dejar a criterio de los organismos de seguridad y policiales a quien y a que grupos se investiga, mediante agentes encubiertos, indagando en sus vidas y relaciones sociales, constituye un resabio de la dictadura fascista de Pinochet; es propio de regímenes antidemocráticos y lo que es más grave, constituye un elemento característico de un Estado de carácter policial.
Tanto el gobierno de la concertación como las máximas autoridades policiales, han justificado este accionar señalando que se trata de procedimientos de rutina para prevenir la comisión de futuros delitos; de esta manera coloca a las comunidades mapuches en la categoría de eternos y potenciales delincuentes, ya que ni el particular que compra tierras ha presentado ningún requerimiento en contra de los mapuches, no existe ninguna denuncia a los tribunales correspondientes ni tampoco existe instrucción del gobierno, por lo tanto, la policía de investigaciones hace un prejuzgamiento de las comunidades mapuches de Chiloé, dándole un trato discriminatorio y racista, ya que considera que por el sólo hecho de ser mapuches, a futuro se producirán en la zona hechos delictuales.
Esta argumentación que el gobierno y la policía han justificado profusamente en los medios de comunicación de masas y que ha ocupado los principales espacios noticiosos, tiene un grave efecto para todos nosotros los indígenas en general y los mapuches en particular, debido a que la opinión publica se acostumbra a considerar que por el hecho de ser indígenas somos potenciales delincuentes y que por lo tanto se puede realizar montajes y operativos de inteligencia sin ninguna orden judicial y al margen de la ley.
No podemos permanecer pasivos a este nuevo atropello a nuestra condición de mapuches e indígenas, pues de lo contrario dejaríamos la puerta abierta para que el día de mañana se realicen iguales seguimientos ‘por ejemplo a las comunidades Aymaras, porque han manifestado tener graves dificultades con las grandes compañías mineras que las privan de sus fuentes de agua o a cualquier comunidad mapuche por el solo hecho de que un empresario se instale en los alrededores de su comunidad.
Mediante esta lógica policial, el día de mañana los dirigentes de los pescadores artesanales o chóferes de la locomoción colectiva, podrían ser objeto tanto ellos como sus organizaciones, de seguimientos e investigaciones no decretadas por tribunal competente, debido a que la situación económica de dichos sectores puede augurar futuros escenarios de conflicto.
El argumento de evitar futuros hechos delictuales no resiste ningún análisis, porque le recordamos al conjunto de la policía y a su Director, al igual que al gobierno de Chile, que la detención de Paul Schafer- el jerarca nazi que eludió la justicia alemana y chilena por varios años y que es responsable de la detención y desaparición de opositores al régimen de Pinochet, de contrabando de armas, de asociación ilícita, y de ser el mayor pederasta de la historia de Chile- fue el resultado, como toda la opinión publica sabe, de un equipo periodístico de televisión, y no de la policía de investigaciones, ni de ningún organismos de “inteligencia” de dicha policía. Les recordamos que ese criminal violó a cientos de niños y para él no hubo ningún “procedimiento preventivo”, a pesar que todo el país sabía de dichos crímenes.
Recordamos al gobierno y la policía que transcurrieron más de 17 años para que se investigara judicialmente las cuentas bancarias de Pinochet en el extranjero y que ascienden hasta el momento a decenas de millones dólares y que todo apunta a que dichos recursos pertenecían a todos los chilenos, Cabe preguntarse ¿Por qué no se les hizo a Pinochet y su familia investigaciones de carácter “preventivo”? o nos van a decir acaso que no sabían de su calidad de criminal.
Consideramos que el accionar de todas las instituciones del Estado deben estar al servicio de todas las personas, garantizando los derechos humanos de todos los individuos. Los graves hechos denunciados violan expresamente tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, a saber:
Declaración Universal de la ONU en materia de Derechos Humanos artículos: 1) “ Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…” Artículo 2) Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza , color , sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 7) Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. ”Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Artículo12) Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación…”
Igualmente el pacto de San José de Costa Rica señala en su articulo 11 que “ Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
Por último la propia constitución Chilena señala en su artículo 19 número 2 que se garantiza la igualdad ante la ley y” Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.
Estos graves antecedentes que a nuestro juicio constituyen graves violaciones a nuestros derechos fundamentales serán remitidos en los próximos días a los Organismos Internacionales correspondientes a objeto que la comunidad internacional conozca de la real situación de atropello en que se encuentra nuestro pueblo, por la acción arbitraria de instituciones del Estado de Chile. Estos organismos son:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Relator Especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas Sr. Rodolfo Stavenhagen Amnistia International Human Rigth Watch
Además de entregar estos antecedentes a estos organismos especializados en el tema también se informará a las distintas organizaciones y redes de apoyo tanto a nivel nacional como internacional.
Por los antecedentes antes mencionados y que son de responsabilidad jerárquica del director de la Policía de Investigaciones de Chile y que ha puesto al margen de la ley a la Policía Chilena, violando expresas disposiciones legales nacionales e internacionales en materia de respeto a los Derechos Humanos, es que venimos a solicitar la renuncia inmediata al cargo que actualmente detenta el Señor Arturo Herrera Verdugo, asumiendo la responsabilidad administrativa, política y judicial que le corresponde.
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