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DE CARA AL TERCER MILENIO: LA VISION INDIGENA Y MULTIETNICA
DOCUMENTO DE ANALISIS
Por Carlos Molina Marcia
RESUMEN
La propuesta de este documento de análisis es un desafío político para quienes toman decisiones en las esferas de gobierno, ya que pueden marcar un hito en la historia de nuestro país. En primer lugar, se precisa del conocimiento histórico de las relaciones que se han mantenido entre los gobiernos centrales y las ahora Regiones Autónomas para modificar la concepción que se ha mantenido hasta la fecha y reiniciar un nuevo tipo de relaciones. En este marco se plantea una síntesis de sus características, abarcando sus antecedentes históricos, su situación actual y potencialidades; para brindar una visión general de su complejidad y del necesario reconocimiento de la unidad que debe prevalecer por encima de las diferencias étnicas y culturales.
Este desafío que enmarca más dentro de la esfera de las decisiones políticas, porque implica la voluntad de estrechar la coordinación para implementar una verdadera inserción de estas regiones en el conjunto de las políticas económicas del país que conduzca a la verdadera unidad nacional sobre la base de principios claros y transparentes. De esta manera se enfoca que hasta el momento, en la elaboración de las políticas y estrategias de desarrollo, la población, organización e instituciones de las Regiones Autónomas comparecen relegadas de los planes nacionales y subordinadas a las decisiones centrales.
En particular para quienes deciden en materia de política económica y que dispongan de la voluntad necesaria para emprender los cambios que significan la descentralización de las esferas gubernamentales, el otorgamiento de facultades a los órganos de dirección local y la promoción de sus propias alternativas, que se constituyen en mecanismos que aplican esa estrategia nacional con sus propias características tradicionales e históricas.
La definición del modelo regional propio de las Regiones Autónomas significa la inserción de sus atributos particulares a la construcción del modelo nacional que resuma las diversas expresiones sociales, culturales y étnicas. Asimismo, la discusión de las estrategias iniciales y los planes de trabajo inmediato no son más que el inicio de este necesario entendimiento que beneficiará a Nicaragua entera y servirá de ejemplo para el resto de naciones, en especial las latinoamericanas, quienes tienen situaciones similares a la nuestra.
I. INTRODUCCION
En el Diálogo Nacional en su fase II se contempla “la construcción de una estrategia de desarrollo para la Nicaragua del futuro y el seguimiento a los acuerdos logrados en la primera etapa”, para lo cual el Consejo de Ancianos se comprometió a presentar los elementos básicos para una estrategia de desarrollo regional para la Costa Caribe de Nicaragua, incluyendo la perspectiva y visión de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
Coincidentemente, también se ha estado analizando el documento “Preparándose para el próximo milenio”, el cual Nicaragua presentó ante el Grupo Consultivo de países donantes. Un análisis de este documento muestra que tiene una visión etnocéntrica, concebido desde el desarrollo de la región del Pacífico y Centro de Nicaragua, y que los elementos fundamentales para el desarrollo de las Regiones Autónomas del Atlántico nicaragüense están ausentes, así como las particularidades culturales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
En este objetivo, se ha elaborado el presente documento base que recopile los diferentes planteamientos para una estrategia de desarrollo humano sostenible en las Regiones Autónomas, y después de realizar una consulta con los principales actores sociales involucrados, presentar este documento ante el Grupo Consultivo, como la “otra cara” del desarrollo sostenible de Nicaragua.
Finalmente, se esbozan los principios de este modelo de desarrollo, sus líneas estratégicas y los pasos inmediatos que se deben realizar. Partiendo de que se trata de una propuesta para su análisis, estamos abiertos a una discusión franca y sincera que conlleve a encontrar salidas exitosas que nos enrumben al desarrollo humano sostenible, a través de la unidad nacional, de respeto a la pluriculturidad y multietnicidad de nuestro país. De esta forma se superaran años de desentendimiento y recelos entre quienes podemos vivir y confraternizar bajo un mismo suelo patrio.
II. CARACTERISTICAS DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE NICARAGUA
Para comprender la situación en las regiones autónomas de Nicaragua es necesario destacar tres aspectos básicos: sus particularidades, su situación económico-social y sus potencialidades, a partir de sus riquezas. Este capítulo trata de presentar una panorámica de estos tres aspectos esenciales para su conocimiento, importancia y papel en el proceso de consolidación de una estrategia de desarrollo nacional, que a su vez preserve y garantice las posibilidades reales del desarrollo de las mismas Regiones Autónomas desde su propia perspectiva, tradiciones y cultura.
Uno de los elementos más controvertidos, al momento de definir las estrategias de desarrollo, es el conocimiento de estas regiones. Pareciera que la información disponible resalta únicamente aspectos folclóricos y de naturaleza cultural, obviando el sistema económico que pervive y se mantiene a través de sus tradiciones e historia. Por esta razón iniciaremos por este aspecto.
2.1 Particularidad de las Regiones Autónomas
Las Regiones Autónomas del Atlántico de Nicaragua tienen una historia especial en la vida política de Nicaragua. En síntesis: este territorio nunca fue conquistado ni colonizado por los españoles, existiendo desde antes que se conformara el Estado de Nicaragua. Desde el punto de vista legal entra a formar parte de Nicaragua hasta en 1860, sin que se involucrase directamente en la administración de dicho territorio; y luego siendo “ocupada” militarmente en 1894, a lo que se dio en llamar la “reincorporación” de la Moskitia.
No obstante, mediante estas dos formas de controlar el territorio de los pueblos indígenas, que hoy viven en las regiones autónomas, no significó ningún cambio sustancial para sus pobladores. Por el contrario, se trató de impedir el uso de sus lenguas nativas y se obligó a los centros de educación a promover la hispanización. Esta actitud condujo a que se cerraran por diez años las escuelas por la prohibición de uso de sus lenguas.
Desde entonces, la “Costa Atlántica” ha sido utilizada como fuente de riquezas, otorgadas a las compañías extranjeras, sin que haya significado beneficio alguno para sus pobladores. Realmente se puede afirmar que no hubo “integración” de sus habitantes a Nicaragua, manteniéndose aislada, separada y distante de los centros económicos y de poder nacionales: la región del Pacífico.
Por el contrario, sus pobladores han persistido en mantener su identidad como pueblos indígenas y comunidades étnicas. Esta identidad ha sido posible por la preservación de su hábitat, la pervivencia de sus formas de vida comunitaria, el uso de sus idiomas y la utilización de sus propios medios de sobrevivencia. Incluso, esta identidad pervive frente a la migración que se ha realizado desde la última mitad del siglo, debido a la expulsión del campesinado e indígenas del Pacífico de sus lugares de origen. Si bien es cierto que también ha existido una migración de costeños hacia el Pacífico y al exterior, en la búsqueda de opciones para mejorar sus condiciones de vida y proseguir sus estudios, la gran mayoría permanece en sus comunidades de origen.
Otro aspecto es que estas contradicciones se exacerbaron durante la administración sandinista, quien tampoco tuvo una política acorde a las particularidades de la Costa Atlántica. Nuevamente se repetía el esquema etnocéntrico y decidían acciones atentatorias contra la existencia de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas. Como resultado se vieron involucrados en un conflicto militar, en donde se manifestaron las contradicciones entre el gobierno sandinista y el Gobierno de los Estados Unidos. Después de siete años de conflicto militar se inició un proceso de negociación que condujo a la aprobación de la Ley de Autonomía, elevada a rango constitucional, como un régimen especial para las comunidades y pobladores de la costa caribe nicaragüense.
Es decir, la identidad como pueblos, sus medios propios de subsistencia, una variedad cultural, la utilización de sus idiomas propios y un marco jurídico especial, que sintetizan su historia, dan a las regiones autónomas una condición especial en el marco del Estado de Nicaragua, diferente a la de cualquier departamento del país.
En este sentido, al hablar de estrategias de desarrollo, hay que insistir en la redefinición del Estado y la nación nicaragüenses: un Estado pluricultural y multiétnico. Cualquier gobierno en Nicaragua debe tomar en cuenta la raíz histórica de las Regiones Autónomas, decidir una política adecuada a sus particularidades e involucrar a estos ciudadanos y su territorio en sus planes de futuro. Estas características tienen que ser consideradas para una real unidad del país, con equidad y justicia. Asimismo, deben ser la base para una verdadera definición de la propiedad y sus recursos, así como la necesaria reestructuración jurídica del país, que norme y regule esta realidad.
Los pobladores de las Regiones Autónomas se sienten nicaragüenses y quieren seguir siendo nicaragüenses. Aunque también resienten el abandono y no quieren ser considerados sólo como una reserva económica por sus recursos naturales, en donde no tienen ningún papel que desempeñar. Menos aún pensar en que la solución es la colonización por parte de mestizos ni la asimilación forzosa por la cultura de la etnia dominante en el país.
Es decir, esta primera parte del problema de la Costa Atlántica hay que observarlo no desde el punto de vista legal, sino económico y político. La unidad de la nación sólo se puede fundamentar con la decisión política del gobierno central y en el involucramiento económico de la población costeña.
2.2 Situación económico-social de las Regiones Autónomas
Si las Regiones Autónomas del Atlántico de Nicaragua fuesen un país se ubicaría en el último lugar (138) del mundo en la clasificación del Indice de Desarrollo Humano (IDH), en la que Nicaragua aparece en lugar número 117 para el año de 1992.
Tampoco esta realidad es muy palpable oficialmente, porque no existen estadísticas que muestren la cruda realidad de las Regiones Autónomas. En los casos que hay información, por lo general el subregistro es altísimo; y, finalmente, también hay quienes consideran que también existe manipulación de la información por razones políticas.
Los indicadores básicos del índice de desarrollo humano en las Regiones Autónomas muestran extraoficialmente que la esperanza de vida al nacer es alrededor de los 42 años; la tasa de alfabetización alcanza apenas el 25%; las matrículas de primaria, secundaria y terciaria tampoco alcanzan el 30%. De acuerdo a estudios sectoriales observados la desnutrición crónica sobrepasa el 40%. Aunque no existen cifras diferenciadas por sexo y edad, se conoce que las mujeres, niñas y niños son los más afectados.
Los indicadores de producción están más complicados aún: se conoce que hay extracción de madera, pescado y minerales, pero esa producción sigue siendo extraída y enviada fuera de nuestras regiones. No existen datos oficiales acerca del PIB (Producto Interno Bruto) ni del per cápita para estas regiones, pero se estima que es menos de 0.50 centavos dólar diario. Aunque la mayoría de la población se dedica a actividades relacionadas con la agricultura, se muestra una tendencia claramente recesiva, tanto por los factores naturales (sequía, inundación, huracanes, etc.) como por efecto de las políticas económicas. En las ciudades el desempleo abierto y el subempleo se ha incrementado con los recortes de personal de las instituciones del Estado, así como por la salida de empresas nacionales y extranjeras de la región. A la vez también se incrementa el desempleo porque en casos como la pesca, un alto porcentaje de la mano de obra es extranjera.
Aunque en las comunidades indígenas se utiliza principalmente el tratamiento por medio de la medicina tradicional (curanderos), la relación de médicos por habitantes es bajísima; existen pocos hospitales y centros de salud y más dramática es la relación de camas hospitalarias por habitantes; la dispersión de las comunidades acentúa más esta relación, porque existen zonas totalmente alejadas en donde no existe siquiera un botiquín médico.
En el caso de la educación es similar: la deserción en las escuelas y el absentismo de los profesores es relativamente alto; principalmente porque les retrasan el salario y a veces no les pagan. Otro elemento es que en el área rural (que es la mayoría) la educación llega hasta el cuarto grado (en el mejor de los casos), la mayoría de niños y niñas tiene que suspender los estudios una vez concluidos este nivel, en pocos casos se pueden trasladar a los centros urbanos para continuar estudios.
El acceso a fuentes de agua potable es reducido y de igual forma a la electricidad. En materia de infraestructura, prácticamente no existe ninguna carretera de todo tiempo (pavimentada). Los puertos y lugares de embarque tienen más de quince años de no tener mantenimiento; a excepción de los aeropuertos, la movilización interna es difícil. Gran parte de las Regiones Autónomas no poseen medios de comunicación, el correo, el telégrafo y el teléfono son casi inaccesibles, la única forma en que se palia esta situación es a través de una red de radiocomunicación de instituciones no gubernamentales. De forma general se puede afirmar que existe una incomunicación real con el resto del país.
La otra cara de esta situación es la siguiente:
Las regiones autónomas del Atlántico de Nicaragua comprenden una superficie de 59,094 km2, sin incluir la superficie bajo aguas (casi dos veces el tamaño de El Salvador); según el censo de 1995, tiene una población de 398,905 habitantes para una densidad de 6,75 habitantes por km2, con una tasa media de crecimiento anual de 3.4%.
Las características agrestes y la inclemencia de las condiciones climáticas han hecho de este territorio un lugar también inaccesible, en donde sólo los pueblos indígenas y las comunidades étnicas han logrado sobrevivir en las más difíciles condiciones, tomando de la naturaleza lo necesario para su sobrevivencia.
En este territorio se concentran aproximadamente cuatro millones de hectáreas de bosques, de los cuales el 85% son latifoliadas, en su gran mayoría bosques tropicales húmedos y el resto bosques naturales de pinos. De ellos, de forma abierta han sido despaladas unas 500,000 hectáreas; en otras se ha utilizado la extracción selectiva e irracional de madera preciosa y otras especies apetecidas en el mercado.
Otra de las fuentes es su biodiversidad: la variedad de plantas medicinales, así como una riquísima flora vegetal abundante en variedad y características especiales. De igual forma la fauna y sus especies animales constituyen uno de los tesoros de nuestras regiones, al tiempo que tradicionalmente han sido fuentes de alimentación, principalmente para el consumo familiar.
La pesca en nuestra plataforma marina se considera entre las más ricas del mundo. En particular, los Cayos Miskitos son considerados el refugio de centenares de especies. Actualmente la pesca industrial está exportando cerca de 90 millones de dólares anuales, unos 20 millones son producidos por los pescadores de las comunidades costeras. No obstante, esta amplia plataforma marina ha sido sobre-explotada, sin nuestro control. Los recursos pesqueros, como camarones, langostas, peces y tortugas, entre otros, cuyo volumen individual, en términos de captura máxima sostenible, se calculan en más de 40,000 toneladas al año. Esto sin tomar en cuenta la piratería que practican barcos hondureños y colombianos sin ninguna protección del Estado Nicaragüense.
Asimismo, desde hace muchos años se conoce que existen yacimientos de oro, plata y otros minerales preciosos. Según el Ministerio de Economía y Desarrollo, “Nicaragua posee ocho minas de reservas identificadas con oro y plata, dos en explotación y seis por rehabilitar. El total de reservas de oro está estimado en 3.8 millones de onzas y se proyecta exportar 200 mil onzas en los próximos tres años.” De igual forma existen proyecciones para la explotación de plata, plomo, cobre y zinc, que brindan una idea de la magnitud de la riqueza minera de nuestro territorio.
En nuestra región se encuentran los ríos más caudalosos, que presentan un potencial hídrico e hidroeléctrico natural como para producir la energía que necesita Centroamérica. Incluso se conoce extraoficialmente de estudios de exploración de yacimientos de hidrocarburos, y que los resultados han sido positivos; en particular se conoce de una extensa capa de gas natural en la zona nordeste del país, similar al que se hizo en la región hondureña.
De igual forma el turismo, en sus variedades de turismo ecológico y de aventura, presenta perspectivas alentadoras. Las bellezas naturales, sus paisajes y los lugares apropiados para el turismo están listos para que se impulse una de las más importantes empresas. Hasta ahora apenas se ha iniciado con la construcción de infraestructura de turismo para las islas Corn Island y Little Corn Island.
Otro aspecto no menos importante es nuestra costa Caribe la que permite la accesibilidad, comunicación, para las relaciones financieras y comerciales con todos los países de la cuenca del Caribe: Colombia, Venezuela, Dominicana, Belice, Puerto Rico y Cuba; así como con las restantes islas caribeñas e incluso con Europa y Africa. Esta condición natural de nuestra región muestra una posibilidad de dirigir nuestros esfuerzos a este tipo de relación. A la vez históricamente se ha manifestado el interés de la construcción de un canal (húmedo o seco) donde un papel importante lo juega nuestro territorio.
III. EL PROGRAMA ECONOMICO DE NICARAGUA Y EL GRUPO CONSULTIVO
Al analizar el Programa Económico del Gobierno de Nicaragua resaltan dos aspectos claves: la ausencia histórica de un verdadero modelo de desarrollo como nación, el cual pretenda representar a los diversos sectores de la sociedad nicaragüense; y el coyunturalismo, como mecanismo para enfrentar pragmáticamente -y por consiguiente, de forma temporal y no duradera- los principales problemas del país.
3.1 La ausencia del modelo económico y la participación regionales
En la historia económica lo que más resalta es que el Estado de Nicaragua carece de un modelo propio que fundamente su estrategia como nación, y que más bien ha aplicado una lógica que responde a las coyunturas políticas y económicas del momento en respuesta a los sectores económicos y gobernantes de turno.
Desde fines del siglo pasado hasta mediados de los ‘80, el principal impulso de su economía fue dirigido hacia la agroexportación, principalmente con la producción de café y algodón en el sector agrícola, y de carne vacuna en el sector pecuario. Como contraparte se produjo la expropiación de las tierras de miles de pequeños campesinos y la desintegración del sistema de comunidades indígenas en el Pacífico, y posteriormente en el Centro y Norte del país, quienes se dedicaron más a la producción de autoconsumo ofertando alimentos baratos. Esta lógica económica, que estuvo acompañada de mecanismos coercitivos extraeconómicos, ocasionó dos fenómenos contraproducentes: por un lado, como es conocido, condujo al monocultivismo y la erosión de las tierras más fértiles del país; y por otro, creó un tipo marginal de campesino que amplió la denominada “frontera agrícola”, acompañada de la tala de bosques y la siembra de pasto, que en el mismo documento se señala la necesidad de modificar las leyes que alientan el despale como una manera de demostrar su derecho de posesión.
Las políticas estatales aplicadas en el Pacífico durante el presente siglo generaron la expulsión de centenares de campesinos de sus lugares de origen, quienes producto de la concentración de tierra y el agotamiento de sus recursos, se han visto obligados a emigrar a las zonas de montaña de la cordillera central y que han avanzando hasta los territorios de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica, ocasionando nuevos conflictos en la tenencia de la tierra y de la cultura, en particular entre la tradición de convivencia con la naturaleza con la actitud depredadora que se les impone a las pequeñas economías mercantiles del campo.
Otra de las políticas que se aplicó durante el período 1979-1989 fue la estatización de los principales medios de producción, lo que trajo consigo la concentración en empresas gigantes cuyo eje sería la agroindustrialización. En esta concepción las inmensas extensiones de bosques, la flota pesquera y la extracción minera serían administradas por el Estado, a través de sus propios organismos. Como resultado la gran mayoría de recursos se concentró en estas empresas, abanderadas como modelo y estrategia de desarrollo, minimizando la participación del resto de la población, principalmente la rural; y, prácticamente, pensando en su evolución a mano de obra asalariada. Esta concepción más otras políticas económicas incorrectas concluyeron en la bancarrota de dicho modelo. Ante estas políticas se combinaron la resistencia del campesinado, por un lado, y de las comunidades indígenas por la preservación de su identidad cultural, su territorio y sus recursos naturales.
La elección y conformación de los consejos regionales autónomos, y sus respectivos gobiernos regionales, no constituyeron un cambio significativo en el comportamiento de las políticas nacionales. Las administraciones fueron prácticamente inutilizadas por cuanto sus recursos dependían de la distribución del presupuesto general de la República. Lo que vino a generar fue el surgimiento de una casta política, que pasó a utilizar este mecanismo de representación regional como medio para vincularse con diversos partidos políticos alejándose sustancialmente de los pueblos indígenas y comunidades que le dieron origen. La conclusión a la que se ha arribado en diversos foros nacionales e internacionales es que la autonomía no ha quedado más que en una declaración de derechos políticos imposibilitada de ejercerlos en la práctica al no disponer el control de sus recursos ni de su propio presupuesto. Es decir, ahogada por factores económicos, que al final de cuentas se mostró claramente, con el caso de SOLCARSA, su fragilidad y alejamiento de sus objetivos.
No está de más señalar que en los diferentes procesos electorales de 1990, 1994, 1996 y 1998 la tendencia de la participación de la población ha sido decreciente; lo que para algunos analistas políticos representa la falta de credibilidad en estos órganos de gobierno y en la necesidad de encontrar alternativas duraderas.
De 1990 a 1996 el eje central de la economía nacional fue la privatización. Sin embargo, este proceso de privatización no concibió el retiro del Estado de las inmensas extensiones madereras y mineras. Por el contrario, se tendió a fortalecer aparatos de administración de dichos recursos sin el concurso de la población. Aunque a insistencias de los mismos organismos financiadores de involucrar a las comunidades, estos planes sólo quedaron en papel escrito. Durante este período nuevamente se fortaleció los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, por medio de las reformas a la Constitución, pero nuevamente obviaron el tema principal: el uso, goce, usufructo de sus recursos naturales; al mismo tiempo la delimitación de funciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales, principalmente en lo relativo a la administración de los impuestos, y en general a disponer de autonomía financiera.
La manera en que el Estado, en ese momento entendió la retirada del manejo de empresas fue la de ponerlas a disposición de la inversión extranjera. Esta concepción del gobierno central puede llevarlo a hacer concesiones que pongan en riesgo los recursos naturales del país, y en particular de la Costa Atlántica. Esta política prevaleció hasta que surgieron los reclamos por parte de las comunidades indígenas de las concesiones indiscriminadas que estaba otorgando en ese período.
Fue hasta 1996, que el Gobierno presidido por Violeta Barrios de Chamorro promulgó el decreto para la creación de la Comisión de Demarcación Territorial de las Tierras Indígenas de la Costa Atlántica. El mismo fue cuestionado desde la conformación de dicha comisión, tanto por la poca representación de los delegados indígenas como por el estilo de nombramiento de los mismos. Este problema fue trasladado a la actual administración del Dr. Arnoldo Alemán, el cual pasó a reformar el Decreto, ampliando la comisión, pero manteniendo los mismos problemas que originaron su cuestionamiento. Hasta el momento esta Comisión no ha funcionado.
El actual gobierno liberal también mostró desde su inicio el desconocimiento de la región, reflejado en su actitud política de arriar la bandera histórica y con su negativa a dialogar con el Consejo de Ancianos y otras agrupaciones sociales. Desde el punto de vista económico, inmediatamente pasó a dar prioridad a la conformación de una empresa, administrada por sus asesores, que promovieran el reparto de recursos y concesiones.
En la víspera de las recientes elecciones del 1º de marzo de 1998, resaltaron dos propuestas: una, la de promulgar una nueva Ley de Autonomía, y dos, la de que el Gobierno sesionara en las Regiones Autónomas. Independientemente de los estilos de las campañas electorales, estas dos propuestas originaron reacciones negativas. La primera porque nuevamente se pretende legislar por encima de los intereses de la población afectada; y la segunda porque se consideró que la presencia de los principales funcionarios del gobierno invalidaban las decisiones y minimizaban las capacidades de los resquebrajados gobiernos regionales.
3.2 El documento del gobierno para el Grupo Consultivo
“Preparándose para el próximo milenio” es un documento que apoyamos como nicaragüenses; no obstante, a nuestro criterio, este documento no tomó en consideración, las realidades y necesidades de los Pueblos Indígenas y comunidades étnicas que vivimos en las Regiones Autónomas, más que en algunos aspectos aislados, lo cual nos deja en desventaja como región. La coincidencia común es que hay que apoyar este documento, como nicaragüenses, para la consecución de recursos financieros y tecnológicos para nuestro país; así como la búsqueda de la reducción de la deuda externa y estabilización económica de Nicaragua. Asimismo, la necesidad de que el país cuente con divisas líquidas para enfrentar urgentes soluciones, principalmente dirigidas a la población rural y a la provisión de servicios básicos (salud, educación, servicios sanitarios, etc.).
Sin embargo, una apreciación preliminar del Documento, considera que está concebido desde una visión sesgada en donde la región del Pacífico es el eje y sede de las políticas nacionales y estrategias de desarrollo. En el mismo se ubica a las Regiones Autónomas de forma aislada, marginal y sin una clara definición de su participación en el desarrollo.
Por ejemplo, mientras por un lado se reconoce que de los pueblos indígenas miskitos y sumos “tenemos mucho que aprender en el manejo de los recursos naturales y en el diseño de prácticas de cultivo de bajo impacto ambiental” y reitera que “desarrollaremos un programa en el cual tanto las comunidades indígenas y los investigadores agropecuarios trabajen conjuntamente en el desarrollo de prácticas de labranza y de manejo de bosques y tierras degradadas”; por otro, en una de las versiones en español se sostenía que “aunque a las comunidades indígenas se les darán títulos comunales de su tierra, los propietarios estarán en la libertad de privatizar o vender sus propiedades”, criterio que atenta contra los pueblos indígenas y que responde a la dinámica y lógica económica del Pacífico.
La discusión respecto al documento tiene dos dimensiones: una, de carácter macroeconómico, es decir nacional; y dos, de la especificidad de las estrategias y planteamiento de las Regiones Autónomas. En la primera consideración es comprensible que el Gobierno dirija sus mejores esfuerzos a la estabilización económica, en particular al equilibrio de la balanza de pagos, y al crecimiento sostenible, en especial de la producción agropecuaria. Desde este punto de vista, si los cambios están considerados en el ámbito macroeconómico dependen de dos factores cruciales: el primero, la definición inicial que hace el Gobierno de las prioridades de atención, ya sea por sector social (campesinado, sectores rurales, grandes o pequeños productores), geográfico (municipio, departamento o región) o área de impacto (salud, educación, infraestructura, etc.); la otra, es la presión social que realicen los grupos organizados, ya sea porque están preparados para plantear demandas precisas al gobierno o porque disponen de mecanismos de negociación, tal como ha sido clásico en los casos de las organizaciones de productores de rubros de agroexportación, y de menor capacidad para la masa dispersa de pequeños y medianos productores de granos básicos y hortalizas.
En cualquiera de estos casos, desde el punto de vista geográfico se presiente que las Regiones Autónomas estarán ausentes o, en el mejor de los casos, tendrán una participación reducida, tal a como se ha mostrado en el pasado. Es difícil también que por sector social se incluya entre la población rural (que no necesariamente tipifica a las comunidades indígenas como productores rurales) y menos aún por la presión de sus instituciones gremiales, quienes no tienen un peso fuerte a escala nacional. Se considera, aunque de manera general, que parte de estos proyectos en la atención a áreas de impacto social podrían ser beneficiarias las Regiones Autónomas.
La otra cara es promover una verdadera autonomía y gestión desde las Regiones Autónomas, cuyo componente inicial sea la promoción de su propio modelo de desarrollo, la elaboración de su estrategia y operativización en programas y proyectos. Para este propósito es necesario la implementación de medidas de definición de los roles del Estado y gobierno central con los Consejos Regionales y las organizaciones de la sociedad civil.
En el impulso de esta autogestión regional se pueden contar con dos fuentes iniciales: la administración de sus rentas locales, sin la intervención directa del Estado; y la facilitación de los recursos contemplados en los planes del gobierno para adecuarlos a la ejecución de los planes regionales. En este sentido, la definición del modelo y estrategia de desarrollo que desean las Regiones Autónomas tiene que ser humano y sostenible, respondiendo a sus propias características.
IV. UN MODELO REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
Para la definición de las premisas de este modelo regional de desarrollo humano y sostenible hemos partido de las ideas iniciales que nos han brindado de forma sencilla y con un razonamiento parabólico las interminables pláticas con ancianos, dirigentes comunitarios, profesionales, mujeres, excombatientes y amistades en el extranjero. Sin embargo, hemos procedido a revisar la literatura oficial existente para retomar lo ya acordado y apenas introducir algunos elementos específicos para nuestro modelo.
4.1Conceptualización
Partimos del concepto de desarrollo sostenible aceptado por los presidentes centroamericanos en su Alianza para el Desarrollo Sostenible:
Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras.
Este modelo se basa en el fortalecimiento de la identidad como pueblos indígenas y comunidades étnicas, partiendo de que este reconocimiento contribuirá a la coexistencia entre diversas culturas y a la unidad nacional. De esta manera la concepción indígena de convivencia con la naturaleza contribuirá a la preservación de los recursos naturales y a la interrelación necesaria entre el ser humano y la naturaleza.
4.2 Componentes de este modelo
Este modelo supone la integralidad económica, política, ecológica, social, cultural y espiritual del desarrollo humano sostenible de la región, centrando como sujeto del mismo al ser humano. Estos principios son las piedras angulares sobre las cuales debe erigirse cualquier estrategia de desarrollo:
En lo económico, uno de los principios es la acumulación social sobre la base de la propiedad comunitaria sobre la base de la eficiencia económica; la cual debe adecuarse a los tiempos actuales y permitir la negociación con diferentes formas de propiedad que garantice la diversidad cultural y de sus recursos naturales. El respeto a las diferentes formas de propiedad y estrategias de acumulación, en tanto no lleven consigo la destrucción del medio ambiente y el sometimiento al ser humano. El objetivo económico del modelo reside en mejorar la calidad de la vida humana, mediante el desarrollo humano que contribuya al crecimiento económico con equidad y justicia. La acumulación social no implica restringir la apropiación individual basándose en la iniciativa constante y a la potenciación de sus conocimientos y habilidades; lo que sí es contrario a la utilización de los recursos colectivos para el enriquecimiento individual, sobre la base del aplastamiento de otras personas y la ruptura de la colectividad, de sus recursos y de la vida futura.
En lo político, la promoción del respeto mutuo y entendimiento, así como la negociación como forma de superar los conflictos. En ellos se incluye la libertad política y libre expresión de las ideas, así como la promoción de la paz y la democracia como formas básicas de convivencia humana. En este aspecto se entiende la democracia como el principio que otorga la soberanía al pueblo, tanto en compartir información, tomar decisiones, ejecutar los acuerdos y evaluar sus actos; es decir, su plena participación. Concebimos la democracia también como el proceso de diálogo mutuo que se propone encontrar el consenso y no la confrontación. Una democracia que no signifique la imposición de la mayoría a la minoría, sino que prevalezca el respeto a las diferencias independientemente del tamaño del grupo que lo representa. En una palabra: fortalecer la participación ciudadana, sus organizaciones e instituciones y un marco de derecho que puedan hacer posible el desarrollo sostenible.
En lo ecológico, significa el respeto al equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Este equilibrio comienza por el respeto a toda forma de vida y de la tierra misma. El principio es que nosotros pertenecemos a la Madre Tierra y no ella a nosotros. El desarrollo no puede alcanzar sobre la base de la destrucción de otros grupos, generaciones futuras ni amenazas para otras especies. Por el contrario, debe basarse en el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos, la protección de los diversos ecosistemas naturales: de la tierra, del agua, del aire, del clima y en general de la biodiversidad.
En lo social este modelo comprende la preparación del individuo para el cumplimiento de estas tareas, que tienda a construir una base sólida para garantizar los servicios básicos a la población, reduciendo la pobreza, reinsertando a la población desplazada, promoviendo la solidaridad comunitaria, la corresponsabilidad y la autogestión en las políticas económicas; así como centrar su atención en la persona humana promoviendo su desarrollo integral, incluido en el mismo la eliminación de todas las formas de discriminación por su sexo, etnia, credo o pensamiento.
En lo cultural, se parte del reconocimiento de la pluriculturalidad y multietnicidad de nuestros pueblos; este principio fortalecerá la unidad nacional basándose en el reconocimiento y respeto a las diferencias. Partiendo del principio de reconocer la vida y la naturaleza como ejes esenciales, las diversas manifestaciones culturales contribuirán a enfocar el desarrollo humano sostenible como una necesidad vital para toda nuestra especie humana.
En lo espiritual, se trata de promover y compartir un sueño común, independiente del nombre que cada cual le asigne a sus expresiones espirituales; se pretende alcanzar así la sinergia necesaria para hacer confluir todas las voluntades en un mismo objetivo común, cuya sensorialidad y sentimientos de unidad escapan a cualquier criterio individualizante y egoísta.
Sobre la base de estos criterios aspiramos a que, desde nuestra propia cultura multiétnica, pluricultural, con la calidad humana que disponemos y con la inmensa cantidad de recursos naturales en nuestro territorio, nos podamos insertar desde nuestras perspectivas autonómicas, a un mundo globalizante, que es la tónica del inicio del tercer milenio.
V. PLANIFICAR EN MEDIO DEL CAMBIO: ACCIONES URGENTES
5.1 Elementos estratégicos para implementar el modelo
En primer lugar, es necesaria la demarcación territorial de los pueblos indígenas y comunidades étnicas; como un elemento político y económico clave para el devenir de las Regiones Autónomas. Esta demarcación definirá una nueva concepción de la división política administrativa y la creación de unidades territoriales para el manejo articulado de los recursos naturales sobre la base de criterios de sostenibilidad. Esta garantía de la propiedad comunitaria, base de la identidad indígena, tiene que mantener su estatus de imprescriptible, inembargable e inajenable, que de por sí ya está reconocida en el marco del Estado de Derecho, a través de la Ley de Autonomía. Esta demarcación ya la tienen definida los pueblos indígenas y comunidades étnicas, para lo cual hace falta apoyo técnico y voluntad política para legalizar el territorio en su conjunto y posteriormente crear mecanismos para resolver las diferentes intercomunales en la posibilidad de que se creen diversas formas colectivas: comunal, multicomunal y territorial.
Seguidamente, es preciso delimitar el uso, goce y disfrute de los recursos naturales en sus territorios. Nuestra región tiene como prioridad en su política económica y ambiental: fortalecer el manejo de los bosques y la administración del resto de los recursos naturales, como base de nuestra identidad y desarrollo.
Con la demarcación y la definición de los recursos se procederá al impulso de la economía comunitaria, cuyo eje lo constituyen las empresas indígenas de autogestión, tomando en cuenta que la base del desarrollo sostenible es potencializar la racionalización del manejo de los recursos naturales. Decidiendo que los beneficios queden en la región y los mecanismos para que se desarrollen las relaciones armoniosas entre estas empresas, la población local, emprendedores nacionales y la inversión extranjera.
En tercer lugar, está la definición del marco legal y jurídico que regulará estas nuevas relaciones de propiedad y posesión. Este proceso se inicia desde el establecimiento de las bases jurídicas del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas sobre su propiedad, sus recursos naturales, sus organizaciones autóctonas, su derecho consuetudinario y demás expresiones culturales, garanticen la coexistencia de dichos pueblos en una propuesta de unidad nacional con justicia y equidad.
Otro elemento estratégico es la potenciación de las relaciones con el Caribe. La Costa Atlántica puede facilitar el desarrollo de las relaciones con la cuenca del Caribe, porque tradicionalmente nuestra Región se ha vinculado a los mercados de la Cuenca del Caribe, tanto por su identificación étnica como por compartir experiencias comunes. De las posibles actividades está la de compartir con estos países las iniciativas tendentes a favorecer la integración de esta región, para lo cual también se pueden acceder a los bancos caribeños. Este vínculo económico y político de nuestra región fortalecerá la economía del país, y abre oportunidades múltiples, tanto para la región del Caribe, como para las Regiones Autónomas y la región del Pacifico y Centro del país.
En general, se requiere que esta región se fortalezca como una unidad territorial. Para tales efectos, es necesario el fortalecimiento de los mercados locales, interregionales con una visión integradora.
Asimismo, se debe apoyar las iniciativas empresariales de creación de un sistema bancario regional, que priorice las actividades económicas que tengan como eje el desarrollo comunitario y las empresas locales.
5. 2 Pasos inmediatos
La convocatoria a un diálogo entre el gobierno de Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil (iglesias, empresa privada, gremios, organizaciones no gubernamentales, universidades regionales, organizaciones comunales) y los Consejos Regionales Autónomos. Esta fase del Diálogo en donde pueda abordarse el tema de los desafíos de la nación nicaragüense; la interrelación de las estrategias de desarrollo nacional y regional; la consulta, consenso y construcción de un modelo de desarrollo para las Regiones Autónomas sobre nuevas bases; la elaboración de estrategias y programas regionales; así como la concreción del Fondo de Emergencia para las Regiones Autónomas.
La creación de equipos multidisciplinarios con participación de las universidades regionales, organismos de cooperación y resto de la sociedad civil, en la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible para las Regiones Autónomas, del cual se desprenda un plan de acción de inmediato para atender necesidades urgentes e impostergables.
La promoción del nuevo papel, a través de la sensibilización, capacitación y difusión, del rol protagónico que deben desempeñar las organizaciones, instituciones, empresas e individuos de la ejecución de los programas y proyectos, dejando al Estado el papel de facilitador de dicho proceso.
Inicio del proceso de consulta y consenso de una propuesta regional integral que incluya los aspectos claves como demarcación, recursos naturales y marco jurídico para discutirla con todas las organizaciones regionales.
El establecimiento de mecanismos de coordinación para la ejecución de planes de desarrollo entre los planes regionales con el gobierno central.
