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Cabildos Mayores del Sinú y Verde Colombia
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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Desde las Declaraciones de Cachichi (1994) y la de Sambudó (1999) hemos venido manifestando nuestra posición de Autonomía frente al conflicto armado y a todos los actores armados que hacen parte del mismo. Desde entonces hemos exigido la no presencia de ninguno de estos actores en nuestro resguardo Êbêra-Katío del Alto Sinú, entre otras cosas porque siempre hemos considerado con el movimiento indígena que la seguridad de nuestros pueblos tiene más que ver con la atención de nuestras necesidades, la libertad de nuestras decisiones para hacer realidad el futuro que queremos, el respeto y realización de los derechos con dignidad alcanzados y reconocidos por normas internacionales y la Constitución de 1991 (Fuero Especial Indígena) y la resolución política y negociada de los conflictos, para lo cual se ha venido, en distintas regiones del país, constituyendo experiencias de paz, diálogo y negociación en nuestros Territorios.
No creemos en la intensificación de la guerra como forma de resolver el conflicto armado que desde ya casi 50 años viene afectando fundamentalmente a la población civil, hasta el punto en el que los Pueblos Indígenas nos hemos convertido en los últimos en resistencia que aún nos sostenemos en nuestros Territorios, luego que otros sectores sociales han sido desplazados por los actores armados hacía los cordones de miseria de los pueblos y ciudades colombianas.
Según como hemos vivido en distintos momentos la intensificación de la guerra, esta sólo ha servido para que algunos de nuestros mejores líderes hayan sido asesinados y desaparecidos (Kimy Pernía, José Ángel Domico, Augusto Lana, Lucindo Domico, entre otros), sin que hasta ahora tengamos la verdad, justicia o reparación debida, pero también para que se desconozcan nuestros derechos, Territorio, gobierno propio y autoridades y se nos maltrate con amenazas, señalamientos, bloqueos alimentarios, de transporte y circulación, incluso en nuestro mismo territorio, que a pesar de denunciarlos públicamente, no cesan.
Desde esta posición y experiencia es que hemos venido rechazando la militarización de nuestro Territorio, defendiendo la Autonomía que tenemos para su manejo, pero también para que no sean los miembros de nuestras comunidades quienes tengan que soportar lo que llaman “los impactos” de las operaciones militaristas de los actores armados. Pero además porque los logros alcanzados en nuestra lucha han sido el resultado del ejercicio de nuestros derechos en la búsqueda de su realización, a través de orientaciones y mecanismos por nosotros mismos diseñados, con el apoyo y acompañamiento del movimiento indígena.
Una vez más tenemos que denunciar públicamente que las Fuerzas Militares han ingresado a nuestro Resguardo. Desde hace unos 20 días, han permanecido con sus tiendas de campaña en cercanías de donde habitan miembros de la comunidad, han dormido al menos durante dos veces debajo o al lado de nuestros tambos (vivienda), entrando en ellos cuando les parece, sustrayendo animales domésticos (gallinas), pagando lo que les provoca o sin pagar como en una ocasión sucedió, preguntando a mujeres y niños sobre el sitio donde está la guerrilla, obligando a jóvenes a cargarles sus remesas, utilizando los botes de la comunidad, diciéndole a la gente que como estas cosas las hacen para la guerrilla, entonces para ellos también las tienen que hacer.
Además de lo anterior, han colocado más estrictos los controles a los alimentos para las familias de nuestras comunidades, a las que no dejan pasar remesas por encima de $50.000 o máximo $100.000, cuando para otros el tope esta en algo más de $300.000. Quedándose con las remesas que estén por encima de ese tope, o demorando el transito de las mismas, como las dirigidas a programas como el de desayuno escolar y almuerzo indígena para los niños de las escuelas, las cuales apenas llegan al cabo de dos días de retenes, con algunos alimentos descompuestos, a pesar de las certificaciones correspondientes dadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y la Defensoría del Pueblo. Con estos controles y considerando que entre los impactos más graves ocasionados por la represa Urrá a nuestro Pueblo ha sido la falta de pescado, nuestra seguridad alimentaria es adicionalmente afectada y con ella la salud de nuestros niños y Pueblo en general.
Exigimos la no militarización de nuestros Territorios. Ratificamos las declaraciones hechas por nuestros gobernadores, líderes y comunidad en Cachichi (1994) y Sambudó (1999), sobre nuestra Autonomía frente a los actores armados.
Exigimos el cumplimiento de las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH- a nuestro Pueblo.
Solicitamos a los órganos de control adelanten las investigaciones correspondientes para efectos de garantizar los derechos de nuestro Pueblo Êbêra Katío del Alto Sinú.
A las entidades y organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, difundan y exijan al Gobierno colombiano el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, particularmente el principio de distinción.
Tierralta, Septiembre 12 de 2005.
Cabildos Mayores de los ríos Sinú y Verde
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