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La huelga iniciada el lunes por los internos de los penales de Cochabamba tiende a agravarse debido a que la Dirección de Régimen Interior no convenció a los manifestantes con su propuesta de pagarles sólo un mes de los prediarios de los cuatro en deuda.
En respuesta, los más de 1.200 internos que mantienen el ayuno voluntario en los siete penales del departamento anunciaron para hoy crucifixiones y costura de labios, aunque algunas de estas medidas ya fueron asumidas desde ayer.
Los internos exigen por lo menos que les paguen de dos meses (junio y julio) para levantar esta medida de presión, según el delegado del penal de San Sebastián varones Milton Cruz.
Los representantes de Régimen Interior, en su visita que realizaron la tarde del miércoles a gran parte de los internos, sólo ofrecieron el pago de un mes, oferta que fue rechazada.
Cruz deploró que habiendo una deuda tan amplia se pretenda pagar sólo un mes, tomando en cuenta que los 108 bolivianos que pagan mensualmente son destinados al desayuno, almuerzo y cena.
Cada interno recibe 3,50 bolivianos por día para cubrir su alimentación diaria. Con frecuencia, los reclusos destinan sus recursos para preparar una olla común.
Más exigencias
Otra de las exigencias que realizaron los internos de los penales de San Sebastián varones y mujeres, San Antonio, El Abra, San Pedro, San Pablo y de Aiquile, es contar con una atención de salud frecuente en el hospital Viedma.
La delegada del penal de San Sebastián mujeres, Teresa Daza, dijo que la situación de las 122 internas de este recinto es muy difícil y tienen que hacer lo imposible para hacer alcanzar los 108 bolivianos.
“Algunos tienen sus hijos menores de seis años. Los recursos tienen que servir también para mantener a nuestros hijos. Generalmente, los 108 bolivianos nos alcanza para 15 días y los otros días tenemos que compartir todos”, señaló.
En los penales San Sebastián mujeres y San Pedro de Quillacollo, Régimen Interior no pagó los servicios de agua y energía eléctrica. En el caso de Quillacollo, la luz fue cortada el pasado lunes, según los internos.
CARIDAD
Desde hace cuatro meses la población penitenciaria sobrevive gracias a la solidaridad de organizaciones no gubernamentales.
En San Antonio unas 200 personas entre reclusos con sus familias acceden a un desayuno y a un plato de sopa gracias a la cooperación del proyecto Voces Libres.
Las raciones son insuficientes, pues se estima que el 70 por ciento de las personas que están en prisión no recibe visitas porque provienen de otros departamentos o de las provincias.
Ellos son el grupo más afectado con el retraso del bono de alimentación, pues deben sobrevivir con la asistencia de organizaciones solidarias o de la venta de los productos que elaboran en los talleres de terapia ocupacional.
