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La Corte Suprema de Justicia y el Órgano Ejecutivo preparan una reforma a la legislación procesal para evitar que los reos queden libres por el vencimiento de los plazos procesales en situaciones de emergencia o por negarse a asistir a las audiencias.
Esta medida trata de dar al traste con las pretensiones de reos del penal La Esperanza, o Mariona, al norte de la capital, de mantener una revuelta y negarse a asistir a los tribunales para viciar los procesos y salir libres.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila, confirmó ayer que el propósito de cambiar el Artículo 6 del Código Procesal Penal es congelar los plazos establecidos para la detención de una persona que no se presenta a juicio.
Aseguró que la propuesta a la Asamblea Legislativa pretende que “se congele el tiempo y no se cuenten los días en la cárcel cuando es suspendido un proceso por razón fortuita como tragedia natural o de fuerza mayor como el actual amotinamiento en Mariona”.
La legislación vigente establece que la detención provisional “no puede exceder el plazo de 12 meses para los delitos menos graves o 24 meses para los graves. So pena de incurrir en responsabilidad penal”.
Críticas
Esta redacción deja abierta la posibilidad para que un reo sea liberado si no va a juicio en los plazos mencionados. Ávila indicó que este vacío pretende ser aprovechado por 190 reos de Mariona que se niegan acudir a las audiencias judiciales.
“La reforma es necesaria para no liberar a los reos que se les vencen los plazos procesales”
Ástor Escalante
Director Centros Penales
“Que no se cuenten los días en la cárcel ante razones fortuitas o de fuerza mayor”
Rodrigo Ávila
Viceministro de Seguridad
El funcionario denunció que “algunas personas como los defensores e instituciones que dicen trabajar por los Derechos Humanos les han dicho a estos internos que hagan relajo para que les suspendan los procesos”.
Por su parte, el director de Centros Penales, Ástor Escalente, aseguró que en Mariona es necesario decretar el estado de emergencia, ya que muchos internos continúan amotinados; pero que la jueza de vigilancia penitenciaria, Margarita Gómez, revocó esa disposición el 14 de septiembre pasado.
“Sabemos que podrían tener armas creadas al destruir los catres, y no descarto que también cuenten con armas de fuego”, dijo el funcionario tras mencionar que su administración ha optado por la prudencia.
Sin embargo, el viceministro Ávila no descartó que de agravarse la revuelta, el Gobierno recurra a mecanismos drásticos como la intervención de policías antimotines.
Juzgado cancela 17 audiencias
Los recientes desórdenes en el penal de Mariona han generado la suspensión de 17 audiencias sólo en el Juzgado 8o. de Instrucción a cargo de la jueza Gloria de la Paz Lizama, también presidenta de la Federación de Abogados de El Salvador (Fedaes).
“Se han detenido muchas diligencias y vamos a tener una saturación de trabajo porque hay una programación que cumplir”, afirmó ayer la funcionaria judicial.
Agregó que para hoy tienen en agenda la realización de una audiencia por secuestro, y desconoce si el imputado se presentará ante su tribunal.
Los defensores de algunos reos argumentan sus ausencias, a la crisis que vive Mariona.
