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Indígenas y afrodescendientes desafían a Uribe Vélez y su reelección.
Enviado por Horacio Duque
No obstante la adversidad que produce la violencia de paramilitares y fuerzas policíacas, Colombia es sacudida en estos días por vibrantes movilizaciones populares que defienden derechos de grupos sociales afectados por la pobreza, exclusión y marginalidad.
Indígenas paeces, nasa, guambianos, kankuamos y comunidades afrodescendientes, han acudido a la movilización organizada para exigir la entrega de tierras de extensos latifundios improductivos controlados por poderosos terratenientes que se hacen acompañar de ejércitos privados con el soporte de la fuerza militar estatal, y para reclamar el respeto de derechos alcanzados en recias jornadas de movilización, como en el caso de las comunidades afro.
La emergencia popular rompe el unanimismo y la aparente complacencia de amplios grupos sociales con la gestión del gobierno del señor Uribe Vélez, promocionada con encuestas truculentas y manipulación de los medios masivos de comunicación. La convulsa realidad social colombiana, con múltiples expresiones, desenmascara la fementida armonía social que sobrevino con las políticas del actual gobernante, empeñado en una brutal paramilitarización del aparato estatal y la impunidad de los escuadrones de la muerte de San José de Ralito.
1. Las tomas de tierra por los indigenas en el Caúca.
Desde el 12 de Octubre, en el marco de una Jornada de Nacional de Protesta y ante la detención arbitraria del líder Nasa José Vicente Otero, los indígenas de la Asociación de Cabildos de Caldono ingresaron a la hacienda El Japio, del municipio de Caloto, para continuar con el proceso de Liberación de la Madre Tierra, como parte de una política de acción directa ante la negativa del gobierno de cumplir con los compromisos pactados con las comunidades en anteriores administraciones. El sábado 5 de noviembre cerca de 200 indígenas, de 6 resguardos de Caldono, Cauca, entre mujeres y hombres, iniciaron una Minga –trabajo comunitario- en la Hacienda “El Japio” como una nueva expresión de las comunidades para lograr dialogar con el gobierno Nacional a fin de lograr la adjudicación de tierras exigidas desde la ocupación de este lugar.
Así, pues, a lo largo del último mes, el Departamento del Cauca ha vivido siete tomas indígenas en los municipios de Silvia, Puracé, Piendamó, Caloto, Corinto y Morales y la rebelión contra los terratenientes y el Gobierno crece cada vez más. Algo sin antecedentes en el movimiento popular. La protesta indígena es una expresión de la urgente necesidad, de restitución y titulación colectiva de tierras, que ha sido negada a las comunidades y a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en el Cauca.
De igual manera, en el municipio de Morales, Cauca, desde el 11 de noviembre, en una acción conjunta, los indígenas se dispusieron a seguir liberando la madre tierra; más de 700 Guambianos y Nasas con 150 campesinos, de los resguardos de Aguas Negras, Chimborazo , Honduras y el Cabildo urbano de Morales, se posesionaron por primera vez en la historia de las fincas La Sierra, La Marqueza y La Bonanza, las cuales tienen más de 550 hectáreas, “esta acción de hecho la tomamos obligados por el incumplimiento de los acuerdos de 1986 por parte de las multinacional que construyó la represa Salvajina y el gobierno , al inundar 2 mil hectáreas de nuestros resguardos”, dicen los lideres indígenas.
En sus demandas exigen la reparación por la masacre criminal de El Nilo, donde fueron asesinados 20 comuneros por la fuerza pública y grupos paramilitares, en Diciembre de 1991, en la que se demostró la responsabilidad del Gobierno, y el cumplimiento de los acuerdos con estas comunidades, firmados en 1999 y traducidos en el decreto 982 (entrega de tierras), que como en otras ocasiones, tampoco se a hecho realidad por el Estado.
La respuesta del gobierno del señor Uribe Veléz ha sido la violencia y acción arbitraria de los grupos policiales. Altos funcionarios del gobierno como el Ministro de Agricultura y el Gobernador del Cauca, ligados a poderosas familias de latifundistas, han desatado una campaña de mentiras para desacreditar las reivindicaciones indígenas y justificar la arremetida de los cuerpos represivos.
Desde el inicio de las movilizaciones indígenas, la policía intentó desalojarlos, encontrándose con la férrea resistencia de la comunidad. No obstante, inicialmente fueron detenidos dos (2) indígenas y brutalmente agredidos y heridos diez (10) integrantes de las comunidades paeces y guambianas y más recientemente la acción de fuerza de la Policía genero un enfrentamiento ante la negativa de salir del predio el Japio por parte de los indígenas, choque en el cual se produjo la muerte del joven BELISARIO CAMAÑO GUETOTO de 21 años y oriundo de la Vereda Santa Helena del Cabildo de Caldono, quien recibió un impacto de bala de fusil en el sector parietal de su cabeza con salida traumática en su rostro. Además de este trágico suceso se produjeron cerca de 32 heridos, entre ellos 5 de gravedad y la detención de numerosos activistas de derechos humanos que han acudido a prestar la solidaridad a las comunidades indígenas.
A pesar de la arremetida violenta del gobierno paramilitar, los indígenas no ceden en sus reivindicaciones y han planteado exigencias que incluyen: a) La habilitación inmediata de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, con competencias ciertas y recursos suficientes para darle solución y realizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país; b) El establecimiento de un proceso serio y sin engaños de construcción de una política de estado para pueblos indígenas, desde la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Donde los funcionarios de gobierno no le digan una cosa a los indígenas y posteriormente en otros escenarios y con otros actores sociales, denigren de sus organizaciones y demandas. Demandan los indigenas un proceso de dialogo y concertación con seriedad y sin manipulaciones dolosas; c) El respeto por la autonomía administrativa de los territorios indigenas y rechazan los argumentos del Señor Ministro del Interior y de Justicia, quien justificando el incumplimiento del Estado a los acuerdos y convenios suscritos con los pueblos indígenas, manifiesta que el actual Gobierno Nacional no tiene compromisos pendientes con los pueblos indígenas, porque estos los realizaron otros gobiernos. Le recuerdan al Señor Ministro, que los compromisos fueron suscritos por el Estado colombiano y es un deber constitucional del Gobierno Nacional cumplir con ellos, máxime cuando se trata de demandas de reparación a la nación por masacres cometidas por sus autoridades; y d) Las garantías para sus vidas e integridad y denuncian la presencia de grupos paramilitares en Silvia, Santander de Quilichao, Alto Naya, Popayán y otras ciudades del Departamento del Cauca que vienen cometiendo atentados contra los lideres y amenazando de muerte a las comunidades.
Entre las acciones de los indígenas destaca su vertical oposición al ALCA y su denuncia de la reelección como un proyecto regresivo y contrario a los intereses populares.
2. Los Kankuamos.
De otro lado, sobresale en este contexto de rebelión nativa contra el régimen fascista, la movilización de los indígenas Kankuamos, ubicados en la zona sur oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Cesar, norte de Colombia. 38 kankuamos permanecen detenidos en condiciones infrahumanas en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar (Cesar) y como parte de las retenciones masivas que implementa el gobierno derechista de Uribe Vélez, a partir de los señalamientos de las redes de informantes, delatores pagados por el gobierno para que inventen pruebas fraudulentas. El pueblo Kankuamo es en la actualidad, junto a las comunidades del Cauca y la población afrodescendiente una de las más afectadas por el conflicto social y armado, y sobre todo por la política de “seguridad democrática” del gobierno.
Resultado de ello ha sido el asesinato de más de 115 miembros de esta comunidad en los últimos 3 años de Seguridad Democrática, lo que indica que en este gobierno han sido asesinado el 46.3% de los 247 kankuamos que se registran desde 1.996; la detención arbitraria de 50 indígenas acusados de pertenecer o auxiliar a los grupos insurgentes y el desplazamiento de cientos de ellos, situación que se agrava por los repetidos incumplimientos por parte del gobierno nacional y de las autoridades locales de las medidas Cautelares y Provisionales otorgadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente.
Recientemente fue asesinado ANDRES TALCO CARRILLO, reconocido miembro de la comunidad por grupos paramilitares en el corregimiento de La Mesa, a no mas de 10 minutos del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, adscrito a la X Brigada del Ejército Nacional.
Andrés Talco Arias, un kankuamo de 39 años que dos días antes había salido, con su hamaca y panela atanquera, a una finca de la región de la Mesa, cuando a tan sólo 20 minutos de Valledupar el vehículo en que viajaba fue interceptado por sujetos armados, quienes después de verificar su documento de identificación ordenaron a los demás pasajeros que partieron, pero que este se quedaba, así lo dio a conocer un familiar de la victima, quien a su vez aseguró que “el mismo día llegamos cerca del lugar donde fue bajado y alguien nos aseguró que estaba vivo y que pronto lo devolverían, cual fuera nuestra sorpresa cuando el sábado, en la Morgue de Valledupar se nos dificultó el reconocimiento debido a que su cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición”.
3. Los afrodescendientes.
Destaca también, en este escenario de movilización, la acción de los afrodescendientes que exigen mediante la toma de la iglesia San Francisco desde el día 4 de noviembre, en el centro histórico de Bogota, se les atienda en materia de etnoeducación y recuperación de sus tierras que fueron expropiadas y hoy día cultivadas con palma africana en el Chocó.
Resistiendo a los fríos de la capital, más de 700 personas pertenecientes a las comunidades negras del suroccidente colombiano llevan más de 6 días de toma pacífica
Vinieron desde Tumaco (Nariño) y sus alrededores para protestar en contra de lo que ellos ven como una arremetida del gobierno de Álvaro Uribe para desmontar gradualmente los derechos adquiridos durante cientos de años de resistencia en estas tierras de América y que se vieron plasmados, en su mayoría, en la Normatividad Especial contenida en la constitución de 1991.
En la toma de la iglesia participan los Consejos Comunitarios de la zona de Tumaco, figura contemplada dentro de la Normatividad Especial que brinda las posibilidades de autodeterminación y autonomía sobre las políticas que deben ser implementadas en sus territorios, y el Sindicato de Maestros de Nariño de la misma ciudad. Aunque con intereses y demandas diferentes, estos dos sectores de los afrodescendientes actúan como una sola comunidad, ya que lo que la define es la solución comunitaria de problemas que, así mismo, son comunes. Así, frente a los graves problemas de violencia, económicos y políticos que viven estas comunidades, decidieron unirse en una misma pelea y llegar con un pliego único de demandas ante las respectivas instancias del gobierno nacional.
Para Ana Granja Castillo, representantes de alto nivel del Consejo Comunitario del sur del pacífico, que agrupa a más de 3 Consejos Comunitarios de esa zona, la pelea de las comunidades negras también es en contra del TLC, las fumigaciones, el otorgamiento de licencias a proyectos industriales dentro de los terrenos colectivos, la violencia dentro de sus territorios, la Ley Forestal y el censo que se lleva a cabo actualmente a nivel nacional.
En el caso de las fumigaciones, éstas no sólo están afectando a los cultivos ilícitos, sino, en palabras de Castillo, “también a los lícitos. Y más a los lícitos. Las fumigaciones también están afectando a los animales, que se están muriendo”. Para las comunidades, el problema de la erradicación debe ser concertado con ellas, brindando al mismo tiempo otras posibilidades para la sobrevivencia de aquellos que se dedican a este negocio por la falta de empleo y oportunidades.
Uno de los problemas más inquietantes para los afrodescendientes tiene que ver con la última resolución del INCODER (Entidad estatal de tierras), mediante la cual se desconocen los derechos de los territorios comunitarios y se favorecen los intereses de particulares, fomentando el desarrollo de proyectos agroindustriales a gran escala que sólo tendrán como consecuencia la deforestación y destrucción de la biodiversidad y el desplazamiento de las comunidades que en esos territorios habitan.
“Así como lo está viendo el país”, - dice Castillo -, “va a haber un masivo desplazamiento de las comunidades negras hacia las ciudades”, pues, según dicen ellos, el territorio en el que viven está siendo entregado a grupos que fomentan un desarrollo contrario a la forma de vida de las comunidades negras y traen consigo problemas de violencia, así como lo han evidenciado diferentes investigadores en el sentido de que la siembra de palma que se viene haciendo en estos territorios va de la mano con la consolidación política y económica del paramilitarismo.
Para Jairo Castillo, del Proceso de Comunidades Negras (PCN), el gobierno propone una falacia, pues dice que las mismas comunidades pueden entrar a concursar en estas iniciativas industriales, pero para que una iniciativa de estas sea productiva – dice-, se necesita la siembra de más de 1000 hectáreas, lo cual implica una gran inversión en maquinaria, insumos químicos y en general una inversión que para estas comunidades, en el caso en el que quisieran hacerlo, es imposible hacerla. Así, en el mejor de los casos, si las comunidades no son desplazadas de sus territorios ancestrales por la vía de las armas, como viene ocurriendo actualmente, entonces son contratados como mano de obra barata mientras que personas extrañas a la comunidad sacan el provecho económico de estos proyectos. Todo esto, dicen ellos, sin contar con la destrucción de las selvas, de los animales y de toda la fauna que se va a ver perjudicada por estos monocultivos.
Frente a la Ley Forestal, la Posición es que no se firme, pues esta ley busca convertir sus territorios en mercancías, estimulando la tala indiscriminada de los bosques y fomentando, por lo tanto, la usurpación de todo el sistema selvático. Contra este proyecto se han sumado las voces de los ambientalistas, de varias ONG´s, de periodistas y de varios políticos que ven en ella la posibilidad de que las grandes empresas madereras saquen ganancias a costas de la destrucción de nuestro territorio, especialmente del territorio de los negros e indígenas, que son las comunidades que principalmente los habitan.
Otro de los puntos en discusión tiene que ver con el censo. Según las comunidades, la concertación que se venía realizando con el gobierno nacional para que las comunidades afrodescendientes sean en realidad contadas dentro de él, fue roto unilateralmente por éste, posibilitando que se presenten problemas a la hora de contar a los más de 10 millones de afrodescendientes que viven en Colombia. Para las comunidades es muy importante que los cuenten como afrodescendientes, pues las políticas a futuro que se vayan a tomar dependen directamente de la población que exista, y si el gobierno no los cuenta, eso significa que no existen, lo cual generaría la aplicación de políticas públicas erróneas y hasta perjudiciales hacia estas comunidades.
Las comunidades reclaman lo siguiente: a) La aplicación de la política de Etnoeducación Afrocolombiana y derogatoria del Decreto 3323 de 2005, por considerarlo lesivo para los intereses de las comunidades Afrocolombianas; b) Que el Ministerio de Agricultura a través del INCODER derogue, en forma inmediata, la resolución 1516 mediante la cual, legalizan las alianzas entre el sector industrial privado y los Consejos Comunitarios en detrimento de estos; c) Que se respeten los acuerdos con relación al tema del Censo nacional realizados con el DANE; d) Que se suspenda el trámite del Proyecto de Ley Forestal en el Congreso de la República hasta que se surta la consulta previa con las comunidades Afrocolombianas, ya que su contenido perjudica y viola los derechos territoriales de estas Comunidades; y e) Que se garantice la seguridad laboral y personal por los días de permanencia en Bogotá de los participantes Afrocolombianos que se movilizaron.
Con la toma de la iglesia de San Francisco, las comunidades afrodescendientes buscan que sus derechos comunitarios sean respetados.
Ese es el panorama de la lucha de clases en Colombia, en epocas de reelección impuesta por la oligarquia dominante y el i perialismo gringo.
A lo que se suma la gran canpaña de agitación prevista para el próximo 17 de noviembre y organizada por la Gran Coalición Democrática contra el ALCA y la continuidad del caudillo paramilitar en la Presidencia de la República.
Cali, 15 de noviembre de 2005
