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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, Noviembre 15 de 2005.
PRONUNCIAMIENTO POLÍTICO DEL
MOVIMIENTO DE RESISTENCIA POPULAR DEL SURESTE (MRPS)
A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS, MÉXICO Y EL MUNDO.
Las secuelas de destrucción y miseria dejadas por los huracanes Stan y Wilma en el sur de México, pusieron al descubierto dos aspectos históricos de la política socioeconómica nacional, los cuales no sólo continúan vigentes, sino que se vienen acentuando en la presente etapa neoliberal:
1. La vulnerabilidad en que sobrevive la población más empobrecida del país, debido al proceso de saqueo, explotación, marginación y abandono a que ha sido sometida.
2. La marcada preferencia de la política de Estado hacia los sectores económicamente más poderosos, a los cuales una vez más respondió con mayor prestancia, rapidez y profundidad.
El paso de Stan arrasó millones de hectáreas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas, donde los mayores daños se registraron sobre todo en comunidades rurales y en los barrios pobres de pueblos y ciudades; por encontrarse éstos asentados en laderas, cañadas, hondonadas y demás zonas de alto riesgo. Pero en nuestro estado, el más duramente afectado, se localiza la importante ciudad fronteriza de Tapachula: principal puerta comercial del sureste mexicano y eje central del “promisorio” proyecto transnacional llamado Plan Puebla-Panamá. No fue casual entonces, que la atención se centrara primordialmente en este enclave económico del país, que si bien sufrió una lamentable devastación de grandes proporciones (siniestradas 54 de sus 250 colonias, 18 de ellas completamente desaparecidas), tan solo significa un punto en la vasta extensión del desastre. Así, desde un principio quedó invisibilizada y marginada de la atención oficial la mayor parte de la catástrofe, que correspondió a los municipios pobres de la entidad.
Sin embargo Tapachula misma y su influyente sector empresarial pasaron a un plano secundario en las prioridades gubernamentales, cuando poco después el huracán Wilma atropelló el importante polo turístico de la Riviera Maya y Cancún, su centro neurálgico: enclave de superlativas inversiones hoteleras transnacionales y cara bonita del México moderno. En contraste con la lentitud e ineficacia con que el Estado escatimó recursos para la contingencia en la mayor parte de la geografía afectada por ambos huracanes, en el caso concreto de Cancún sí respondió de inmediato: dio como anticipo una cantidad mayor a los 5 Mil Millones de pesos y otros 200 para rehabilitación de playas turísticas.
Tanto en Tapachula, donde el gobierno concedió exención de impuestos y condonaciones diversas al oligárquico sector empresarial, como en Cancún donde pronto brindó recursos para reconstrucción y gestiones crediticias para los consorcios hoteleros de lujo, la política oficial privilegió los intereses económicos de los poderosos, mientras destinó solamente exiguos paliativos paternalistas que no resuelven el problema de fondo, a la población empobrecida que fue la más afectada y la que no cuenta, como aquellos privilegiados, con los medios propios para reponerse de semejante catástrofe.
En el caso de Chiapas resulta vergonzosa e inmoral la utilización política que le han dado a esta tragedia los partidos políticos en su carrera electoral, pero más enfáticamente los gobiernos estatal y federal con igual propósito. Ha sido patético el bloqueo de acciones e información que se han hecho mutuamente ambos gobiernos, para tratar de protagonizar las insuficientes ayudas que han llegado. El hecho de que Pablo Salazar se haya rehusado tanto tiempo a declarar la entidad como Zona de Desastre, obedece a su necesidad particular de no soltar las riendas de las operaciones de contingencia y “reconstrucción” que claramente se ve, busca rentabilizar a favor de su propia carrera política y la de su candidato preferido a la siguiente gubernatura.
En aras de capitalizar para su imagen política esta desgracia humana, Pablo Salazar y Vicente Fox han derrochado en burda publicidad vacía, los ansiados recursos que tanto urgen para atender las emergencias de alimentación, refugio y salud física y emocional para miles de familias que perdieron todo. En sus campañas de marketing ha sido constante la ocultación de cifras reales, sobre todo de muertes, y el pregonar falsos actos suyos a fin de acaparar el reconocimiento de la opinión pública. Lejos de haber sido su “política de prevención de desastres” lo que evitó mayores decesos, como lo quiere hacer ver el señor gobernador, ése hecho se debió a que los ríos comenzaron a crecer después de las 10:00 horas, dando tiempo a la población para correr la alarma y dirigirse a sitios seguros.
El MRPS, como otras instancias civiles integrantes de la Red de Organizaciones para la Emergencia en Chiapas, hemos constatado que las versiones oficiales son falsas. Ha sido mínima y desordenada la ayuda humanitaria que han dado a las poblaciones rurales de las regiones Costa, Sierra y Soconusco. Sus terracerías, caminos vecinales, puentes y hamacas, prácticamente no han tenido reparación alguna, salvo ciertas carreteras que comunican a otras zonas del estado. Muchas son las comunidades cuyos habitantes damnificados deben caminar entre 2 y 10 horas en la montaña, para buscar alguna despensa, cobijas y medicamento. Los escasos sistemas de agua entubada y drenaje que resultaron destruidos en la mayor parte de los municipios afectados, no han recibido ninguna atención gubernamental a pesar de la inminente emergencia de salud pública por las epidemias que ya comienzan a manifestarse: dengue hemorrágico, tuberculosis, paludismo, varicela e infecciones respiratorias, gastrointestinales y de la piel. Lo que sí se observa es que la ayuda ha provenido, principalmente, de parte del mismo Pueblo solidario, de las organizaciones sociales, productivas y no gubernamentales, de sectores de la Iglesia católica y de fundaciones civiles internacionales.
Como en aquel terremoto de 1985 en la ciudad de México, el gobierno ha sido incapaz, negligente y por lo tanto rebasado. Hoy en Chiapas el descontento social se manifiesta generalizadamente contra los gobiernos municipales: atados por un presupuesto raquítico y por su incapacidad ante la magnitud del desastre. Conforme pasan las semanas y las secuelas de hambre, enfermedad y descomposición social se agudizan, en diversos lugares el Pueblo está estallando en protestas contra el abandono, las mentiras y las versiones triunfalistas de un Pablo Salazar Mendiguchía, cuyo reciente discurso político disfrazado de “informe” sobre la tragedia, significa un insulto y una infamia para quienes han visto colapsadas todas sus de por sí escasas expectativas de desarrollo humano. Se percibe ya en la gente, como única solución viable, la migración ilegal hacia el vecino país del norte… con todo el padecimiento que ello traerá para quienes se van y para quienes se quedan (mujeres, niños, ancianos).
Cientos de comunidades rurales en muchos municipios de la Sierra continúan hoy incomunicadas y desatendidas en sus necesidades primarias de salud, saneamiento y alimentación, mientras la mayor parte de los cultivos fueron arrasados o perdieron por completo esta única cosecha anual. En tanto que la irresponsable declaración oficial en el sentido de que la etapa de emergencia ya fue superada, ha dado pie a que se retiren todos los helicópteros federales que eran el único medio apto para llevar ayudas a los puntos más aislados. Por su lado y siguiendo la directriz establecida por el ejecutivo estatal, Servicios Educativos de Chiapas (SECH) ha desalojado a las familias que se encontraban refugiadas en las escuelas, únicas edificaciones con el tamaño adecuado para esa función en las regiones aisladas; propiciando que quienes perdieron sus hogares por encontrarse cerca de los ríos o bajo cerros que se desgajaron, regresen a levantar sus chozas provisionales en dichas zonas de alto riesgo, al no contar con otro terreno donde asentarse en condiciones mínimas de seguridad. En igual indefensión quedan quienes tenían sus parcelas en las riberas de los ríos y la creciente los dejó literalmente sin tierras. Pero ante este panorama desolador que anuncia muerte, hambruna, epidemias y más miseria, los gobiernos estatal y federal no han dado paso alguno, a no ser sus exiguas visitas de diagnóstico y promesas huecas que por ningún lado se ve, hasta hoy, que vayan a cumplirse.
Existen comunidades en grave riesgo de ser sepultadas por deslaves, o bien a punto de desplomarse, por encontrarse ubicadas abajo o encima de las múltiples grietas y hundimientos que ocasionaron las lluvias en las serranías de municipios como Motozintla, Bellavista, Siltepec y Chicomuselo, sin que autoridades gubernamentales hayan acudido siquiera a realizar la evaluación técnica correspondiente. Tal es el caso, al menos, de Las Flores, Miguel Alemán y Unión Buenavista en Chicomuselo, así como de Toquián Grande, Toquiancito, La Laguna, Las Nubes y Malpaso en Siltepec.
Los caminos, puentes y hamacas que se colapsaron en la Sierra Madre, impiden a estudiantes trasladarse a los lugares donde están las escuelas, que al reabrir sus clases no están tomando en cuenta el desfase entre quienes asisten y quienes no pueden hacerlo. Muchas de las brechas reparadas, lo han sido gracias al trabajo de la propia gente afectada: unas veces con palas y picos, otras con maquinaria que se encontraba en las zonas dañadas antes de la catástrofe. Por otra parte, el pésimo estado en que se encuentran las carreteras y terracerías transitables, ha alargado los traslados hasta por varias horas, provocando que el costo del transporte se incremente en forma desmesurada sin que exista un plan de subsidio oficial que apoye a estas poblaciones pauperizadas. Así, hay mercancías que comienzan a ingresar en la zona con alzas hasta de un 300%.
Es notoria la ausencia de instituciones gubernamentales de salud en la zona de desastre. Amén de las siniestradas, las pocas instalaciones médicas oficiales continúan con su acostumbrada negligencia y desabasto de medicamentos, resultando además muy limitadas para el tamaño de la contingencia. Sin embargo, como lo ha denunciado la Sección 50 del propio Sindicato de Salud, las insuficientes medicinas están llegando pero restringidas únicamente para las personas afiliadas al Seguro Popular: marginando así en esta emergencia, a damnificados que no se inscribieron en ésa burla foxista.
Por otro lado resulta insensato, que los gobiernos federal y estatal sigan aferrándose a la cifra “total” de daños en Chiapas que estimó Fox a sólo tres días de la tragedia: 15 Mil Millones de pesos (recién reducida a 10,149 millones por Pablo Salazar). No puedan cuantificar responsablemente los daños ocurridos, si todavía hoy no han ingresado a evaluar amplias zonas aisladas, ni han elaborado los estudios correspondientes a las pérdidas agropecuarias, y tampoco están resolviendo las necesidades urgentes de alimentación, salud, vivienda, sanidad, educación, etc., que se prolongarán así por largo plazo. Lo cierto es que fue una catástrofe de dimensiones impensables y que su superación va a requerir la inyección de recursos millonarios durante mucho tiempo. Tan solo en infraestructura se trata de por lo menos, según las conservadoras cifras oficiales: 53 mil casas afectadas, 25 mil de ellas en pérdida total; 19 mil comunidades incomunicadas; 5,275 kilómetros de carreteras destruidas; 200 puentes colapsados. Ello supondría que los modestos recursos económicos con que cuenta el estado, debieran destinarse en forma prioritaria a esta contingencia antes que a cualquier gasto superfluo. Sin embargo Pablo Salazar parece no entenderlo así, al no cancelar el reciente Festival Cervantino en San Cristóbal de Las Casas, destinándole 1.5 millones de pesos, según lo declarado oficialmente. Es claro que ni en esta emergencia está dispuesto a abandonar su política del maquillaje y la buena imagen.
Pero el paso de Stan por Chiapas no solamente sacó una vez más a flote el carácter demagógico y de simulación de la política priísta de Pablo Salazar, que ya es una tradición en él, sino que dio también lugar a que se exprese en una de sus facetas más deplorables: la represión violenta. Haciendo uso de la anacrónica Ley Mordaza, que él mismo impuso en la entidad para penalizar con hasta 9 años de cárcel la difamación a funcionarios públicos, el gobernador la aplicó rigurosamente contra el director del periódico El Orbe de Tapachula, quien le cuestionó sus dudosos manejos del Fondo de Desastres. Por otro lado, Pablo Salazar aprovechó la cortina de humo que significa esta tragedia, para lanzar un aplastante operativo policial contra la población de Malpaso, que venía exigiendo el reconocimiento como municipio constitucional, dejando por saldo una treintena de detenidos y varios desaparecidos.
Otro ejemplo de intolerancia y de la incomprensión mostrada hacia la tragedia por parte del gobernador, acaba de vivirse el 4 de noviembre en el municipio de Siltepec, uno de los más dañados, pobres e incomunicados de la Sierra Madre. La molestia manifiesta de la población, por la situación de extrema emergencia que viven y el abandono absoluto de las instancias oficiales, dio pie a que corriera un rumor sobre movilizaciones populares para destituir al presidente municipal. Ante ello el gobierno estatal, a través de su operador político Juan González Esponda, envió un contingente de la Policía Sectorial: más de 60 elementos del cuerpo represivo llegaron bien pertrechados para defender al edil, pero sin llevar siquiera consigo algunas cobijas para una población que se apresta a enfrentar las duras heladas invernales de la alta montaña, en completo estado de indefensión. Por su lado el ejército federal ha impedido que damnificados del municipio de Chicomuselo, aprovechen para leña o reconstrucción los árboles que arrastró el río Tachinula y que se encuentran botados en sus orillas.
Por lo expuesto, dado el colapso social y económico en que se encuentra la entidad en su conjunto, así como el deplorable desempeño mostrado por las autoridades gubernamentales en esta catástrofe, el Movimiento de Resistencia Popular del Sureste E X I G E a los gobiernos federal y estatal:
Que atiendan pronta y respetuosamente todas las demandas de la población afectada.
Que den prioridad al restablecimiento de las vías de comunicación en las zonas aún aisladas.
Que cumplan con su obligación constitucional de velar por la salud de la población, tanto física como la derivada del choque emocional, sobre todo en esta emergencia de salud pública.
Que reparen de inmediato los sistemas de agua entubada y drenaje que fueron destruidos.
Que establezcan un plan emergente para reactivar la producción agrícola y pecuaria.
Que abastezcan de alimentos suficientes y dignos a la población que carecerá de ellos, mientras se llega al siguiente ciclo de cosechas.
Que regularicen las clases en las escuelas, cubriendo a la totalidad de la población estudiantil.
Que reubiquen inmediatamente en sitios seguros, a todas las comunidades rurales y colonias urbanas marginadas que se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo.
Que instrumenten un plan para reconstruir las viviendas siniestradas, en zonas seguras y fuera de cualquier esquema de crédito: impagable para el de por sí empobrecido Pueblo chiapaneco.
Que den solución inmediata a quienes quedaron sin terreno para su casa y sin tierras para cultivar.
Que condonen el pago de servicios públicos a toda la población de bajos recursos en la entidad, como son los de energía eléctrica, agua y predial, así como los de créditos al sector rural.
Por último A D V E R T I M O S a las autoridades gubernamentales, federales y estatales, que no se aprovechen de esta tragedia humana, para:
Intentar la aplicación del programa privatizador de tierras llamado PROCEDE / PROCECOM, en los ejidos y bienes comunales que perdieron sus documentos agrarios en este desastre.
Intentar afiliar al fantasioso Seguro Popular a quienes tienen urgencia de recibir atención médica.
Intentar el desalojo de comunidades asentadas en las Reservas de la Biósfera de El Triunfo, La Sepultura y La Encrucijada, o en las áreas focales del Corredor Biológico Mesoamericano llamadas Pico del Loro y La Frailesca, con el pretexto irreal de que se encuentran en zonas de alto riesgo por catástrofes.
!!! POR LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO OPRIMIDO !!!
Movimiento de Resistencia Popular del Sureste
Av. Yajalón N° 14, Barrio El Cerrillo, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Teléfono y Fax: (967) 678-0784 Correo Electrónico: coordaltos@yahoo.com.mx
