Conozca a la izquierda peruana y como apoyaron a Fujimori

LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA

La historia de la izquierda en el Perú se remonta a inicios del siglo XX, cuando se plantearon distintas luchas en torno a las reivindicaciones obreras, la descentralización, la cuestión indígena, la ampliación del voto y la reforma universitaria. En este esquema se inscribe la fundación del APRA en 1924 y la fundación del Partido Socialista por José Carlos Mariátegui; el cual, luego de la muerte de su fundador, adopta en 1931 el nombre de Partido Comunista Peruano (PCP) y se adhiere al campo de influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En adelante el PCP tuvo una existencia más bien marginal en el proceso político peruano, aunque con una influencia importante en el movimiento obrero. Entre 1930 y 1950 las (posiciones y reclamos populares fueron más bien liderados por el APRA, que llegó a encabezar la insurrección de Trujillo de 1932, brutalmente reprimida por el régimen de Sánchez Cerro, y que mantuvo una posición de izquierda durante décadas de persecución y clandestinidad, salvo por el breve período del Presidente José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948). Luego, al desplazarse el APRA hacia posiciones de centro, se abrió el espacio para una presencia más activa de la izquierda de inspiación marxista. Durante el régimen de Odría, ésta acrecentó su influencia en ámbitos sindicales de diversas ramas productivas y servicios, y en las universidades, donde disputó el liderazgo al Partido Aprista1.

En 1962, grupos de militantes del PCP y del APRA se separan de dichos partidos y fundan disidencias inspiradas por el ejemplo de la Revolución Cubana (1959). Algunos de los seguidores de Fidel Castro y el Che Guevara, viajaron a Cuba a iniciar un período de entrenamiento y preparación con miras a organizar movimientos guerrilleros en el Perú. La primera experiencia de este tipo fue llevada a cabo por militantes del Ejército de Liberación Nacional, que fueron prontamente derrotados (1962).

2.4.1. La izquierda en los años 60

Con el fin del Ochenio y la apertura política iniciada por el gobierno civil de Manuel Prado y luego de Fernando Belaunde (1963 -1968), el PCP se incorporó paulatinamente en la legalidad. No obstante, situaciones como la Guerra Fría, la crisis del comunismo -que marcó el surgimiento de China comunista como alternativa radical a una moderada URSS-y especialmente el triunfo de la revolución cubana, promoviendo dentro del PCP una serie de procesos diferenciadores que culminaron en rupturas al interior del partido.

Así, en 1964 se produjo el cisma del PCP, promoviéndose la emergencia de una importante corriente pro-china o maoísta, la que se expandió paulatinamente a través de otras muchas organizaciones nacidas sucesivamente de nuevos fraccionamientos. Ese año los maoístas formaron el Partido Comunista del Perú -Bandera Roja2, luego en 1969 surgirá de esta organización el Partido Comunista del Perú -Patria Roja3, y al año siguiente se escindirá de éste el Partido Comunista del Perú – “Por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui”4, conocido mucho tiempo después como Sendero Luminoso.

2.4.1.2. La nueva izquierda

Además de la vertiente maoísta, se encontraba la otra vertiente llamada la “nueva izquierda”; caracterizada por su heterodoxia ideológica (que reclama autonomía respecto a los “dos faros de la revolución mundial”: China y la URSS), el énfasis nacionalista de sus programas revolucionarios -con un dogmatismo menos aparente y más cercanos al discurso antiimperialista en boga5-, y su predisposición exclusiva a promover una guerra revolucionaria al margen de las luchas sociales y políticas.

Los partidos más representativos de la nueva izquierda fueron el MIR y Vanguardia Revolucionaria (VR); éste último fundado en 1965, a partir de la reunión de intelectuales y políticos profesionales provenientes del PCP6, de Acción Popular y del trotskismo. En 1965, surgió también la más importante experiencia guerrillera peruana de esa década, organizada por el MIR, bajo el liderazgo de Luis De la Puente Uceda. Su acción fue la que más impacto alcanzó en la escena política nacional, precipitando la intervención del ejército y la aplicación, por vez primera, de las tácticas contrainsurgentes importadas de los Estados Unidos para enfrentar a las guerrillas en América Latina.

Los focos guerrilleros de 1965 fueron rápidamente derrotados y eliminados por las fuerzas del orden, pero ello no significó la desaparición del MIR, el que pasó a una etapa de dispersión y reducción de sus acciones al campo del proselitismo, especialmente en las universidades nacionales. VR apoyó las acciones del MIR en las ciudades, aunque sin comprometerse en una guerra que desbandara a su naciente militancia.

2.4.1.2. La expansión de la Izquierda

Como efecto de la modernización capitalista de los años 50 y 60 del siglo pasado, se produjo un incremento de la población urbana y el deterioro de la sociedad rural, así como una expansión de la oferta educativa, especialmente universitaria. Y, fueron las universidades y en particular las estatales, las que a fines de los sesenta, se convierten en los espacios privilegiados para la captación de militantes y simpatizantes, al interior de una pauta de copamiento que había sido utilizada antes por el APRA. Del mismo modo, las limitaciones para la participación política en periodos de dictadura y las restricciones legales durante los gobiernos civiles, contribuyeron en mucho a que las universidades funcionaran como espacios de socialización política y adoctrinamiento, siendo la principal escuela de politización de los jóvenes. Allí, las organizaciones y partidos políticos mediaron como mecanismos de formación y capacitación política durante muchos años.

A la vez, la izquierda experimentó una creciente expansión y presencia en sectores laborales y sociales. Así, el PCP -Unidad mantuvo una decisiva influencia en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor asociación de gremios laborales del país. Por su parte, el maoísmo del PC del P -Patria Roja -que tuvo sus orígenes en franjas provincianas y universitarias del viejo PCP, con marcada presencia de maestros y estudiantes de universidades públicas, y con una relativa influencia en el campesinado que irá menguando con los años-, tiene un claro liderazgo entre los sindicatos magisteriales. En tanto, VR atrajo importantes contingentes de jóvenes provenientes de universidades privadas de la clase media urbana, a la vez que competía por el liderazgo en gremios de pescadores, de empleados y de la industria. Más adelante, también consiguió una influencia importante y característica en las organizaciones gremiales campesinas.

Sin embargo, la represión de las fuerzas del orden terminó por ahuyentar tanto a la militancia de VR como a la de casi toda la izquierda, al menos hasta 1967, cuando las elecciones para renovar un representante al congreso por el departamento de Lima, movilizó a la izquierda alrededor de la candidatura de Carlos Malpica Silva Santisteban, en la que fue una promisoria experiencia electoral de los nuevos contingentes izquierdistas, frustrada poco después por el golpe militar del General Juan Velasco Alvarado, el 8 de Octubre de 1968.

Con el golpe militar, se instauró el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que propició la ejecución de reformas de corte socialista. Estos hechos promovieron en algunos sectores de la izquierda, la paulatina ruptura con las consignas de reiniciar la lucha armada en el corto plazo. Tal fue el caso de VR, grupo que se había estado preparando para una eventual lucha guerrillera cuando, en 1971, desarmado ideológicamente por el reformismo militar velasquista, se precipitó en una serie de fricciones y cismas que resolvieron también el conflicto de liderazgos irreconciliables entre sus fundadores.

Como telón de fondo, algunos líderes de VR plantearán la revisión de algunos supuestos ideológicos, al percibir que la supuesta “conciencia de clase” era inexistente o débil en los trabajadores movilizados. Por lo que, veían la necesidad de encumbrarse en el movimiento obrero y campesino para desplegar con efectividad su politización y formación ideológica.

De otro lado, los cuadros más jóvenes -y generalmente universitarios-tendían a generar las diversas escisiones que caracterizaron la trayectoria de las organizaciones de la izquierda. Los nuevos integrantes del PCP -Unidad, por ejemplo, presionaron por vías más abiertas al liderazgo y al protagonismo. Frente a ello, las limitaciones internas de organizaciones políticas ideadas en un clima conspirativo, férreamente jerarquizadas y excluyentes, donde los mecanismos de promoción de la militancia estaban cooptados por los líderes más veteranos; contribuyeron y precipitaron el desarrollo de fracciones.

Agobiados por la capacidad de organización y movilización del gobierno militar, mediante el Sistema Nacional de Movilización Social -SINAMOS, compelidos a emular el discurso socialista del régimen y retados por un activo movimiento social, los grupos de izquierda debieron procesar prontamente sus afinidades y diferencias con los cambios percibidos, y buscar formas de adaptarse a los procesos abiertos por los nuevos movimientos sociales de la ciudad y el campo.

2.4.1.3. Los maoístas

El cisma pro-chino de 1964 ofreció inicialmente un discurso alternativo y radical frente al plasmado por el viejo PCP. El maoísmo promovió un distanciamiento de la esfera de influencia soviética, a la vez que denunciaba su estrategia internacional de negociación y distensión frente a la amenaza de una guerra nuclear. Así, los maoístas tomaron distancia del PCP, que remontaba un camino de inclusión y participación en el sistema político, conduciendo las luchas gremiales hacia la negociación y la contención de su radicalidad7, en particular, durante el “apoyo crítico” brindado al Gobierno del General Velasco Alvarado (1968-1975).

En tanto, los maoístas continuaron y defendieron su ideología durante años, salvando con el radicalismo verbal y sus estrategias políticas, el reto y la atracción de las sucesivas experiencias de lucha armada en las dos décadas siguientes. Así, cuando en 1965 aparecen las guerrillas del MIR, el primer partido maoísta en el Perú -el PCP Bandera Roja-, reaccionó proponiendo su propia versión de la estrategia revolucionaria y tomando distancia frente al encantamiento guerrillero8. Sin embargo, pese a la consigna: ‘el poder nace del fusil’, ésta no pasó de ser un recurso retórico puesto que, como recuerda Rolando Breña, un dirigente del PCP– Patria Roja de aquellos años, no existía una organización ni una estrategia manifiesta para emprender en lo inmediato una lucha armada en el país9. La distancia entre las palabras y los hechos no dejó de ser advertida por los jóvenes cuadros y militantes maoístas, quienes iniciaron una furibunda campaña contra sus dirigentes principales.

La percepción de estas maniobras discursivas, las limitaciones políticas e ideológicas de los dirigentes y, la instauración en 1968 de un régimen militar reformista; alimentó un nuevo proceso de rupturas en el novísimo maoísmo peruano10.

Entre los grupos maoístas el impacto de las reformas velasquistas también generó fricciones internas. Separada del PCP-Bandera Roja11 y escindida la facción de Abimael Guzmán (PCP-SL), la dirigencia del PCP-Patria Roja optó por una vía de expansión e influencia entre los gremios mineros y magisteriales; en estos últimos su ascendencia tuvo además una línea de continuidad con el espacio universitario, especialmente en las facultades de educación que fueron, por muchos años, las de mayor crecimiento con la expansión de la educación en todo el país.

De otro lado, una característica que fue señalada en sus documentos internos -y que fue común en varias de estas agrupaciones-, fue la composición “pequeño burguesa” del partido, destacando la escasa militancia de obreros y campesinos. Este aspecto fue un reto permanente al buscar constituirse en representantes del proletariado urbano y rural, sea a través de la conquista de las direcciones gremiales y sindicales, o participando decisivamente en las luchas de estas organizaciones sociales. En este terreno los partidos y organizaciones maoístas y de la “nueva izquierda” compitieron arduamente por establecer un excluyente liderazgo a lo largo de la década de 1970, propugnando por un discurso cada cual más condenatorio del gobierno militar.

El desenlace del conflicto de liderazgos y línea política que atravesó a la izquierda -y que se relaciona con una tensa competencia generacional-, implicó la apelación a cierto grado de fundamentalismo ideológico para desconocer al rival político y legitimar, de otro lado, las propias opciones ante los seguidores. En el caso de VR las rupturas dieron lugar a la creación de un partido trotskista y de otro VR “político-militar”, fragmentación que dio cuenta de su fragilidad orgánica y de su permanente inestabilidad. El resquebrajamiento de VR no fue el único entre los grupos de la izquierda “ultra”; además de los fraccionamientos del conjunto maoísta, se partió el trotskista Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) entre Hugo Blanco y Raúl Castro Vera; del PCP-Unidad salió el Partido Comunista -Estrella Roja, y del MIR se escindió en 1971 un núcleo de dirigentes y militantes que habían seguido una trayectoria común desde organizaciones católicas juveniles12.

En tanto, un sector de la juventud de la Democracia Cristiana migró hacia territorios ideológicos más radicales, lo que permitió que se alineara con el reformismo militar velasquista, para más tarde tomar distancia y fundar el Partido Socialista Revolucionario (1976)13. En 1978, en el contexto de la convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente, este partido promovió la vía legal, lo que le significó la ruptura de su ala más radical y pro lucha armada, la misma que fundó el PSR Marxista Leninista (PSR ML)14.

Mientras tanto, en el competitivo contexto de luchas por controlar dirigencias, sustituir liderazgos y presentarse a la vez más revolucionarios que los otros, la lucha armada como finalidad del trabajo revolucionario continuó siendo una apelación permanente, y aunque en los hechos fue eventualmente postergada -pero no abandonada-; en su lugar continuó, como testimonio obligado de los mismos orígenes ideológicos, las llamadas comisiones técnicas o militares, grupos de choque y seguridad, con las que contaban las organizaciones de izquierda.

A fines de la década, el horizonte ideológico, compartido por los principales partidos de la izquierda, estuvo conformado por el marxismo leninismo y el maoísmo. Como apunta Gonzales: “el marxismo – leninismo se constituyó en un cuerpo teórico que tenía un fin determinado y explícito: cómo llevar a cabo la revolución de acuerdo a los procesos peculiares del país, pero siendo a la vez un eslabón más dentro del proceso revolucionario mundial” (1999: 79). A ello, se sumó el maoísmo, como refiere Hinojosa:

[…] el maoísmo o, para algunos más específicos, el ‘pensamiento Mao Tse Tung’, fue la corriente más amplia de la izquierda radical. En líneas generales, quienes se consideraban seguidores de Mao compartían una similar caracterización de la sociedad peruana (semifeudal) y del gobierno militar velasquista (fascista o fascistizante), una gran desconfianza en la Unión Soviética (el socialimperialismo) y, por último, una enorme esperanza en la vía china (la guerra popular prolongada del campo a la ciudad) como modelo de revolución para el Perú. (1998: 78).

2.4.1.4. Otras influencias

Otros procesos que influyeron en la identidad izquierdista fueron la Revolución Cultural China y el catolicismo de la Teología de la Liberación. La Revolución Cultural China -rápidamente mediatizada y reproducida por los movimientos estudiantiles de Europa-dejó su impronta en las tácticas de inserción en los sectores populares, la presentación pública y en la adopción de una jerga populista que arraigaron rápidamente en los contingentes izquierdistas locales. También actualizó y promovió la idea de que los objetivos revolucionarios, y la vía al comunismo, podían y debían depurarse de sus “lastres capitalistas y burgueses” a través de la inclusión en “el seno de las masas”.

Hubo más de una interpretación de lo que ocurría en China y en cierto sentido, hubo más de un maoísmo en el Perú. De una parte el maoísmo se extendió rápidamente gracias a la eficaz campaña propagandística china y sus altavoces intelectuales europeos (Ranque, 1992, p. 73)15, especialmente después de los movimientos estudiantiles de París, en 1968.

La experiencia europea, motivó a que los estudiantes peruanos -escapando del rígido ejercicio de dogmatismo que suponía el maoísmo chino-, buscaran emular mucho del discurso vanguardista y las maneras de incorporarse en las luchas sociales. Así, los militantes de la nueva izquierda constituidos en número significativo por jóvenes que provenían de las clases medias urbanas, promovidos socialmente por su formación escolar o universitaria, dominaron con sus características sociales la imagen pública de esas organizaciones, haciendo distancia con las otras agrupaciones maoístas nacidas en los años sesenta, aferradas a las universidades públicas, con un universo social de origen provinciano e ideológicamente más dogmáticos. Es decir, que aunque el maoísmo influyó ampliamente en la izquierda, no promovió un discurso homogéneo y menos una identidad única entre las distintas agrupaciones izquierdistas.

Otra influencia importante fue la que provino del desarrollo de un pensamiento católico radical y la promoción de un cristianismo que privilegiaba la participación de los pobres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Esta corriente permitió que el encuentro del radicalismo de muchos militantes católicos en una efervescente escena social, con los grupos marxistas -sobre todo con los de la nueva izquierda-, fuese fructífero en generar consensos y sentidos comunes acerca de los fines y los métodos revolucionarios.

Al acercarse el final del Gobierno del general Juan Velasco en 1975, casi todas las organizaciones de izquierda se encontraban alineadas con la lucha armada como postura discursiva, sea por interés proselitista y vanguardista, o por expresar abiertamente la voluntad de hacer una nueva experiencia guerrillera en el Perú. Más allá de eso, era muy poco probable que existiera, en efecto, una insurgencia en ciernes en la izquierda; entonces, empeñada y presionada en consolidar posiciones en un espacio privilegiado para sus discursos contra el Estado: el de las luchas gremiales y sindicales.

2.4.2. La formación de la izquierda legal

A fines de la década de los setenta, la Junta Militar de Gobierno, en la persona del General Francisco Morales Bermúdez16, enfrentó una situación extremadamente compleja: una aguda crisis económica y una intensa movilización social protagonizada por un variado conjunto de organizaciones gremiales, sindicales, obreras, campesinas y regionales. Las diversas agrupaciones de la izquierda tomaron parte en aquella movilización a través del rol de agitadores y organizadores. Fue en esa arena de acción política donde la izquierda alcanzó su influencia más significativa en la transición a la democracia entre 1978 y 1980.

Los sucesivos paros nacionales y movilizaciones de los frentes regionales entre 1977 y 1979, así como la persistencia de las huelgas de profesores y organizaciones sindicales, contribuyeron a fortalecer el protagonismo izquierdista. Sin embargo, la izquierda confundió las protestas de los movimientos populares -referidas principalmente a demandas de tipo salarial, sindical y de cambio de la política económica del gobierno-, tomándolas como aspiraciones revolucionarias que trastocarían el orden social vigente. Esta situación límite fue enfrentada resueltamente por los militares, dando como salida política la transferencia del poder a los civiles en 1980, tras doce años de gobierno (1968 - 1980).

El traslado del “poder a la civilidad” contempló dos etapas. La primera, la elección de una Asamblea Constituyente, que redactaría una nueva Constitución; y la segunda, la convocatoria a elecciones generales. Esta inédita situación política tomó por sorpresa al conjunto de partidos y organizaciones de izquierda. Cada uno de los cuales se vio obligado a definir una postura y actuar en consecuencia en el nuevo escenario político.

2.4.2. 1. La transición a la democracia

La apertura política iniciada tras el anuncio del retiro de los militares del gobierno, estimuló dos posturas en la izquierda. La más radical supuso que la crisis del régimen militar correspondía al avance de las luchas populares y a la inmanejable crisis económica, de ello dedujeron que se abriría una “situación revolucionaria”, la que debía ser alimentada a través de la agitación y la propaganda en todos los escenarios posibles. Incluso, se avizoró una “tercera fase” del gobierno militar, cruento y mucho más represivo, al estilo de los gobiernos militares de Chile, Argentina y Uruguay. En el otro extremo se hallaba una posición más moderada, que intentó emplear la Asamblea Constituyente para consolidar en la legalidad las reformas velasquistas y otras reivindicaciones y formas de organización popular.

Para la revista Marka, principal órgano de prensa de la izquierda, ambas posiciones compartían un mismo significado del proceso: “la Asamblea Constituyente es un organismo antidemocrático y ‘parametrado’ por su origen, y reaccionario por su composición mayoritaria y pertenencia al estado burgués. Nada favorable al pueblo, pues, puede esperarse de semejante engendro antipopular”17. Sin embargo, la casi totalidad de las organizaciones y partidos de izquierda optó por participar en las elecciones presionadas por “las masas” de los movimientos sociales. Así lo hicieron pretextando utilizar la Asamblea Constituyente como tribuna de agitación y propaganda de sus postulados revolucionarios. En un comunicado firmado por el MIR Voz Rebelde, MIR IV Etapa, VR y el PCR Clase Obrera, estas organizaciones precisaron su comportamiento en el nuevo escenario político de la siguiente manera:

En la actual coyuntura debemos: -Denunciar el carácter gran burgués de la Constituyente, -Denunciar el carácter antidemocrático de las elecciones, -Disputar a la reacción y al reformismo la dirección del ascenso popular también en el terreno electoral, desechando las ilusiones liberal constitucionalistas, combatiendo las posiciones revisionistas18 que pregonan el tránsito pacífico al socialismo y superando el sectarismo dogmático abstencionista19, -Utilizar las condiciones creadas por la coyuntura electoral para impulsar las tareas de agitación, propaganda y apoyo a la lucha clasista de masas. (MIR et. al. 1977: 1).

La decisión de participar en las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978 fue motivo para nuevas rupturas y agrupamientos electorales en la izquierda20. En el caso de VR -para entonces una de las más connotadas organizaciones de la nueva izquierda-, los dirigentes que habían destacado en la agitación campesina, especialmente durante las tomas de tierras de Andahuaylas en 1974, habían optado por romper y formar una nueva fracción: VR -Proletario Comunista (VR -PC).

En enero de 1978, se fundó la Unidad Democrático Popular (UDP) de la reunión de VR, el MIR, el Partido Comunista Revolucionario (PCR) -Trinchera Roja, el PCR Clase Obrera y otros 14 pequeños grupos (Letts 1981: 87-90)21. La UDP convocó a los representantes más significativos de la nueva izquierda, siendo su presidente el abogado Alfonso Barrantes. La UDP contaba con influencia en la Confederación Campesina del Perú, en gremios obreros y mineros, además de una destacable presencia en las organizaciones populares de los barrios y barriadas de las ciudades.

Otro frente político electoral creado expresamente para participar en las elecciones fue el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), integrado por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el Partido Obrero Marxista Revolucionario (POMR), el Frente de Izquierda Revolucionaria – Partido Obrero Campesino (FIR -POC), el PCP-Bandera Roja y el Movimiento Comunal del Centro (MCC). Dicho frente tuvo influencia sobre todo en algunos sindicatos mineros de Pasco y en gremios campesinos del departamento de Junín. En tanto, el PCP Unidad, con innegable presencia en el movimiento sindical y obrero a través de la CGTP, participó sin aliados en las elecciones. Una situación similar ocurrió con el PSR quien tenía presencia en la Confederación Nacional Agraria (CNA).

La principal agrupación maoísta de la izquierda peruana, el PCP-Patria Roja, desistió de participar, señalando la necesidad de denunciar el carácter “engañoso” de la Asamblea Constituyente que “desviaba” el trabajo revolucionario22. En un comunicado, aparecido en enero de 1978, invocaba a otras fuerzas de izquierda a rechazar “la farsa electoral para la Constituyente corporativa” y les planteaba: “la concentración de fuerzas en la acción directa de las masas en defensa de sus derechos y reivindicaciones básicas (…) [y] el impulso de su lucha, organización y unidad revolucionaria, por la liberación nacional, la democracia popular y por la conquista de un GPR [Gobierno Popular Revolucionario]” (PCP– Patria Roja 1978: 1). La autoexclusión del PCP -Patria Roja no fue aislada, VR Proletario Comunista, VR Político -Militar y el PCP-SL asumieron la misma actitud.

No obstante estas expresiones de radicalismo y abstencionismo, la Asamblea Constituyente fue el primer escenario democrático que reunió en la legalidad a la mayoría de las organizaciones y partidos políticos de la novel izquierda, inaugurando así un proceso de inclusión que se extendió con tensiones y rupturas hasta fines de los ochenta.

Como resultado de las elecciones, la izquierda obtuvo cerca de un tercio de los escaños23. Sin embargo, pese a su notable ingreso en la escena oficial, para el más destacado constituyente de la izquierda, Carlos Malpica Silva Santisteban, la perfomance de la bancada izquierdista dejó mucho que desear:

En las elecciones del año 78 se tuvo mucho en consideración la combatividad en el campo sindical, estudiantil o barrial, de los dirigentes y en función de esa combatividad es que se escogió a los candidatos, o también en función de algunos méritos partidarios. (…) A muchos dirigentes lo único que les importaba era el problema del sindicato, y los grandes problemas del país no los entendían, y algo más, no querían aprender ni hacían ningún esfuerzo por aprender.24 De los veinte o más constituyentes de izquierda, sólo un puñado de nosotros tenía una idea de lo que se trataba. El resto no tenía ni idea, y ellos pasaron su tiempo luchando por reivindicaciones laborales, por cosas menores. Por ejemplo, el día en el que la pena de muerte fue debatida, casi no había izquierdistas en la Asamblea, porque ese día dos estudiantes universitarios fueron detenidos y todos estaban fuera tratando de salvarlos (…) la tragedia de la izquierda (…) fue que un 70% de las personas que llegaron a la Asamblea estuvieron allí por casualidad, no tenían idea de qué hacer, completamente perdidos. De haber tenido más coherencia, hubiera habido una Constitución diferente25.
La actuación de la izquierda en la elaboración de la Constitución Política forjó una impronta de confrontación que le acompañó en la década siguiente. No sólo subvaloró los logros democráticos de la Asamblea Constituyente, aún en medio de la prisa y el oportunismo con que fue aprobada, sino también la consideró antidemocrática y reaccionaria (Sanborn 1991: 179-180). De hecho, la bancada izquierdista no suscribió la Constitución Política porque “no incluía las aspiraciones fundamentales del pueblo peruano”26. Al mismo tiempo, el debate constituyente fue el primer momento en que los grupos de izquierda experimentaron las posibilidades del espacio democrático, y lo mostraron con claros aportes al título de derechos fundamentales y de derechos sociales.

Debido a su nula experiencia parlamentaria, el desempeño legislativo de la Izquierda fue pobre y caracterizado muchas veces por la intransigencia al punto de negarse en un inicio a suscribir el nuevo texto constitucional. En su haber debe anotarse, no obstante, su disposición para aceptar las reglas de la legalidad democrática que anteriormente habían sistemáticamente combatido y rechazado y el esfuerzo por proporcionar una representación a nuevos y amplios movimientos sociales. Su participación era ambigua y daba cuenta de las dificultades para asumir en su agenda “el asunto de la democracia como régimen político”. “Es decir, la actuación de la izquierda dentro del régimen constitucional no estuvo dirigida a legitimar la democracia y a tratar de capitalizar políticamente su participación en ella. Al contrario, la izquierda pensó que negando legitimidad al régimen democrático aumentaba la propia dentro del mundo popular” (Osmar Gonzales 1999: 147).

2.4.2.1.1. La Izquierda Unida (IU)

Durante los primeros meses de 1980, la izquierda se encontraba dividida en varios grupos y pequeños partidos, casi todos con posturas ideológicas que tenían en la lucha armada un elemento común de identidad y un profundo menosprecio de las formas, reglas y procedimientos democráticos.

Desde tiempo atrás, la apertura política había animado la búsqueda de alianzas electorales y la formación de frentes políticos con miras a participar en las elecciones generales en mayo de 1980. En ese sentido, el PCP– Patria Roja, VR – Proletario Comunista, el MIR Perú y el Frente de Liberación Nacional fundaron la Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR). En el UNIR, los dirigentes del PCP-Patria Roja y de VR -Proletario Comunista destacaron en su conducción; así, Jorge Hurtado “Ludovico”, dirigente del PCP-Patria Roja, fue elegido primer Secretario General del UNIR. En aquel entonces, Rolando Breña Pantoja, otro destacado dirigente del PCP– Patria Roja, señalaba que el trabajo del nuevo frente “no se agota, ni mucho menos, en el próximo proceso electoral, sino que se proyecta al cumplimiento de tareas superiores que en el futuro demande la revolución peruana” (1980: 4). Así, la participación del UNIR en la contienda electoral fue considerada como una forma más de lucha, la que tenía como objetivos:

[..] acumular fuerzas en conciencia y organización, desenmascarar el fraude urdido entre la dictadura y los partidos reaccionarios APRA-PPC-AP y ampliar el espacio político para las posiciones revolucionarias del pueblo, buscando alcanzar conquistas concretas para el bienestar de las masas. UNIR asume el principio de que será la acción revolucionaria del pueblo la que podrá conquistar y garantizar sus derechos. (UNIR 1980).

Otro frente que se formó fue Unidad de Izquierda (UI). El PCP Unidad y el PSR fueron sus principales animadores, junto a otras fuerzas menores de izquierda.

De otro lado, los principales grupos de la “nueva izquierda” formaron la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI)27. El 17 de enero de 1980, la UDP y el trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores suscribieron una Declaración Unitaria. Dos semanas después, apareció el primer comunicado de la ARI en el cual se manifestaba la expresa voluntad unitaria de ambas agrupaciones y se anunciaba la incorporación del UNIR, el trotskista Partido Obrero Marxista Revolucionario (POMR), el Frente Revolucionario Antiimperialista y por el Socialismo (FRAS)28, el Partido Obrero Revolucionario (POR) y el Movimiento Revolucionario Socialista (MRS) (ARI: 1).

Desde su constitución, el derrotero de ARI fue complejo y estuvo lleno de contradicciones motivadas principalmente por diferencias ideológicas, políticas y electorales. Aquellas discrepancias se agudizaron y terminaron polarizando a sus integrantes.

En los extremos de ARI, de un lado la propuesta del gobierno de los Frentes de Defensa, con [Hugo] Blanco a la cabeza; de otro, la fundación del Gobierno de Frente Único, y [Alfonso] Barrantes Lingán como candidato. A un lado, VR y los sectores trotskistas, más algunas fuerzas menores; a otro, PCR Clase Obrera y [el PCP-] Patria Roja. En medio de ambos, un conjunto de fuerzas que, con conciencia difusa de lo que se jugaba en esos momentos, se veían incapaces, por eso mismo, de sujetar a los extremos, e impedir su evolución rupturista. Puestos en la escena final de negociaciones, fue imposible componer un rompecabezas en donde, ya no sólo los programas, sino las propias aspiraciones electorales no encontraban correspondencia. ARI estalló. (Nieto 1983: 113).

La ruptura de ARI trajo como consecuencia que la izquierda participara dividida en las elecciones generales del 18 de mayo de 1980. El dogmatismo ideológico, el caudillismo y las aspiraciones electorales partidarias hicieron prácticamente imposible que la izquierda se unificara y participara en una lista unitaria. Cinco agrupaciones con sus respectivas candidaturas compitieron en las elecciones29.

Llegadas las elecciones generales el conjunto de la izquierda alcanzó el 14,4% de los votos, reduciendo drásticamente su desempeño de 197830. La división de la izquierda facilitó la victoria de Fernando Belaunde Terry, candidato presidencial de Acción Popular (AP), y permitió la ubicación del APRA como segunda fuerza política en el país, con lo cual la izquierda fue relegada a un segundo plano.

La izquierda tomó conciencia de las causas de su derrota y teniendo como norte las elecciones municipales de noviembre, empezó de inmediato con sus esfuerzos unitarios. El resultado de estas negociaciones culminó en la fundación del frente político electoral Izquierda Unida (IU) el 11 de setiembre de 1980, que en la versión de sus integrantes buscaba convertirse en un “frente revolucionario de masas”. Al día siguiente de su constitución aparecía un comunicado, firmado por el PCP Unidad, el PSR, PCR Clase Obrera, el FRENATRACA31, FOCEP, UNIR, UDP y el PCP-Patria Roja32, en el cual se analizaba la situación política y se trazaban los lineamientos y objetivos políticos de la actuación posterior de IU. El nuevo frente postulaba a Alfonso Barrantes como candidato.

En el clima altamente movilizado e inestable de la época, la constitución de IU permitió colocar, de un lado, en perspectiva y en un escenario más amplio, las ideas de transformación social que se habían atrincherado tras las luchas sindicales y populares en la década de los setenta. Y por otro, permitió que aquel electorado que había votado por la izquierda en las elecciones para la Asamblea Constituyente y las generales de 1980 no se quedara sin representantes en el nuevo escenario político democrático.

En la primera Declaración Política de IU del 12 setiembre de 1980, los lineamientos que planteó el frente fueron “por la destrucción del Estado burgués y la conquista de un Gobierno surgido de la acción revolucionaria de las masas, de la clase obrera, del campesinado y del conjunto del pueblo oprimido”. “La destrucción del Estado burgués”, pasaba por la intervención de las “organizaciones genuinas del pueblo, como las asambleas populares y los frentes de defensa, las organizaciones sindicales y campesinas, y las organizaciones políticas de los explotados” lo que presuponía “el derecho irrestricto de las masas a las libertades políticas y democráticas que garanticen una auténtica democracia directa, antagónica con la seudo democracia del parlamentarismo liberal burgués” (Herrera 2002: 713). La consecución de una “auténtica democracia directa” tomaría tiempo, pero que “sin apresuramientos de ninguna clase, es a partir de esta experiencia unitaria, (…) que avanzaremos realistamente hacia otras confrontaciones, electorales o no, en camino a lograr en algún momento, en que se produzcan las situaciones concretas, un cambio revolucionario de la sociedad (Barrantes 1985: 33). La declaración de IU se definía dentro de las pautas de una democracia que percibían, al mismo tiempo, como insuficiente y formal. Importante constatar, sin embargo, que el texto -aún cuando radical en su planteamiento -definía una posición de lucha social y política que significaba deslindar con la lucha armada que ella casi unánimente había proclamado en los sesentas y setentas

Para los dirigentes e intelectuales de la izquierda la democracia implicaba un cambio de escenario de las luchas populares en la perspectiva de un cambio revolucionario (Nieto 1983: 79); donde los representantes del “orden burgués” pugnaban por restringir las transformaciones de la década de los setenta, con “macartismos y simplificaciones ideológicas”, para crear, en el peor de los casos, un “miedo contra un ‘monstruo de siete cabezas’” y encubrir así “un sistema de dominación que reprime, viola derechos humanos fundamentales y torna más inhumanas las condiciones de vida de las grandes mayorías” (Pease 1981: 360). Al considerar así al régimen democrático, la izquierda se sentía poco afecta a contribuir a su consolidación, sin embargo, sus militantes participaron en el parlamento y en los municipios.

La “ocupación de funciones públicas”, ya sea en el parlamento o en los municipios, mediante las elecciones se convertía en objetivo central de la IU y de sus organizaciones integrantes. En ese sentido, como lo expresaba Alberto Moreno, dirigente del PCP– Patria Roja: “hacer política era desarrollar una estrategia revolucionaria y era en beneficio de ella que no se descartaba sino que se postulaba la participación en las elecciones y la ocupación de funciones públicas. Una manera en que la participación electoral alimentaría la estrategia revolucionaria era mediante el apoyo a las movilizaciones populares desde el escenario democrático” (Parodi 1993: 135); o como se sustentaba en la Plataforma Municipal de IU, “la lucha democrática del proletariado y las clases populares encontrarán en las municipalidades el espacio para ganar posiciones legales que reviertan en la organización y conciencia popular en la perspectiva de acumulación de fuerzas revolucionarias” (Izquierda Unida 1980: 20). Desde entonces, la participación de IU en la “legalidad burguesa” tuvo como horizonte la “acumulación de fuerzas” para una futura “transformación revolucionaria de la sociedad”.

IU mejoró su participación electoral. En las elecciones municipales logró el 23,3% de la votación nacional y el 28,3% en Lima Metropolitana (Tuesta 1995). Por primera vez la izquierda se hizo cargo del gobierno de importantes municipios del país. Ganó la alcaldía de la segunda ciudad del país, Arequipa, y en otras cinco capitales departamentales donde algunos de sus organizaciones eran importantes como el UNIR en Arequipa y Moquegua, el FOCEP en Pasco y Tumbes, la UDP en Ayacucho y Piura. La IU obtuvo el gobierno en 33 concejos provinciales y en 238 distritos del país. En Lima ganó los gobiernos municipales de cinco importantes distritos populares y obtuvo el segundo lugar en otros cuatro. Como resultado, se incorporaron promociones de dirigentes y militantes izquierdistas en los municipios, sin formación previa y sin soportes político-institucionales, expuestos a ligar con pragmatismo los retos del gobierno municipal.

A pesar del positivo impacto que tuvieron los resultados electorales y que propiciaron una inicial valoración de la democracia y sus reglas, el horizonte de una lucha armada como momento revolucionario persistió como referente de identidad para la mayoría de las organizaciones de IU. Sin embargo, más allá de las declaradas intenciones de los militantes izquierdistas, de utilizar al parlamento y a los municipios como “tribunas de agitación y propaganda”, ambos se convirtieron en un espacio más de su adaptación a las reglas y procedimientos democráticos durante la década de los ochenta (Parodi 1993: 145).

Aquel proceso de inserción de la izquierda en la recién instalada democracia estuvo aparejada con el “inicio de la lucha armada” del PCP– SL, el 17 de mayo de 1980. En los años siguientes la acción de los subversivos impactó de diversa manera a la izquierda y a la democracia.

El enfrentamiento con Sendero Luminoso

Las primeras reacciones de la izquierda ante el PCP-SL fueron del asombro y menosprecio inicial a una tímida condena de sus acciones. De manera general le criticaron el uso del terrorismo, en tanto no era “un método de lucha revolucionaria” (Bernales 1980: 10), y su “vanguardismo”. Es decir, se les objetaba que la ejecución de sus acciones no fueran acompañadas de una masiva y amplia movilización de los sectores populares. Al respecto, el recién elegido Senador de la República, Rolando Breña Pantoja, integrante del UNIR y dirigente del PCP– Patria Roja, señalaba lo siguiente:

No estamos de acuerdo con la utilización de métodos terroristas, porque en este momento solamente contribuirán a incitar a la represión, a aislar a la izquierda del pueblo y a darle argumentos a la derecha y al gobierno para reducir nuestros márgenes de acción. Nosotros no tenemos participación en ninguna maquinación, preparación e implementación de actos terroristas, subversivos o desestabilizadores. Para nosotros lo fundamental no es estabilizar o desestabilizar a un gobierno, lo fundamental es luchar por el programa bajo el cual fuimos elegidos en el proceso electoral. (Breña 1980: 16).

Una opinión similar era compartida por Gustavo Espinoza, dirigente del PCP Unidad:

[…] lo primero que debe quedar bien claro es que la lucha de los comunistas es una lucha de masas; para nosotros los actos aislados, las acciones individuales, los métodos putchistas no solamente no son revolucionarios sino que objetivamente benefician a los grupos contrarrevolucionarios porque facilitan sus planes represivos. En estos actos están involucrados los grupos derechistas empeñados en reprimir al pueblo e imponer en el país una dictadura. Ningún grupo de izquierda por luminoso que sea tiene capacidad organizativa ni poder de fuego suficiente para implementar una campaña de esa magnitud y ninguna organización seria de la izquierda tiene interés en deslizarse ahora por el sendero de las formas armadas de lucha que no empleara tampoco contra la dictadura castrense de Morales Bermudez. Lo de campaña terrorista resulta cortina de humo. (1980: 10).

La condena al PCP-SL se mantuvo en esos términos durante un tiempo más. Aunque la izquierda fue variando su percepción y sus críticas conforme las acciones subversivas tomaban otro cariz y se iban expandiendo en el país durante los ochenta.

En su interpretación del conflicto, la izquierda consideraba que la subversión tenía una causa fundamental en la postración y explotación social de los sectores populares que la “democracia burguesa” era incapaz de enfrentar y acabar. En ese sentido, el uso de la violencia para cambiar aquel “orden injusto” se legitimaba en la medida que la ejercieran “las masas” y no una “vanguardia iluminada” en su nombre y más aún empleando el terrorismo en forma indiscriminada. “El derecho a la violencia es legítimo y lo encontramos cuando Cristo echa a los mercaderes del templo e insurge contra el orden mercantilista, cuando Espartaco se rebela con los esclavos, en el mismo Santo Tomás… lo vamos a encontrar siempre que los elementos fundamentales de la vida humana sean violados por sistemas de opresión y explotación del hombre. El terrorismo nada tiene que ver con esta violencia…” (Bernales 1981).

La ambigüedad de la izquierda se evidenciaba mucho más cuando sus dirigentes trataban de diferenciar la lucha armada real que llevaba a cabo Sendero Luminoso, de un proceso ideal que se imaginaba como de insurgencia democrática y al que no habían renunciado. Así Rolando Breña, senador y dirigente del PCP-Patria Roja afirmaba que la sola acción terrorista no podía desequilibrar una “situación política y económica” desembocando en una situación revolucionaria. Mientras que, Javier Diez Canseco, diputado y dirigente de VR, sostenía que “la transformación social se conquista a través de un proceso de lucha de masas, masas organizadas que ven enfrentados sus derechos contra la violencia de la reacción” (1981: 10). Ante tal situación, no quedaba otra alternativa que la “violencia revolucionaria que es una acción de masas” (Breña 1981: 10). Al ser considerada inevitable, una de las tareas de la izquierda consiste entonces en “decirle al pueblo (…) que no sea ingenuo y que sepa qué clase de enfrentamiento vendrá en el momento en que vaya avanzando en la conquista de sus derechos y quiera hacerlos respetar (Diez Canseco 1981: 10). Lo que se cuestionaba no era, en principio, la posibilidad de la violencia como parte de la acción política; sino la forma y oportunidad con que Sendero Luminoso imponía su particular levantamiento.

En esta situación algunos sectores del gobierno de Acción Popular acusaron a IU de ser “fachada del terrorismo”33. En ese contexto de acusaciones se promulgó el Decreto Ley 046, conocido como “Ley Antiterrorista”. Tal medida desató una cerrada oposición de la IU que la entendió como una maniobra del gobierno para “debilitar y destruir las organizaciones populares y de izquierda y poder aplicar sin mayores obstáculos su política económica sujeta a las directivas del Fondo Monetario Internacional” (Herrera 2002: 305). La oposición izquierdista y aprista en el parlamento la consideró inconstitucional, un “atentado contra la libertad de prensa”.

Según Gorriti, por un lado, dicha ley consideraba como acciones terroristas “la destrucción o deterioro de edificios públicos o privados, vías de comunicación o transporte o de conducción de fluidos o fuerzas motrices”, y que “en años siguientes, algunos dirigentes gremiales provincianos, cuyas acciones de protesta habían incluido el bloqueo de carreteras, por ejemplo, fueron detenidos y procesados mediante la aplicación, en forma arbitraria, de aquel artículo” (1990: 146). Muchos de esos dirigentes gremiales militaban en partidos de IU y purgaron prisión durante varios años acusados de “terroristas”. En 1984, el número de militantes de IU presos y recluidos en el penal de Lurigancho (departamento de Lima) sumaba 14234. Y por otro, el articulado sobre la prensa y la “apología” del terrorismo, criticado en forma vehemente por la izquierda, nunca se aplicó, “ni siquiera años después, cuando ‘El Diario’ pasó a encontrarse bajo el control real de Sendero” (Gorriti 1990: 147).

Aquella indefinición frente a la lucha armada y las acciones del PCP-SL se mantuvo, aunque se empezaba a notar ciertos matices en las declaraciones de sus máximos dirigentes. Así con ocasión de una romería a la tumba de José Carlos Mariátegui, en abril de 1982, Alfonso Barrantes, presidente de IU respondió de la siguiente manera a un grupo de exaltados militantes izquierdistas radicales: “deseo un buen viaje a los compañeros que han escogido el camino de las armas, pero este hecho de ninguna manera alterará el camino y el cronograma que nos hemos trazado en IU”35. Y a propósito del asalto al penal de Huamanga (departamento de Ayacucho) en marzo de ese año, un pronunciamiento de IU destacó: “el valor de la entrega de la vida en defensa de sus ideales de los militantes de Sendero Luminoso, señalamos nuestras discrepancias con ellos, ya que en política no valen las buenas intenciones sino las repercusiones y proyecciones concretas de una determinada acción” por lo que no se discutía la opción armada sino su oportunidad. Por entonces, el PCP-SL era para IU un grupo “llevado por su fanatismo dogmático” que daba argumentos a la “derecha reaccionaria” para incrementar los abusos “y la opresión contra el pueblo”. En realidad, se percibía el carácter provocador de Sendero Luminoso, pero aún no existía una objeción de fondo a la violencia como parte de la acción política.

El incremento de las acciones del PCP-SL en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, durante los dos primeros años del gobierno de Acción Popular, trató de ser contrarrestada con el ingreso de las Fuerzas Armadas a fines de 198236, con lo cual se fue configurando uno de los primeros escenarios del conflicto armado interno. Sin embargo, a pesar de que las acciones subversivas disminuyeron, su persistencia le fue restando legitimidad a la democracia recién instalada. Para Gonzales “lo significativo, dentro del problema de la consolidación de la democracia en el Perú, es que ésta fue tempranamente jaqueada por la acción armada senderista (…) la democracia entendida como reglas de juego en torno al poder, no sólo no se había consolidado sino que incluso, desde su origen, encontraba grandes obstáculos para su legitimación en tanto régimen político” (1999: 144).

Al igual que la democracia, la mayoría de los partidos integrantes de IU fueron cuestionados primero por la acción del PCP-SL y tiempo después por la del MRTA. Cada uno a su manera, llevaron a la práctica lo que la izquierda pregonó con vehemencia durante la década de los setenta, es decir, que el poder político se conquista mediante la lucha armada y que la revolución era inevitable. Al compartir una matriz ideológica similar, dichos partidos no pudieron asumir una posición clara frente al tema de la “violencia revolucionaria”, ni deslindaron claramente con el pensamiento y la acción del PCP-SL y del MRTA. Esta indefinición junto a la ambigüedad frente a la democracia fueron los gérmenes de futuras tensiones al interior de IU que a la postre los llevó a su ruptura cuando sus partidos integrantes se animaron a encararlas.

Hacia 1983, la izquierda había logrado ganar audiencia entre diversos sectores del país. Esto quedó particularmente demostrando en noviembre de 1983 cuando IU ganó las elecciones municipales para la Alcaldía de Lima. Alfonso Barrantes resultó elegido como alcalde. La izquierda obtuvo el 29% del total de votos emitidos en todo el país. IU triunfó en siete capitales departamentales y 30 capitales provinciales.

Sin embargo, el auspicioso resultado electoral no modificó sustancialmente las arraigadas interpretaciones y valoraciones de la democracia. La mayoría de los integrantes de IU siguió contemplando un horizonte de enfrentamientos en su camino hacia la construcción de un “poder popular” y una auténtica “democracia popular”. Aunque, en el corto plazo, IU en tanto tal no dejó de contemplar con mucha expectativa la posibilidad de acceder electoralmente al gobierno en 1985 y llamaba la atención sobre la posible respuestas de la “derecha civil y militar” en caso de ocurrir efectivamente una victoria de IU. Agustín Haya de la Torre, diputado y dirigente de la UDP, señala en ese sentido:

Hay que saber bien que las clases dominantes sólo admiten las libertades democráticas cuando éstas no atentan contra sus privilegios; pienso que hacemos bien al buscar un consenso popular favorable a la izquierda, pero sería suicida creer que la derecha militar y civil va a respetar la Constitución en el caso de un triunfo izquierdista. No podemos caminar sólo sobre el carril electoral, hay que organizarse de manera que el pueblo esté en capacidad de contestar con la violencia revolucionaria a la violencia de los opresores (1983).
En cuanto a Alfonso Barrantes, si bien su deslinde con el PCP-SL fue público y notorio tras su encumbramiento electoral, su liderazgo no tuvo consenso en cuanto a dirimir cuál era la posición de la IU frente a la lucha armada. En lo personal su postura era opuesta a ella, aunque compartía, cada vez menos, con el resto de integrantes del frente izquierdista la ilusión por una insurrección popular donde se combinaran “todas las formas de lucha”; en tanto, su opción por la integración definitiva al régimen democrático fue cobrando mayor fuerza37. Pero con el objetivo de unir al frente, Barrantes, y su entorno, no terminaron de confrontar definitivamente los campos ideológicos en IU, sino hasta varios años después. Eso sí, reforzó la oportunidad de aunar nuevos aliados, especialmente en el caso del PCP Unidad, que había conseguido colocar 129 regidores, 39 alcaldes distritales y 6 alcaldes provinciales en las elecciones municipales de noviembre.

Las expectativas generadas por el éxito electoral de 1983 postergaron la resolución de los problemas que se originaron con la fundación de IU, los que tenían que ver con la autonomía de los partidos y la naturaleza del frente, la relación con las organizaciones gremiales y populares, la aplicación del programa de IU, su posición frente a la política económica y a la contrainsurgente del gobierno de Acción Popular, entre otros (Sanborn 1991: 315). Esta situación motivó la pérdida de iniciativa de IU en la escena política nacional y mantuvo su precaria institucionalización, según Gonzales:

la inestabilidad interior de IU y la ausencia de una propuesta hegemónica dentro de ella coadyuvaron para el agudizamiento de las contradicciones que ya la caracterizaban. De este modo, el frente se convirtió en un ámbito de disputas de todo tipo: tácticas, estratégicas, programáticas y personales. La IU hacía cada vez menos favor a su nombre y las contradicciones la paralizaban. El temor que se repitiera la experiencia chilena38 presionaba fuertemente sobre el ala reformista, que buscaba desprenderse del ala radical para así evitar el veto de los militares (1999: 222).
Sin una propuesta ideológica y política que se convirtiera en hegemónica, la ambigüedad discursiva y de acción política se mantuvo en IU. Esta situación se vio reflejada en las conclusiones del III Comité Directivo Nacional Ampliado del frente izquierdista, realizado el 28 y 29 de abril de 1984. “IU no renuncia por principio a ningún medio de lucha, ni forma de organización. Combina todas y cada una de ellas, sean legales o ilegales, abiertas o secretas, según las circunstancias”, empleando para ello “los medios menos dolorosos posibles pues esto coincide con la aspiración de las masas” (IU 1984: 15). En sus Lineamientos Estratégico Generales, la IU se definió:

Como un frente revolucionario de orientación socialista para hacer la revolución, alcanzar la liberación nacional y establecer un estado democrático popular, en lucha por el socialismo; que emerge como factor político aglutinador del conjunto de fuerzas sociales que integran la clase obrera, el campesinado, el semiproletariado, la pequeña burguesía y los sectores medios, entre ellos los medianos productores y comerciantes; y asume que el componente fundamental de su estrategia está relacionado con la cuestión del Poder y con las formas y los medios para conquistarlos y debe basarse en la movilización, organización y lucha revolucionaria de masas.

Más precisamente, sobre la participación en la democracia “formal”, el Informe Político del V Congreso Nacional del PCP-Patria Roja, en abril de 1984, declaró que: “Si es indispensable y necesario participar en ellas [en el parlamento y los municipios], lo es también reconocer sus límites y admitir que nuestro propósito no consiste en fortalecerlo, sino más bien socavarlo haciendo evidentes sus subterfugios” (Parodi 1993: 136). Ese mismo año, el primer congreso del Partido Unificado Mariateguista (PUM)39 afirmó que: “la lucha electoral y la que se desarrolla en los espacios parlamentarios o municipales conquistados, por convertirnos en alternativa de gobierno dentro del Estado reaccionario son parte de la lucha política de masas y de la forja del poder popular, preparando fuerzas para la confrontación a que la reacción empuja con la defensa intransigente de sus privilegios” (1984).

En los meses siguientes, el gobierno de AP enfrentó, en su etapa final, una grave crisis económica y un agitado panorama social debido, entre otras razones, a las movilizaciones de los gremios y las organizaciones populares en defensa de sus condiciones de vida; y, por otro, de la agudización del conflicto armado interno con la incorporación a la “lucha armada” del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), desde enero de 1984, y el incremento del número de víctimas como consecuencia de la respuestas contrainsurgente de las Fuerzas Armadas en las zonas declaradas en estado de emergencia40. En estas circunstancias, los rumores de un probable golpe de estado militar circularon con intensidad en los medios políticos y de la opinión pública.

El balance de IU acerca de esta última etapa consideraba “previsible una creciente agudización de las contradicciones sociales, el resquebrajamiento de los soportes políticos ideológicos y morales de las instituciones en las que se asienta el poder de las clases dominantes y la expoliación y opresión del imperialismo norteamericano; y simultáneamente, una etapa de polarización social, de crisis política, de descomposición moral, imposible de encontrar salida a través de modelos neoliberales o reformistas” (Herrera 2002: 224). Por lo tanto, ante el probable cierre de los espacios democráticos y la cancelación de las libertades democráticas, IU y las organizaciones políticas que la integraban, tenían que asumir una postura clara, o bien en defensa de la democracia y por ende de sus instituciones y reglas; o bien preparar las condiciones organizativas y materiales para enfrentar una ofensiva de un probable gobierno militar o cívico – militar, antesala de un hipotético desenlace revolucionario. La forma en que intentó resolver el PCP-Patria Roja este dilema permite constatar la existencia de posiciones “radicales” y “reformistas” incluso al interior de cada uno de los partidos integrantes de IU. El testimonio de Jorge Hurtado, entonces dirigente del PCP– Patria Roja es revelador al respecto:

En 1984, año en que se lleva a efecto el V Congreso Nacional de nuestro partido culmina al interior de Patria Roja una importantísima discusión en cuanto a dónde debíamos concentrar la atención del trabajo político revolucionario.
El resultado de ese debate fue afirmar el punto de vista de que el trabajo del Partido, por las condiciones concretas que atravesaba el país, debía concentrarse de manera prioritaria en preparar las condiciones materiales y subjetivas [es decir, organizativas] para el desarrollo de la lucha armada, por cierto sin dejar de lado la importancia del trabajo político de masas expresado entre otras cosas en la consolidación de la unión de Izquierda Unida, en el desarrollo y consolidación de la Unión de Izquierda Revolucionaria -UNIR-41 y en avanzar en el trabajo en las organizaciones de masas, etc.
Sin embargo, esta apreciación de carácter general, de carácter estratégico quedó, hasta cierto punto, congelada por el acuerdo táctico que se da en el V Congreso en donde a la hora de abordar el problema táctico se señala que la tarea principal del partido era el trabajo para organizar la participación en la lucha política electoral [es decir, en las elecciones generales de 1985 y en las municipales de 1986] (Herrera 2002: 208).

Otra organización que vislumbraba una inevitable “agudización de las contradicciones sociales” fue el PUM. Según este partido, las condiciones del nuevo periodo de crisis del “sistema de dominación” se verificaban en “el afianzamiento profesional de las FFAA”, en el alcance de la lucha de clases, en las formas de autodefensa popular, la presencia del PCP-SL y el MRTA, la aplicación por vez primera de la “guerra sucia”, la violencia generalizada y el clima de inestabilidad. Entonces, ante tal coyuntura, su propuesta de guerra revolucionaria implicaba “la forma de una guerra de todo el pueblo, después de una vasta y prolongada acción política de masas con una dirección centralizada y poderosos movimientos regionales armados, que incluyen guerrillas campesinas, y que se despliegan paralelamente y en unidad con el levantamiento y el proceso de insurgencia democrática y nacional de los obreros y todo el pueblo del país” (PUM :28).

Hasta entonces, un conjunto de organizaciones, integrantes de IU, pudo jugar con los márgenes legales que la democracia proponía, y afirmarse paradójicamente en las libertades liberales para alimentar un proyecto insurreccional contra el sistema que le daba pie. De hecho, el PUM se afirmó en una estrategia de masas organizadas que constituirían, en su proceso de enfrentamiento con el “orden burgués”, un “poder popular” alternativo, superando sus marcos, pugnando permanentemente por hacerse del “gobierno y el poder”, “defendiendo y ampliando permanentemente los espacios democráticos conquistados por el pueblo”, y en perspectiva de construir un partido revolucionario de masas (PUM: 21). A pesar del radicalismo formal de sus integrantes, PUM y UNIR, la IU se preparó para participar en las elecciones generales de abril de 1985 y las municipales de noviembre del mismo año.

Hasta entonces, en el seno de IU, se habían perfilado dos corrientes. De un lado, se fue distinguiendo una tendencia radical constituida principalmente por las organizaciones maoístas y de la nueva izquierda: UNIR, PUM y el FOCEP. Este bloque, ni monolítico, ni exento de contradicciones, continuó con los estilos previos a la democracia. Sus integrantes se empeñaron en la denuncia de los gobiernos de turno, en los que veía la continuación y el reflejo de las clases dominantes. Además compartieron una íntima desconfianza hacia las instituciones de la democracia, pero que no impidió que participaran en ellas para demostrar sus límites y deficiencias, y se apoyaron fervientemente en la movilización social para mantener una identidad y una vigencia política opositora al gobierno de Fernando Belaunde (1980 – 1985) primero y después al de Alan García (1985 – 1990), por lo que fue permanente un rechazo a cualquier posibilidad de acercamiento.

Además presentaron un estilo de oposición que se apoyó en una constante movilización social, centrado en la crítica de la política económica, la denuncia de la corrupción, la denuncia de la estrategia contrasubversiva y una creciente defensa de los derechos humanos. Y por último, tuvo como planteamiento máximo “hacer la revolución”.

De otro lado, se hallaban un conjunto de organizaciones -en particular, el PCR y el PSR-que atenuaban el enfrentamiento con el régimen democrático y valoraban positivamente su participación bajo sus reglas, con una manifiesta atracción a un APRA socialdemócrata hacia mediados de los ochenta. A la cabeza de este sector se colocó Alfonso Barrantes, cuya distancia con los sectores radicales del frente izquierdista se consolidó al paso de su éxito como figura pública representativa de IU, y tras ganar la alcaldía de Lima en 1983. Esta tendencia, tanto en el discurso como en su acción política concreta, había deslindado con el PCP– SL; aunque fue un sector minoritario en el frente izquierdista, y fue calificada por el otro grupo como “reformista”.

El desarrollo de ambas posiciones fue paulatino y marchó en forma paralela al despliegue de las experiencias municipales y parlamentarias de IU durante de los ochenta. Con el curso de los años un tercer agrupamiento fue conformándose con los partidos y grupos (PCP Unidad, Acción Política Socialista, Movimiento de Afirmación al Socialismo) que se alinearon detrás de un proyecto que incluyera a radicales y reformistas.

Las divergencias de estilo de conducta política de la izquierda fueron el correlato de las ambigüedades frente a la democracia y su indefinición ante la lucha armada. Según Pásara, las izquierdas “efectuaron la mudanza sin haber liquidado cuentas con su herencia ideológica; de allí las ambigüedades y contradicciones con las cuales se mueven en este terreno” (1988: 121).

(Siga viendo el texto, que se ha dividido para colocar la segunda parte en la forma de comentario a este artículo).