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Foto: Interior de la mina del consorcio Peña Colorada, en Jalisco
Miércoles 30 de noviembre de 2005
El consorcio roba y destruye tierras, montes y aguas con la complicidad del gobierno, acusan
Se suma el CNI a la lucha contra minera Peña Colorada en Jalisco
Señalan que CNC arropó elección falsa y Semarnat habría autorizado estudio de impacto ambiental
Ayotitlan, Municipio de Cuautitlán, Jal. La asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI) región centro-Pacífico acordó este fin de semana apoyar la decisión del Consejo de Mayores de este ejido nahua de detener los trabajos de apertura de un camino para explorar un nuevo yacimiento de mineral ferroso que, “sin permiso de los ejidatarios”, construía la minera Peña Colorada, del grupo Hylsamex, la más grande de América Latina, propiedad del consorcio trasnacional italiano Ternium.
En la Declaración de Tuapurie, comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco, representantes de pueblos y organizaciones indígenas de Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca señalaron que en los meses recientes ha aumentado la agresión del gobierno y las corporaciones empresariales hacia sus pueblos, como el ejido nahua de Ayotitlán, donde la minera “diario roba y destruye las tierras, montes y aguas del ejido con la complicidad del gobierno”. En la reunión se acordó celebrar el próximo 9 de diciembre una asamblea en apoyo a su lucha contra la minera.
Desde el martes 22 de noviembre, un centenar de indígenas del ejido y comunidad de Ayotitlán se trasladaron al paraje de Cerro Prieto, donde el camino, de entre ocho y 13 metros de ancho, había avanzado casi cuatro kilómetros, y exigieron al contratista que sacara su equipo. “Les caímos como a las 12 del día y les retiramos la maquinaria, les dijimos que vieran el peligro de violencia entre los ejidatarios y la minera, porque no estamos de acuerdo con esos desmontes que tapan los arroyos y la comida de las familias. Les dijimos que no fueran a meterse porque no queremos violencia, que ya tienen un contrato amañado y que por ningún motivo los vamos a dejar sacar ni una piedra, les pedimos de favor que se fueran”, informó Gaudencio Mancilla Roblada, representante legal del Consejo de Mayores.
Los ejidatarios se inconformaron porque desde mediados de los años 60 Peña Colorada ha extraído de sus tierras 30 por ciento de la producción nacional de mineral, pero “eso no nos ha beneficiado en nada”, denunciaron los campesinos, a cuyo ejido y comunidad, en el sur de Jalisco, lindando con Colima, se llega por una brecha de 30 kilómetros desde la cabecera municipal, Cuautitlán, a la que se llega desde Guadalajara en unas seis horas.
En 1998, agregó, el ejido firmó “un contrato amañado” con la empresa por 30 años prorrogables “si el mineral no se agota”, por el cual ésta pagó un millón y medio de pesos, más 207 mil 709 pesos “por los bienes distintos a la tierra”, 175 mil pesos para “obras sociales” por única vez, y paga a razón de 340 pesos anuales por hectárea la ocupación de 244.30 hectáreas, en total 83 mil 62 pesos al año los primeros días de cada julio. La minera cubre también 40 mil pesos anuales para gastos del comisariado y del consejo de vigilancia. “De ese dinero no sabemos nada, sólo se benefician unos cuantos”, comentó.
El 20 de noviembre pasado, el Consejo de Mayores celebró una asamblea a la que asistieron 95 personas; por consenso se acordó detener los trabajos de la empresa en la zona de Cerro Prieto, por Telcruz, sin el consentimiento del ejido, donde ha abierto un camino para llegar al yacimiento ferroso localizado en el paraje Piedra Imán. La firma pretende analizar el mineral para ver si es explotable, y notificó al ejido que requiere 50 mil toneladas “para hacer las pruebas”.
“Es como si para hacer un análisis a un enfermo tuvieran que sacarle toda la sangre”, señalaron Mancilla y otros indignados oradores, que recordaron que antes de que llegara la minera a Ayotitlán tuvieron que marcarle el alto y echar de la zona a una empresa maderera que estaba talando sus bosques. “Ahora tendremos que hacer lo mismo”, comentaron. En la asamblea estuvieron representados 27 poblados de la comunidad de Ayotitlán: Tiroma, Tierra Blanca, Ayotitlán, Piedra Peluda, Zacapolole, Lagunillas, Chancol, Telcruz, Las Zonas, El Colomo, Los Robles, Terreros del Chico, San Miguel, La Ventana, La Lima, Mojoneras, La Piedra, Tierra Negra, Terreros de Lagunillas, Cañadas, Las Maderas, Piedra Burra, La Manzanilla, Tierra Colorada, La Guayaba, Chanquiahuitl, Plan de Méndez.
Mancilla mostró un ejemplar de la Monografía geológica minera de Colima, editada por el gobierno de esa entidad, en la que se afirma que Peña Colorada tiene reservas de 192 millones de toneladas, con una ley media de 35 por ciento; “esta zona ya está muy estudiada”, hay que parar esos trabajos, comentó.
En la asamblea se informó de los trámites -un amparo y una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del distrito 38 de Colima- que el ejido prepara para demandar la nulidad de la elección del comisariado y del acta de la asamblea del pasado 23 de octubre, ya que la empresa “impuso a uno de sus empleados, (Jesús Michel) como presidente del comisariado ejidal”.
Afirmaron que días antes una brigada entregó despensas y dinero, hasta mil pesos, a los ejidatarios, y en la asamblea electiva “los de la CNC dejaron entrar y votar a 114 que no eran ejidatarios”, y Michel ganó por cien votos, para asegurarse que se le otorgue el permiso de ampliación, por lo que se temen además agresiones de los ejidatarios empleados de la minera contra sus opositores. “Cualquier detención, agresión o un homicidio contra nosotros será responsable Peña Colorada porque aquí todos somos pelagatos y la única que tiene dinero es la empresa”, advirtieron.
En la asamblea del Consejo de Mayores se recordó que Peña Colorada, que a través de la empresa Las Encinas detenta en el municipio de Aquila, Michoacán, otra mina, ha tenido problemas con los comuneros, que en enero pararon durante una semana los trabajos de extracción del mineral ferroso, exigiendo mejores regalías por la explotación de los recursos naturales de la comunidad. Se indicó que es necesario buscar contactos con esos compañeros.
Asesorados
Respecto a cuál sería el monto que debería pagar el consorcio a los ejidatarios, el jefe de justicia de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, Jaime Hernández, informó que en 1997 la Academia Jalisciense de Derechos Humanos, que asesoraba al ejido Ayotitlán, había previsto que por lo menos se le debían 115 millones de pesos por renta acumulada desde los años 60 hasta ese año.
La asamblea cuestionó que aparentemente la Semarnat habría autorizado el estudio de impacto ambiental a la empresa para la construcción del camino a Piedra Imán, que tendría unos 13 metros de ancho por 9 kilómetros de largo. “A nosotros nos meten a la cárcel si tiramos un palito, pero Peña Colorada destruye montones de árboles y milpas y tapando los arroyos y nadie le dice nada”, protestaron los indígenas.
En Cerro Prieto, Porfirio Sánchez y Pedro Prudencio Sánchez informaron sobre los daños que la constructora ha hecho en sus parcelas. Porfirio indicó que le dañaron tonelada y media de su cosecha de maíz. “Viene gente a llevarse los elotes porque la empresa dice que ya me pagó y no es así”, comentó. Pedro informó que a él le afectaron casi dos hectáreas con el camino, “me pagaron 6 mil pesos y me dieron alambre de púas y cercaron”.
Comentaron que en julio pasado los ejidatarios pararon 15 días los trabajos, “hablamos con los operadores y vino el supervisor, pararon el camino y estuvieron viniendo con ocho de los afectados y han ido pagando por partes, que 400, que 500 pesos. Llegan y dicen ‘¡ustedes cállense’, dicen que la asamblea ya autorizó, pero no es cierto”.
