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Martes 6 de diciembre de 2005
Magdalena Gómez
La Jornada
La autodeterminación comunitaria de Yalálag
En el complejo proceso de lucha contra el cacicazgo, la comunidad de Yalálag dio un paso importante en su asamblea del pasado 8 de octubre al lograr la renovación de todos los cargos, incluidos los comunitarios, en un ambiente de polarización, pero en el que finalmente se logró acuerdo.
Al revisar la reseña de los debates de esa asamblea se observa la aplicación rigurosa de los criterios para considerar representativa la asamblea, empezando desde la problemática del padrón comunitario en la cual de manera destacada han participado las mujeres. Cuando una analiza estas experiencias se da cuenta de que la democracia directa en comunidades complejas, como son las indígenas, no tiene nada que ver con la caricatura que de ella pretenden hacer los voceros a ultranza del “avance civilizatorio” de la democracia representativa; lejos, muy lejos están del simplismo del “voto a mano alzada”, como las han caracterizado. Destaca también la discusión sobre la participación de jóvenes y de hombres maduros. Como ya vivieron la experiencia de que los jóvenes gobernaran y se presentaron demasiados conflictos, se expresaron muchas ponderaciones a favor de las personas maduras, una es ilustrativa al afirmar “que se aplique un principio elemental de la educación comunitaria informal: el hombre mayor educa a los menores con el ejemplo”. Finalmente, se definió una integración mixta.
Del consenso alcanzado, de la pluralidad en la integración del cabildo y cargos comunitarios nos quedó una imagen optimista al constatar que ha dado frutos la tenacidad del sector en el que han participado activamente Joel Aquino y Juana Vásquez. Su más reciente y estratégico proyecto para promover la cohesión comunitaria es el taller de lengua y tradicion zapoteca de Yalálag: uken ke uken.
Atrás quedaba el recuerdo de las tensiones vividas en cada elección, en especial en aquella que en 1987 se dio con bombazos y agresiones de por medio para impedir la toma de posesión de las autoridades que fueron electas entre balazos. En la historia están las imágenes del video con las urnas destrozadas y las papeletas cubiertas de la sangre de quien defendía literalmente con su vida la urna que permitiría desplazar a los caciques. Ese mismo año escuché a Joel Aquino exponer con claridad y firmeza su planteamiento de la autodeterminación comunitaria y él no venía de las reuniones de la ONU en Ginebra, no salió de ahí, sino de la convicción democrática de rescatar el derecho de los pueblos y las comunidades para decidir sus gobiernos y defender sus culturas. Sin duda estas historias que a diario se viven abajo, a lo largo y ancho del país, son el sustento que explica la resistencia y consecuente permanencia de los pueblos.
Ante este panorama reciente cayó como balde de agua fría que el pasado jueves a las ocho de la mañana, cuando Joel Aquino se dirigía al Centro Cultural en Yalálag, fuera interceptado por unos judiciales, quienes lo subieron a una camioneta particular y lo colocaron en el piso para impedir que la comunidad se enterara. Más adelante lo trasladaron en un vehículo oficial con rumbo a la cárcel de Villa Alta, todo con el objeto de “cumplir” una orden de aprehensión promovida desde hace cinco años por la familia de Roberto Limeta, quien murió el 7 de marzo de 2000, cuando gran parte de la población yalalteca inconforme por la forma de administración del municipio realizó la toma de palacio municipal y se suscitó un enfrentamiento, pues los aliados de la autoridad de ese año trataron de recuperar el palacio con armas de fuego. De entonces acusaron a Joel Aquino, a pesar de que no estuvo presente en el lugar de los hechos, pero saben de la influencia que tiene en ese proceso. Por fortuna fue liberado diez horas después, ante la reacción de la comunidad y del movimiento de derechos humanos, así como de las organizaciones indígenas.
Curiosamente la acción contra Joel se realiza un día antes de que las actuales autoridades deberían rendir cuentas en asamblea sobre el ejercicio del presupuesto que se les asigna como municipio. Este incidente nos coloca de nuevo ante la recurrencia de la fabricación de causas penales para dirimir conflictos políticos, pero también parece una advertencia de que se pueden reactivar las acciones violentas para sabotear los avances alcanzados.
Ahora bien, dado que también se dice aquello de que no hay mal que por bien no venga, quienes orquestaron esta detención arbitraria desempolvando una orden de aprehensión “a modo” ya se dieron cuenta del acompañamiento político activo que han construido en Yalalág para restablecer la palabra y el gobierno comunitario. Bien lo sabían, pero lo han comprobado: en esa lucha no están solos.
