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Sábado 17 de diciembre de 2005
Los agentes les impidieron acudir a la asamblea donde se aprobó la construcción de la presa
Se enfrentan policías y labriegos opositores a La Parota; 8 heridos
Reunión ilegal; fue cambiada la sede y sólo participaron simpatizantes del proyecto: CECOP
Unos 300 policías estatales se enfrentaron ayer en tres ocasiones con ejidatarios de la comunidad Dos Arroyos que se oponen a la expropiación de sus tierras para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construya la hidroeléctrica La Parota. La trifulca dejó ocho comuneros lesionados y cuatro detenidos.
El zafarrancho se originó porque los agentes sitiaron durante más de ocho horas el poblado de Dos Arroyos, municipio de Acapulco, para evitar que los pobladores contrarios a la obra acudieran a una asamblea que inesperadamente fue cambiada a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, donde 342 ejidatarios aprobaron vender sus tierras en una junta que apenas duró 15 minutos. Los opositores analizan interponer un juicio de nulidad agrario.
En la ciudad de México, la CFE emitió un comunicado mediante el cual informó que la asamblea de Dos Arroyos aprobó el proyecto hidroeléctrico con 341 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Dijo que la asamblea se efectuó por convocatoria de la Procuraduría Agraria del estado; fue presidida por Raymundo López López, subdelegado jurídico de esa institución y avalada por el notario público número 3 de Chilpancingo, Hugo Pérez Bautista.
Según la CFE, la reunión se llevó a cabo en forma pacífica y ordenada en Tierra Colorada, adonde acudió 60 por ciento de los 572 ejidatarios inscritos en el padrón de la comunidad, quienes expresaron su apoyo unánime al proyecto.
La paratestal precisó que con esta asamblea suman ya 17 comunidades de la región que han dado apoyo a La Parota, que representará una inversión de unos 800 millones de dólares y promoverá la generación de 10 mil empleos durante su construcción, que beneficiará a los habitantes de la zona.
En Chilpancingo, el gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo justificó la presencia policiaca: “Aunque no soy promotor de La Parota, seguiremos apoyando lo que implique el desarrollo del estado”.
Desde las 5:30 de la madrugada la policía estatal cerró las tres entradas al poblado de Dos Arroyos; en autobuses de la línea Estrella Blanca, presuntamente contratados por el gobierno, que esperaban en la autopista de El Sol, los ejidatarios que apoyan la hidroeléctrica fueron trasladados a Tierra Colorada.
Parapetados en el panteón de la comunidad de Dos Arroyos, los policías fueron repelidos por miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP). Los antimotines se lanzaron contra hombres, mujeres y niños; no les importó utilizar gases lacrimógenos y piedras que hirieron a ocho opositores y destruyeron techos de tejas y láminas de asbesto de las casas.
Los enfrentamientos concluyeron con la detención de Francisco Dorantes, Fidel Castañón Salgado y Arturo y Lucio Castañon Esteva, quienes después de ser golpeados (uno de ellos sufrió conmoción) fueron subidos a camionetas de la Policía estatal.
En Tierra Colorada, cerca de 11 de la mañana, el subprocurador agrario Raymundo López propuso iniciar la asamblea y pidió a los comuneros propuestas para integrar la mesa. Evencio Romero Sotelo, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), pasó entonces una hoja con los nombres del presidente, Alfredo Quiñónez Abarca; el secretario, Manuel Zapata, y los escrutadores Juan Alemán y Ramiro Zapata.
Como pudo, y asesorado por Romero Sotelo, Quiñónez Abarca leyó los cinco puntos del orden del día, que incluía la solicitud de la CFE para pedir a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de los terrenos y su embalse y someter a discusión la solicitud de la CFE para que realice la solicitud del cambio del uso del suelo de terrenos forestales ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En menos de 15 minutos, uno a uno de los puntos fueron aprobados, aunque fue evidente que Evencio Romero incitaba a los comuneros a levantar la mano cada vez que se votaba.
Al final, Raymundo López afirmó que las dos asambleas que faltan, de un total de 19, “serán este sábado a las 10 de la mañana, en La Palma y en Los Huajes; ésta no la convocamos nosotros, fueron los ejidatarios”.
En cambio, Mario Patrón, abogado de la CECOP, explicó que la asamblea fue organizada no por los comuneros de Dos Arroyos, sino por la Procuraduría Agraria y el dirigente de la CNC, Evencio Romero Sotelo.
Integrante también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el asesor dijo que Romero Sotelo, quien “tiene evidente interés en la construcción de la hidroeléctrica”, lo sacó a empujones de la asamblea que se efectuaba en la Unidad Deportiva Las Pintas.
La asamblea es ilegal, destacó; “deben asistir las tres cuartas partes de los ejidatarios y no la mitad más uno, como sucede en esta ocasión, por lo que se debe convocar a una segunda; aquí no vino el comisariado de bienes comunales de Dos Arroyos, Juan Zapata”.
Advirtió que tendrán que fundamentar que realmente hubo una causa de fuerza mayor para cambiar la asamblea a otro sitio; “la ley dice que debe fijarse un lugar y no cambiarse, por eso se va a analizar si se interpone el juicio de nulidad agrario.”
